La Mancomunidad de Municipios Bierzo Suroeste, integrada por los municipios de Carucedo, Oencia y Sobrado, ha convocado una subasta pública de cuatro lotes de maquinaria agrícola y de obras para obtener recursos con los que hacer frente a una deuda judicializada heredada, que se remonta al año 2008.

El origen de la deuda se encuentra en facturas pendientes con la empresa encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2008, ha informado la entidad.

El impago derivó en un procedimiento ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, que fijó inicialmente la deuda en 121.258,30 euros de principal.

Desde la llegada del actual equipo directivo en 2019, la Mancomunidad ha abonado 32.400 euros mediante pagos directos. Ahora, dentro del proceso judicial de ejecución, ha acordado enajenar bienes muebles patrimoniales que, según la entidad, no resultan esenciales para el funcionamiento diario.

Lo que se subasta

La subasta se divide en cuatro lotes independientes y las pujas serán al alza sobre los tipos mínimos de licitación, a los que se aplicará posteriormente el IVA correspondiente. El Lote 1 corresponde a un tractor New Holland 60-66S, con un precio de salida de 3.161,25 euros, mientras que el Lote 2, el de mayor valor, incluye un tractor New Holland TL100, tasado en 24.245,38 euros.

El Lote 3 está compuesto por un remolque agrícola con cisterna Galagri GRC-550, con un tipo mínimo de 3.700 euros, y el Lote 4 corresponde a una pala retroexcavadora Case 580 Super K SN-4, con un precio de salida de 13.088,70 euros.

La maquinaria puede ser examinada previamente en la sede de la Mancomunidad, en Sobrado, salvo el tractor New Holland TL100, que se encuentra custodiado en las dependencias del Ayuntamiento de Carucedo.

Las ofertas deberán presentarse hasta el 22 de septiembre en la sede de la Mancomunidad. La apertura de los sobres y la adjudicación de los lotes a las ofertas más altas se celebrará el 23 de septiembre a las 9.00 horas en el Ayuntamiento de Sobrado.

El Tribunal Supremo cierra definitivamente una de las mayores causas por fraude de IVA vinculadas al negocio de los hidrocarburos en la que Ponferrada ocupó un lugar relevante. Tres de las cuatro empresas consideradas “trucha” dentro del entramado estaban vinculadas a la capital berciana y por sus cuentas circularon decenas de millones de euros dentro de un complejo sistema creado para reducir artificialmente el IVA que las compañías dedicadas a la venta de carburantes tenían que ingresar a Hacienda.

El fraude del IVA en los hidrocarburos sigue siendo, de hecho, uno de los grandes focos de actuación de la Agencia Tributaria. Hacienda mantiene abiertas actualmente 35 investigaciones por posibles irregularidades en el sector, después de detectar un auge de estas prácticas, mientras que las empresas relacionadas con este tipo de fraude incluidas en su lista de morosos acumulan una deuda cercana a los 1.500 millones de euros. El mecanismo suele apoyarse en sociedades instrumentales que compran y venden carburante, cobran el IVA y desaparecen o se vacían antes de ingresar el impuesto, aunque la trama ahora sentenciada utilizó un sistema mucho más elaborado para conseguir el mismo objetivo.

La Sala de lo Penal ha rechazado todos los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional y confirma las condenas por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. La causa terminó con 20 personas físicas y dos empresas condenadas, aunque los acusados fueron absueltos del delito de pertenencia a organización criminal después de que la Fiscalía retirase esa acusación.

El origen de todo estaba en un negocio real: la compra y venta de gasolina y gasóleo. Las empresas valenciana y catalana Ital Refining, y posteriormente Meridium Petroleum, adquirían carburante dentro de depósitos fiscales. Cuando el combustible salía de estos recintos y era vendido se generaban importantes cantidades de IVA que las empresas tenían que declarar e ingresar a Hacienda.

Para reducir esa factura fiscal, según los hechos considerados probados, los responsables montaron un segundo negocio ficticio. Una extensa cadena de empresas españolas y portuguesas simulaba compraventas de metales preciosos por decenas de millones de euros. Esas facturas permitían a las compañías de hidrocarburos aparentar que habían pagado enormes cantidades de IVA en otras operaciones y utilizarlas para compensar el impuesto generado por la venta de carburantes.

Las empresas “trucha” de Ponferrada

Una pieza fundamental del mecanismo eran las denominadas empresas “trucha”, sociedades que compraban supuestamente los metales a Portugal sin IVA por tratarse de operaciones intracomunitarias. Después los revendían a otras empresas españolas cobrando IVA, pero ese impuesto que recibían nunca terminaba en Hacienda.

Tres de las cuatro sociedades identificadas en la sentencia con esa función estaban domiciliadas en Ponferrada: Maxitrade SL, Solaris Technik SL y Cation Spain SL. La cuarta era Metales Preciosos Escarlen, en Ourense. Después aparecían diferentes empresas “pantalla”, que iban facturándose entre sí los supuestos metales hasta que la mercancía volvía a Ital Refining.

El círculo quedaba así cerrado. Las empresas “truchas” bercianas acumulaban la obligación de ingresar el IVA que habían cobrado, mientras el dinero era retirado rápidamente de sus cuentas y enviado de nuevo hacia Portugal. Al mismo tiempo, Ital Refining podía descontarse como IVA soportado el que figuraba en las facturas de compra de los falsos metales y reducir de esta manera la enorme cantidad que debía pagar por sus ventas de combustible.

Las cifras reflejan la dimensión del montaje. Desde las empresas pantalla se transfirieron, según la sentencia, 64,65 millones de euros a las cuatro sociedades “trucha”. De ellos, 11,75 millones pasaron por la calle Antolín López Peláez a través de Maxitrade; 20,57 millones por la avenida Porgular por Solaris Technik y 15,53 millones por avenida España de la mano de Cation Spain. Es decir, casi 48 millones de euros pasaron por las tres sociedades vinculadas a Ponferrada. Desde el conjunto de las cuentas de las cuatro “truchas” salieron después cerca de 90 millones hacia tres empresas portuguesas.

Solaris Technik ejemplifica el funcionamiento. Una de sus cuentas se abrió en diciembre de 2015 con apenas 2.000 euros y, cuando comenzaron a llegar millones procedentes de las empresas pantalla, prácticamente todo el dinero era enviado a Portugal el mismo día. En determinadas operaciones, las “truchas” retenían alrededor de un 10% antes de que el resto del dinero continuase su recorrido.

Sal, especias o hierro por metales preciosos

Para sostener el engaño no solo crearon facturas y movieron dinero. También se esforazaron en aparentar que existía un movimiento de mercancía detrás de las operaciones millonarias. Por eso enviaban cajas entre Valencia, Portugal, Galicia y Ponferrada que supuestamente contenían metales preciosos.

Los investigadores siguieron los paquetes, los sometieron a rayos X y algunos fueron abiertos judicialmente, pero en vez de los metales preciosos que aparecían en las facturas encontraron sal, cúrcuma, manganeso, hierro, cromo, níquel, cobre o zinc.

Las mismas cajas se utilizaban además repetidamente. Los paquetes llegaban desde Portugal a las empresas de Ponferrada, donde se sustituían las etiquetas para volver a enviarlos hacia Valencia y comenzar de nuevo el circuito. Dos trabajadoras declararon durante la investigación que realizaban esos cambios de etiquetas siguiendo instrucciones.

La investigación acreditó también operaciones con oro auténtico. Las cuentas de las cuatro empresas “trucha” fueron utilizadas para transferir al menos 3,5 millones de euros a una sociedad italiana para comprar oro. Entre abril y agosto de 2016 se documentaron 15 envíos desde Milán con 18 paquetes que sumaban 87,4 kilos.

Más de 22 millones de IVA sin pagar

La Agencia Tributaria calculó que Ital Refining dejó de ingresar 2,45 millones de euros de IVA en 2015 y otros 19,54 millones durante los diez meses de 2016 investigados. A estas cantidades se añaden otros 718.711 euros correspondientes al fraude atribuido a Meridium Petroleum.

El mecanismo de facturas ficticias permitía transformar unas compraventas de metales aparentemente ruinosas en un negocio rentable gracias al ahorro fiscal. La sentencia cifra en unos 18 millones de euros el beneficio tributario generado por la operativa y señala que el resultado positivo del montaje podía superar los diez millones.

