Más de 21 millones de seguidores en Youtube, cerca del millón en Instagram, dos millones en Facebook, doce discos publicados y una gran gira por escenarios de España y Latinoamérica, incluyendo recintos de hasta 15.000 personas. Son las cifras detrás del personaje infantil Luli Pampín, creado hace una década por la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, una de las grandes estrellas para el público más pequeño gracias a sus pegadizas canciones e imagen icónica.

La protección del personaje llevó a su creadora y a la empresa que gestiona sus derechos a interponer una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. Los abogados del personaje solicitaban una pena de prisión de 11 años, inhabilitación de cinco años para actividades similares y el pago de una indemnización de 90.000 euros, además de la multa correspondiente.

Luli Pampín es el personaje que lanzó al éxito a la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, que llegó a España con 12 años, fue militar en el Ejército español una década y tras ser madre creó el universo de Luli Pampín, inspirada como reconoce, en el personaje japonés de 'Sailor Moon'. La artista reside actualmente en Andorra junto a su familia.

La cantante y bailarina señala en su web en su advertencia sobre el registro de su personaje, elementos accesorios y canciones y que “cualquier evento o actuación que pretenda rendir homenaje o utilizar de cualquier manera la obra y los elementos protegidos de Luli Pampín debe obtener una autorización previa y expresa. Esta política asegura la protección y la gestión adecuada de nuestros derechos de propiedad intelectual, manteniendo la integridad y la identidad única de nuestra marca y sus creaciones”. De ahí la denuncia efectuada en León.

Ante la denuncia la Fiscalía consideraba que sí concurrían los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial y solicitaba un año de prisión por cada uno de ellos, además de una multa de 18 meses por la infracción contra la propiedad intelectual y una indemnización de 15.000 euros para la denunciante. La defensa, por su parte, reclamó la libre absolución.

La Audiencia Provincial de León ha terminado dictaminando la absolución al actor y empresario promotor de la obra homenaje tras el juicio celebrado la pasada primavera. El tribunal sí aprecia similitudes en el cartel y confirma que el espectáculo carecía de autorización, pero concluye que no se acreditó la reproducción de las obras originales, el dolo exigido en los delitos de los que se le acusaba ni que se haya causado un perjuicio grave para los consumidores. El equipo de la artista ha confirmado a este medio que la sentencia ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según Luli Pampín, ella se enteró del espectáculo porque sus seguidores la etiquetaban en redes sociales anunciando que acudirían, pese a que avisó que no era ella ni su obra original. El tribunal considera acreditado que el cartel publicitario incluía una actriz con peluca rosa y un vestuario parecido al utilizado por Luli Pampín, así como similitudes entre la marca y signos distintivos registrados por la argentina. Pero no condena porque considera que las pruebas necesarias para una condena por reproducción o plagio de una obra artística no han sido suficientes.

Luli Pampín declaró en el juicio que algunos seguidores le habían remitido imágenes en las que podía comprobarse la reproducción de su espectáculo, pero esas grabaciones no fueron incorporadas a la causa. Según declaró a ella le afectan estas situaciones porque planea milimétricamente su show, y le perjudica porque estos shows son por menos precio y daña la relación de confianza que tiene con sus seguidores al no poderse distinguir del original.

El promotor acusado admitió que el espectáculo se promocionó como un tributo y que el cartel mostraba a una actriz con peluca rosa. También reconoció que, tras la llegada de la Policía, cambió el orden de las canciones y que posteriormente se interpretaron canciones de Luli o similares como 'Paseo por la selva' (un éxito con 1,5 millones de reproducciones en Youtube). No obstante, el acusado sostuvo que sus espectáculos utilizaban básicamente canciones populares, composiciones propias y coreografías preparadas por su equipo, y que la intención era inspirarse en determinados personajes sin plagiar sus obras.

Uno de los actores del 'homenaje' afirmó que el repertorio de la obra se modificó durante la presencia policial, que no habían ensayado antes y que el material relacionado con Luli Pampín se reservó para el final, pero también reconoció que no conocía suficientemente al personaje ni podía identificar sus canciones. Otros intérpretes señalaron que la trama representada trataba sobre los tripulantes de una nave espacial y negaron que los vídeos aportados por la acusación correspondieran a su actuación.

Según otro testimonio había poca gente en el teatro, cuyo precio de las entradas era entre 10 y 13 euros con una recaudación neta de 3.075,96 euros, cantidad de la que el acusado debía pagar 1.100 euros en concepto de alquiler del teatro, el sueldo de los actores y gastos de alojamiento y desplazamiento.

