El Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales de este municipio de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León han anunciado este martes que exigirán el cumplimiento de las sentencias por vía judicial para que el Ayuntamiento asturiano de Mieres cumpla legalidad sobre el aprovechamiento ganadero del Puerto de Pinos, ya que consideran que su actividad es tan ilegal “como plantar cocaína”.

Así lo ha sostenido el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, tras inadmitir el Tribunal Supremo (TS) el recurso de casación de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda la actividad de Mieres en el Puerto de Pinos. Una postura que ya no admite más recursos y es firme.

Con ello, defienden que el recorrido judicial ha llegado a su fin y cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres “a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ha advertido el letrado y representante de la Federación.

En rueda de prensa, Antón, acompañado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello (PSOE) y los pedáneos de dos de los cuatro pueblos (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) ha recalcado que la última sentencia es un “punto de inflexión” que supone el fin a un largo camino judicial. Y que zanja que toda la actividad que desarrolla Mieres en territorio leonés “es ilegal porque carece de competencias” fuera de su territorio, incluso aunque sea como es la propietaria de los terrenos desde hace un siglo.

El también es presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna ha valorado que la sentencia es un “triunfo” y rechazó, como el alcalde, las continuas críticas recibidas desde Asturias sobre que “rompemos la armonía y convivencia, cuando son ellos los que incumplen la legalidad y actúan de forma absolutamente tramposa”. Advierte que Mieres va a seguir utilizando “todas las estratagemas para seguir aprovechando los pastos” y volver a subir este año 1.500 cabezas de ganado hasta el puerto, lo que desde la vertiente leonesa no van a consentir.

A este respecto, ha advertido que tras el revés judicial el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que va a cambiar la naturaleza jurídica de estos terrenos a bien patrimonial, con la intención de adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos. Un proceso, dijo, que ha sido paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias y que “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias” y por lo tanto “supone otra ilegalidad más” que no van a permitir.

Una “artimaña” que vigilarán

Por eso, de producirse esta “artimaña”, acudirá a un proceso contencioso-administrativo para paralizarla: “Un bien patrimonial no se puede emplear como si fuese un dominio público adjudicándola el Ayuntamiento a quien le dé la gana”, explica.

Consideran todas las organizaciones que la pelota está ahora en manos de las administraciones públicas, la Diputación y sobre todo la Junta de Castilla y León y su Consejería de Presidencia, que es la que tiene las competencias en esta materia, porque ahora es un tema “claramente político y ya no tienen ninguna excusa para intervenir legalmente y confiamos en que lo hagan”, en referencia a una posible expropiación de los terrenos para acabar con la 'anomalía'.

Y es que creen que mientras Mieres tenga la propiedad de los pastos en la provincia de León va a “querer usarla para favorecer a sus ganaderos”, por lo que ha animado a continuar con el proceso de expropiación de estos pastos para evitar que un ayuntamiento aplique competencias en materia de régimen local en territorios de otra Comunidad autónoma, “algo que es ilegal”.

La historia

El conflicto en el Puerto de Pinos se fraguó hace un siglo, cuando en 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres adquirió a la Fundación Sierra Pambley esos terrenos en suelo leonés. Hace una veintena de años que las entidades locales de San Emiliano y sus cuatro pueblos, que conservaron derechos históricos de pasto a pesar de todo, litigan por esos derechos en el aprovechamiento de 900 hectáreas de muy ricos pastos.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que en lo esencial siempre han favorecido a las pedanías leonesas. Unas sentencias que ahora quedan fijadas con última decisión del Supremo.

El alcalde Marcello ha afirmado que tras la última sentencia “tenemos que dar carpetazo” a un asunto que “llevamos sufriendo 100 años”, recalcando que ahora es el momento de que la Administración autonómica actúe, para lo que mantendrán una reunión con responsables de la Junta la semana que viene. Eso después de que hace un año por primera vez el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostraran su apoyo directo y hablaran de una hoja de ruta para la solución del conflicto que todavía no se han materializado.

Un matrimonio acusado de un delito de estafa agravada cometida supuestamente contra su nuera, una mujer con discapacidad auditiva, con la intención de quitarle un piso, ha reconocido este martes los hechos y ha aceptado una pena de seis meses de prisión y el pago de 720 euros de multa.

En la Audiencia Provincial de León, las partes se han remitido a un documento que suscribieron y que estableció una condena de seis meses de prisión y cuatro meses de multa a razón de seis euros diarios además de la responsabilidad civil, una pena que ambos acusados han aceptado tras reconocerse autores de los hechos.

En sus calificaciones provisionales el Ministerio Fiscal consideró que los procesados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y confianza de la víctima tras la muerte de su marido en 2005.

A partir de entonces, la mujer pasó a ostentar el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

Según la acusación, los suegros le plantearon una operación que ella entendió como un intercambio de derechos, pero que, en realidad, terminó siendo una compraventa formalizada en notaría en marzo de 2011 por algo más de 17.000 euros.

La clave del caso radica en que, al parecer, la mujer habría firmado convencida de que se trataba de una permuta, sin ser consciente de que estaba perdiendo sus derechos hereditarios.

La Fiscalía sostiene además que la víctima, con una discapacidad del 57% por hipoacusia bilateral severa, no contó con intérprete de lengua de signos ni con medidas que garantizaran la correcta comprensión del documento durante el acto notarial.

También mantiene que nunca llegó a percibir cantidad económica alguna por la operación.

Durante años, la mujer continuó residiendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos y no fue hasta 2017, tras recibir una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió la situación e inició acciones judiciales en Ponferrada, que permitieron incluso paralizar la subasta del inmueble.

El Ministerio Fiscal en su escrito reclamaba también la nulidad de la escritura firmada en 2011, con el objetivo de restituir los derechos de usufructo a la víctima.

Tras el reconocimiento de los hechos y la conformidad alcanzada entre las partes, el tribunal redactará la sentencia.

Los municipios de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Concejos de León han celebrado que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos. Algo que, de facto, convierte esa sentencia en definitiva.

“Con este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo se acaba el largo periplo judicial de múltiples procedimientos en los que de forma unánime, siempre, todos los tribunales han declarado la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento de Mieres”, ha celebrado el abogado Carlos González-Antón, además representante legal de estos municipios.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Hay que recordar que, aunque en suelo leonés, las cerca de 900 hectáreas son propiedad del Concejo de Mieres desde que hace justo un siglo adquiriera estos terrenos a la Fundación Serra Pambley, iniciándose algunas épocas de disputa junto a momentos de normal convivencia.

Esto último es en lo que el acento el Ayuntamiento de Mieres, que pide un uso razonable para el Puerto de Pinos y huir de polémicas estériles. En un comunicado, el Consistorio ha mostrado su disconformidad con la sentencia del TS de inadmitir su recurso y ha abogado por un uso “razonable y sostenible” para esos terrenos y por evitar “polémicas estériles” buscando el enfrentamiento.

