El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes el “interés general” de la Red de Calor de León pese a la oposición de los vecinos al proyecto, por suponer “un gran ahorro” y tratarse de una energía sostenible como es la biomasa, la quema industrial de pellets.

El consejero ha respondido así pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de León de admitir a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro en contra de ese proyecto, entre duras críticas. Una decisión judicial en concreto planteada contra la falta de información del Ayuntamiento leonés por la concesión de la licencia de obra a la empresa pública autonómica Somacyl. Los vecinos ponen en duda la legalidad de los permisos municipales concedidos para construir la macroplanta de incineración de biomasa, la primera de las fábricas energéticas, así como la primera fase del sistema de tuberías subterráneas de la Red de Calor bajo unas 30 calles de la capital leonesa.

Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, ha apuntado que cuando se acometen grandes proyectos innovadores “siempre hay contradicciones desde el desconocimiento”, según atribuye. Sin embargo, añadió que por el contrario hay que destacar del proyecto “la modernidad y el ahorro a los vecinos” de la capital, añadiendo que se trata de un sistema que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Ha insistido en que el combustible que se obtiene es mucho más barato que el tradicional y ha detallado que su puesta en marcha supondrá la eliminación de entre 400 a 500 chimeneas en la ciudad, con una tecnología que se utiliza en el norte de Europa desde hace más de cien años.

Suárez-Quiñones ha trasladado la determinación del Gobierno autonómico de seguir trabajando para sacar adelante el proyecto, tal y como se hizo en Ponferrada, donde el consejero ha asegurado que también se han presentado varios contenciosos-administrativos, que se han ganado. Sin embargo, la realidad es que han sido varias las veces que los juzgados ordenan la paralización del funcionamiento de la Red de Calor ponferradina, cuestionando incluso su legalidad misma., y en caso muy parecido a León hasta cuestionando las licencias municipales otorgadas.

Por su parte, desde las asociaciones vecinales que han presentado el contencioso-administrativo contra el proyecto se ha destacado que este plan sigue el mismo camino que “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, que ha estado paralizada durante años por recursos judiciales.

Desde las asociaciones también se ha considerado que el proyecto es “obsoleto” e infringe la normativa ambiental y urbanística y llaman a toda la ciudadanía leonesa a seguir rechazando el mismo.

Cinco personas han sido detenidas en Ponferrada como supuestas autoras de daños e intento de sustracción de cableado de cobre de instalaciones telefónicas, mediante un sistema con el que simulaban ser operarios autorizados.

La Policía Nacional ha detallado este martes en un comunicado que la investigación arrancó después de que la empresa Atelco Field Factory S.L.U. alertara de movimientos sospechosos en una infraestructura de telefonía sobre la que no trabajaba ninguna de sus contratas oficiales.

Según la investigación, un técnico de la compañía detectó a cinco hombres manipulando una arqueta en la ciudad y reconoció a los mismos individuos de otras actuaciones previas en distintos puntos de Ponferrada, entre ellos la zona de la Ciuden.

Los detenidos utilizaban ropa de alta visibilidad, conos de señalización y material técnico para acordonar la zona y aparentar que realizaban trabajos relacionados con telecomunicaciones o instalaciones eléctricas.

La Policía ha destallado que actuaban a plena luz del día y con una organización perfectamente coordinada, ya que mientras que unos accedían al interior de las arquetas para cortar y preparar el cableado, otros vigilaban el entorno, manipulaban el material extraído y lo cargaban en vehículos.

Los investigadores consideran que existía un reparto de funciones entre los integrantes del grupo para facilitar tanto la extracción del cobre como una posible huida rápida en caso de ser descubiertos.

Algunos de los arrestados tenían antecedentes por delitos similares relacionados con robo de cobre y daños en infraestructuras, y los cinco están en situación irregular en España, por lo que la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ponferrada ha iniciado los correspondientes expedientes administrativos. Los arrestados han sido puestos a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Ponferrada.

La Policía Nacional ha recordado que el pasado marzo ya fue desarticulado otro grupo de diez personas dedicado al robo de cableado de cobre en la ciudad mediante un procedimiento prácticamente idéntico.

Aquella operación se saldó con diez detenidos y la intervención de herramientas eléctricas, cizallas, cabrestantes, generadores y varias furgonetas utilizadas presuntamente para el transporte del material sustraído.

La investigación sigue abierta y no se descarta la relación de los detenidos con otros robos similares cometidos en Ponferrada.

Apenas han pasado cuatro días desde que el Ayuntamiento de León aprobó la licencia para el proyecto de la denominada Red de Calor de León promovida por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl y la decisión ya está judicializada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de La Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro contra esta polémica decisión que permitiría comenzar los trabajos iniciales de esa Red de Calor, es decir, la macroplanta de incineración de biomasa y el entramado de 30 kilómetros de tuberías subterráneas bajo calles de León para trasladar el calor generado en las instalaciones.

Según han informado ambos colectivos a través de un comunicado, que denuncian la opacidad municipal con este polémico asunto, el Juzgado ya ha dictado un decreto requiriendo al Consistorio leonés el expediente administrativo completo, otorgándole un plazo “improrrogable” de veinte días hábiles para remitir toda la documentación relacionada con la autorización de las obras.

La demanda se dirige contra el permiso urbanístico aprobado recientemente por la Junta de Gobierno Local para permitir el inicio de las obras de las instalaciones energéticas previstas en el sur de la ciudad, junto al cementerio de León y en el entorno del barrio de Puente Castro. El proyecto impulsado por la sociedad pública Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, contemplaba inicialmente una inversión superior a los 85 millones de euros.

La iniciativa completa, ya anunciada desde 2022, incluye la construcción de una planta de biomasa, otra vinculada al hidrógeno verde, una instalación fotovoltaica y una extensa red de canalizaciones subterráneas para distribuir calor a distintos puntos de la capital leonesa. Los colectivos recuerdan que esta fase de arranque sumaría unos 30 kilómetros las tuberías que se prevé instalar bajo las calles de León.

Críticas vecinales al proyecto

Las asociaciones vecinales aseguran que el alcalde de León “continúa ocultando la tramitación de este proyecto a todos los afectados” y mantienen su rechazo frontal a la infraestructura energética. Los colectivos consideran que el proyecto es “obsoleto” y sostienen que vulnera normativa ambiental y urbanística. Además, llaman a la ciudadanía leonesa a “seguir rechazando” la iniciativa y a “no rendirse a la política de hechos consumados de la Junta y el Ayuntamiento y su dilapidación de dinero público”.