El promotor acusado admitió que el espectáculo se promocionó como un tributo y que el cartel mostraba a una actriz con peluca rosa. También reconoció que, tras la llegada de la Policía, cambió el orden de las canciones y que posteriormente se interpretó 'Paseo por la selva', una canción similar al éxito 'Camino por la selva' con 1,5 millones de reproducciones en Youtube. No obstante, el acusado sostuvo que sus espectáculos utilizaban canciones populares, composiciones propias y coreografías preparadas por su equipo, y que la intención era inspirarse en determinados personajes sin plagiar sus obras.

La clave de la absolución por el delito contra la propiedad intelectual estuvo en la insuficiencia de la prueba sobre el contenido real del espectáculo. La Policía Nacional se personó en el espectáculo para verificar el mismo tras una denuncia de Luli Pampín pero el video aportado, de 15 minutos de duración, según la sentencia, no mostraba referencias ni contenidos vinculados a Luli Pampín. El acusado sí reconoció el uso limitado de canciones en los minutos finales del espectáculo.

La Audiencia Provincial de León concluye que no quedó probado, más allá de toda duda razonable, que en la función de León se reprodujeran canciones, guiones, personajes, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos. La semejanza del cartel, por sí sola, no permitía acreditar el plagio del espectáculo.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, el tribunal destaca que la acusación debía probar no solo el uso de signos iguales o confundibles, sino también que el acusado sabía que estaban registrados. La sentencia considera que ese conocimiento no puede presumirse y que no se aportó prueba suficiente para demostrar que, antes de publicar el cartel, el promotor conociera el registro de las marcas y signos distintivos.

La Audiencia también descartó el lucro habida cuenta que las cifras totales del espectáculo suponen que “ni el beneficio obtenido posee especial trascendencia económica ni los hechos revisten especial gravedad”.

En relación con el delito de publicidad engañosa la sentencia recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que las alegaciones falsas o características inciertas sean aptas para ocasionar un perjuicio grave y manifiesto al conjunto de los consumidores. Para valorar esa gravedad deben tenerse en cuenta factores como la clase de servicio, el precio, el número de destinatarios, el medio publicitario y las circunstancias de quienes reciben el mensaje.

Los jueces leoneses entienden que debido a que las entradas costaban entre 10 y 13 euros y no se aportaron datos concretos sobre consumidores engañados, devoluciones, reclamaciones o perjuicios relevantes no existe prueba suficiente para afirmar un daño grave y manifiesto a los consumidores.

Un año después del aquella obra homenaje la Luli Pampín original actuó en León en el Auditorio de la ciudad con su espectáculo 'El libro musical'. Este mes de julio la artista se encuentra de gira por Argentina y Chile con su espectáculo 'Millones de gracias', con el que celebra los 10 años del personaje que nació en agosto de 2016 con un video en Youtube.

Para el equipo de Luli Pampín este revés judicial, no firme, “no altera la protección legal de las figuras, obras y creaciones culturales, cuya defensa seguiremos ejerciendo por las vías legales correspondientes”.

La Diputación de León mantendrá en manos externas su defensa jurídica en los tribunalaes ya que ha sacado a licitación un nuevo contrato para la defensa jurídica y la representación procesal de la institución, el Instituto Leonés de Cultura (ILC), el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León y el Consorcio Provincial de Turismo. El contrato tiene un valor estimado máximo de 633.600 euros, contempla una duración inicial de un año aunque es prorrogable hasta un máximo de cuatro, y las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 28 de julio.

Ya en el año 2018 la institución provincial, entonces gobernada por el PP de Juan Martínez Majo, formalizó un contrato global de defensa jurídica ya que hasta entonces se contrataba caso a caso y de manera poco transparente los distintos conflictos jurídicos de la institución provincial. Fue la primera vez que se formalizó un contrato global de defensa jurídica durante varios años, que recayó en dos bufetes que no tenían sede en León. En el año 2022 se adjudicó un segundo contrato de este tipo con unos precios ligeramente inferiores a los actuales.

El nuevo contrata se divide en dos lotes de igual cuantía. El primero estará destinado a la defensa jurídica en materia de recursos humanos y empleo público, en los ámbitos contencioso-administrativo y social, mientras que el segundo abarcará el resto de materias jurídicas, incluidas las jurisdicciones civil, mercantil, penal y contencioso-administrativa, además de procedimientos ante el Tribunal de Cuentas o los tribunales económico-administrativos. Cada lote cuenta con un presupuesto anual de 79.860 euros, impuestos incluidos.