Señala que los hechos que generaron este conflicto judicial ocurrieron hace décadas y forman parte del pasado e incide en que los terrenos son de su propiedad “como reconocen todas y cada una de las sentencias” y en que su objetivo es hacer uso de esos derechos “con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”. El Ayuntamiento asegura haber defendido sus derechos y avanza que seguirá haciéndolo en el futuro mientras apuesta por un uso razonable y sostenible del Puerto de Pinos, unas tierra que considera “esenciales” para cientos de ganaderos del concejo asturiano.

Además, lamenta que algunos sectores minoritarios intenten alimentar polémicas estériles “para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto” y subraya que siempre ha optado por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia, “como hacen los propios ganaderos en Mieres y León, que han demostrado que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino”.

Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos por su parte. Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

Condenada a 15 años de cárcel por haberse beneficiado de los delitos cometidos por su marido, Rosalía Iglesias, la astorgana esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha comparecido este lunes en la Audiencia Nacional como testigo en el caso que juzga a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por montar un operativo para robar documentación sensible al político. Es la conocida como operación 'Kitchen', en la que están siendo juzgados el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, así como diversos cargos policiales como el excomisario José Manuel Villarejo.

Iglesias ha relatado cómo vivió los peores momentos del desarrollo de la trama Gürtel, y su derivada 'Los papeles de Bárcenas', la documentación que acreditaba, según ha dictado la Justicia, la existencia de una caja B de dinero en el Partido Popular. En aquellos años el Ministerio del Interior montó, presuntamente, un operativo policial para obtener cualquier prueba en manos del extesorero de la formación conservadora. “Vivía aterrorizada”, ha explicado sobre todo en su relación con la prensa que perseguía a su marido o a ella misma, o la esperaba cuando acudía los viernes a visitarle mientras estaba en prisión preventiva entre mediados del año 2013 a mediados del 2015.

Luis Bárcenas ha confirmado este lunes una de las incógnitas que sobrevolaban sobre el caso. Ha confirmado a preguntas de la fiscal que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. Bárcenas ha señalado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario. Rosalía Iglesias ha contestado que conocía la existencia de los audios pero que nunca las oyó, “en su afán de protegerme”.

“Lo que vivimos en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno y mi marido no es una persona que se suela quejar”, explicó revelando que llegó a tener incidentes como visitante con algún funcionario, “tuve un problema muy importante” después de un vis-a-vis familiar y que uno de los funcionarios se le acercó y le dijo “Rosalía, estoy deseando verte aquí dentro”. Asegura que lo denunció y que la cárcel lo filtró a la prensa asegurando que dijo que “quería ver a todos los funcionarios colgados”, que ha negado. Finalmente el Ministerio acabó disculpándose alegando que la persona que lo hizo “estaba enfermo”.

La mayoría de las preguntas recibidas por Rosalía versaron sobre la figura de Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia que fue captado como informante por el Ministerio del Interior y al que prometieron ser policía nacional, como es hoy, además de recibir dinero de los fondos reservados mensualmente. Según Iglesias, el chófer tenía acceso a la documentación familiar dentro de la confianza que se tenía en su persona, sobre todo al inicio del tiempo en que empezó a trabajar, cuando Bárcenas se quedó sin personal por decisión de la sede nacional del PP con el avance de las investigaciones.

La astorgana ha relatado que tras la entrada en prisión de su marido vivió una situación “tremenda, estaba desorientada”, con situaciones como amenazas de cortes de luz por impagos, ya que todas las cuentas del extesorero estaban bloqueadas, y no conocía el funcionamiento de algunas cuestiones. “Yo me apoyaba al 100% en mi marido, llevamos 38 años casados y siempre hemos funcionado de una manera muy buena apoyándonos el uno al otro”, relató medio disculpándose incluso. En algunas de esas situaciones recibía ayuda de Sergio Ríos, del que al principio percibió una actitud de “protección” aunque luego cambió en un momento dado, “hay un comportamiento distinto, muy nervioso, conduce de una manera más brusca”.

Esa actitud diferente llevó a Iglesias a pedir su despido a su marido, lo que se acabó finalmente produciendo. Iglesias ha señalado que se sentía “incomodísima”, aunque sin violencia ni discusión, pero sí percibía “una actitud desafiante” y así se lo manifestó a Luis Bárcenas, “no quería continuar, pero prefería estar sola, pero mi marido continuó hasta que dije bueno, ya”.

Iglesias ha señalado que en aquellas fechas cuando su marido entró en prisión, julio del 2013, “vivía aterrorizada”, aunque lo achacaba entonces a la presión de los medios de comunicación, pero contestó que sí tenía la sensación de que la seguían a preguntas de las acusaciones, especialmente en sus visitas al despacho de su abogado Javier Gómez de Liaño.

Según Iglesias Sergio Ríos le pidió una pistola y un sistema de videovigilancia tras el secuestro a la familia que realizó un 'falso cura' en octubre del año 2013, condenado a 22 años de cárcel y que ya falleció. Sobre este asunto, que sobrevuela toda la causa pero del que no se puede hablar al ser cosa ya juzgada, la astorgana ha explicado que“ Cuando entra el mercenario en mi casa mi primera pregunta es decirle: ¿Quién le ha mandado?”, ratificando así sus sospechas de algún tipo de seguimiento.

En un audio desvelado este lunes por elDiario.es el excomisario José Manuel Villarejo se burlaba de una posibilidad de fuga de Luis Bárcenas tras su salida de prisión provisional señalando que si el extesorero intentaba escapar su chófer Sergio Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se vanagloriaba Villarejo.

La testigo ha relatado también ante el tribunal de la Audiencia Naciional el momento en el que nota que falta parte de las cajas de documentación que su marido había depositado en un local en el que ella tenía un negocio tras su salida de la sede nacional de Génova, negando que conociera su contenido. Cuando se traslada a un estudio más pequeño advierte que faltan cajas, hecho que trasladó a su marido. Según su relato cuando recoge todo para llevárselo fue advertida por una persona que en una zona no había nada, “Rosalía ahí no tienes nada”, descubriendo que faltaban cajas que había llevado su marido para su depósito allí, “también se llevaron cosas mías”. A preguntas de las defensas, que fueron cuestionadas por la presidenta del tribunal, negó haber tenido cuentas en Suiza.

“Para mí ha sido tan devastador, terrible”, ha resumido Rosalía Iglesias el periplo judicial y mediático que ha vivido del caso Gürtel al caso Kitchen, donde quedará para siempre en el aire si el suceso del secuestro por el falso cura estuvo también relacionado con las 'cloacas' del Estado. “Ha sido el periodo de tiempo más dramático para mi”, ha incidido ante el tribunal de la Audiencia Nacional.

Un leonés ha logrado hacer desaparecer una deuda contraída de 57.811 euros tras acogerse judicialmente a la Ley de Segunda Oportunidad, en un caso marcado por la necesidad de financiar, entre otras cosas, un vehículo imprescindible para su día a día: llevar a su hijo al colegio y acudir después a su puesto de trabajo. La resolución judicial le permite empezar de nuevo tras años de dificultades económicas derivadas de la caída de sus ingresos después de que en su empresa le bajaran el sueldo.