La Audiencia Nacional condenó finalmente a 20 personas físicas y a dos empresas, Ital Refining y Meridium Petroleum. Las penas varían en función de la participación de cada acusado y alcanzan, para algunos de los principales responsables, cerca de cuatro años de prisión y multas que superan conjuntamente los 24 millones de euros. Varios de ellos reconocieron los hechos, circunstancia por la que el tribunal les aplicó una atenuante muy cualificada y redujo las penas que les correspondían. Otros participantes fueron condenados como cooperadores necesarios de los delitos fiscales y, en determinados casos, también por blanqueo.

Las sociedades recibieron igualmente fuertes sanciones. Ital Refining fue multada con 2,5 millones por el fraude de 2015 y 25 millones por el de 2016, además de la sanción de cinco años sin recibir ayudas o beneficios fiscales y con su actividad suspendida.

A las condenas se añade la obligación de indemnizar solidariamente a Hacienda por las cantidades defraudadas: 2.457.835 euros correspondientes a 2015 y 19.548.781 euros por 2016 en el caso de Ital Refining, además de 718.711 euros por Meridium Petroleum. También se mantiene el decomiso de dinero, cuentas bancarias y otros bienes intervenidos, entre ellos una gasolinera situada en Castellón de la Plana.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado las condenas de la Audiencia Nacional y ha rechazado todos los recursos y considera que la Audiencia Nacional contó con suficientes pruebas personales, documentales y periciales para considerar acreditado el mecanismo. El Supremo avala también que se pueda levantar el denominado “velo” de las sociedades instrumentales. Es decir, que una empresa creada únicamente como fachada para esconder a los verdaderos responsables o sus ganancias no puede utilizarse como protección para evitar el decomiso del dinero y los bienes procedentes del delito.

Fue un fulgurante juez antes de centrarse en una no menos meteórica carrera política. Pero el actual, y reciente, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene una posición laboral 'en excedencia' que sigue creciendo. Y aunque hace muchos años que no ejerce con la toga sino que ocupa altos cargos en el Partido Popular (PP), el leonés acaba de consolidar un nuevo puesto nada menos que en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones ha obtenido formalmente una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un destino que se convertirá en su plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial si en el futuro decide poner fin a su actividad política y regresar al ejercicio de la judicatura. Este nuevo puesto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 8 de septiembre. Se publica el resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial, resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 21 de julio y formalizado posteriormente mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio.

La resolución establece expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial por el desempeño de su cargo político, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque “continuando en la misma situación administrativa”. Es decir, que su plaza se mantiene latente, en espera, mientras sigue con su alta actividad política.

La obtención de la plaza no supone, por tanto, su salida inmediata del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco ni tampoco su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional. Mientras continúe desempeñando responsabilidades políticas y permanezca en servicios especiales, algo que ocurre desde 2012, seguirá sin ejercer funciones judiciales.

Nacido en León en 1961, Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Su vinculación profesional con León se consolidó en 1991, cuando llegó a la capital para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Muy rápido, en 2002, fue elegido juez decano, reelegido nuevamente en 2007. Entre 2004 y 2009 también formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El salto al PP que arrancó en 2012

Fue precisamente durante su etapa como juez decano cuando comenzó a adquirir una notable presencia pública y mediática, una exposición que anticipaba para muchos su posterior salto a la política. Este se produjo en enero de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno en León, en un momento especialmente conflictivo por las movilizaciones y protestas vinculadas a la crisis de la minería.

Su ascenso político fue rápido. Tras apenas unos años como subdelegado, fue ascendido a delegado del Gobierno en Castilla y León. Y finalmente en 2015 se incorporó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido entonces por Juan Vicente Herrera, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredando las dos grandes áreas que hasta entonces había dirigido el también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición, incluso en el núcleo duro' del Gobierno autonómico, de modo que sigue siendo una de las figuras de mayor continuidad institucional del Ejecutivo del PP, junto al veteranísimo consejero palentino Carlos Fernández Carriedo. Por entonces, y sólo por entonces, se había afiliado al PP.

A lo largo de más de una década en el Ejecutivo ha acumulado competencias de enorme peso, extensión y presupuesto, relacionadas con el medio ambiente, el mundo rural, las carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, la vivienda o la Protección Civil.

También ganó peso orgánico dentro del PP, hasta el punto de ser designado presidente provincial 'interino' en julio de 2015 cuando su antecesora, Ester Muñoz, fue 'fichada por Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso en julio de 2015. Quiñones sigue todavía en l cúspide provincial popular ya que no se ha producido Congreso alguno.

Los incendios y el cuestionamiento de la política forestal

Buena parte de estas materias le han situado recurrentemente en el centro del debate político y de numerosas controversias. Uno de los principales focos de crítica fue la gestión forestal y de los incendios. La crisis provocada por los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, en los que fallecieron cuatro personas, volvió a repetirse tres años después, durante el verano de 2025, el peor de la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios. En esos incendios también fallecieron otras cuatro personas y sólo en la provincia de León ardieron 135.400 hectáreas, una superficie próxima al 10% de toda la extensión forestal provincial.

Durante aquella crisis de 2025, algunas de sus declaraciones públicas contribuyeron también a aumentar la polémica. Entre ellas, la frase “tenemos la mala costumbre de comer”, con la que respondió a las críticas por encontrarse en un evento en Gijón mientras se declaraban algunos de los peores incendios de aquel mes de agosto. Su aparente desgaste político, tras no comparecer durante meses, no se tradujo en cambio alguno: Mañueco le mantuvo hasta el final del mandato y después le ha incorporado de nuevo a su Gobierno, aunque ya con otra cartera.

El lobo, la caza y los reveses en los tribunales

La política cinegética y la gestión del lobo ibérico fueron también uno de los principales focos de confrontación durante su etapa al frente de Medio Ambiente. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza del lobo incumplía la legislación comunitaria. Su defensa de la actividad cinegética y de una menor protección para la especie le enfrentó en numerosas ocasiones con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Su departamento sufrió además otros reveses judiciales, como la anulación definitiva por el Tribunal Supremo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por vulnerar los procedimientos de participación pública.

“Yo soy la Administración” y el caso Enredadera

Su nombre apareció también vinculado políticamente a la denominada trama Enredadera. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, en un caso que murió de inanición judicial, la difusión de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación generó una importante polémica política y peticiones de dimisión desde la oposición. Especial repercusión tuvo una conversación intervenida por la UDEF en la que pronunció la frase “yo soy la Administración” mientras hablaba con un conocido empresario leonés sobre una obra. El empresario fue posteriormente condenado por corrupción.

Tampoco otras situaciones como el hecho de que siendo consejero autorizara un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo era directivo, y que al mismo empresario de ese grupo le legalizara en el parque natural de Babia-Luna una vivienda, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra. Todo fue archivado por la Fiscalía y finalmente zanjado por la Comisión de Ética de Castilla y León que estudió los casos y archivó la queja abierta.

Suárez-Quiñones afronta ahora su responsabilidad política, en principio hasta el mandato que concluiría en el año 2030, al frente de la múltiple cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León. Lo hace con la seguridad y tranquilidad de que si algún día abandona su carrera política, la judicial permanece disponible, ahora con su nuevo ascenso hacia la Audiencia Nacional.

Todo comenzó un 27 de agosto de 1926. En esa fecha, el alcalde del concejo asturiano de Mieres, José Sela y Sela, y Luis de Azcárate, por la Fundación Sierra Pambley, firmaron un acuerdo ante notario. El segundo se desprendía de golpe de 900 hectáreas de su propiedad, varios parajes situados en la comarca leonesa de Babia, los cuales acaba de heredar la Fundación de manos del filántropo Francisco Fernández Blanco Sierra Pambley, alma de la Institución Libre de Enseñanza. Y el primero sacrificaba con una auténtica millonada de la época, 415.600 pesetas, el presupuesto municipal.

Pero la inversión era a cambio de algo muy grande: el concejo asturiano estaba comprando un buen 'cacho' de León, de su montaña. Literalmente. Aquel regidor es considerado todavía hoy un 'héroe' local porque entonces, exactamente igual que ahora, Mieres, a pesar del verde aspecto de sus prados infinitos, carecía de pastos de verano para su ganado. Las vacas no tenían qué llevarse a la boca y rumiar. Y es que sus terrenos los dedicó en exclusiva a derechos mineros: el carbón, motor de su mayor riqueza histórica, prevalecía sobre todo lo demás. La subasta convocada para adquirir lo que se conoció desde entonces como puerto de Pinos resultó providencial.