Además de asumir la representación en los procedimientos judiciales, el adjudicatario deberá prestar asesoramiento jurídico vinculado a los litigios, elaborar informes cuando lo requiera la Presidencia de la Diputación, asistir a cargos públicos y empleados provinciales en procedimientos penales relacionados con el ejercicio de sus funciones, gestionar el cobro de costas procesales y mantener reuniones periódicas de coordinación con la institución. El contrato también exige disponibilidad presencial cuando sea requerida y prohíbe expresamente asumir asuntos que puedan generar conflictos de intereses con la Diputación.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, valorando tanto la oferta económica como la memoria técnica y otros criterios automáticos. El pliego establece, además, requisitos de solvencia económica y experiencia previa en la defensa de administraciones públicas, así como condiciones relacionadas con la igualdad, el uso de lenguaje inclusivo y la gestión ambiental durante la ejecución del contrato.

El contrato fija un sistema de retribución por actuaciones. Entre otros conceptos, la Diputación abonará 2.200 euros por cada procedimiento judicial en primera o única instancia dentro de Castilla y León, 1.210 euros por los recursos en segunda instancia en la Comunidad y 1.650 euros por los procedimientos tramitados fuera de ella. Además, el adjudicatario recibirá incentivos económicos por las resoluciones favorables a la institución, que oscilarán entre 770 y 1.760 euros, según la instancia judicial, así como 660 euros por cada informe jurídico extraordinario que le sea encomendado fuera del ámbito de un litigio. Si se gana parcialmente solo se cobrará la mitad de lo estipulado.

Los pliegos también establecen el nivel de disponibilidad para el despacho profesional que resulte adjudicatario. Entre otras obligaciones, deberá mantener un teléfono operativo todos los días laborables, celebrar al menos una reunión semanal de coordinación con la Diputación —excepto en agosto—, remitir todas las resoluciones judiciales e informes derivados de los procedimientos y garantizar la continuidad del servicio mediante un letrado sustituto en caso de ausencia.

Asimismo, no podrá asumir durante la vigencia del contrato asuntos particulares que entren en conflicto con los intereses de la institución provincial, una prohibición cuyo incumplimiento podría conllevar una indemnización de 300.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirma la condena de dos años de prisión a un hombre que propuso relaciones sexuales a un menor de 16 años después de coincidir con él en un autobús con destino a León.

La sentencia confirma la condena emitida previamente por la Audiencia Provincial de León el pasado mes de abril contra un hombre que abordó en 2023 a un menor de 15 años mientras viajaba en un autobús con destino a León.

El condenado, con antecedentes por abuso sexual a menores, entabló conversación con el menor durante el trayecto en autobús hasta obtener su número de teléfono. Una vez llegados al destino, se bajó con él y le acompañó a pie hasta la academia donde el menor tenía clase.

A lo largo del camino, el condenado propuso al menor de edad mantener relaciones sexuales en un hostal de la ciudad, llegando a proponerle el pago de 50 euros por los actos sexuales.

Después de las reiteradas negativas del menor, este consiguió separarse de él y, una vez en la academia, le narró lo sucedido a su profesor, que informó a sus padres.

La Audiencia Provincial condenó al hombre a dos años de prisión por un delito de corrupción de menores, con la agravante de reincidencia y una atenuante del diagnóstico de esquizofrenia residual. Además, se le prohíbe acercarse a menos de 100 metros del menor, su domicilio y lugar de estudios. Del mismo modo, se le impone una indemnización de 1.000 euros.

Ahora, el TSJ confirma esta sentencia, desestimando la apelación de la defensa, que argumentaba que no había existido coacción ni intención de pagar servicios sexuales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado una condena de cuatro años y cinco meses de prisión por lesiones impuesta a un hombre que golpeó con un hacha a su pareja en León y ha ratificado una orden de alejamiento pese a la oposición de la víctima.

El tribunal ha ratificado así la sentencia de la Audiencia Provincial de León que incluyó la circunstancia agravante de parentesco en el delito de lesiones.

También estableció una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima durante un periodo de cinco años y años cinco meses

La sentencia recoge que los hechos se remontan al 13 de julio de 2024, cuando en el domicilio en el que convivía la pareja se produjo una discusión entre ambos durante la que el procesado esgrimió un hacha, sin que se haya acreditado ánimo de acabar con su vida, pero sí con el de dañarla o atentar contra su integridad física.