Como ejemplo de los riesgos del modelo planteado, los vecinos citan “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, una infraestructura que —recuerdan— ha acumulado varias sentencias judiciales en contra y permaneció paralizada durante años.

Las asociaciones también han solicitado información sobre los impuestos y tasas municipales que deberá abonar Somacyl, conocida como 'la Junta B' y no pocas veces tildada de “chiringuito”, por la ejecución de las obras. “Nos tememos que la opacidad en el acceso a la información es porque se pretende que esta empresa no pague ni tasas ni impuestos por esta obra ni este proyecto”, señalan los colectivos en su comunicado. Hay que recordar que, por ejemplo, como compensación a las instalaciones de la Red de Calor, Somacyl y no el Ayuntamiento está acometiendo con su presupuesto de 2,7 millones de euros la reforma de todo el pavimento del centro peatonal de León, la calle Ancha, la plaza de Botines y gran parte de la de Regla, la del Ayuntamiento.

La admisión a trámite de la demanda abre ahora una vía judicial -y son varias las impulsadas- sobre una de las iniciativas energéticas más controvertidas impulsadas en León en los últimos años y que ha generado una fuerte oposición vecinal, especialmente en los barrios del sur de la capital, después de que hasta tres veces similares protestas en el norte de León consiguieran tumbar una planta de biomasa mucho más pequeña que la actual.

La Policía Nacional ha desmantelado dos puntos de venta de droga en Ponferrada tras detener hace unos días a cinco personas con vínculos familiares como supuestas autoras de delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes cuando los agentes registraron simultáneamente dos inmuebles en la avenida de La Cemba de la capital berciana vinculados a un clan familiar dedicado a la distribución de droga en la ciudad, según ha informado la Policía a través de un comunicado remitido este lunes.

La investigación -que continúa abierta- comenzó meses atrás, cuando se detectó una actividad sospechosa en una vivienda donde, supuestamente, se realizaban ventas de pequeñas cantidades de droga destinadas al consumo.

Las pesquisas policiales apuntaban además a la existencia de un suministrador encargado de abastecer el punto de venta.

Durante este tiempo, los agentes llevaron a cabo vigilancias y seguimientos en los que comprobaron “un continuo trasiego de compradores”, así como detectaron la adquisición de productos utilizados para la preparación de drogas, como un producto de limpieza derivado del amoniaco.

Registros simultáneos

El comunicado indica que, ante la complejidad del operativo y para evitar la destrucción de pruebas o posibles fugas, la Policía Nacional organizó sendos registros simultáneos en dos inmuebles.

En el primero, considerado un punto de venta al menudeo, fueron detenidas tres personas y se intervinieron hachís y cocaína, además de dinero en efectivo y diverso material destinado a la manipulación y distribución de droga, entre ellos básculas de precisión, bolsas de plástico y máquinas de sellado al vacío.

En el segundo registro, los agentes arrestaron a un hombre como supuesto suministrador principal del grupo investigado y localizaron dinero en efectivo, sustancias de corte, maquinaria para el sellado al vacío y una bolsa envasada con una importante cantidad de efectivo.

Además, se intervinieron dos vehículos y fue detenida una quinta persona presuntamente relacionada con los hechos.

Alarma social

La Policía Nacional ha destacado que con esta actuación se han desmantelado dos puntos de distribución de droga que estaban generando problemas de convivencia vecinal y una notable alarma social en la zona.

Una vez concluidas las diligencias y levantado el secreto de sumario, tres de los arrestados fueron puestos a disposición judicial, mientras que los otros dos quedaron en libertad tras declarar en dependencias policiales.

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 54 años de edad como presunto autor de un delito continuado de robo de vehículos cometidos en el municipio berciano de Fabero.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por varios vecinos, que alertaron de daños y sustracciones en un total de cinco vehículos estacionados en diferentes puntos del municipio. Los hechos habrían ocurrido cuando el autor accedió al interior de los turismos tras romper ventanillas o forzar los sistemas de cierre.

Como consecuencia de las gestiones realizadas, la investigación culminó este pasado miércoles con la detención in fraganti del presunto autor de los robos justo cuando se encontraba en el interior de uno de los vehículos y con la intervención de los utensilios que empleaba para abrir las puertas.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de guardia.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no dejar objetos de valor visibles en el interior de los vehículos y recomienda estacionar en zonas iluminadas y transitadas para prevenir este tipo de delitos.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

Los ganaderos del concejo asturiano de Mieres se conjuraron en una reciente manifestación en tierras leonesas: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”. Se referían al aprovechamiento de los riquísimos del puerto de Pinos, que desde hace un siglo es propiedad del Ayuntamiento astur, pero en el que mantienen derechos históricos de uso y aprovechamiento los pueblos del municipio de San Emiliano donde se enmarcan, en plena comarca leonesa de Babia.

Pero de momento aquella conjura no se cumple a fecha de hoy. Ni será fácil que ocurra. Y es que la Junta de Castilla y León insiste en denegar las guías a los profesionales del ganado mierense y sin ellas ningún animal puede pastar allí. Lo hace aduciendo la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de determinar ya de manera definitiva, sin posibilidad de recurso, que cualquier actividad de Mieres en suelo leonés es irregular, por ser otra autonomía sobre la que no tiene competencias.

Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar que las vacas de Babia sí están aprovechando ya a día de hoy aquellos valorados pastos. Y lo hacen porque tienen todos los parabienes ganaderos. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León ha confirmado a este medio que hasta la fecha han sido dos las explotaciones de pueblos de San Emiliano las que han solicitado, tramitado y finalmente obtenido las guías para aprovechamiento legal de las praderas de Pinos. Aquellas reses, pues, disponen hoy en exclusiva de todo el pasto de la zona.

La fecha de subida tradicional del ganado de los profesionales de Mieres a Pinos ha sido siempre primeros de junio. Y aunque queda poco menos de un mes, si alguna cabeza hace acto de presencia, la Junta considera que será de manera irregular.

Ya pasó lo mismo el año pasado, y eso sin que el más alto tribunal, el TS, se hubiera pronunciado: bastó con solo una dura sentencia previa del TSJ de Asturias que ya iba contra los intereses mierenses, que sigue aduciendo que las 900 hectáreas de Pinos son de su propiedad, adquiridas en 1926, lo cual es cierto.