Fue esta la escena y este el motivo por el que hace un siglo exacto Mieres adquirió aquella gran propiedad, nacida de la unión de parajes como Río Tuerto, La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla, Los Navares y Vega de Gorgaveros. 900 hectáreas, casi 13 kilómetros cuadrados y unos de los mejores pastos de montaña de España, extraordinariamente nutritivos. Ya entonces el contrato ponía límites a su consumo y explotación: daba para unas 630 vacadas o 5.050 ovejas.

La letra pequeña que lo cambió todo

La carísima operación económica -la subasta había arrancado en 315.625 pesetas- resolvía sobre el papel para siempre un eterno problema de los ganaderos de la cuenca asturiana del Caudal. Pero ese papel, y el acuerdo firmado, contenía una letra pequeña que lo complicaría todo y convertiría la aparente solución definitiva en un conflicto que ha cumplido este verano todo un siglo de tensión. Una 'guerra' ganadera y también territorial que se ha enquistado y aventura una complejísima solución.

Esa letra pequeña provenía del benefactor, que al morir impulso en su herencia que si alguna vez Pinos se vendía no le causara perjuicios a los pequeños pueblos leoneses, babianos, del municipio de San Emiliano. Se trata de las localidades de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán. Se trataba de proteger unos derechos que provenían de siglos atrás, quizá de la Edad Media, de cuando la poderosa Colegiata de San Isidoro en León capital era dueña y señora de esa parte de la montaña, antes de que la expropiara la desamortización de Mendizábal.

Así que, respetando sus deseos, esos derechos permanecieron intactos en la compra-venta. El contrato de 1926 lo recogió de manera pormenorizada: los ganaderos de Candemuela y Villargursán pueden llevar ganado vacuno y caballar al Puerto o Vega de Río Tuerto, con una excepción para Villargursán, cuyos vecinos también pueden introducir ganado cabrío. Pinos tiene derecho a pastar con sus vacas y caballos en La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla y los Navares, mientras que Pinos y San Emiliano comparten el aprovechamiento de la Vega de Gorgaveros.

Pero ante tanto detalle, una falta de él causa el siguiente problema: la escritura de compraventa de 1926 no fija un número máximo concreto de cabezas de ganado para estos pueblos. Sólo establece una condición fundamental: los vecinos únicamente pueden llevar su “ganado propio”. Es decir, no se fija un cupo numérico pero impide la trampa de que los ganaderos leoneses introduzcan ganado ajeno, o incluso hagan negocio con ello. Y todo eso, ojo, en una propiedad que no es suya, un terreno que nadie duda de que es de Mieres.

Si todo está tan claro, incluso por contrato; si está perfectamente acotado quién y cuándo puede llevar su ganado a los pastos frescos; si la propiedad no admite duda, entonces ¿por qué el conflicto, por qué un siglo de tensión? Pues se trata de una acusación mutua que cruza la Cordillera que separa León de Asturias.

El primero que llegue

Mieres tiene acotado en el tiempo el período en que sus ganaderos pueden subir las cabezas a los pastos, cada primero de junio. Y acusan a sus colegas babianos, los de los pueblos con derechos históricos, de que ellos lo hacen mucho antes y literalmente se comen lo mejor de los verdes prados. Estos aducen que no les afecta restricción temporal alguna. Y claro, al final más de un año y de dos saltan las chispas.

A esto se ha sumado el uso, disfrute y, según las pedanías leonesas, “abuso” del concejo mierense en su propia casa. El Concejo o sus profesionales del campo ha usado el puerto de Pinos, en algunos casos, como si se tratara de una calle la localidad. Incluso con menos legalidad. Porque en la zona abundan diferentes construcciones de piedra, hay caminos acotados, un pequeño embalse, muros y vallados, un edificio recreativo y común llamado -para remarcar quién es el dueño- Casa Mieres y hasta una pequeña ermita en honor a la Virgen de las Nieves, donde cada año los asturianos se reúnen en torno a una fiesta tradicional.

El problema es que el Ayuntamiento de San Emiliano no ha otorgado, que se sepa, jamás la más mínima licencia para nada de lo que allí hay construido. Lo ha levantado la impunidad, la costumbre, el tiempo y la dejadez.

Durante el franquismo, bastante tenía la zona para reponerse de haber sido arrasada por ser primera línea de Guerra Civil en el llamado Frente Norte. Con la dictadura casi nadie levantaba la voz. Si hubo encontronazos, nunca trascendieron, se dirimieron con total discreción pública. Pero ya en Democracia todo comenzó a cambiar. Lo primero tiene un efecto psicológico y práctico directo: Mieres tiene acceso de tráfico cómodo por carretera asfaltada. Sin embargo, los pueblos leoneses disponen de un auténtico camino de cabras que se lleva más de 40 años exigiendo convertir en carretera a la Junta de Castilla y León, y sólo ahora parece haber voluntad y compromiso de presupuesto.

Un reglamento municipal... fuera del municipio

Además, el Ayuntamiento de Mieres, siendo alcalde el socialista Vital Álvarez-Buylla, aprobó en mayo de 1980 un Reglamento para el Gobierno, Uso y Disfrute del Puerto de Pinos “que el Iltmo, Ayuntamiento de San Emiliano posee en término de San Emiliano, provincia de León”, remarca textualmente. Es este:

El documento ordenaba decisiones muy precisas, como poner un guarda con sueldo, organizar el uso ganadero, pero también de montañeros y turistas, sacar a concurso el bar-cantina “y otros negocios”, incluso con literas para uso hostelero, censar, marcar y organizar el pasto de todo el ganado mierense e incluso la actitud de los vaqueros, fijar la gestión de emergencias e incluso de la fiesta anual.

Gran parte de estas competencias, aducen ahora las pedanías leonesas -organizadas por primera vez judicialmente y con un apoyo del Ayuntamiento de San Emiliano que jamás tuvieron- son totalmente irregulares e invaden competencias que no corresponden a un municipio no sólo de otra provincia sino de otra comunidad autónoma.

El año en que (casi) todo cambió

Y con los nuevos argumentos, esas tensiones, como era de esperar, se dispararon. Un hito fue el año 2006, cuando Mieres envió incluso a agentes de su Policía Local a regular el tráfico y garantizar la seguridad el día de la fiesta. Y saltaron las alarmas porque excedían su jurisdicción. A partir de ahí los pueblos babianos fueron tomando mayor conciencia de que en tantas cosas el concejo asturiano carecía de competencias básicas, por más que fueran los propietarios.

Y la 'guerra' se convirtió en una batalla judicial nunca vivida, denuncia tras denuncia. Ante los tribunales, casi siempre ha ganado la vertiente leonesa, tras muchos años de sentencias y recursos. Sería imposible resumirlas todas y de todas Mieres siempre se defiende, alguna vez con éxito solo puntual. Al final, los más altos tribunales, tanto de Castilla y León como de Asturias, han decantado mayoritariamente la balanza hacia San Emiliano.

Por el lado exclusivamente ganadero, también han cambiado mucho las cosas. Primero porque el número de cabezas que de un lado y de otro ansían el pasto de Pinos es casi insostenible. La ganadería extensiva se ha multiplicado en los pueblos de Babia, se ha convertido en un gran negocio, y ellos saben que tienen derecho de pasto sin restricciones de tiempo. A pesar de que el contrato de compra-venta hablaba hace un siglo de una capacidad para 630 vacadas en la zona.

Las cabezas de Mieres suman en torno a 1.500 también. El encontronazo cuando cada 1 de junio suben las reses asturianas es de órdago. La Guardia Civil siempre tiene que hacer acto de presencia para que la sangre no llegue al río.

Además, el pasado 2025, 99 años después de que Pinos fuera propiedad de Mieres, fue el primero que el Gobierno de Castilla y León hizo valer su autoridad de sanidad animal y decidió no entregar las guías sanitarias a las reses mierenses. Como resultado, sobre el papel ninguna podía pacer allí. El año pasado la restricción ya estuvo en vigor. Aún así aparecieron numerosas vacas y algunos dueños, identificados por los agentes, resultaron multados por la Junta de Castilla y León, aunque tras los consiguientes recursos no consta aún una sola sanción por ello.