Propinó a la mujer un golpe a la altura de la cabeza causándola diversas heridas que no comportaban riesgo vital para la víctima.

Tras la agresión, la mujer salió a la calle, donde un hombre llamó a una ambulancia y a la Policía, mientras el agresor se marchó del lugar en una furgoneta. La mujer fue conducida en ambulancia hasta el Hospital de León para ser curada de sus heridas.

En la sentencia de la Audiencia el encausado fue absuelto del delito de asesinato en tentativa del que venía siendo acusado, pero sí fue condenado como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso, concurriendo la agravante de parentesco.

Tras esa resolución judicial, el acusado presentó un recurso de apelación en el que alegó un único motivo de impugnación relativo a la improcedencia, a su criterio, de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.

En el recurso se planteaba que la víctima negó reiteradamente haber sido agredida o amenazada, no formuló acusación, manifestó no tener miedo del acusado y mantuvo contacto voluntario con él.

Los magistrados del TSJ han considerado que la normativa legal sobre este tipo de delitos establece el carácter imperativo de la imposición de dichas medidas de alejamiento en supuestos de violencia en el ámbito de la pareja, con independencia de la voluntad de la propia víctima.

Por este motivo ha rechazado el recurso al ajustarse las medidas dictadas “plenamente a Derecho, sin que proceda modificación alguna de las mismas”.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 12 años y medio de prisión para una mujer por intentar asesinar a su expareja sentimental con una barra de chocolate en la que había introducido una dosis letal de raticida en junio de 2020 en León.

El Supremo ratifica el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que recurrió la acusada, y que a su vez había confirmado los doce años y medio de cárcel que le impuso previamente la Audiencia Provincial de León.

La mujer no podrá ni comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros a su exmarido, su domicilio, o lugar en que se encuentre durante veintidós años y seis meses; ni podrá ejercer la patria potestad durante el tiempo de la condena respecto a los dos hijos comunes.

En concepto de responsabilidad civil, la mujer deberá indemnizar a su expareja con 822.592 euros, más las cantidades por gastos médicos no cubiertos y gastos para adecuación de la vivienda familiar que se cuantificarán en ejecución de sentencia, y deberá indemnizar a Adeslas Segur Caixa en 152.000 euros.

El hombre no murió, pero tardó en curarse 705 días, de los que 75 fueron de perjuicio muy grave, ya que como secuelas le quedó la ceguera, con necesidad de un bastón para deambular, cojera manifiesta y marcha lenta e insegura y afectaciones moderadas del sistema nervioso, con necesidad de adecuación de la vivienda familiar; y tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta desde noviembre de 2021.

La acusada y su pareja, tras terminar una relación sentimental en la que tuvieron dos hijos, acordaron que los vástagos comunes quedaran bajo la custodia de la madre, fijando un régimen de visitas para el padre, que más tarde y por sentencia judicial se cambió a la custodia para el padre y visitas para la madre.

Según recoge la sentencia, la relación personal entre ambos se fue complicando y deteriorando, en particular por las visitas de los hijos comunes, hasta el punto de que eran frecuentes desencuentros en los intercambios.

El 22 de junio de 2020, la mujer, “con el fin de acabar con la vida” de su expareja, aplicó una sustancia no determinada, pero que contenía una dosis letal de Talio (raticida), a una barra de chocolate que entregó a uno de sus hijos, advirtiéndole que, él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara; algo que el niño hizo, siguiendo las instrucciones de la progenitora.

La sentencia consideró probado que el padre acabó comiendo el chocolate que le ofreció su hijo, tras lo que se comenzó a sentir algo indispuesto, empeorando progresivamente su salud y el día 22 de junio tuvo que ingresar en la Clínica La Regla de León.

Tras empeorar su estado y ser trasladado al hospital de León, a lo largo de los días comenzó a presentar complicaciones y los análisis médicos arrojaron que “sufría una intoxicación aguda por Talio que superaba ampliamente el umbral admisible en el cuerpo humano y que podía producir la muerte”, apunta la sentencia.

El Supremo rechaza íntegramente el recurso de la acusada, y sostiene que la sentencia de apelación que confirmó la condena no se limitó a reiterar fórmulas generales sobre valoración conjunta, sino que descendió al caso concreto, identificando los verdaderos indicios relevantes y explicando la conclusión alcanzada por la Audiencia, estimando acreditado, más allá de toda duda razonable, la participación activa de la acusada.