Las mismas fuentes autonómicas recuerdan que cuando el pasado año aparecieron decenas, puede que cientos, de cabezas de ganado asturiano en Pinos -cuando en realidad habían alquilado el cercano puerto de Los Hidalgos-, se pusieron en marcha algunas sanciones por aquellos hechos. Y aseguran que volverá a ocurrir si este año se repite la escena. Todo ello ante la desesperación e indignación creciente de los profesionales del campo del otro lado de Peña Ubiña. Un episodio más en la tensión que genera lo que a todas luces es el conflicto territorial más potente y dilatado en el tiempo entre Asturias y León.

21 multas con sanción económica... que podrían agravarse

En la leonesa Delegación de la Junta, se tramitaron en el verano de 2025 un total de 21 expedientes sancionadores, que fue el número de crotales que la Guardia Civil llegó a identificar de reses de Mieres en el puerto de Pinos, donde no podían administrativamente estar. Algunas de las sanciones económicas propuestas ya por la Junta de Castilla y León han sido recurridas pero siguen su curso hasta culminar, casi con seguridad, en una multa. Y los propios profesionales asturianos son conscientes de que si este año se repite algún caso con reincidencia, los pocos miles de euros se pueden multiplicar exponencialmente.

Así lo lamentaban hace dos semanas un grupo de ganaderos mierenses en Villablino (León), donde acudieron a ejercer presión y pedir explicaciones a la sede de la Unidad Veterinaria de la comarca de Laciana. Y no sirvió de mucho: la Junta insistió en el 'no' rotundo a autorizarles las guías oficiales que son obligatorias.

La situación tiene desolados a los ganaderos, los cerca de 110 afectados, con en torno a 1.500 cabezas en total, según cifró recientemente su portavoz, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representante sindical agrario en el Principado, David Pérez, quien lamentaba que la situación puede abocar al cierre de explotaciones y el sustento de numerosas familias.

Por eso, además de en Villablino, hace escasos días también protestaron ante la propia sede del Ayuntamiento de Mieres para exigir que acelere una solución que les permita aprovechar los pastos de terrenos que, aunque leoneses, son propiedad del concejo. La salida aireada públicamente buscaría bordear la prohibitiva sentencia del Supremo, cambiándole el uso al terreno de Pinos, pasándolo a otra naturaleza jurídica como bien patrimonial, y después adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos.

La “treta” ya tiene dos bloqueos anunciados: el de San Emiliano y la Federación de Entidades Locales Menores de León, que llevan años litigando y denunciando “excesos” de Mieres en suelo leonés. Porque lo consideran abiertamente  “una prevaricación pura y dura”. Ya han llevado esta intención ante el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aseguran que les ha dado la razón y parado los pies a Mieres. El segundo bloqueo es institucional y oficial, ya que la Junta repite argumento, se aferra a la sentencia y dice que vigilará la situación de cerca.

Está por ver si este desigual bloqueo y la actual contundencia institucional del Gobierno autonómico, hoy del Partido Popular (PP) y pronto nuevamente en pacto con Vox, volverán a generar escenas de tensión en Pinos en el tramo final de la primavera, como ya se han vivido en muchos años posteriores.

La Audiencia Provincial de León ha absuelto al exalcalde de Fabero (León), el socialista Demetrio Alfonso Canedo, de los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por firmar la adjudicación y la finalización de obras en el municipio antes de que se hubiera construido para poder recibir una subvención de 40.000 euros de la Diputación de León.

Según la sentencia, el magistrado considera que los hechos imputados, por los que la Fiscalía pedía tres años de prisión para el exregidor, una multa de 2.400 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, no son constitutivos de infracción penal.

El auto deja claro que “no concurren en la actuación del acusado los elementos del delito de prevaricación administrativa y falsedad documental, en particular el elemento subjetivo”, considerando que no hubo perjuicio al Ayuntamiento, por lo que “no puede concluirse que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal alguna”.

Eso sí, los magistrados añaden un reproche directo a la actuación de Alfonso Canedo fuera del ámbito penal, porque su absolución en este ámbito “no supone, en modo alguno, una especie de aval a la forma de actuar del acusado en este caso concreto”. Mencionan, de hecho, cuestiones relativas a posibles incorrecciones o ilegalidades jurídico administrativas de las actuaciones desarrolladas, que en ciertos trámites realizados parecen resultar evidentes, pero que no tienen alcance de rango delictivo“ penal.

Y es que durante el juicio, celebrado los pasados 6 y 7 de abril, el propio acusado, tío del secretario provincial del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, reconoció haber tomado estas decisiones, que justificó en la “sequía terrible” que sufrió el municipio en aquel año y en que ni los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario advirtieron de la ilegalidad de los trámites realizados.

En la vista oral también se iba a juzgar al ingeniero jefe de la obra y al contratista, sin embargo quedaron fuera de la causa tras prescribir los hechos imputados, aunque sí acudieron a la Audiencia como testigos. Aún así constan en el fallo como igualmente absueltos.

El exalcalde denuncia un “juicio político”

Por su parte, Canedo, actual portavoz del PSOE en la oposición en Fabero, ha señalado tras conocer la absolución que el único interés que había tenido al ejecutar la obra era en beneficio de los vecinos de la localidad que entonces gobernaba y ha calificado este proceso como “un juicio político”. “Se ve claramente que esto ha sido un juicio político, porque fue una denuncia de las muchas que el gobierno del PP, IU y MASS de 2011 a 2015 impulsó para acabar conmigo y mostrar su revanchismo, odio y venganza”, ha asegurado Alfonso Canedo, valora a Efe.

El exalcalde ha recordado que esas tres formaciones se unieron para desbancar a su partido, pese a que el PSOE fue el más votado en las elecciones de 2011, y que durante esos cuatro denunciaron a Canedo en varias ocasiones, aunque todas fueron archivadas. “Tal y como sucedió con esta, que fue archivada en dos ocasiones y de manera sorpresiva reabierta este mismo año, pero que ha finalizado con mi absolución”, ha apostillado.

Se refiere a que esta última causa permanecía viva en 2023, y por lo tanto le mantenía como imputado, cuando ese año se elaboraron las listas municipales del PSOE en Fabero. Y a pesar de que los estatutos socialistas lo impedían, se le situó como cabeza de lista socialista, apartando a la alcaldesa bajo idéntico argumento de imputación, que acabó presentándose como independiente, ganando las elecciones y relegando a la oposición a su expartido.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha desestimado el recurso de apelación de la defensa para rebajar la pena del hombre condenado a veinticinco años y un día de prisión por matar a su padre, de 76 años, tras propinarle una paliza en diciembre de 2023 en el pueblo de La Sota de Valderrueda.