Dos alcaldes para un “problema sobrevenido”

Así las cosas, cualquier posible solución a un problema que es a la vez territorial, patrimonial, ganadero y por supuesto social no parece muy factible dentro de este segundo siglo de conflicto. No lo ve muy claro el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (Izquierda Unida), que sin embargo ha prefierido no hacer declaraciones a ILEON. Tampoco el de San Emiliano, David Marcello (PSOE), que sólo concede que les une una cosa: que ambos han de gestionar un “problema sobrevenido” y enquistado, con muchísimas aristas, y en el que cada cual, como gestores, “haríamos lo mismo que el otro si estuviéramos en su situación, creo que nos entendemos”. Al menos en eso.

Sobre el papel parece haber dos caminos. El primero es que todo siga igual, marcándose y sobre todo cumpliéndose una serie de pactos. Es decir, Mieres dueña de Pinos en un territorio ajeno pero dejando pastar a su antojo a los pueblos babianos como el contrato marca. El problema es que lo último no lo admitirían los ganaderos de Mieres, sería una propiedad sobre la que no tendrían prioridad alguna. Y San Emiliano tampoco está satisfecha con que un pedazo de su municipio sea de otro ayuntamiento, donde, recuerda el regidor, “todo lo que se ha hecho es ilegal, pasos, asfaltados, edificios... todo”.

La otra opción se resume con una palabra muy gruesa: expropiación. El concejo asturiano no la admite: las 900 hectáreas son suyas de pleno derecho, defienden. En cambio, el lado leonés apuesta claramente por ello. Pero no ve intención alguna del único que puede hacer algo: “Sin la Junta de Castilla y León aquí no se resuelve nada”, zanja Marcello. Y pese a constantes buenas palabras, van décadas una práctica inacción. El alcalde leonés cree que se podría hablar de fijar un justiprecio, “incluso por encima si es necesario”, porque no ve otro posible escenario que ponga fin a una anomalía de un siglo.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de lesiones y otro de atentado contra agentes de la autoridad, tras una agresión con navaja ocurrida durante las fiestas patronales de Sobrepeña, localidad perteneciente al municipio leonés de La Ercina, en la que resultó herido otro joven de 23 años.

Los hechos se produjeron sobre las 7.30 horas de este pasado domingo, cuando una discusión entre dos jóvenes durante las celebraciones festivas derivó en una pelea que terminó con uno de ellos herido por arma blanca.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido presuntamente utilizó una navaja tipo abanico mariposa para agredir a la víctima, causándole varios cortes en una mano y en un brazo. El herido recibió una primera asistencia sanitaria en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Cistierna, donde fue atendido.

Tras el suceso, efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Cistierna asumieron la investigación y realizaron las primeras diligencias, que culminaron con la detención del supuesto agresor.

Además del delito de lesiones, al arrestado se le atribuye un delito de atentado contra agentes de la autoridad por el comportamiento violento que, según la Benemérita, mostró una vez trasladado a dependencias oficiales, donde llegó a intentar agredir a los guardiaciviles encargados de su custodia.

El detenido ha sido puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cistierna, que se hará cargo de la causa.

La agresión se produjo en el marco de unas fiestas patronales que congregaban a numerosos vecinos y visitantes en esta pequeña localidad de la Montaña Oriental leonesa.

La Policía Nacional ha detenido en Astorga a un menor de 17 años como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca por apuñalar a un joven durante la madrugada del pasado sábado en plena celebración de las fiestas de la localidad.

Según ha informado este lunes la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las 06.56 horas en la calle Señor Ovalle de Astorga, después de una discusión que se inició en el interior de un establecimiento de ocio donde se encontraban la víctima y varios amigos.

Ante la elevada afluencia de público, el grupo decidió abandonar el local para evitar incidentes y salir a la vía pública. Fue entonces cuando, de acuerdo con la investigación policial, el supuesto agresor se acercó de forma sorpresiva a la víctima y le propinó un puñetazo en la cara antes de atacarle con una navaja.

La agresión causó al joven heridas en el tórax y en el muslo izquierdo. Tras el ataque, la víctima siguió inicialmente al agresor al no ser consciente de la gravedad de las lesiones sufridas.

Cuando logró alcanzarle, el ahora detenido supuestamente le mostró de nuevo el arma utilizada y le amenazó antes de abandonar el lugar.

Posteriormente, el herido informó de lo ocurrido a agentes de la Policía Local de Astorga, que le trasladaron al centro médico de la localidad. Más tarde, fue derivado al Hospital de León para recibir atención especializada.

El parte médico reflejó una herida punzante en el tercio inferior de la región esternal y otra en la zona superoexterna del muslo izquierdo, aunque ninguna de ellas afectó a planos profundos.

Tras conocer los hechos, agentes de la Comisaría Local de Astorga iniciaron una investigación que incluyó la toma de declaración a la víctima y a varios testigos, así como el análisis de imágenes obtenidas en establecimientos próximos al lugar de la agresión. Estas gestiones permitieron identificar al responsable.

Una vez localizado, el menor fue detenido en el domicilio familiar y trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias. Durante la investigación, personas vinculadas al detenido entregaron en dependencias de la Policía Local de Astorga el arma que presuntamente habría sido utilizada en la agresión.

El joven fue oído en exploración policial y, por indicación de la Fiscalía de Menores de León, quedó posteriormente en libertad, aunque deberá comparecer cuando sea requerido por la autoridad judicial.

La Sección de Instrucción de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha acordado la libertad provisional de los dos detenidos por su presunta relación con la muerte de un hombre ocurrida el pasado mes de mayo en Arganza, en El Bierzo. Ambos, una mujer y un hombre que son pareja y tenían relación familiar con el fallecido. están siendo investigados por un delito de homicidio doloso.

Como medidas cautelares, el juzgado ha establecido que los dos investigados deberán comparecer cada 15 días en sede judicial y ha acordado la retirada de sus pasaportes. La Fiscalía, por su parte, no solicitó la prisión provisional para ninguno de ellos.

Los dos investigados son una mujer y su pareja, detenidos por la Guardia Civil por su supuesta implicación en la muerte del tío de ella, según la información conocida previamente sobre el caso.

El hombre muerto, de 78 años, apareció el pasado mes de mayo en una finca situada en las inmediaciones de su domicilio, después de que su familia denunciara su desaparición, tras no tener noticias suyas desde la tarde del domingo, un entorno habitual para el hombre, que solía transitar por el lugar cuando llevaba a pastar su rebaño de ovejas y cabras.

En un primer momento se consideró un suceso accidental, aunque posteriormente la investigación apuntó a la posibilidad de que se tratara de una muerte violenta después de que el cadáver presentara múltiples golpes en la cabeza.

La investigación continúa ahora con ambos en libertad provisional y sometidos a las medidas acordadas por el Tribunal de Instancia de Ponferrada para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar su posible responsabilidad.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha advertido este miércoles en rueda de prensa de que el Ayuntamiento acudirá a los tribunales para determinar la titularidad de la carretera de acceso a Carracedo de Compludo si la Diputación de León mantiene su negativa a incorporar la vía a su red provincial.

Morala ha asegurado que los informes elaborados por los servicios jurídicos municipales determinan que la carretera es competencia de la institución provincial. “Nuestros servicios jurídicos tienen claro que esa carretera es titularidad de la Diputación”, ha afirmado.

El regidor ha explicado que el Ayuntamiento optará inicialmente por la vía del diálogo para intentar que la Diputación reconozca formalmente la titularidad de la carretera y la incorpore a su inventario. No obstante, dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones judiciales si no se alcanza un acuerdo.

“Los conflictos entre administraciones se resuelven de una forma pacífica, democrática y garantista; para eso están los tribunales de justicia”, ha señalado Morala, quien añade que, si finalmente es necesario recurrir a esa vía, lo hará.

El enfrentamiento institucional se produce después de que la carretera quedara cortada por los arrastres y daños provocados por las tormentas, dejando aislados a varios vecinos de Carracedo de Compludo. El Ayuntamiento de Ponferrada decidió intervenir con medios municipales para recuperar el acceso mientras se mantenía la discusión sobre la responsabilidad de la vía, mientras que Diputación envió maquinaria unos días después.

El alcalde insistió en que, al margen de la disputa sobre la titularidad, la prioridad ha sido recuperar la comunicación con los vecinos afectados por el corte de la única vía de acceso al núcleo. Morala anunció asimismo que el Ayuntamiento trabaja para que Carracedo de Compludo sea incluido en la solicitud de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil promovida por la Junta de Castilla y León a raíz de los daños ocasionados por las riadas.