El origen de su situación de insolvencia se remonta al momento en el que solicitó financiación tanto para acometer reformas necesarias en su vivienda como para adquirir ese coche del que dependía su rutina familiar y laboral. La previsión era poder hacer frente a los pagos cuando su economía mejorase, pero la realidad fue la contraria: una reducción de su salario le dejó sin capacidad suficiente para asumir las cuotas y de todo ello tenía pruebas fehacientes.

A partir de ese momento, la deuda fue creciendo hasta volverse insostenible. Con los ingresos disponibles, el afectado ya no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que le situó en un escenario de insolvencia que le impedía salir adelante por sus propios medios. El caso llegó a manos del despacho Repara tu Deuda Abogados, uno de los muchos que gestionan este tipo de insolvencias que pueden afrontarse aplicándose la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una norma no muy conocida pero de sencilla aplicación, como se ha ido viendo en varios casos en la provincia leonesa, algunos muy desesperados.

Finalmente, tras acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado competente le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), cancelando íntegramente la deuda acumulada. Esta herramienta legal, cada vez más utilizada, permite a particulares en situación de insolvencia rehacer su vida económica siempre que cumplan requisitos como actuar de buena fe o no haber sido condenados por delitos socioeconómicos.

La Fiscalía solicita penas de 4 años y 5 meses de prisión y multas superiores a 150.000 euros para cada uno de los dos acusados por un presunto delito de tráfico de drogas. Además, interesa la expulsión del territorio nacional de uno de ellos. El juicio oral se celebrará el próximo 22 de abril en la Audiencia Provincial de León.

Los hechos se remontan a una investigación iniciada en 2024 por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Ponferrada, que situó a uno de los acusados como presunto responsable de un punto de venta de droga, principalmente hachís, en la localidad y sus alrededores. Según el escrito de acusación, el investigado contaba con contactos para el suministro de sustancias en el norte de África y en distintos puntos de la península, lo que le permitía mantener un flujo constante de estupefacientes.

La Fiscalía sostiene que ambos acusados actuaban de forma conjunta, compartiendo domicilio y colaborando en la distribución de la droga entre una red de clientes habituales.

La investigación incluyó vigilancias, seguimientos e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. Fruto de estas actuaciones, los agentes detectaron una operación concreta de compraventa el 27 de mayo de 2025, en la que se produjo un intercambio de droga con un comprador habitual en la vía pública.

En el momento de la intervención policial se incautaron pequeñas cantidades de cocaína y hachís al comprador, así como dinero en efectivo a los acusados. Posteriormente, los registros domiciliarios permitieron descubrir una cantidad muy relevante de sustancia estupefaciente, principalmente resina de cannabis, distribuida en placas y bellotas, además de útiles para su manipulación y distribución.

En total, se intervinieron varios kilos de hachís, pequeñas cantidades de cocaína, más de 17.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, anotaciones de ventas y material de empaquetado, lo que, según el Ministerio Público, evidencia una actividad continuada de tráfico.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de tráfico de drogas, distinguiendo entre sustancias que causan grave daño a la salud (cocaína) y las que no (hachís), en este último caso en su modalidad de notoria importancia por la cantidad intervenida.

Ambos acusados son considerados coautores, al entender el Ministerio Público que actuaban de forma coordinada en la adquisición, almacenamiento y distribución de las sustancias.

El Ministerio Fiscal pide para cada acusado una pena de 4 años y 5 meses de prisión, además de multa de 150.758 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En el caso de uno de los procesados, que se encuentra en situación administrativa irregular, solicita la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regreso durante nueve años.

La Audiencia Provincial de León ha condenado a nueve años de cárcel a un hombre acusado de agredir con un machete al portero de una discoteca de Ponferrada en 2023, que le produjo lesiones graves y la pérdida de parcial de una oreja.

Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de febrero de 2023, cuando se produjo una discusión entre dos personas y otra pareja en las inmediaciones del local. En ese entorno, el portero intentó mediar en el conflicto y prohibió la entrada a los implicados en la pelea.

Según la resolución judicial, en ese momento uno de los acusados golpeó al trabajador en la cara para inmovilizarlo, instante que fue aprovechado por el ahora condenado para atacarlo con un machete de unos 40 centímetros de longitud.

El agresor le asestó un golpe en la cabeza que le causó lesiones graves, incluida la amputación parcial de una oreja, además de otros daños derivados de la agresión.

La Audiencia considera los hechos plenamente probados y, además de la pena de prisión, impone al condenado una indemnización de cerca de 100.000 euros a la víctima por las lesiones y secuelas sufridas

La Fiscalía pide condenar a los suegros de una mujer con discapacidad auditiva por un presunto delito de estafa agravada, al considerar que la engañaron tras quedarse viuda para que firmara un documento con el que perdió los derechos de usufructo sobre su vivienda y varias fincas heredadas de su marido.

El juicio se celebrará el próximo 21 de abril en la Audiencia Provincial de León. El Ministerio Público solicita para los acusados seis meses de prisión, multa y la nulidad de la escritura firmada en 2011.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2005, cuando falleció el marido de la mujer. A partir de ese momento, ella pasó a tener el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

La víctima tiene reconocida una discapacidad del 57% por una hipoacusia bilateral severa, lo que le impide mantener conversaciones sin intérprete de lengua de signos, una circunstancia clave en este caso.

Tras la muerte de su esposo, la mujer mantuvo una relación de confianza con sus familiares políticos, con quienes llegó a convivir de forma intermitente. Según la Fiscalía, fue en ese contexto donde se produjo el supuesto engaño.

Siempre según la acusación, los suegros le plantearon un intercambio de usufructos que, en apariencia, le resultaba beneficioso. Sin embargo, el 2 de marzo de 2011 firmó en notaría un documento que en realidad suponía la venta de sus derechos hereditarios por algo más de 17.000 euros, una cantidad que, según sostiene el Ministerio Público, nunca llegó a cobrar.

La clave del caso está en que la mujer habría firmado convencida de que estaba haciendo una permuta, no una venta. Además, la Fiscalía subraya que en ese acto notarial no se garantizó que comprendiera el contenido del documento, ya que no contó con intérprete ni se hizo constar su discapacidad.

Durante años, la mujer siguió viviendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos. No fue hasta 2017, cuando recibió una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió lo que había ocurrido. A partir de ahí presentó una querella que llegó a paralizar la subasta del inmueble.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de estafa agravada, al afectar al derecho a la vivienda, aunque también aprecia una atenuante por dilaciones indebidas debido al largo tiempo que ha tardado el caso en llegar a juicio.

En el proceso será clave determinar si la mujer comprendió realmente lo que firmaba y si existió o no un pago efectivo por esos derechos.