Así, destaca que el tribunal enumeró y desarrolló como indicios decisivos: la mala relación entre las partes, la entrega del chocolate por la acusada a través del menor, el nexo temporal entre la ingesta y el malestar, la sintomatología compatible con la intoxicación por talio, la exclusión de otras fuentes de contaminación y el comportamiento posterior de la acusada respecto del estado de salud de la víctima.

“La crítica del recurso consiste, en realidad, en negar aisladamente la fuerza de cada uno de esos indicios, método que el propio Tribunal Superior de Justicia rechaza por contrario a la lógica de la prueba indiciaria, que exige una valoración de conjunto”, concluye el Supremo.

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de apelación presentado por una madre lacianiega contra una sentencia que declaró que un hombre es el padre biológico de un menor. La resolución confirma íntegramente el fallo dictado por el Tribunal de Instancia de Villablino en octubre del 2025 y mantiene la rectificación registral de la filiación, con los efectos civiles correspondientes, incluida la modificación de los apellidos del niño. Además, impone a la apelante las costas del recurso.

El caso parte de una demanda de filiación paterna no matrimonial presentada por el presunto padre al amparo del artículo 133 del Código Civil en la demarcación judicial de Villablino. El demandante solicitó que se declarase judicialmente que era el padre biológico de un menor, frente a la oposición de la madre. En primera instancia, el juzgado estimó la demanda y acordó adecuar la inscripción de nacimiento a la realidad biológica declarada.

La reclamación de filiación se apoyaba en la existencia de una relación sentimental entre los litigantes en la época compatible con la concepción, así como en distintos indicios documentales y testificales. Entre ellos figuraban fotografías del actor con el menor en el hospital, imágenes de los progenitores compartiendo espacios privados y momentos de ocio, referencias a una ecografía y declaraciones de testigos que afirmaron haber conocido la relación de pareja.

La madre recurrió la sentencia alegando error en la valoración de la prueba. Sostuvo que no había quedado acreditada con certeza la convivencia o relación en la época de la concepción y defendió que su negativa a someter al menor a la prueba biológica no debía interpretarse en su contra, porque pretendía proteger la intimidad del niño.

El demandante se opuso al recurso y subrayó que la prueba acumulada era suficiente para confirmar la paternidad, aún sin prueba de ADN que determinara la filiación. A su juicio, la documental y las declaraciones testificales acreditaban la relación mantenida con la madre y su presencia en momentos relevantes del embarazo y el nacimiento. También destacó que la demandada no acudió a tres citas para realizar la prueba biológica, sin ofrecer una justificación válida.

El Ministerio Fiscal apoyó confirmar la paternidad ya que consideraba que la negativa de la madre a facilitar la prueba de ADN constituía un indicio especialmente relevante que debía valorarse junto al resto del material probatorio practicado en el juicio.

La Audiencia Provincial de León señala en la sentencia a la que ha tenido acceso ILEÓN que la negativa a someterse a una prueba de ADN no equivale automáticamente a una confesión presunta, pero sí puede funcionar como un “indicio muy cualificado”, cuando existen además otros elementos que apuntan a la paternidad. El tribunal cita doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para rechazar tanto que la negativa baste por sí sola como que se exija a la parte actora una prueba absoluta e incontrovertible cuando la otra parte impide la prueba científica más fiable.

El tribunal considera que la prueba biológica no afectaba de forma relevante al derecho a la intimidad del menor, pues se limitaba a determinar si el demandante era o no el padre. Añade que la intimidad debe conciliarse con otros derechos, entre ellos el del menor a conocer su origen biológico y el del progenitor a obtener la determinación legal de la filiación.

La resolución destaca además varios indicios adicionales como fotografías del presunto padre en el hospital con el menor, imágenes de los litigantes juntos, una ecografía cuya obtención alternativa por redes sociales no quedó probada, testimonios del padre del demandante y de la propietaria de un bar que los veía comportarse como pareja, y un informe hospitalario que hacía referencia a visitas de “sus padres” tras el nacimiento del niño.

Con todo ello, la Audiencia concluye que no puede afirmarse que esas pruebas indirectas acrediten por sí solas la paternidad con plena certeza. Sin embargo, unidas a la negativa injustificada de la madre a colaborar en la prueba biológica, permiten tener por probada la filiación reclamada conforme a la doctrina jurisprudencial aplicable.

Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en el municipio berciano de Camponaraya, según han informado a la la Agencia EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista. El juzgado 3 del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha ordenado esta tarde la prisión provisional, comunicada y sin fianza para él en una causa que se ha abierto por asesinato.