El núcleo no fue incorporado inicialmente junto a Manzanedo de Valdueza y Bouzas debido a que en el momento de elaborar la petición no se había podido acceder a Carracedo para evaluar los daños.

El Juzgado de lo Penal de Ponferrada ha condenado a dos años de prisión a un cazador que hirió gravemente a un compañero durante una batida en el Coto del Oza, en el término municipal de Ponferrada, lo que le provocó lesiones que obligaron finalmente a amputarle un brazo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, condena al acusado por un delito de lesiones agravadas por imprudencia grave y establece además el pago de una indemnización de 400.000 euros, así como la retirada del permiso de armas.

Los hechos se produjeron hace seis años durante una jornada de caza. El magistrado considera probado que el acusado disparó sin haber identificado previamente al objetivo, al interpretar como la presencia de un jabalí un movimiento que había detectado entre la vegetación.

El proyectil alcanzó a uno de los participantes en la batida y le provocó graves lesiones en un brazo, que finalmente tuvo que ser amputado.

La víctima necesitó más de dos años de tratamiento médico como consecuencia de las heridas sufridas.

El juez considera que el disparo se produjo “por intuición”, al intentar alcanzar a un supuesto jabalí que el acusado no había llegado a ver, circunstancia que sustenta la condena por imprudencia grave.

La Junta de Castilla y León ha vuelto a intentar 'quitarse de encima' al director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada del Hospital de León, el veterano alto funcionario leonés José Luis Martínez Juan, que ya fue despedido hace algo más de dos años, decisión que este denunció y consiguió bloquear ante la Justicia.

La Consejería de Sanidad de la Junta ha publicado y hecho formal, a través de una orden en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), el cese por segunda vez de Martínez Juan, dos años después de que un primer cese fuera llevado a los tribunales y terminara siendo anulado. La única diferencia es que en esta ocasión la resolución se produce “a petición propia” del histórico alto funcionario, según se recoge en la publicación.

La orden fue firmada este lunes 17 de agosto por el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, dispone formalmente el cese final de uno de los principales puestos de la estructura directiva del hospital leonés. El Boletín se limita a agradecerle“los servicios prestados”, como ya hiciera en mayo de 2024, y establece que la resolución pone fin a la vía administrativa, aunque contempla la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o, previamente y con carácter potestativo, recurso de reposición en mes.

El nuevo cese pone así aparente punto y final a una situación muy singular en el área de gestión del Hospital leonés, después de que Martínez Juan recuperara el puesto como consecuencia de un procedimiento judicial tras su primera 'salida' forzada por la Consejería en 2024, alegándose entonces en la resolución la necesidad de implantar “nuevas medidas estratégicas” en la Gerencia de Atención Especializada de León.

Aquella decisión se produjo cuando Martínez Juan llevaba menos de dos años al frente de la Dirección de Gestión y Servicios Generales, puesto al que había accedido en agosto de 2022. El cese fue recurrido por el afectado ante los tribunales y, después de un primer pronunciamiento desfavorable, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León terminó reconociendo su derecho a recuperar el puesto, anulando las consecuencias de aquel primer intento de relevo. Entre otras cosas, se tuvo en cuenta que la Consejería tomó la decisión de apartarle cuando estaba de baja.

La ejecución de aquella resolución judicial obligó al Sacyl a readmitirle y provocó, a su vez, la salida de Pedro Izquierdo Doyagüez, que había asumido la Dirección de Gestión Hospital tras el primer cese de Martínez Juan. De este modo, la decisión de la Junta de mayo de 2024, que inicialmente había supuesto la salida del veterano directivo, quedó sin efecto como consecuencia del procedimiento judicial. Ahora, apenas después de su regreso al cargo, se produce un segundo cese, pareque que, ahora sí, pactado y definitivo.

Una trayectoria de décadas en altos cargos

José Luis Martínez Juan, natural de Acebes del Páramo, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional como técnico superior de las administraciones públicas. Antes de llegar al Hospital de León ocupó distintos puestos de responsabilidad en organismos públicos y en la estructura de la Administración autonómica.

Entre otras responsabilidades, ejerció como coordinador de servicios de la Secretaría General de la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial y fue jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de Salamanca entre 1996 y 1998. En León también estuvo vinculado al Instituto de Promoción Económica (Ipelsa) de la Diputación Provincial durante los años noventa.

Su relación con la Universidad de León comenzó en 1998, cuando fue nombrado gerente por el rector Julio César Santoyo. Permaneció en el puesto durante los primeros años del mandato de su sucesor, Ángel Penas Merino, hasta que en 2002 pasó a ocupar la gerencia de la Universidad de Valladolid.

Años después regresó a León. En noviembre de 2008, a petición del entonces rector José Ángel Hermida, volvió a asumir la Gerencia de la Universidad de León, responsabilidad que mantuvo hasta 2015. Posteriormente regresó a la gerencia de la Fundación General de la Universidad de Valladolid.

En agosto de 2022 dio el salto al Complejo Asistencial Universitario de León como director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada, un puesto desde el que quedó al frente de una parte esencial de la estructura de gestión del Hospital. Su despido de mayo de 2024 abrió entonces un episodio judicial que terminó con su regreso al cargo. El nuevo movimiento puede cerrar así un largo recorrido administrativo y judicial alrededor de uno de los puestos directivos de mayor peso del Hospital de León.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 50 años, y que ya está en prisión, como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por atropellar de forma intencionada a otro hombre de 64 años en una calle de la localidad leonesa de Castilfalé (León), de donde huyó a gran velocidad y sin prestar ningún tipo de auxilio a la víctima.

La víctima sufrió lesiones graves en la cabeza, por las que tuvo que ser trasladado al Hospital de León, donde quedó ingresado, ha informado en nota de prensa este miércoles la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de agosto pero derivan de una enemistad de más de un año entre la víctima y el detenido, y por la que ya tuvieron una agresión previa que está pendiente de juicio.

Ese 10 de agosto, el supuesto autor mantuvo una discusión con varios familiares de la víctima, a los que llegó a amenazar; a continuación, se dirigió con su coche a casa de la víctima, a la que atropelló de manera intencionada e intentó hacer lo mismo con un hermano, pero este logró esquivar el coche y resultó ileso.

La investigación inicial la llevó una patrulla del Puesto de Alija del Infantado, si bien el hombre fue detenido en el Puesto de Valencia de Don Juan, donde se había personado voluntariamente.

A continuación, el caso pasó a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que tras tomar declaración a familiares y testigos, ha imputado al detenido un delito de homicidio en grado de tentativa por el atropello intencionado de dos personas, con un herido grave.

Y otro delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo de forma negligente y temeraria, poniendo en riesgo la vida de otras personas.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia, y fue trasladado posteriormente por la Guardia Civil al Centro Penitenciario de Villahierro de Mansilla de las Mulas.

El juzgado de Ponferrada, en León, ha decretado prisión para una mujer de 57 años que había sido detenida por la Guardia Civil como supuesta autora de un incendio forestal declarado el pasado mes de julio en la localidad berciana de Vega de Espinareda, que este verano ha sufrido más, incluso uno que alcanzó el nivel dos de gravedad, obligando incluso a dealojar algunas localidades.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fabero iniciaron una investigación al tener conocimiento el pasado mes de julio de un incendio forestal en el paraje Los Llanos de la localidad de Vega de Espinareda, que consumió unas dos hectáreas de monte bajo, pasto y pinos.

El Seprona realizó un reconocimiento e inspección ocular de la zona afectada y localizó lo que parecía ser el punto de inicio del incendio forestal, ha explicado este viernes la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado.

Tras minuciosas pesquisas tendentes a la identificación del autor de los hechos y gracias tanto a la colaboración ciudadana como a la recopilación de testimonios en relación al suceso, se pudo identificar a una mujer de 57 años como supuesta autora del incendio forestal.

Como resultado de todo lo anterior, se procedió a la detención y puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de guardia tanto de las diligencias como de la detenida y la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión.

La investigación se suma a las actuaciones desarrolladas durante un verano especialmente complicado en materia de incendios forestales en El Bierzo, con numerosos focos registrados en distintos puntos de la comarca.

Tras años de litigios perdidos, incluso judiciales, e intentos de evitarlo a través de varias tretas, la Diputación de León asumirá por fin la titularidad completa de la carretera que une los pueblos de Posada de Valdeón y Caín, uno de los principales accesos al Parque Nacional de los Picos de Europa y puerta de entrada a la Ruta del Cares.