La sentencia, hecha pública este lunes, desestima el recurso de apelación formulado por la defensa del acusado contra la sentencia del 8 de enero de 2026 dictada por el magistrado de la Audiencia Provincial de León, basada en la decisión del jurado popular.

Los hechos se remontan al 29 de diciembre de 2023, cuando el condenado, junto a uno de sus hermanos, pasó la tarde bebiendo en diversos establecimientos de la comarca leonesa de Valderrueda.

Tras desplazarse al domicilio del padre, comenzó una fuerte discusión en la que el procesado, que en el momento de los hechos tenía 38 años, propinó numerosos golpes, puñetazos y patadas a su padre de 76 años, que padecía diversas dolencias, necesitaba la asistencia de un respirador y se ayudaba de una muleta para poder caminar.

Uno de los hermanos que intentó parar la agresión sufrió diversas heridas, entre ellas la fractura del tabique nasal, y varios vecinos acudieron a la casa de la víctima para intentar frenar la pelea hasta que llegó la Guardia Civil, que detuvo al agresor el 1 de enero de 2024. El padre falleció el 2 de enero en el Hospital de León a consecuencia de las heridas que afectaron a órganos vitales.

Unanimidad del jurado

Por su parte, el jurado popular consideró por unanimidad que el encausado era culpable de un crimen de asesinato tras propinarle una brutal paliza y, por ocho votos frente a uno, aceptó la alevosía con agravante de parentesco.

Sin embargo, sí reconoció como un atenuante que actuó bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que, tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por los cuatro hermanos del acusado, rebajasen la pena inicial solicitada de la prisión permanente revisable a una petición de 28 y 29 años de cárcel, respectivamente.

El jurado también le consideró responsable de un delito de lesiones contra su hermano, por el cual también estaba acusado. Finalmente, fue condenado a veinticinco años y un día de cárcel por un delito consumado de asesinato con alevosía y ensañamiento. Contra la sentencia conocida este lunes cabe recurso de casación en un plazo de cinco días.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirma la condena de tres años y ocho meses de prisión a un hombre por estafar de forma continuada a un hombre vulnerable con un importante deterioro cognitivo. La sentencia mantiene la pena impuesta por la Audiencia Provincial de León prácticamente en todos sus puntos y solo introduce un cambio: reduce la indemnización tras detectar un error en el cálculo inicial.

La cantidad que deberá devolver el condenado pasa de más de 14.000 euros a 9.375,73 euros. También se mantiene la condena por un delito leve de maltrato.

Los hechos se remontan al momento en el que la víctima, una persona mayor, dependiente y sin capacidad para gestionar su dinero o realizar operaciones básicas, pasó de vivir con su hermano y su cuñada a vivir con el hermano de su cuñada y su pareja. Fue a partir de entonces cuando se produjeron los hechos por los que lo condena la Justicia.

Según recoge la sentencia, el condenado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima para acceder a su dinero. Junto a su pareja, realizó retiradas de efectivo de sus cuentas bancarias y llegó a gestionar la contratación de un préstamo a su nombre.

El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por el hermano de la víctima, pocos días después de que fuera trasladada de su domicilio habitual. El proceso judicial se ha prolongado durante casi cinco años.

La defensa sostuvo que se trataba de un conflicto civil derivado de la convivencia, pero el tribunal rechaza este argumento. Considera probado que hubo engaño y un perjuicio económico claro, lo que encaja en un delito de estafa, especialmente al tratarse de una persona vulnerable.

El acusado recurrió la sentencia alegando falta de pruebas y vulneración de la presunción de inocencia, pero el TSJ respalda el fallo inicial. Da por acreditada su participación en las operaciones económicas y también mantiene la condena por maltrato leve, tras considerar creíble el testimonio del hermano de la víctima, que denunció haber sido empujado durante el traslado.

El único cambio afecta a la indemnización. El tribunal detecta que en la sentencia inicial se habían sumado de forma incorrecta cantidades duplicadas, por lo que ajusta la cifra final a los 9.375,73 euros, incluyendo el dinero retirado y los costes del préstamo.

Con esta resolución, el TSJ confirma la condena penal en lo esencial y deja abierta la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

Dos conocidos 'buleros' de la esfera de la ultraderecha, Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, han sido condenados a seis meses de prisión por un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias cometidos contra el secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, además de al pago de una indemnización de 2.000 euros.

Los dos conocidos youtubers, difusores habituales de todo tipo de teorías conspiranoicas, tendrán además que publicar en su canal de Youtube 'Expediente Rayuela' la sentencia. En ese canal precisamente fue donde se originó la campaña de vinculación de Cendón con el llamado caso 'Tito Berni'. Este procedimiento saltó a la luz pública como caso Mediador en el año 2023 investigando una supuesta organización criminal de la que formaba parte el exdiputado socialista de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni), que cobraba comisiones a empresarios por favores políticos. Ambos señalaron, junto al hoy eurodiputado Luis Pérez 'Alvise', denunciado en otro procedimiento, a Cendón y a la también diputada del PSOE por León Andrea Fernández como dos supuestos miembros e investigados en la operativa de la trama, hechos que no se ha producido.

Cendón formuló entonces denuncia contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa, acusándolos de difundir “bulos y falsedades” dentro de una “despiadada campaña de desprestigio contra varios políticos socialistas con objeto de influir en los resultados electorales”. Les imputaba un presunto delito de calumnias y otro de injurias por difundir a través de canales bajo su gestión de la supuesta vinculación del diputado con la trama del 'Tito Berni', que devino luego en una campaña de acoso e insultos en redes sociales motivada por esa desinformación. La Fiscalía apoyó condenar a ambos con sanciones económicas.

Royuela y Grasa son dos viejos conocidos del ecosistema mediático de la ultraderecha y fueron los primeros en ingresar en prisión en el verano del 2023, junto al exjuez Fernando Presencia, imputados por verter bulos y denuncias falsas contra jueces, fiscales y políticos para hacer negocio escudados en una supuesta lucha contra la corrupción. Alberto Royuela fue un importante subastero de Barcelona y un líder ultraderechista que llegó a formar parte de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y lleva más de dos décadas difundiendo desinformación de todo tipo, como acusar a un fiscal de liderar una organización criminal que asesina gente impunemente o supuestos millones de euros en el extranjero de importantes políticos como José Luis Rodríguez Zapatero.