Fuentes judiciales advierten de que no constan antecedentes de violencia ni policiales ni judiciales entre ambos. Y por ese motivo, y porque tampoco se considera que fueran pareja, la causa judicial no pasará a Violencia sobre la Mujer.

Fue la propia víctima la que llamó pidiendo ayuda a los servicios de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León sobre las 22.00 horas de este martes y a quienes aseguró que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza en el interior de una vivienda en Camponaraya.

Según las primeras investigaciones, no existía una relación sentimental entre víctima y detenido por lo que no puede calificarse como un caso de violencia machista. Entre la víctima y el detenido no constan registros de ningún episodio de violencia, ni judicial ni policial, por lo que el hombre no pasará a disposición de un juzgado competente en violencia machista. La mujer ejercía la prostitución según fuentes de la investigación, una situación que la legislación no contempla juzgar como violencia de género.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Sacyl, que cuando llegaron encontraron a la mujer ya muerta, así como efectivos de la Guardia Civil que detuvieron al supuesto autor en la vivienda. El crimen tuvo lugar en una vivienda situada en la zona de Las Chanas, un enclave de casas unifamiliares y huertas, próximo al canal y rodeado de abundante vegetación.

Las primeras pesquisas apuntan a que ambos mantuvieron una discusión antes de producirse los hechos, si bien los investigadores trabajan para determinar las causas del homicidio. Entre las hipótesis que se analizan figura que la disputa pudiera estar relacionada por adicciones, algo que deberá ser confirmado por la investigación.

El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén. Por su parte, la víctima había estado en tres ocasiones en ese sistema por malos tratos de otros tres hombres, ninguno de ellos el que supuestamente ha acabado con su vida.

Minuto de silencio

El Ayuntamiento de Camponaraya ha realizado este jueves una concentración y ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de la mujer en una vivienda de este municipio berciano. Decenas de vecinos se han concentrado ante el Consistorio para mostrar su rechazo a este suceso y trasladar su apoyo a la familia y allegados de la víctima, María, empadronada en Ponferrada.

Mientras tanto, el hombre de 64 años detenido este martes en Camponaraya como supuesto autor del homicidio, de iniciales F.J.C., pasará previsiblemente a disposición judicial a lo largo de este jueves, según han confirmado fuentes de la investigación.

La investigación continúa abierta y permanece bajo secreto de sumario con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y la relación que mantenían la víctima y el arrestado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial leonesa que condenó a un hombre a seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa tras una pelea.

Los hechos se remontan al 31 de agosto de 2024, cuando el ahora condenado y su compañera sentimental, se encontraban tomando unas copas en un establecimiento hostelero de la ciudad de León, momento en el que accedió al pub el hermano de la mujer, teniendo un altercado con su familiar debido a que su sobrina menor de edad se encontraba en su interior.

Tras salir del establecimiento, los dos hermanos siguieron discutiendo con un intento de agresión, sin que se pudieran demostrar consecuencias físicas de la misma. En este momento el acusado se enfrentó al hermano de su compañera sentimental diciéndole “quieres pelea”, contestando este “si”. Acto seguido, según se recoge en la sentencia, ambos se agarraron y comenzaron a pelear.

El procesado, con una navaja o cuchillo que llevaba en la mano derecha, con ánimo de acabar con la vida del hermano de su compañera y asumiendo, al menos, la alta probabilidad de que con ello podría causarle la muerte, le asestó una puñalada en el cuello, además de pincharle otra vez con esa misma arma blanca en el hombro izquierdo.

Como consecuencia de las heridas sufridas, el agredido tuvo que ser trasladado al Hospital para ser intervenido quirúrgicamente y permaneció durante 72 horas en la UCI.

Debido a las heridas, entre su estancia en el hospital y su tratamiento, el tiempo total de curación y estabilización ascendió a 201 días, persistiendo diversas secuelas motoras y sensitivomotoras en varios de sus miembros.

La resolución judicial considera que las heridas causadas podrían haber puesto en grave peligro la vida del agredido, por lo que estableció un delito de intento de homicidio en grado de tentativa.

Este viernes 19 de junio los Hoteles Conde Luna y Alfonso V de la ciudad de León han sido el escenario de una nueva fase del conflicto que atraviesa la familia Vázquez por la herencia del magnate leonés Antonio Vázquez Fernández, fallecido en el año 2012. Una sentencia en el año 2025 rectificó el reparto de la misma tras el intento de desheredar a su única hija, reconociendo el derecho a acceder a una parte del vasto patrimonio acumulado por el empresario leonés fundador de la empresa de maquinaria PIVA y dueño del Diario de León durante varias décadas, entre otras empresas.