Además de las penas de prisión y multa, el Ministerio Público solicita que se anule la escritura firmada en 2011 y que se restituyan los derechos de la víctima, así como mantener las medidas cautelares sobre el inmueble para garantizar una posible indemnización.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León desestima el recurso de un hombre y confirma tres años de cárcel para él por tráfico de cocaína. El tribunal rechaza la vulneración de la presunción de inocencia y descarta la atenuante de drogadicción al no acreditarse afectación en las facultades del condenado.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado íntegramente la condena de tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de León a un acusado por tráfico de drogas, al desestimar el recurso de apelación presentado por la defensa. La resolución ratifica tanto los hechos probados como la valoración de la prueba realizada en primera instancia.

El caso se remonta a una investigación policial desarrollada en marzo de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron movimientos sospechosos en torno al domicilio del acusado, donde se producían encuentros breves con consumidores de sustancias estupefacientes. Estas vigilancias permitieron documentar al menos dos intercambios de droga por dinero, confirmados posteriormente mediante intervenciones policiales.

La investigación culminó el 11 de abril de 2024 con una entrada y registro en la vivienda del acusado, donde los agentes hallaron una cantidad relevante de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína distribuida en numerosas dosis listas para la venta, además de cannabis y una pastilla de MDMA. También se incautaron básculas de precisión, dinero en efectivo fraccionado y diversos objetos de valor, elementos que, según el tribunal, evidencian una actividad de tráfico.

En primera instancia, la Audiencia Provincial de León condenó al acusado como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, imponiéndole tres años de prisión y una multa superior a 9.000 euros, además del decomiso de los efectos intervenidos.

La defensa recurrió la sentencia alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba y, subsidiariamente, la aplicación de una atenuante por drogadicción. Sostenía que las sustancias estaban destinadas al autoconsumo y que no existían pruebas directas de tráfico, además de argumentar que el acusado era consumidor habitual.

Sin embargo, el TSJ rechaza de forma contundente estos argumentos. La Sala subraya que existe una “actividad probatoria suficiente” basada tanto en la vigilancia policial como en las declaraciones de los agentes y en los objetos intervenidos. Destaca especialmente la cantidad de droga, su presentación en dosis individuales y la existencia de instrumentos típicos del tráfico, como básculas de precisión, lo que descarta la hipótesis del autoconsumo.

En cuanto a la doctrina aplicable, el tribunal recuerda que la presunción de inocencia queda desvirtuada cuando existe prueba de cargo suficiente, incluso si esta es indiciaria, siempre que esté debidamente razonada. Asimismo, insiste en que el tribunal de apelación tiene plenas facultades para revisar tanto los hechos como la valoración jurídica realizada en primera instancia.

Respecto a la alegada drogadicción, la Sala señala que no basta con acreditar el consumo habitual de drogas para aplicar una atenuante. Es necesario demostrar que dicha adicción afecta de forma relevante a las capacidades intelectivas o volitivas del acusado, circunstancia que no quedó probada en este caso. Por el contrario, el tribunal aprecia una conducta organizada y compatible con la actividad de tráfico.

Finalmente, el TSJ desestima íntegramente el recurso y confirma la condena impuesta, declarando de oficio las costas de la segunda instancia al no apreciar temeridad en la apelación. La sentencia aún puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el personal docente e investigador temporal de las cuatro universidades públicas de la comunidad cobre los mismos complementos retributivos que ingresa el personal fijo.

La demanda de conflicto colectivo que planteó la Federación de Enseñanza de CCOO-Castilla y León ha tenido esta respuesta del TSJCyL, que establece que estos derechos deberán ser compensados con carácter retroactivo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que son ya siete las sentencias favorables sobre conflictos que afectan a derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo del cobro de los complementos, al rechazar el argumento dado por las universidades sobre la limitación presupuestaria.

CCOO ha recordado que buscó un acuerdo interno con las universidades, a través de las comisiones paritarias del convenio colectivo y también a través del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), pero las instituciones académicas mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

Por este motivo, el sindicato ha instado a las universidades a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan de Calidad del Aire por ozono troposférico de Castilla y León, por falta de concreción, por lo que ahora la Junta tiene un plazo de seis meses para elaborar un nuevo plan.

La organización Ecologistas en Acción, que recurrió esta normativa autonómica, ha criticado lo que considera una “negligencia” de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que ha reclamado a sus dirigentes que “cumplan de una vez con su obligación legal y moral de proteger la salud”.

La sentencia, fecha de 10 de abril, desestima el recurso de casación que presentó la Junta de Castilla y León contra la sentencia de junio de 2023, en la que ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la organización ecologista, lo que ahora ha confirmado el Supremo.

El Gobierno autonómico aprobó esta normativa en 2021, obligado por sendas resoluciones del TSJCyL y el Supremo, que consideraron que desde 2010 en Castilla y León no había habido una normativa necesaria para proteger la salud en ocho de las quince zonas en que se divide la Comunidad a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.

Los jueces de estos tribunales entienden que la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas, mientras que la zonificación para la protección de la vegetación se ha dividido el territorio en 3 zonas.

Las zonas con incumplimientos legales donde la Junta de Castilla y León está obligada por decisión judicial a elaborar los planes de calidad del aire por ozono son las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda, para la protección de la salud, y la zona Sur y Este de Castilla y León, para la protección de la vegetación, con una superficie total de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes, ha detallado Ecologistas en Acción en un comunicado.

A raíz de esta exigencia, la Junta aprobó en 2021 un plan único, sin especificar zona, ni los objetivos de reducción de niveles de contaminación, calendario de aplicación, ni estimación de mejora de la calidad del aire, que es lo que reclama la normativa que sirve de base para la reclamación ecologista.

El Tribunal Supremo comparte la argumentación del Tribunal de Castilla y León y concluye que la normativa aprobada por la Junta “omite establecer las medidas específicas para cada una de las distintas zonas delimitadas por la propia Administración autonómica, según los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire”.

Ecologistas en Acción ha criticado además que “ninguna de las 17 medidas previstas en el Plan anulado se ha ejecutado desde el año 2021, transcurridos 15 años desde la entrada en vigor de los objetivos de calidad del aire para el ozono, en 2010”.

Esta organización ha responsabilizado de esta situación al consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su director General de Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

Recuerda Ecologistas en Acción que esta sentencia puede condicionar los planes de calidad del aire por ozono recientemente aprobados o en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra, mientras que gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.

El ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas como el asma y la EPOC, y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

Ecologistas en Acción ha argumentado que la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó en hasta 6.600 las muertes prematuras producidas en 2023 en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, donde los fallecimientos fueron casi trescientos en el año citado, según la misma fuente.

El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos agrícolas.

El Partido Animalista Pacma y la asociación Sacrificio Cero León hacen un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana para localizar al menos a diez perros de caza que permanecen desaparecidos tras una intervención judicial vinculada a un presunto caso de maltrato animal en Lillo del Bierzo (Fabero), según informa la formación política.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando una denunciante alertó al Seprona de la existencia de una perrera en muy malas condiciones, con canes de diferentes razas utilizadas para la caza en “pésima situación higiénico-sanitaria y de salud”, señala Pacma. Tras la inspección de las autoridades y la solicitud judicial de decomiso, todos los animales desaparecieron justo el día en que estaba prevista su retirada por parte de la Guardia Civil, añade la formación.