El diputado leonés ha dado a conocer la sentencia en sus redes sociales señalando que el juicio tuvo lugar esta semana y que ambos acusados aceptaron la condena reconociendo “sin ambages, que se lo habían inventado todo”.

La sentencia fija una indemnización conjunta y solidaria de 2.000 euros a favor de Alfonso Cendón por los daños morales ocasionados, cantidad a la que se sumarán los intereses legales correspondientes. Además, el fallo obliga a los condenados a publicar íntegramente la sentencia, a su costa, en el plazo de un mes desde su notificación en el canal público de YouTube denominado ‘Expediente Royuela’. La resolución establece también el abono de las costas procesales.

Cendón señala en la red social X que ·Durante este tiempo he tenido que convivir con la infamia. Con una acusación fabricada. Con el daño injusto de quienes intentaron demoler mi nombre, mi trayectoria y mi honor·.

“Por eso conviene decirlo alto y claro: no todo vale en política. No vale el acoso sistemático, ni el intento de quebrar nuestra voluntad atacando a nuestros familiares y a nuestro entorno más íntimo. Intentar destruir la vida personal para obtener rédito político es la forma más baja de hacer oposición”, finaliza el líder del PSOE leonés.

El tasa de basuras que la Diputación de León cobra en nombre de casi todos los pueblos de la provincia es ilegal. Así lo zanja una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que, aunque la institución se niega a dar a conocer literalmente, ante la petición de ILEÓN, admite que va en contra de sus intereses y les fue notificada ayer mismo.

Literalmente, el auto sentencia que queda anulada la tasa de basuras que la Diputación gestiona de manera directa una vez disuelto el polémico consorcio provincial Gersul, tras años de escándalos y un rosario de condenas millonarias. De este modo, además, deja en el aire si tienen validez los recibos emitidos e incluso cobrados en lo que va de año 2026, así como de ejercicios precedentes.

El conocimiento de este varapalo judicial tuvo lugar por sorpresa en el Pleno celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes, tras preguntar por este caso el portavoz del Grupo Popular, David Fernández, y admitir el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, que el equipo de Gobierno de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) acababa de tener hacía pocas horas la sentencia que supone la anulación de la ordenanza reguladora fiscal de la tasa por la gestión y tratamiento de residuos domésticos que fue aprobada a finales de 2023 y entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Un particular presentó ante el TSJ un recurso contra esa aprobación, denunciando un rosario de irregularidades, defectos de forma e incumplimientos, en una amplia demanda de casi 1.000 páginas, denunciando la “negligencia” del equipo de Gobierno. A pesar de negar el acceso a la condena, y del poco tiempo transcurrido desde su notificación, el portavoz del equipo de Gobierno, Santiago Dorado, sí la valoró en la sesión plenaria para admitir que el Alto Tribunal no ve “suficientemente justificada” la decisión de la Diputación de optar por el actual modelo de gestión.

Según su explicación, el TSJ pone en duda los motivos, por los cuales se decidió que esa gestión siguiera quedando en manos de una empresa privada, la UTE Legio VII -formada por FCC Medio Ambiente y Urbaser- sin valorar otras alternativas como una gestión pública. Cabe recordar que el contrato privatizado con Legio VII expirada precisamente casi a finales de 2024, si bien ha agotado la última prórroga y aún continuará vigente varios meses más.

Dorado también incidió en que el resto de los argumentos, que ascendían a más de una docena, habían sido rechazados finalmente por el Tribunal Superior, tales como que la tasa se había “aprobado antes de tiempo” o que la Diputación carecía de competencias en base a la Ley de Economía Circular, recayendo sólo en los pequeños municipios. Como todos esos demás argumentos de la demanda han sido rechazados, la valoración final del diputado portavoz fue que ya se ha decidido, en tiempo récord, la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, última instancia posible.

Por último, aseguró que los abogados del Palacio creen que “tiene muchas posibilidades de que prospere” y le dé la vuelta al varapalo actual. De momento, lo cierto es que le concederá a la institución un breve plazo de tiempo de algunos meses, hasta que el TS decida si admite o no la casación, y todo ello mientras se pone en marcha un nuevo concurso público para la gestión, transporte y reciclaje de las basuras de 208 de los 211 municipios de la provincia en el centro de tratamiento de residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega.

El presidente Álvarez Courel no hizo tampoco autocrítica de la condena y se sumó a la petición pública de “tranquilidad”, afirmando a pesar de la sentencia que “se hizo bien y adecuadamente, con los informes técnicos” y tratando de expandir la posible responsabilidad de aquella decisión que ahora se tumba al remarcar que “honestamente, se aprobó por unanimidad”. “En los juicios a veces se gana y a veces se pierde”, concluyó.

Un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas ha ingresado en prisión después de que la Guardia Civil lo interceptara en un control de carretera con dos kilos de cocaína con destino a su venta en León capital.

Según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado, el hombre fue detenido por la Guardia Civil el pasado domingo, 26 de abril. Resultó finalmente acusado de un delito contra la seguridad colectiva, en su modalidad de tráfico de drogas, por sustancia que causa grave daño a la salud.

Los hechos se produjeron durante un dispositivo operativo rutinario establecido en una vía de acceso a la ciudad de León. En el transcurso de los controles preventivos, relata el comunicado, se procedió a la identificación de varios vehículos y uno de ellos fue inspeccionado de forma minuciosa con el apoyo de un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

Durante la actuación, los agentes localizaron en un habitáculo oculto dos paquetes sospechosos que, una vez sometidos a las correspondientes pruebas de detección, arrojaron resultado positivo en cocaína.

El peso total de la sustancia intervenida supera los dos kilogramos, cantidad considerada de notoria importancia, que podría haberse incrementado sustancialmente tras su posible mezcla con productos de corte habituales para su distribución ilícita.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de León, que decretó su inmediato ingreso en el centro penitenciario provincial de Villahierro, en Mansilla de las Mulas.

La operación aún no se da por concluida: de la investigación se ha hecho cargo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, que mantiene abiertas varias líneas de trabajo para determinar la posible implicación de otras personas en los hechos, explican en la nota de prensa.

Fiscalía y acusación particular han solicitado una pena de cinco años y once meses de prisión para J.G.G., el hombre juzgado este lunes acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja, menor de edad, hasta en tres ocasiones en el domicilio que compartían en Ponferrada.