La Corporación provincial, que cogobiernan PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), no han tenido más remedio que dar el brazo a torcer también en un último pero muy importante detalle, teniendo que estimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Posada de Valdeón. El acuerdo, adoptado por el Pleno provincial y publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), modifica la propuesta inicial formulada en octubre de 2025 para incorporar a la red viaria provincial la antigua LE-2705, conocida como carretera de Los Llanos de Valdeón a Caín, una de las más concurridas, por turística, de la provincia, y con una orografía muy compleja.

El Consistorio valdeonés tuvo que recurrir a la Justicia para torcer la falta de voluntad política de la institución por convertirse en 'dueña' de la carretera. Todavía cuando en noviembre de 2024 el TSJ marcó la decisión final, el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, el leonesista Roberto Aller, tardó meses en anunciar que ya no se interpondrían nuevos recursos. Pero todavía hubo un intento final para incumplir: dejar fuera sendos tramos urbanos de la carretera a su paso por los pueblos de Posada y Los Llanos de Valdeón.

El Ayuntamiento tuvo que volver a pelear, reclamando que la institución provincial asumiera la totalidad de la vía entre Posada de Valdeón y Caín, incluidos los tramos urbanos, de modo que pasara a integrarse plenamente en la red provincial y sin más dilación. Un proceso que, según resalta Efe, ya llega a su fin con la publicación de hoy y la apertura de un plazo de un mes para poder presentar alegaciones.

Así, finalmente la Diputación se pliega a incorporar por fin todo el vial, lo que supondrá una longitud total de 9.037 metros, a la actual carretera provincial LE-2711, que conecta la N-625, a la altura del Puerto del Pontón, con Posada de Valdeón. Como consecuencia, la vía pasará a denominarse oficialmente LE-2711 'De N-625 (Puerto del Pontón) a Caín' y alcanzará una longitud total de 23,104 kilómetros, ya plenamente incorporada a la red provincial.

La incorporación de la totalidad del trazado a la red provincial implica que la Diputación asumirá las responsabilidades asociadas a la conservación y gestión de la carretera, algo que el Ayuntamiento consideraba fundamental para garantizar unas condiciones homogéneas en todo el recorrido y una afluencia que se estima en unos 250.000 vehículos cada año por el reclamo turístico que la Ruta del Cares supone. Cuando el proceso ponga fin a años de litigio, la Diputación leonesa tendrá que asumir a partir de entonces cualquier arreglo de la misma, algo que el Ayuntamiento argumentaba que no tenía capacidad de hacer, como el Tribunal Superior le acabó dando la razón.

El Juzgado número 8 de lo Civil de León, con competencias mercantiles, ha declarado culpable la quiebra económica sufrida por la Cooperativa de Leche Lar y ha señalado como responsable a Luis Carlos Fernández, quien fuera su todopoderoso gerente durante 24 años. La sentencia concluye que ejerció como administrador de hecho de la cooperativa y que las graves irregularidades contables acreditadas contribuyeron a agravar su insolvencia.

El fallo impone a Fernández una inhabilitación de siete años para administrar bienes ajenos o representar a terceros. Y también le condena a devolver un total de 375.624,33 euros, una cifra equivalente a las retribuciones brutas que percibió entre el año 2021 y la fecha de su salida de la cooperativa, en agosto de 2024, poco antes de airearse la grave situación que sufría la entidad. También debe afrontar el pago de las costas procesales, si bien hay que remarcar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de León.

Tal y como publicó Diario de León, la jueza asume en lo sustancial las conclusiones de la administración concursal sobre una contabilidad que no reflejaba la imagen fiel de la situación económica de Lar. El procedimiento sitúa en torno a seis millones de euros el volumen de existencias y derechos de cobro que eran inexistentes o que estaban sobrevalorados, a pesar de lo cual se mantuvieron como activos en las cuentas de la cooperativa durante varios ejercicios presupuestarios. Esas partidas fueron finalmente corregidas antes de la solicitud de concurso, presentada en 2025, después de haber aflorado durante 2024.

La corrección contable dejó en evidencia la profundidad casi insalvable del deterioro patrimonial. Según los datos recogidos en la sentencia judicial, la cooperativa presentaba un déficit superior a 7,6 millones de euros: disponía de activos por unos 3,8 millones frente a una deuda total de 11,4 millones. El informe concursal describe además un aumento sostenido del endeudamiento y una creciente dependencia de financiación a corto plazo, cuyo peso habría pasado del 58% en 2020 al 75% en 2023. La imposibilidad de renovar las líneas de capital circulante terminó precipitando el colapso financiero que acabó con la salida del gerente y la designación de unos nuevos responsables de la entidad para tratar de encontrar desesperada una salida a la crisis.

La sentencia considera probado que Fernández disponía de “total autonomía” y capacidad de decisión “sin ninguna otra dependencia jerárquica”, suficientes para dirigir de hecho la cooperativa, pese a no ostentar formalmente el cargo de administrador. La resolución valora que era él quien negociaba con entidades financieras, mantenía las relaciones con auditores y asesores, representaba a Lar ante terceros y participaba en los órganos de decisión. También subraya que validó la contabilidad que incluía los activos inexistentes y que no trasladó al Consejo Rector la situación real de insolvencia, que el informe concursal sitúa ya desde el año 2021. Este medio no ha conseguido por varias vías contactar con Luis Carlos Fernández para recabar su punto de vista y una posible decisión de recurso frente a la sentencia.

El Consejo Rector sale indemne

Por el contrario, el juzgado rechaza extender la responsabilidad a los miembros del Consejo Rector, tal y como reclamaba el Grupo Leche Río. Y es que la resolución asegura literalmente que que se trataba “de agricultores y ganaderos, sin conocimientos financieros, contables o jurídicos” que en todo momento “delegaban en el gerente, en el que tenían confianza plena”, e incluso “no contaban tampoco con retribución alguna como miembros del Consejo”. Fue por eso que confiaron en la información proporcionada por la dirección ejecutiva y en auditorías que emitieron informes favorables sin detectar las irregularidades que después afloraron.

Además, se recuerda que el actual Consejo Rector accedió al cargo en 2024, cuando una parte sustancial de los hechos ya se había producido, e incluso valora que actuó al conocer la dimensión de los problemas, tal y como declararon entonces a ILEÓN el nuevo gerente, Miguel Fontanilla, y el recién nombrado presidente, José Franco.

Por aquel entonces, cuando Luis Carlos Fernández dejó inesperadamente la gerencia alegando formalmente motivos personales, la nueva dirección insistía en que tratarían de que la cooperativa, con más de medio siglo de vida, podría superar sus dificultades con un nuevo plan, descartando entonces solicitar concurso de acreedores. La empresa mantenía entonces su plantilla de 16 trabajadores, sus líneas de negocio y gran parte la recogida de leche, aunque en algunas zonas de la Montaña leonesa se dejó de recoger y obligó a buscar nuevas fórmulas.

Aquella información vinculaba las tensiones financieras al fracaso de una operación crediticia y al rendimiento por debajo de lo previsto de determinadas inversiones, como el secadero de maíz de Veguellina de Órbigo, localidad en la que Lar mantiene su sede social incluso después de la adquisición final por parte de grupo cántabro Agrocantabria. La sentencia, sin embargo, incorpora un elemento central: la existencia de activos ficticios que durante años habrían ocultado la verdadera dimensión del desequilibrio económico, y un claro responsable de ello.

La crisis fue un histórico varapalo a una de las cooperativas más identificadas con el campo leonés, especialmente en la comarca del Órbigo. Lar llegó a reunir a más de 300 socios y a mover una facturación anual situada, según las últimas cifras entonces conocidas, entre 15 y 20 millones de euros. Su marca de leche, de origen cien por cien leonés y presente en los lineales desde 2010, se convirtió en uno de los emblemas comerciales de la entidad.

La calificación culpable del concurso y la responsabilidad del exgerente no equivalen a una condena penal: se trata de una resolución dictada dentro del procedimiento concursal, lo cual determina las responsabilidades civiles y mercantiles por la agravación de la insolvencia económica. Y todavía la posible vía de la apelación ante la Audiencia mantiene abierto el recorrido judicial de un caso que golpeó a una histórica cooperativa y a buena parte de su entorno rural leonés.