Cerca de una veintena de cuadros pertenecientes a la colección familiar, depositada en los hoteles que pertenecieron a la familia hasta el año 2024 en que fueron vendidos al grupo Barceló, han sido embargados y trasladados como garantía de parte del proceso de pago de la herencia, acompañando un discreto dispositivo policial a la comitiva judicial que ha efectuado el traslado, ta y como es habitual.

En el año 2025 una sentencia reconocía el derecho a la legítima estricta a la hija del magnate, incluyendo un pago millonario en metálico, las costas judiciales y una casa de lujo en Marbella, tal y como adelantó ILEÓN. Quienes tienen que pagar eso son los cuatro sobrinos e hijos del que fuera hijo mayor del empresario leonés, fallecido en 2011, Antonio Vázquez Cardeñosa.

El embargo de la colección familiar se ha producido en el contexto de que no se termina de pagar la legítima de la herencia, por lo que los juzgados han ido embargando todos los bienes posibles localizados a los cuatro hermanos Vázquez Muñoz-Calero, incluyendo cuentas corrientes y viviendas, destacando una de lujo en Madrid valorada en varios millones de euros.

Dentro del proceso se han localizado que buena parte de los cuadros de los dos hoteles leoneses en realidad formaban parte de la herencia familiar, por lo que varios de ellos de más valor han sido embargados y trasladados a un depósito hasta que se aclare su inclusión en el conjunto de la herencia. Entre ellos figuran varios Vela Zanetti, aunque el más icónico de ellos y más valioso, un gran mural en el hall del Hotel Conde Luna no se ha retirado por las dificultades técnicas y para garantizar su conservación.

Según fuentes judiciales al tanto de la situación en la herencia ya se ha entregado una vivienda de lujo ubicada en Marbella, valorada en varios millones de euros, y que en los primeros intentos no había sido posible hasta el punto de motivar un proceso de desahucio.

Además la Justicia ha autorizado el cambio de administración en todas las empresas vinculadas a la familia, desde las históricas PIVA SA o IOVA SA que actuaban de cabecera, hasta sociedades personales de los hermanos Vázquez Muñoz-Calero. Está pendiente la ejecución de cambio de administradores, que buscarán fondos en las mismas hasta liquidar la deuda de la herencia y las costas judiciales, en una cantidad cercana a la media docena de millones de euros. Entre las afectadas está la sociedad que gestiona el restaurante Marcela de León, que ya ha atravesado dificultades en los últimos tiempos, o las históricas bodegas VILE SA, donde la familia posee la mayoría del capital junto a otros socios.

Además del embargo de los cuadros de la colección familiar, en esta jornada se ha embargado un Porsche perteneciente a uno de los herederos deudores, que saldrá a subasta siguiendo los procedimientos habituales.

El proceso de embargos y liquidaciones finalizará cuando se alcance la cifra pendiente, momento en que se liberarán el resto de bienes no liquidados. Pero el conflicto familiar sigue porque todavía está pendiente de realizarse la herencia de la mujer del empresario, fallecida en el año 2020.

El PSOE de León, y el federal, mantienen su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prestado declaración este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra y en la pieza separada de las joyas localizadas en su oficina.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y 'ahijado político' de Zapatero ha expresado en la red social X que “mi confianza en José Luis Rodríguez Zapatero es plena”, asegurando que “la verdad se abrirá paso” en el doble proceso judicial al que se enfrenta el que también fue líder del PSOE leonés entre finales de los 80 y principios de los 2000.

Cendón ha pedido que “Ni ruido, ni linchamientos, ni condenas anticipadas. En democracia hay presunción de inocencia, respeto a la Justicia y Estado de Derecho”.

Comunicado de Zapatero

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional Zapatero ha emitido un comunicado en el que señala que ante las graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra tenía que acudir primero al juzgado a ofrecer su versión, añadiendo que “No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, explica.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”, finaliza el político leonés que ha sido el principal activo de la izquierda en los últimos años.

El PSOE federal también ha emitido un comunicado en el que señala que mantiene su apoyo al presidente Zapatero. “Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”, señalan.

“También seguimos reivindicando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Ese legado sigue plenamente vigente”, especifica la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Nuria Rubio cree “firmemente” en su inocencia

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, ha afirmado que cree “firmemente” en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que el daño que se le está intentando hacer al partido deriva “de ataques personales de agentes externos”, recoge la Agencia EFE.