Tanto el fiscal como la acusación particular han insistido en la sala de vistas en que las pruebas son contundentes y los hechos han quedado probados, al tiempo que han recordado que la protección a una menor ha de sobreponerse a la presunción de inocencia del acusado, especialmente si, como en este caso, se demuestra que los hechos han dejado secuelas psicológicas a la víctima.En el juicio, que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de León, se ha escuchado la declaración que la menor prestó en el momento de la denuncia por estos hechos, en la que la niña, de catorce años en ese momento, describió tres episodios de abusos diferentes.

La menor refirió que el hombre, pareja sentimental de su madre en aquel momento, la agredió sexualmente hasta en tres ocasiones en el domicilio familiar con besos en la boca y tocamientos en los pechos y en la zona genital.

La niña, nacida en 2007, tenía diez años en el momento del primer abuso, un beso con lengua que se repitió en otra ocasión, mientras que en un tercer episodio, ocurrido en 2020, la menor ha descrito que el hombre le tocó los pechos y trató de introducirle los dedos en la vagina.

La menor le contó lo sucedido primero a su madre, de quien ha asegurado que no la creyó, y después a una profesora, para tratar de recibir ayuda.

Denuncia del padre de la menor porque la madre no la creyó

Fue esa profesora la que le contó los hechos al padre de la menor, quién ha declarado en el juicio que tras tener conocimiento de los mismos interpuso la correspondiente denuncia y obtuvo la custodia de la niña.

En la sesión el acusado ha negado los hechos, ha dicho que siempre la trató como un padre, ha negado haberle realizado tocamientos y ha asegurado que los besos eran muestras de cariño.

El equipo psicosocial que atendió a la niña en el primer momento ha calificado de “creíble” el testimonio de la menor porque “aporta bastantes detalles y mantiene el relato” a lo largo de sus diferentes declaraciones desde que ocurrieron los hechos.

La forense, por su parte, ha ratificado el informe que elaboró en el momento de la denuncia y ha insistido en que, desde el punto de vista médico, la situación de la niña es compatible con los hechos denunciados.

La acusación particular ha destacado que lo importante en estos casos tiene que ser proteger a la menor, sobre todo cuando no hay ninguna prueba, por lo que ha solicitado que se prive de libertad al acusado y se le prohíba acercarse a la víctima.

Además la Fiscalía ha pedido una indemnización de 15.000 euros que acusación particular ha elevado a 18.000 ante las secuelas que, a juicio de ambas partes, han quedado demostradas.

La defensa ha pedido por su parte una sentencia absolutoria basándose en la presunción de inocencia porque lo escuchado en la sala, ha dicho, “no concreta cuándo ocurren los tres episodios, lo que causa indefensión al acusado”.

La madre no le dio importancia

La madre de la menor, quien ha acudido como testigo, ha asegurado que se enteró de los hechos por una confesión de la niña, pero ha afirmado que no le dio importancia porque pensó que se trataba de un juego y ha negado que la menor le describiera los hechos como abusos.

El Fiscal ha asegurado ante esta declaración que “sorprende que la madre de la pequeña no actuase inmediatamente ante estos hechos” y ha destacado que siguiera siendo pareja del acusado hasta hace cuatro meses.

La profesora, por su parte, ha relatado que la menor le dijo que no lo había contado antes por miedo y ha afirmado que, en una ocasión, incluso le pidió que la adoptara. El juicio ha quedado visto para sentencia. 

La Medalla Reina Urraca de León para la primera presidenta del Tribunal Superior de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser López. La Universidad de León hará aprobado en Consejo de Gobierno la concesión de la Medalla Reina Urraca de León a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser López, en reconocimiento a su trayectoria profesional e institucional y a su contribución al fortalecimiento del sistema judicial y al desarrollo social de la provincia de León.

Con esta distinción, que se entregará en el acto académico de San Isidoro, previsto para este lunes 27 de abril en el Aula Magna, la Universidad quiere reconocer una trayectoria marcada por la excelencia profesional, el compromiso con el servicio público y el liderazgo femenino en el ámbito jurídico.

Asimismo, la Universidad hará entrega de su Medalla de Oro a título póstumo a José Gerrado Villa Vicente, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y a la huella que ha dejado en la vida universitaria y en la formación de generaciones de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Un acto en el que tendrá lugar la imposición de insignias a los nuevos doctores del curso 2024-2025, la entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado, los Diplomas-Mención de la Alianza EURECA-PRO, así como los premios correspondientes al pasado curso concedidos por distintas entidades.

Asimismo, se hará entrega de las distinciones honoríficas por 25 años de servicio y por jubilación al personal docente e investigador y al personal técnico de gestión y de administración y servicios, con el nombramiento de los nuevos doctores como broche final.

Liderazgo y modernización

Del Ser ha sido la primera mujer en ocupar la presidencia de la Audiencia Provincial de León y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desarrollando a lo largo de su carrera una labor continuada en el ámbito jurisdiccional, con un impacto significativo en la modernización y mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en la provincia.

Asimismo, ha formado parte de órganos de gobierno judicial y de redes de cooperación jurídica a nivel nacional y europeo, contribuyendo a la proyección institucional del sistema judicial de Castilla y León y al posicionamiento del territorio en el contexto nacional e internacional.

La Medalla Reina Urraca de León se incorpora por primera vez al protocolo de distinciones de la Universidad de León con el objetivo de reconocer a personas y entidades cuyo impacto resulta especialmente significativo en el entorno social, cultural y económico. Su creación se enmarca en el 900.º aniversario de la muerte de la Reina Urraca de León, figura histórica asociada a valores como el liderazgo, la autonomía y la capacidad de transformación del entorno.

El Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales de este municipio de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León han anunciado este martes que exigirán el cumplimiento de las sentencias por vía judicial para que el Ayuntamiento asturiano de Mieres cumpla legalidad sobre el aprovechamiento ganadero del Puerto de Pinos, ya que consideran que su actividad es tan ilegal “como plantar cocaína”.

Así lo ha sostenido el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, tras inadmitir el Tribunal Supremo (TS) el recurso de casación de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda la actividad de Mieres en el Puerto de Pinos. Una postura que ya no admite más recursos y es firme.

Con ello, defienden que el recorrido judicial ha llegado a su fin y cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres “a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ha advertido el letrado y representante de la Federación.