Pacma refiere, además, que “tras el vaciado ilegal de la perrera, hasta la fecha y gracias a la colaboración vecinal, se ha podido recuperar a diez de los veinte perros en total, los cuales habían sido hacinados y ocultos en el interior de un remolque en las inmediaciones de la zona”. “Sin embargo”, contrapone, “otros ocho perros adultos y al menos dos cachorros recién nacidos continúan en paradero desconocido”.

Tanto Pacma como Sacrificio Cero León recalcan la importancia de la implicación ciudadana para poder localizar a los animales que aún faltan. Y animan a cualquier persona que disponga de información relevante a ponerse en contacto de inmediato con la Guardia Civil en el 062 (es posible hacerlo anónimamente), con el objetivo de facilitar su localización, retirada y puesta a salvo en un centro de protección animal.

La provincia de León suma desde principios de este año un coto de caza menos. Y no es un coto cualquiera. No sólo es un amplio espacio en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna sino que llegó a mover mucho dinero por lo preciado de sus rebecos. También se sitúa en terrenos de monte público que fueron el mismo escenario de una maniobra ilegal para que se cediera por 40 años a una sociedad privada, un caso que acabó con la condena por un delito de corrupción del anterior alcalde del Partido Popular (PP) en el municipio de Sena de Luna, donde el coto se ubica.

El caso, muy enrevesado, ha tenido que llegar al más alto tribunal de la Comunidad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que confirmara íntegramente. Ahora ya de forma definitiva se produce la anulación del coto privado de caza LE-11336, desestimando los argumentos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y de la Comunidad de Propietarios de la finca rústica donde el coto, Puerto Cubil, se ubicaba.

Hace ya casi un año de la resolución judicial final, dado que la sentencia 616/2025 data de mayo de 2025, pero fue declarada firme el pasado 12 de noviembre de ese mismo año. El auto ratifica sin tocar una coma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, el cual ya había anulado en junio de 2024 la resolución administrativa que permitió la creación del coto, santificada por la Junta, al considerar que no se ajustaba a derecho.

Incumplía el requisito del tamaño

El origen del litigio se remonta a 2021, cuando la Junta Vecinal de Robledo de Caldas recurrió la puesta en marcha de este coto privado de caza, promovido por la Comunidad de Propietarios de Puerto Cubil y que fue autorizado por Medio Ambiente. En aquella época el presidente pedáneo era al mismo tiempo el histórico alcalde, José Celestino García, a su vez también miembro del Club Deportivo de Caza El Negrón, al que se le pretendía entregar la gestión por 40 años de un coto en el mismo monte por espacio de 40 años.

Para poner en marcha este, Puerto Cubil, se declaró que disponía de una superficie declarada de 524,82 hectáreas. Pero según los tribunales no cumplía con uno de los requisitos esenciales establecidos por la Ley de Caza de Castilla y León: acreditar la titularidad de al menos 250 hectáreas.

El Juzgado primero y el TSJ después han considerado probado que la comunidad promotora no logró demostrar ni de cerca dicha superficie. La documentación aportada presentaba importantes contradicciones: mientras una escritura de 1899 situaba la extensión en unas 92 hectáreas, otros documentos posteriores hablaban de entre 113 y 200 hectáreas. No fue hasta un acta de 2019 cuando se elevó la cifra a más de 500 hectáreas, basándose únicamente en datos catastrales.

Y es aquí donde el Alto Tribunal recuerda que el Catastro tiene efectos fiscales y no sirve por sí solo para acreditar la propiedad o la superficie real de los terrenos a efectos civiles. También argumentó que no se justificó el incremento de extensión declarado.

Otro de los aspectos clave del fallo es la confirmación de la legitimación de la Junta Vecinal de Robledo de Caldas para recurrir la constitución del coto. El tribunal considera que la entidad local menor estaba directamente afectada, ya que los terrenos en disputa incidían tanto en su propio coto de caza, el LE-10715, como en el monte de utilidad pública número 155, de su titularidad.

Extinción del coto y terrenos vedados

La Junta de Castilla y León esperó todavía cerca de dos meses para ejecutar la sentencia que daba la razón a la Junta Vecinal, la cual estaba representada por el entonces procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, el abogado Ricardo Gavilanes, después elevado a portavoz popular en el Parlamento. No ha sido hasta el pasado 14 de enero de 2026 cuando el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez, dictó resolución ordenando la extinción del coto LE-11336, como la sentencia mandaba.

Como consecuencia, los terrenos han pasado a tener la consideración de vedados, lo que implica la prohibición total de la actividad cinegética en tanto no se produzca una nueva autorización. Además, el anterior titular del coto ha tenido que retirar toda la señalización existente en los plazos que marque la administración.

Un coto marcado por la polémica política y judicial

La anulación de este coto se suma a la intensa conflictividad judicial que rodea a la gestión cinegética en Robledo de Caldas, especialmente tras el caso que afectó directamente al exalcalde de Sena de Luna, José Celestino García (PP).

En mayo de 2024, el propio TSJ de Castilla y León ratificó la condena contra el regidor por un delito de prevaricación, imponiéndole nueve años de inhabilitación para cargo público. La sentencia confirmó que, en 2019, García se autoconcedió derechos de caza durante 40 años en su condición de presidente de la Junta Vecinal, beneficiando al Club Deportivo de Caza El Negrón, del que formaba parte.

Los tribunales consideraron probado que actuó “consciente y gravemente” contra la legalidad y en perjuicio de los vecinos, en una operación que el fiscal resumió como un “yo me lo guiso, yo me lo como”. Aquella decisión también fue anulada posteriormente por la vía contenciosa. Aunque el PP se resistió, finalmente la condena obligó al entonces alcalde a dimitir, cerrando una etapa de décadas al frente del Ayuntamiento, pero dejó abierto un escenario de litigios en torno a los aprovechamientos cinegéticos de la zona que ahora suma un nuevo capítulo con la desaparición definitiva del coto de Puerto Cubil.

No ha habido juicio en su contra pero sí sufrirá prisión. El autor confeso de un incendio forestal en montes del municipio de Borrenes, en la comarca de El Bierzo, en plena oleada de incendios a finales del pasado verano de 2025 ha reconocido hoy los hechos justo antes de la vista que estaba convocada en la Audiencia de modo que la misma no se ha celebrado tras alcanzarse un acuerdo previo in extremis.

Con esta decisión, el detenido entonces y acusado acepta una pena de prisión de tres años, algo menos que los cuatro años y cinco meses que le solicitaba el Ministerio Fiscal por su responsabilidad en el origen de un siniestro que se produjo en torno a las 17.56 horas del 13 de septiembre de 2025 y que , según los atestados, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego. Por eso, el Fiscal de partida solicitaba para él una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel por un delito de incendio forestal.

El pirómano, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió hasta cuatro focos distintos con un mechero en las proximidades de la localidad de San Juan de Paluezas, en un día de alto riesgo de incendios forestales. Finalmente resultaron calcinadas casi tres hectáreas, en su mayoría de montes.