La Policía Nacional ha detenido en León al presunto autor de seis delitos de estafa y hurto cometidos durante el pasado mes de julio contra personas de avanzada edad, a las que engañaba haciéndose pasar por técnico de una compañía suministradora o empleado municipal, incluso cambiando su aspecto y apariencia. Ante la gravedad y el número de casos, el juez ha decretado su inmediato ingreso en prisión, según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación fue desarrollada por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Comisaría Provincial de León después de que varias personas denunciaran hechos con un mismo modus operandi. Las pesquisas permitieron relacionar los distintos casos y centrar las investigaciones en un único sospechoso, un individuo que ya había sido investigado anteriormente por delitos de características similares, como se constató más adelante.

El detenido seleccionaba a sus víctimas en lugares frecuentados por personas mayores, muy especialmente mujeres. Después de observarlas y realizar un seguimiento, obtenía información personal o familiar que posteriormente utilizaba para ganarse su confianza.

Una vez que las acompañaba hasta el portal de sus domicilios, accedía al edificio junto a ellas haciéndose pasar por operario de una compañía suministradora o también por un empleado municipal. A continuación, alegaba que debía realizar una revisión urgente de las instalaciones eléctricas o de gas en sus domicilios.

Para reforzar el engaño, utilizaba información sobre familiares, amistades o personas conocidas por las víctimas, con el objetivo de generar confianza y conseguir que le permitieran entrar en sus viviendas.

Ya en el interior, simulaba realizar comprobaciones en distintas estancias mientras aprovechaba para sustraer dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. En algunos casos, además, cobraba a las víctimas cantidades de dinero por una revisión que nunca había sido solicitada ni se había llevado a cabo.

Seis hechos esclarecidos

Las diligencias policiales permitieron acreditar, según la investigación, la presunta participación del detenido en seis hechos denunciados durante el mes de julio. Varias de las víctimas lo reconocieron fotográficamente como el autor de los hechos.

En otros casos, los reconocimientos resultaron más complicados debido a la avanzada edad de las perjudicadas y al nerviosismo sufrido durante los hechos. La Policía también constató que el investigado había modificado en algunas ocasiones su apariencia física, por ejemplo dejándose barba o utilizando gafas, para dificultar su identificación.

A pesar de ello, el conjunto de las diligencias practicadas permitió reunir suficientes indicios para atribuirle la presunta autoría de los seis delitos investigados. Tras su detención, fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión, también por la reincidencia.

La Policía Nacional destaca además el impacto emocional que este tipo de delitos provoca en las víctimas, que pueden experimentar una sensación de inseguridad al comprobar que el autor consiguió acceder a su vivienda aprovechándose de su confianza. En algunos casos, las sustracciones afectan también a joyas y objetos cuyo valor sentimental supera al económico.

Recomendaciones siempre presentes

La Policía Nacional recomienda especialmente a las personas mayores y a sus familiares extremar las precauciones ante la presencia en el domicilio de supuestos técnicos u operarios cuya visita no haya sido previamente concertada.

Los agentes aconsejan no permitir la entrada a personas que no hayan sido avisadas con anterioridad y comprobar siempre su acreditación, así como contactar con la compañía suministradora para confirmar que la visita está programada.

También recomiendan no facilitar datos personales, bancarios o económicos ni información sobre las medidas de seguridad de la vivienda, evitar mantener grandes cantidades de dinero en efectivo en casa y comprobar que la uniformidad, identificación y logotipos del supuesto técnico corresponden realmente con la empresa que asegura representar.

Durante cualquier revisión, la Policía aconseja no dejar sola ni perder de vista a la persona que haya accedido a la vivienda. Ante cualquier sospecha, se recomienda contactar con un familiar, vecino o presidente de la comunidad antes de permitir la entrada y, si persisten las dudas o se detecta una situación sospechosa, llamar al 091.

Una especie en total peligro de extinción, el urogallo cantábrico, del que se estima que apenas quedan 209 ejemplares en libertad, y bajando, ha vuelto a ganar la partida a un macroproyecto eólico. Y ha vuelto a ocurrir en la provincia de León, donde se concentran la mayoría de los ejemplares, junto con el Principado de Asturias.

Esta vez la victoria de la delicadísima urogallina se ha convertido además en protagonista de un boletín oficial. Ha sido en el BOP de León donde la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado que Solaria, uno de los mayores grupos empresariales de proyectos de energía renovables, desiste de manera formal de una macroplanta eólica que venía impulsado desde hace casi dos años en la comarca leonesa de la Cepeda.

Se trataba de un proyecto que preveía la instalación de 10 enormes aerogeneradores e infraestructuras de evacuación en los municipios leoneses de Quintana del Castillo, Valdesamario y Villagatón, para generar 70 megavatios de potencia. El motivo por el que la compañía renuncia al parque bautizado como 'Aquarii', renuncia que el Ministerio asume paralizando la solicitud de autorización administrativa previa que estaba en marcha, no es otro que el impacto irreversible que este proyecto había supuesto para el urogallo.

Así se refleja en la documentación dada a conocer a través del Boletín leonés: “El promotor pone de manifiesto que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha informado que el proyecto resulta ambientalmente inviable por ser incompatible con el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico”, se limita a recoger. Llama la atención, además, porque ha sido la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta la que ha peleado durante años por legalizar, hasta en tres ocasiones, algunos antiguos parques eólicos como Peña del Gato, que la Justicia declaraba reiteradamente ilegales, precisamente por los daños a la especie protegida.

Ahora, ante la acumulación de informes desfavorables de diversos organismos y administraciones durante la tramitación ambiental, la empresa reconoce la inviabilidad de esta parte de su gran proyecto en León, solicitando el cierre formal del expediente. Pero solo parte. Porque sin embargo, Aquarii sigue adelante en su formato original, que era una macroplanta de placas solares en la misma comarca leonesa, de 89,6 Mw. Y es que la instalación eólica a la que se renuncia se había planteado por parte de Solaria como una “hibridación con la instalación fotovoltaica Aquarii Solar”. Juntos iban a ocupar unas 200 hectáreas. También continuará avanzando plazos administrativos y ambientales toda la infraestructura de evacuación energética de esta planta solar, gran parte de la cual se iba a aprovechar conjuntamente para ambos proyectos. Esta infraestructura se tramitaba en un expediente separado, SGIISE/PFot-234.

Una larga historia de trámites

El expediente original, impulsado por Planta FV 127 SLU, arrancó en julio de 2024, al presentarse la solicitud de autorización administrativa previa para el proyecto. Medio año después, el 24 de enero de 2025, la administración acordó admitir a trámite la petición, dando continuidad al procedimiento. Sin embargo, el proyecto el primer obstáculo apenas unas semanas después: El 13 de febrero de 2025 se dictó una resolución que puso fin a la pretensión de la compañía se someter las dos plantas a un procedimiento simplificado de afección ambiental.

El Ministerio determinó que la actuación debía someterse a una tramitación ordinaria de evaluación ambiental, un proceso más amplio que implica un análisis detallado de las posibles afecciones del proyecto. Y ha sido este trámite de impacto ambiental ordinario, que comenzó formalmente el 1 de septiembre de 2025, en el que la Junta ha sido tajante al advertir la incompatibilidad de la parte eólica con la supervivencia del urogallo en una de las pocas comarcas de España donse aún sobrevive. Y aún así, la proliferación de proyectos de macroplantas solares sigue atenazando el paisaje de toda la Cepeda, donde se multiplican este tipo de proyectos desde hace años.

El Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a la auxiliar de enfermería que asesinó a una anciana de 98 años en una residencia de León tras inyectarle varias dosis de insulina que la víctima no necesitaba. El alto tribunal estima el recurso presentado por la Fiscalía y agrava la condena al considerar que concurría la especial vulnerabilidad de la mujer debido a su avanzada edad y su estado de salud, por lo que sustituye la pena de 20 años de prisión impuesta inicialmente por la Audiencia Provincial de León y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el primer recurso.

Los hechos se remontan al 17 de agosto de 2022, cuando la trabajadora llevó a la residente, que padecía demencia y dependía de terceros para sus cuidados básicos, a su habitación después de cenar. Según recoge la sentencia, mientras la acostaba la golpeó en la cabeza y la zarandeó, provocando que la anciana gritara: “No me pegues, no me pegues”. Los gritos alertaron a otra auxiliar y motivaron la intervención de los responsables de la residencia y de una patrulla de la Policía Nacional. La mujer fue atendida de las lesiones en el propio centro.