En rueda de prensa, Antón, acompañado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello (PSOE) y los pedáneos de dos de los cuatro pueblos (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) ha recalcado que la última sentencia es un “punto de inflexión” que supone el fin a un largo camino judicial. Y que zanja que toda la actividad que desarrolla Mieres en territorio leonés “es ilegal porque carece de competencias” fuera de su territorio, incluso aunque sea como es la propietaria de los terrenos desde hace un siglo.

El también es presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna ha valorado que la sentencia es un “triunfo” y rechazó, como el alcalde, las continuas críticas recibidas desde Asturias sobre que “rompemos la armonía y convivencia, cuando son ellos los que incumplen la legalidad y actúan de forma absolutamente tramposa”. Advierte que Mieres va a seguir utilizando “todas las estratagemas para seguir aprovechando los pastos” y volver a subir este año 1.500 cabezas de ganado hasta el puerto, lo que desde la vertiente leonesa no van a consentir.

A este respecto, ha advertido que tras el revés judicial el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que va a cambiar la naturaleza jurídica de estos terrenos a bien patrimonial, con la intención de adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos. Un proceso, dijo, que ha sido paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias y que “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias” y por lo tanto “supone otra ilegalidad más” que no van a permitir.

Una “artimaña” que vigilarán

Por eso, de producirse esta “artimaña”, acudirá a un proceso contencioso-administrativo para paralizarla: “Un bien patrimonial no se puede emplear como si fuese un dominio público adjudicándola el Ayuntamiento a quien le dé la gana”, explica.

Consideran todas las organizaciones que la pelota está ahora en manos de las administraciones públicas, la Diputación y sobre todo la Junta de Castilla y León y su Consejería de Presidencia, que es la que tiene las competencias en esta materia, porque ahora es un tema “claramente político y ya no tienen ninguna excusa para intervenir legalmente y confiamos en que lo hagan”, en referencia a una posible expropiación de los terrenos para acabar con la 'anomalía'.

Y es que creen que mientras Mieres tenga la propiedad de los pastos en la provincia de León va a “querer usarla para favorecer a sus ganaderos”, por lo que ha animado a continuar con el proceso de expropiación de estos pastos para evitar que un ayuntamiento aplique competencias en materia de régimen local en territorios de otra Comunidad autónoma, “algo que es ilegal”.

La historia

El conflicto en el Puerto de Pinos se fraguó hace un siglo, cuando en 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres adquirió a la Fundación Sierra Pambley esos terrenos en suelo leonés. Hace una veintena de años que las entidades locales de San Emiliano y sus cuatro pueblos, que conservaron derechos históricos de pasto a pesar de todo, litigan por esos derechos en el aprovechamiento de 900 hectáreas de muy ricos pastos.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que en lo esencial siempre han favorecido a las pedanías leonesas. Unas sentencias que ahora quedan fijadas con última decisión del Supremo.

El alcalde Marcello ha afirmado que tras la última sentencia “tenemos que dar carpetazo” a un asunto que “llevamos sufriendo 100 años”, recalcando que ahora es el momento de que la Administración autonómica actúe, para lo que mantendrán una reunión con responsables de la Junta la semana que viene. Eso después de que hace un año por primera vez el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostraran su apoyo directo y hablaran de una hoja de ruta para la solución del conflicto que todavía no se han materializado.

Un matrimonio acusado de un delito de estafa agravada cometida supuestamente contra su nuera, una mujer con discapacidad auditiva, con la intención de quitarle un piso, ha reconocido este martes los hechos y ha aceptado una pena de seis meses de prisión y el pago de 720 euros de multa.

En la Audiencia Provincial de León, las partes se han remitido a un documento que suscribieron y que estableció una condena de seis meses de prisión y cuatro meses de multa a razón de seis euros diarios además de la responsabilidad civil, una pena que ambos acusados han aceptado tras reconocerse autores de los hechos.

En sus calificaciones provisionales el Ministerio Fiscal consideró que los procesados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y confianza de la víctima tras la muerte de su marido en 2005.

A partir de entonces, la mujer pasó a ostentar el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

Según la acusación, los suegros le plantearon una operación que ella entendió como un intercambio de derechos, pero que, en realidad, terminó siendo una compraventa formalizada en notaría en marzo de 2011 por algo más de 17.000 euros.

La clave del caso radica en que, al parecer, la mujer habría firmado convencida de que se trataba de una permuta, sin ser consciente de que estaba perdiendo sus derechos hereditarios.

La Fiscalía sostiene además que la víctima, con una discapacidad del 57% por hipoacusia bilateral severa, no contó con intérprete de lengua de signos ni con medidas que garantizaran la correcta comprensión del documento durante el acto notarial.

También mantiene que nunca llegó a percibir cantidad económica alguna por la operación.

Durante años, la mujer continuó residiendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos y no fue hasta 2017, tras recibir una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió la situación e inició acciones judiciales en Ponferrada, que permitieron incluso paralizar la subasta del inmueble.

El Ministerio Fiscal en su escrito reclamaba también la nulidad de la escritura firmada en 2011, con el objetivo de restituir los derechos de usufructo a la víctima.

Tras el reconocimiento de los hechos y la conformidad alcanzada entre las partes, el tribunal redactará la sentencia.

Los municipios de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Concejos de León han celebrado que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos. Algo que, de facto, convierte esa sentencia en definitiva.

“Con este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo se acaba el largo periplo judicial de múltiples procedimientos en los que de forma unánime, siempre, todos los tribunales han declarado la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento de Mieres”, ha celebrado el abogado Carlos González-Antón, además representante legal de estos municipios.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Hay que recordar que, aunque en suelo leonés, las cerca de 900 hectáreas son propiedad del Concejo de Mieres desde que hace justo un siglo adquiriera estos terrenos a la Fundación Serra Pambley, iniciándose algunas épocas de disputa junto a momentos de normal convivencia.

Esto último es en lo que el acento el Ayuntamiento de Mieres, que pide un uso razonable para el Puerto de Pinos y huir de polémicas estériles. En un comunicado, el Consistorio ha mostrado su disconformidad con la sentencia del TS de inadmitir su recurso y ha abogado por un uso “razonable y sostenible” para esos terrenos y por evitar “polémicas estériles” buscando el enfrentamiento.

Señala que los hechos que generaron este conflicto judicial ocurrieron hace décadas y forman parte del pasado e incide en que los terrenos son de su propiedad “como reconocen todas y cada una de las sentencias” y en que su objetivo es hacer uso de esos derechos “con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”. El Ayuntamiento asegura haber defendido sus derechos y avanza que seguirá haciéndolo en el futuro mientras apuesta por un uso razonable y sostenible del Puerto de Pinos, unas tierra que considera “esenciales” para cientos de ganaderos del concejo asturiano.