El condenado permanece en prisión desde el momento de su detención, según ha publicado hoy Radio León. En la negociación previa, el Fiscal ha tenido en cuenta como atenuante que había consumido drogas. Además de los tres años de cárcel, algunos de los cuales ya se dan por cumplidos en este tiempo, el hombre tendrá que pagar a la Junta de Castilla y León los casi 8.800 euros en los que se estimaron oficialmente los gastos de extinción, así como 805 euros a los propietarios de los montes por los daños causados.

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas, dos varones y una mujer residentes en las provincias de León, Barcelona y Almería, como presuntas responsables de una serie de estafas cometidas a través de internet mediante la publicación de falsos anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama en plataformas de compraventa.

El método empleado consistía en captar a posibles compradores a través de estos anuncios. Una vez que las víctimas mostraban interés, los investigados trasladaban la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea, donde solicitaban pagos anticipados para formalizar la supuesta compra.

Tras recibir el dinero a través de transferencias o pasarelas de pago vinculadas a entidades bancarias, los autores dejaban de responder, sin que las víctimas llegaran a recibir el producto adquirido.

La investigación policial se inició tras la denuncia asumida por el Equipo Arroba de la Comandancia de Bizkaia. A partir del análisis de la documentación aportada, y especialmente, del estudio de las cuentas bancarias, líneas telefónicas y movimientos económicos, los agentes lograron identificar un patrón común en diferentes hechos denunciados, lo que permitió vincularlos a un mismo grupo delictivo.

Como resultado de las gestiones realizadas, se logró identificar y localizar a los tres presuntos autores, residentes en las provincias de Barcelona, León y Almería, a quienes se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Hasta el momento, han sido localizadas cuatro víctimas, residentes en Bizkaia, Alicante, Albacete y la Región de Murcia, y no se descarta la existencia de más perjudicados. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo.

El juicio contra el histórico exalcalde de Fabero del PSOE Demetrio Alfonso Canedo ha quedado este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de León, tras una segunda sesión en la que varios testigos han ratificado que el Ayuntamiento recepcionó administrativamente una obra antes de que se ejecutara.

El proceso gira en torno a una actuación de mejora del abastecimiento de agua financiada con una subvención de 40.000 euros de la Diputación de León en 2007. Según las declaraciones escuchadas en sala, los trabajos se habrían llevado a cabo principalmente entre noviembre y diciembre de ese año, aunque la certificación y recepción oficial de la obra se firmaron en octubre para poder acceder a la ayuda económica.

Esa secuencia, que ya había sido reconocida parcialmente por el propio Demetrio Alfonso en la primera jornada del juicio —cuando admitió que se firmó la recepción de la obra sin estar ejecutada—, ha sido respaldada ahora por trabajadores de la empresa adjudicataria y por representantes de las juntas vecinales afectadas.

Según estos testimonios, la obra no estaba realizada en el momento en el que el Ayuntamiento dio por finalizados los trabajos en el expediente administrativo, lo que permitió tramitar el cobro de la subvención. De hecho, la Diputación abonó la cantidad correspondiente pese a que las actuaciones no se habían llevado a cabo en ese momento.

También ha declarado un exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Fabero, que ha explicado que el proyecto se impulsó tras una comunicación de la Diputación sobre la disponibilidad de fondos, sin que los servicios administrativos municipales plantearan objeciones al procedimiento seguido.

La Fiscalía mantiene su acusación por un delito de prevaricación administrativa y falsedad documental, por el que solicita para el exalcalde tres años y medio de prisión, además de multa e inhabilitación para cargo público. La defensa, por su parte, insiste en la absolución, al considerar que los hechos habrían prescrito y que no existen reclamaciones por parte de las administraciones implicadas.

Durante la primera sesión del juicio, Alfonso defendió su actuación alegando la urgencia derivada de la “sequía terrible” que afectaba al municipio en aquel momento y la necesidad de cumplir los plazos para no perder la subvención, aunque reconoció que la obra no estaba ejecutada cuando se firmó su recepción.

Con la práctica de la prueba concluida, el caso queda ahora en manos del tribunal, que deberá determinar si esa forma de proceder supuso un delito en la gestión de fondos públicos.

El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria número 3 de León ha ordenado la apertura de diligencias para investigar las condiciones higiénicas y sanitarias del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, tras las quejas presentadas por dos internos afectados por un brote recurrente de sarna en la prisión.

En una diligencia de ordenación fechada el pasado 6 de marzo, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal acuerda incoar un expediente de queja sanitaria y requiere al centro penitenciario que remita “a la mayor urgencia posible” un informe sobre los hechos denunciados.

En su escrito, el letrado Manuel Chao Dobarro denuncia las deficientes condiciones higiénico-sanitarias del centro penitenciario, que vienen “afectando gravemente a la salud e integridad física” de sus dos defendidos.

Según expone, desde hace meses se vienen produciendo brotes de sarna en el interior de la prisión, que habrían afectado a “buena parte de la población reclusa”.

El abogado sostiene que las medidas profilácticas adoptadas por la dirección del centro han resultado insuficientes para erradicar el ácaro causante de la enfermedad y denuncia que, en el caso concreto de sus clientes, los contagios se han repetido en un breve espacio de tiempo.

El primero de ellos se habría producido en agosto de 2025, con nuevos episodios en fechas recientes.

Además de los problemas dermatológicos asociados a la sarna, como picores intensos, irritabilidad o fiebre, el escrito pone el acento en las consecuencias derivadas de las medidas de confinamiento aplicadas para tratar de frenar el contagio.

Según la queja, los internos afectados se ven impedidos de desarrollar su actividad ordinaria dentro del establecimiento penitenciario.

En este contexto, el letrado califica la situación del centro como “grave” y alude a episodios anteriores de presunta desatención médica.

El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria ha dado traslado de la queja para su tramitación y ha requerido información al centro afectado, en el marco de un procedimiento que cuenta también con la intervención del Ministerio Fiscal. 

El histórico exalcalde de Fabero y candidato del PSOE en las últimas elecciones municipales de 2023, Demetrio Alfonso Canedo, se queda solo en la causa por prevaricación que se juzga este lunes y martes en la Audiencia Provincial de León. En la primera sesión del juicio, Demetrio ha reconocido la falsedad en documento público que se le imputa por adjudicar unas obras un día y firmar su recepción al día siguiente, pero asegurando que los trabajos sí se acometieron, aunque habría sido meses después.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando Alfonso era regidor del municipio minero. Por los mismos, se sentaron junto a él en el banquillo de los acusados el ingeniero de quien dependía la obra y el contratista. No obstante, estos terminaron declarando como testigos y no como acusados, después de que sus defensas solicitasen para ellos la absolución, sin objeción de la Fiscalía.

La defensa de Alfonso también pidió en las cuestiones previas al juicio la nulidad del procedimiento, la prescripción de los hechos y la absolución del exregidor, pero en su caso Fiscalía desmontó los argumentos jurídicos de su abogado y continuó con la acusación. El Ministerio Fiscal adujo que “no concurre ninguna causa ni para la nulidad ni para la prescripción” como defendía el representante legal de Demetrio “de manera sesgada”.