Poco después, la dirección de la residencia indicó a la auxiliar que abandonara su puesto hasta esclarecer lo sucedido. Sin embargo, antes de marcharse, la mujer accedió al cuarto de enfermería, cogió un bolígrafo de insulina destinado a otra residente diabética y regresó a la habitación de la anciana. Allí le inyectó el medicamento mediante cuatro pinchazos con la intención de causarle la muerte, según considera probado el Tribunal Supremo.

A la mañana siguiente, otras trabajadoras encontraron a la residente inconsciente y fue trasladada al hospital, donde ingresó en coma a consecuencia de una intoxicación por insulina. Días después falleció.

La Audiencia Provincial de León condenó a la auxiliar por un delito de asesinato alevoso a 20 años de prisión, además de imponerle una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones y el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la condena, aunque rebajó parcialmente las indemnizaciones.

Ahora, el Tribunal Supremo estima el recurso de la Fiscalía y aplica el artículo 140 del Código Penal, que contempla la prisión permanente revisable cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad o circunstancias personales. Además, desestima el recurso presentado por la condenada y mantiene el resto de pronunciamientos de la sentencia, incluidas las condenas por lesiones y las indemnizaciones.

En su resolución, la Sala de lo Penal considera que la forma de actuar de la acusada fue claramente alevosa, ya que la víctima no podía sospechar que una inyección administrada por una trabajadora de la residencia tuviera una finalidad homicida. El tribunal añade que esa circunstancia se ve agravada por la extrema vulnerabilidad de la anciana, que tenía 98 años, sufría deterioro cognitivo y dependía completamente de los cuidados del personal del centro, lo que justifica la imposición de la máxima pena prevista en el ordenamiento jurídico español.

El Tribunal de Instancia, Sección de lo Social de León, ha estimado la demanda presentada por un sociedad hostelera de León contra una multa de 3.750 euros que la Tesorería General de la Seguridad Social le impuso por considerar que mantenía prestando servicios a una trabajadora sin haber cursado previamente su alta. La jueza concluye que los hechos acreditados no permiten afirmar la existencia de una relación laboral y revoca íntegramente la resolución administrativa.

El origen del litigio se encuentra en una inspección realizada el 19 de diciembre de 2024 durante la celebración del décimo aniversario del establecimiento pizzero. En esa visita, las inspectoras observaron a una mujer trasladando un plato desde la zona del restaurante hacia la cocina. Tras identificarla, comprobaron que no figuraba dada de alta en la empresa, circunstancia que dio lugar a la apertura del expediente sancionador.

Como consecuencia de esa actuación inspectora, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción por entender que la empresa había incumplido la obligación de tramitar el alta previa de una trabajadora en la Seguridad Social. La conducta fue calificada como infracción grave conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, proponiéndose una multa de 3.750 euros, posteriormente confirmada por la Tesorería General de la Seguridad Social. La multa aplicada fue la mínima posible ante una infracción que tiene la calificación de 'grave'.

La empresa recurrió tanto en vía administrativa como judicial al sostener que la mujer identificada era la sobrina de una de las propietarias y que acudía únicamente como invitada a la fiesta organizada por el aniversario del local. Según su versión, la joven no prestaba servicios para el negocio, sino que, antes de marcharse a su verdadero puesto de trabajo como repartidora de una cadena de pizzerías, recogió un plato y lo llevó a la cocina de forma espontánea.

La magistrada valoró la prueba documental, los vídeos aportados por la empresa y las declaraciones testificales. Los testigos coincidieron en que aquel día no existía servicio de comedor, que la cocina permanecía cerrada al funcionamiento habitual y que la celebración estaba dirigida principalmente a familiares e invitados. Además, en las grabaciones no se apreciaba a la joven atendiendo clientes ni realizando funciones propias de una empleada del establecimiento.

En el plano jurídico, la sentencia recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el valor probatorio de las actas de la Inspección de Trabajo. La resolución subraya que dichas actas gozan de presunción de certeza respecto de los hechos directamente observados por los inspectores, pero no respecto de las valoraciones jurídicas que puedan extraerse de ellos. En este caso, la presencia de la mujer en el local y el hecho de portar un plato a la cocina quedaron acreditados, pero ello no basta para demostrar la existencia de una relación laboral.

La jueza recuerda en la sentencia los elementos que caracterizan un contrato de trabajo —voluntariedad, ajenidad, dependencia y retribución— y concluye que ninguno de ellos quedó probado en este caso. Destaca que no existían indicios de continuidad en la prestación de servicios, tampoco consta remuneración y que la actuación observada era plenamente compatible con un gesto ocasional de ayuda familiar durante una celebración privada. En consecuencia, considera aplicable la exclusión prevista para los trabajos realizados por amistad, benevolencia o buena vecindad.

La Tesorería General de la Seguridad Social defendía que los hechos constatados por la Inspección justificaban la sanción mientras que la empresa insistía en que se trataba de una ayuda puntual de un familiar sin trascendencia laboral. La magistrada entiende que la prueba practicada desvirtúa suficientemente la presunción derivada del acta inspectora, al acreditar el contexto excepcional en que se produjo la actuación observada.

La sentencia, firme, deja sin efecto la sanción económica de 3.750 euros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años y tres meses de prisión impuesta a un hombre de 73 años, con antecedentes por hechos similares, por agredir sexualmente a dos niñas de 10 y 11 años a través de la valla de un colegio en la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado y ratifica la resolución dictada el pasado mes de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.

Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando el acusado paseaba con sus perros por las inmediaciones de un centro educativo.

Aprovechando que las menores se acercaron a la valla del recinto escolar desde el interior para acariciar a los animales, el hombre realizó tocamientos a una de las niñas y lo intentó con la otra, con el único fin de satisfacer sus deseos, según detalla la resolución. Fue entonces detenido por agentes de la Policía Local de San Andrés.

El tribunal ha aplicado la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el procesado ya había sido condenado en firme en 2019 por otro delito de abuso sexual a una persona menor de 16 años, y en el momento de los hechos se encontraba dentro del periodo de suspensión de esa pena.

En concreto, la condena impone un año y seis meses de cárcel por el delito consumado de agresión sexual a menor de dieciséis años, y otros nueve meses por el delito en grado de tentativa sobre la segunda menor.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia ratifica la imposición de libertad vigilada, que se ejecutará tras la salida de prisión, y la privación de la patria potestad o derechos de tutela durante tres años así como la prohibición de acercarse a menos de cien metros a la primera víctima durante cuatro años y a la segunda durante tres.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a las víctimas con un total de 4.000 euros, 3.000 para una de las menores por el daño moral y el cuadro de ansiedad reactivo sufrido, y 1.000 para la otra.

Contra esta resolución del TSJCyL cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Juzgado de Guardia de Ponferrada ha acordado la puesta en libertad de los dos hombres detenidos el pasado fin de semana por la Policía Municipal como presuntos autores de varios incendios registrados en la localidad de Santo Tomás de las Ollas y el barrio de La Rosaleda, ambos en el municipio de Ponferrada.

La decisión judicial se adoptó después de tomar declaración a ambos arrestados y de analizar las diligencias remitidas por el cuerpo policial municipal, entre las que figuran los testimonios de varios vecinos que aseguraron haber visto a los sospechosos originando los fuegos, según informan los cuerpos de seguridad.

El primero de los detenidos, de 42 años, fue arrestado como presunto responsable de un incendio declarado en las inmediaciones del gimnasio de Santo Tomás de las Ollas. Según fuentes vecinales, al mismo hombre ya se le atribuyeron otros incendios ocurridos hace tres años en esta pedanía de Ponferrada.

Tras conocerse la detención, el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, ha destacado la tranquilidad que la actuación policial había generado entre los vecinos, preocupados por la reiteración de este tipo de sucesos. En 2023, el presunto pirómano ya había provocado un fuego en la pedanía, aseguró.

El segundo arrestado, de 53 años, y de Matarrosa (León) fue detenido como presunto autor de los incendios registrados en la zona de La Rosaleda. Ambos han quedado en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha cifrado en 50,1 hectáreas la superficie afectada por el incendio forestal declarado la pasada semana en la Tebaida berciana, entre las localidades de Villanueva y Valdefrancos de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. El balance definitivo recoge daños en una masa forestal compuesta principalmente por pinar, brezo y escobas.