Además, lamenta que algunos sectores minoritarios intenten alimentar polémicas estériles “para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto” y subraya que siempre ha optado por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia, “como hacen los propios ganaderos en Mieres y León, que han demostrado que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino”.

Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos por su parte. Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

Condenada a 15 años de cárcel por haberse beneficiado de los delitos cometidos por su marido, Rosalía Iglesias, la astorgana esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha comparecido este lunes en la Audiencia Nacional como testigo en el caso que juzga a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por montar un operativo para robar documentación sensible al político. Es la conocida como operación 'Kitchen', en la que están siendo juzgados el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, así como diversos cargos policiales como el excomisario José Manuel Villarejo.

Iglesias ha relatado cómo vivió los peores momentos del desarrollo de la trama Gürtel, y su derivada 'Los papeles de Bárcenas', la documentación que acreditaba, según ha dictado la Justicia, la existencia de una caja B de dinero en el Partido Popular. En aquellos años el Ministerio del Interior montó, presuntamente, un operativo policial para obtener cualquier prueba en manos del extesorero de la formación conservadora. “Vivía aterrorizada”, ha explicado sobre todo en su relación con la prensa que perseguía a su marido o a ella misma, o la esperaba cuando acudía los viernes a visitarle mientras estaba en prisión preventiva entre mediados del año 2013 a mediados del 2015.

Luis Bárcenas ha confirmado este lunes una de las incógnitas que sobrevolaban sobre el caso. Ha confirmado a preguntas de la fiscal que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. Bárcenas ha señalado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario. Rosalía Iglesias ha contestado que conocía la existencia de los audios pero que nunca las oyó, “en su afán de protegerme”.

“Lo que vivimos en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno y mi marido no es una persona que se suela quejar”, explicó revelando que llegó a tener incidentes como visitante con algún funcionario, “tuve un problema muy importante” después de un vis-a-vis familiar y que uno de los funcionarios se le acercó y le dijo “Rosalía, estoy deseando verte aquí dentro”. Asegura que lo denunció y que la cárcel lo filtró a la prensa asegurando que dijo que “quería ver a todos los funcionarios colgados”, que ha negado. Finalmente el Ministerio acabó disculpándose alegando que la persona que lo hizo “estaba enfermo”.

La mayoría de las preguntas recibidas por Rosalía versaron sobre la figura de Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia que fue captado como informante por el Ministerio del Interior y al que prometieron ser policía nacional, como es hoy, además de recibir dinero de los fondos reservados mensualmente. Según Iglesias, el chófer tenía acceso a la documentación familiar dentro de la confianza que se tenía en su persona, sobre todo al inicio del tiempo en que empezó a trabajar, cuando Bárcenas se quedó sin personal por decisión de la sede nacional del PP con el avance de las investigaciones.

La astorgana ha relatado que tras la entrada en prisión de su marido vivió una situación “tremenda, estaba desorientada”, con situaciones como amenazas de cortes de luz por impagos, ya que todas las cuentas del extesorero estaban bloqueadas, y no conocía el funcionamiento de algunas cuestiones. “Yo me apoyaba al 100% en mi marido, llevamos 38 años casados y siempre hemos funcionado de una manera muy buena apoyándonos el uno al otro”, relató medio disculpándose incluso. En algunas de esas situaciones recibía ayuda de Sergio Ríos, del que al principio percibió una actitud de “protección” aunque luego cambió en un momento dado, “hay un comportamiento distinto, muy nervioso, conduce de una manera más brusca”.

Esa actitud diferente llevó a Iglesias a pedir su despido a su marido, lo que se acabó finalmente produciendo. Iglesias ha señalado que se sentía “incomodísima”, aunque sin violencia ni discusión, pero sí percibía “una actitud desafiante” y así se lo manifestó a Luis Bárcenas, “no quería continuar, pero prefería estar sola, pero mi marido continuó hasta que dije bueno, ya”.

Iglesias ha señalado que en aquellas fechas cuando su marido entró en prisión, julio del 2013, “vivía aterrorizada”, aunque lo achacaba entonces a la presión de los medios de comunicación, pero contestó que sí tenía la sensación de que la seguían a preguntas de las acusaciones, especialmente en sus visitas al despacho de su abogado Javier Gómez de Liaño.

Según Iglesias Sergio Ríos le pidió una pistola y un sistema de videovigilancia tras el secuestro a la familia que realizó un 'falso cura' en octubre del año 2013, condenado a 22 años de cárcel y que ya falleció. Sobre este asunto, que sobrevuela toda la causa pero del que no se puede hablar al ser cosa ya juzgada, la astorgana ha explicado que“ Cuando entra el mercenario en mi casa mi primera pregunta es decirle: ¿Quién le ha mandado?”, ratificando así sus sospechas de algún tipo de seguimiento.

En un audio desvelado este lunes por elDiario.es el excomisario José Manuel Villarejo se burlaba de una posibilidad de fuga de Luis Bárcenas tras su salida de prisión provisional señalando que si el extesorero intentaba escapar su chófer Sergio Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se vanagloriaba Villarejo.

La testigo ha relatado también ante el tribunal de la Audiencia Naciional el momento en el que nota que falta parte de las cajas de documentación que su marido había depositado en un local en el que ella tenía un negocio tras su salida de la sede nacional de Génova, negando que conociera su contenido. Cuando se traslada a un estudio más pequeño advierte que faltan cajas, hecho que trasladó a su marido. Según su relato cuando recoge todo para llevárselo fue advertida por una persona que en una zona no había nada, “Rosalía ahí no tienes nada”, descubriendo que faltaban cajas que había llevado su marido para su depósito allí, “también se llevaron cosas mías”. A preguntas de las defensas, que fueron cuestionadas por la presidenta del tribunal, negó haber tenido cuentas en Suiza.

“Para mí ha sido tan devastador, terrible”, ha resumido Rosalía Iglesias el periplo judicial y mediático que ha vivido del caso Gürtel al caso Kitchen, donde quedará para siempre en el aire si el suceso del secuestro por el falso cura estuvo también relacionado con las 'cloacas' del Estado. “Ha sido el periodo de tiempo más dramático para mi”, ha incidido ante el tribunal de la Audiencia Nacional.