Demetrio Alfonso llegó a la Audiencia Provincial de León acompañado por su hijo y accedió a atender a los medios antes de comparecer en sala. A preguntas de los medios manifestó su intención de “decir la verdad”, a pesar de sus mentiras acerca del momento de su imputación.

Alfonso, que fue regidor de Fabero por el PSOE durante 24 años, de 1987 a 2011, dejó la primera línea política después de una sentencia en primera instancia por prevaricación por la autorización al 'rey del carbón' Victorino Alonso de la famosa, polémica y nunca realizada fábrica de ruedas, si bien la Audiencia Provincial de León lo terminó absolviendo. Lo sustituyó en las listas una edil que ya en 2007 iba en sus listas municipales, Mari Paz Martínez, que recuperó la Alcaldía para el PSOE en el municipio minero en 2015, después de un breve Gobierno del PP, IU y el MASS, durante el que se denunciaron los hechos ahora enjuiciados.

Una vez absuelto por la fábrica de ruedas, Demetrio Alfonso quiso volver como número uno de las listas del PSOE en Fabero, pero había un problema, seguía Mari Paz. El partido tomó entonces una controvertida decisión, apartar a Martínez esgrimiendo el argumento de que esta estaba imputada por prevaricación en una causa que arrastraba desde hacía tantos años que ya estaba abierta cuando se presentó como número uno en los comicios municipales del 2015 en los que cogió el testigo de Demetrio. En ese momento Alfonso también estaba imputado, algo que él ha negado, falsamente, a las puertas de la Audiencia Provincial de León este lunes.

Falsedad documental por unas obras que, ¿se hicieron o no?

El histórico alcalde socialista del municipio minero prestó declaración como único acusado, después de que el ingeniero y el contratista quedaran fuera del procedimiento. El Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León de 2007. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad.

A preguntas de Fiscalía, Demetrio Alfonso reconoció el delito de falsedad documental, asegurando que, como efectivamente lo acusa el Ministerio Público, la memoria para las obras se hizo en un día, se adjudicaron los trabajos y al día siguiente se certificó la recepción de los mismos, sin que estuvieran hechos: “Digamos que no es lo más ético o lo más legal, pero es como se hizo”, dijo.

Por si había alguna duda, aseveró la misma idea en repetidas ocasiones: “Cuando se firmó el final de la obra, la obra no estaba ejecutada”, “cuando se firma la recepción de la obra, la obra no está ejecutada”, y “soy consciente de recibir una obra que no estaba ejecutada”, declaró. Incluso, a la pregunta de su abogado sobre si: “¿estas actuaciones irregulares se han hecho varias veces mientras fue alcalde?; Demetrio contestó que: ”sí, por desgracia muchas veces“.

No obstante, en su defensa sostuvo que lo hizo porque era bueno “para los vecinos y para el municipio” y que la obra sí que se hizo, aunque meses después. En caso de haber algún culpable en el procedimiento, la culpa sería de la Diputación de León por tener que hacer “con tanta premura” el trámite administrativo para que le concediesen la subvención para pagar los trabajos.

Un fleco que quedó en el aire es que el contratista, que declaró como testigo y ya no como acusado, aseguró que hay una factura de pago de los trabajos, firmada por el Ayuntamiento, por el ingeniero y por él mismo como “pagada”, “pero no estaba pagada ni se pagó nunca”.

En añadidura, el ingeniero, que también declaró como testigo y no como acusado, reconoció que redactó la memoria para hacer las obras en apenas 24 horas, por orden del concejal de Fabero, Francisco Robles, y por importe de 40.000 euros que era el dinero de la subvención de la Diputación, sin haber visto qué obras había que hacer. “Si ya estaba hablado con la Diputación, yo era la persona que estaba entre dos administraciones para gastar ese dinero”, declaró.

Entre otros testigos, el que fuera alcalde pedáneo de Fontoria, uno de los pueblos en los que se habrían hecho las obras, y el responsable de aguas del Ayuntamiento en el momento de los hechos, negaron en su comparecencia por videoconferencia desde el Consistorio de Fabero que se hubieran hecho tales trabajos: “No se hizo la obra”, “Ninguna obra”.

El Ministerio Fiscal pide para Demetrio Alfonso tres años y medio de cárcel, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

El histórico exalcalde socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, vuelve a sentarse este lunes y martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por una causa de presunta prevaricación administrativa que se remonta a 2007, pero que conecta directamente con una de las etapas más convulsas de la política reciente del municipio minero.

El caso no solo afecta a la gestión de fondos públicos durante sus más de dos décadas al frente del Ayuntamiento, sino que forma parte del ciclo político que acabó con su salida del poder en 2011, tras un inédito pacto entre PP, IU y MASS para desalojarlo de la Alcaldía. Fue precisamente durante ese mandato 'atípico' en lo ideológico cuando se denunció este expediente por el supuesto pago de una obra que nunca se ejecutó , dando inicio a una investigación que ha tardado más de una década en llegar a juicio.

La figura de Demetrio Alfonso lleva marcando la vida política de Fabero desde hace casi cuarenta años. El que fuera regidor del municipio minero desde 1987 a 2011, fue condenado e inhabilitado en 2020 en primera instancia por otro procedimiento por prevaricación, la famosa y nunca puesta en marcha fábrica de ruedas del 'rey del carbón' Victorino Alonso. Un asunto por el que posteriormente, en 2021, fue absuelto por la Audiencia.

No obstante, esto lo mantuvo fuera de la primera línea. Tras los cuatro años del PP con IU y el MASS, el PSOE decidió poner al frente a su concejala de confianza, Mari Paz Martínez, que recuperó en el 2015 el gobierno para los socialistas faberenses y que continúa como regidora, aunque desde 2023 como independiente.

Una controvertida maniobra del PSOE provincial apartó en 2023 del número uno de la candidatura a la entonces alcaldesa Mari Paz Martínez para devolverle el liderazgo a Demetrio, tío del secretario, Javier Alfonso Cendón. La decisión no solo fracturó el socialismo local en dos bloques enfrentados, una división que aún perdura, sino que además llevó a Martínez a ganar las elecciones con una lista independiente, volviendo a dejar al PSOE fuera del Gobierno cuatro años más.

El argumento que esgrimió el PSOE para justificar la expulsión de Mari Paz Martínez fue que tenía que sentarse en el banquillo de los acusados por una presunta prevaricación administrativa que arrastraba desde hace años, por la contratación de varios trabajadores municipales. Lo que nunca se ha explicado públicamente es por qué no se tuvo en cuenta la imputación de la socialista para relevar en el poder a su tío y mantenerle caliente el asiento hasta su vuelta, ni quiénes son los trabajadores municipales cuestionados y si alguno de ellos tiene una relación familiar con Demetrio Alfonso y el propio Javier Alfonso Cendón, como llegó a denunciar públicamente el que fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fabero y posteriormente edil del PP en el Consistorio minero Andrés Pérez Marote, quien, por cierto, después de dos comicios consecutivos presentándose como candidato ha desaparecido de las listas electorales.

Pero por rizar un poco más el rizo, en ese momento, Demetrio Alfonso también estaba imputado por presunta prevaricación administrativa en la causa que llega ahora a la Audiencia Provincial de León.

La causa

Según el escrito de acusación de la Fiscalía que lleva al banquillo de nuevo al líder del PSOE en Fabero, los hechos se remontan a octubre de 2007, cuando el Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad, con un proyecto redactado por un ingeniero también acusado y adjudicado a una empresa cuyo responsable figura igualmente como investigado.

El Ministerio Público sostiene que todo el expediente se construyó sobre una base irregular. Así, se firmaron actas de replanteo que, según la acusación, no se correspondían con actuaciones reales, con el objetivo de dotar de apariencia de legalidad a una obra que no se había iniciado. El mismo día de la adjudicación, el entonces alcalde, el ingeniero y el empresario habrían suscrito el acta de comprobación de replanteo “a sabiendas de su falsedad”.

El punto clave del caso se sitúa el 31 de octubre de 2007, cuando en un plazo que la Fiscalía considera “materialmente imposible” se firmaron tanto la certificación final como el acta de recepción de la obra, dando por ejecutados unos trabajos que, según la acusación, nunca se realizaron. Pese a ello, Demetrio Alfonso aprobó por decreto la certificación y la factura, lo que permitió tramitar el expediente ante la Diputación y obtener el cobro de la subvención.

La Fiscalía considera que los tres acusados actuaron de forma coordinada para generar documentación que no reflejaba la realidad, con el objetivo de justificar el gasto público. Incluso meses después se habría incorporado a la factura la indicación de “pagada”, sin constar el abono efectivo.

El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada en 2012 por el entonces alcalde del PP, José Ramón Cerezales, tras detectar posibles irregularidades en subvenciones municipales. Informes posteriores apuntaron a la inexistencia de las obras, lo que motivó la intervención de la Fiscalía y la apertura de una causa que, tras años de instrucción, llega ahora a juicio con la atenuante de dilaciones indebidas.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el exalcalde tres años y seis meses de prisión, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años. Para el ingeniero y el empresario, pide siete meses de prisión y multa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anula íntegramente la sentencia que absolvió a un acusado de falsedad documental y apropiación indebida en León, ordenando repetir el juicio oral con un tribunal distinto. El caso afectaba a un conocido abogado de León que fue administrador de la sociedad Biovegamasa SL, una empresa de producción de pellets ubicada en Vegaquemada y vinculada a una de las millonarias familias mexicanas de ascendencia leonesa que fundaron la cervecera Grupo Modelo, dueño de la popular Corona (antes Coronita).

La resolución es firme y no admite recurso, por lo que el caso contra el administrador de la empresa Biovegamasa tendrá que volver de manera obligatoria a la Audiencia Provincial de León. La Sala considera que la sentencia previa adolece de una “falta de motivación” y de una valoración insuficiente de pruebas relevantes, lo que impide sostener la absolución y obliga a retrotraer el procedimiento y repetir el juicio oral.

Un caso ligado a la gestión de una empresa vinculada a una fundación

El procedimiento tiene su origen en la gestión de la mercantil Biovegamasa, vinculada a una fundación benéfica en Vegaquemada. El acusado, abogado de confianza de la familia que actuaba como administrador solidario y director de facto, asumió la gestión completa de la empresa desde su creación en 2014. Fue despedido en el año 2018 y a posteriori se inició el procedimiento contra su persona.

Según los hechos probados en primera instancia, fue el propio acusado quien dirigió la actividad empresarial, firmó contratos, gestionó cuentas y asumió decisiones clave en la operativa diaria de la sociedad.

Biovegamasa fue uno de los grandes proyectos de inversión de las familias González Díez en su provincia de origen. La inicial fue la construcción de una Residencia de Mayores de Vegaquemada, gestionada a través de una fundación que a su vez es la accionista única de Biovegamasa. La familia se salió del Grupo Modelo en el año 2013 y han concentrado sus inversiones en el ladrillo y el sector de 'fast food', además de mantener una notable actividad filantrópica en León.

La denuncia: un contrato clave y más de 200.000 euros en juego

La acusación particular sostuvo que el abogado acusado se autocontrató como director gerente mediante un documento en el que habría incorporado la firma del otro administrador sin su consentimiento. Ese contrato fijaba un salario de 75.000 euros netos anuales y una indemnización de hasta 350.000 euros en caso de despido improcedente.

En virtud de ese acuerdo, el acusado percibió entre 2015 y julio de 2018 un total de 142.664,78 euros netos. Además, las declaraciones fiscales reflejan ingresos de 52.348,80 euros (2015), 55.948,80 euros (2016), 55.948,80 euros (2017) y 39.049,40 euros (2018).

A estas cantidades se suman los pagos a su propia gestoría, Ociser Asociados CB, que facturó al menos 76.956 euros, aunque la acusación eleva esa cifra hasta 145.915,26 euros por distintos servicios. Según la denuncia, todo ello se realizó sin autorización de la junta ni del patronato de la fundación.

La Audiencia Provincial de León absolvió al acusado al considerar que no existían pruebas suficientes de falsedad documental ni de apropiación indebida. El tribunal entendió que la relación laboral era conocida en la empresa y que no se había producido una alteración penalmente relevante de la realidad. La resolución fue recurrida por los denunciantes.

El TSJ recuerda que no puede condenar directamente a un acusado absuelto, pero sí puede anular la sentencia si detecta falta de motivación, valoración irracional de la prueba u omisión de elementos relevantes. En este caso, aprecia precisamente esas deficiencias, lo que justifica la nulidad de la resolución.

La Sala subraya que las sentencias absolutorias también deben explicar por qué se descartan las pruebas de cargo, conforme al derecho a la tutela judicial efectiva. No basta con absolver: es necesario razonar por qué los indicios no son suficientes para condenar.

Reproche del Tribunal

El recurso denunciaba que la Audiencia omitió valorar testimonios clave, informes periciales y documentos que apuntaban a la falta de autorización del contrato y de los pagos.

También señalaba irregularidades como el uso de cheques, cuentas no reflejadas en la contabilidad o la inexistencia de acuerdo societario para fijar retribuciones. Para el TSJ, estos elementos no fueron analizados con la profundidad exigible.

La Sala considera especialmente relevante el contrato laboral, ya que transformó la posición del acusado: de administrador con cargo gratuito a directivo con sueldo elevado y blindaje económico. Además, cuestiona la falta de análisis sobre la posible falsificación de la firma y la ausencia de autorización societaria.

El TSJ acuerda anular tanto la sentencia como el juicio oral y ordena repetirlo desde el inicio. Además, exige que el nuevo tribunal esté compuesto por magistrados distintos para garantizar la imparcialidad. La resolución no impone costas y es firme, por lo que el procedimiento regresa a la Audiencia Provincial de León.