“Para nosotros es muy duro lo que está viviendo el presidente Zapatero. Yo no me he ocultado nunca. Siempre he creído firmemente en él y creo que hay que respetar la presunción de inocencia como también creo que él se tiene que defender”, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en León al ser preguntada por esta cuestión.

Rubio ha agregado que el PSOE respetará las decisiones judiciales y ha lamentado que haya muchos compañeros de partido que están viviendo procesos judiciales debido a esos ataques externos. En este sentido, ha recordado la sentencia que le dio la razón al secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, “después de casi dos años de injurias y calumnias que ha sufrido porque le intentaron meter en una trama”.

Una acusación que “se utilizó políticamente, también por otros partidos, para intentar dañar su imagen y su prestigio”, ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha contestado en esta jornada solo a preguntas sobre el caso Plus Ultra, rechazando las de la investigación sobre las joyas en su despacho hasta que reúna toda la documentación sobre su procedencia. El juez Calama no le ha impuesto ninguna medida cautelar, pese a las peticiones de Fiscalía y acusaciones populares, pero ha señalado que sus respuestas no disipan las sospechas contra él. 

La Comisión de Fiestas de Villamanín, el pueblo de León desde donde vendieron más participaciones que las respaldadas por décimos en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 premiado con el Gordo, ha anunciado que este año volverá a venderla a través de la creación de una nueva asociación que, además, organizará nuevamente las fiestas de la localidad.

En su decimoquinto comunicado publicado en sus redes sociales, la Comisión de Fiestas ha dado por cerrado “este capítulo” tras el cobro con acuerdo de quita de una inmensa mayoría de agraciados. El colectivo vecinal ha agradecido públicamente “el apoyo, la confianza y la comprensión” y ha hecho un anuncio: “Este año volveremos a vender lotería de Navidad”.

La Comisión de Fiestas del Villamanín, una localidad de menos de mil habitantes situado en la N-630 entre León y Asturias, vendió en el sorteo de la lotería de Navidad de 2025 un total de 450 participaciones de 5 euros del número 79.432, premiado con el Gordo el 22 de diciembre. Cada papeleta debía estar asociada a un premio de 80.000 euros antes de impuestos, pero pocos días después se descubrió que 50 participaciones se habían vendido a mayores sin respaldo de décimos físicos, provocando un escándalo y un caos muy tenso.

Eso provocó un desfase de 4 millones de euros, puesto que la comisión solo podía avalar 400 participaciones, lo que hizo que en la localidad se pasase de la celebración a la indignación, con reuniones tensas entre afectados, escenas de nerviosismo y divisiones entre vecinos. Ahora, “después de muchos meses de trabajo, reuniones, trámites y gestiones podemos decir que nos encontramos en la fase final del proceso iniciado tras la incidencia producida con las participaciones de la lotería de Navidad”, afirman este miércoles en el comunicado que recoge Efe.

Cuentas de los 26,5 millones repartidos

Además, han informado que todas las personas afectadas han recibido un correo electrónico en el que se informa del resultado final de las cuentas con todo el detalle de ingresos, gastos y movimientos realizados por la asociación constituida para este fin, que queda ya disuelta puesto que sólo se creó para poder gestionar el reparto del premio.

Para tratar de resolver el problema, la comisión reconoció el error, pidió disculpas y planteó un acuerdo que consistía en aplicar una quita al resto de participaciones para que todos los agraciados pudieran cobrar. Para ello se abrió un sistema de registro obligatorio y se acordó una reducción del 10% sobre el premio neto de cada papeleta. El reparto del dinero, 26,5 millones de euros, comenzó el 24 de marzo de 2026, después de tres meses de bloqueo y cada participación acabó pagándose a 59.396 euros.

La procesión del Corpus Christi celebrada este domingo en León capital tuvo un momento poco habitual cuando se produjo la detención, por parte de la Policía Local de León, de una mujer que asistía a un momento del recorrido por increpar públicamente a una concejala que participaba en la comitiva. Sobre esta mujer pesaba una orden de alejamiento de carácter judicial respecto de la edil, que obliga a mantener una distancia que fue incumplida de manera flagrante por parte de la detenida.

Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo, en concreto cuando la procesión, con amplia representación de la Corporación municipal, discurría por las inmediaciones de la Plaza de Torres de Omaña, en el Casco Histórico de la ciudad. Según han confirmado fuentes oficiales a ILEÓN, la mujer profirió una serie de improperios en voz alta dirigidos personalmente a una concejala de la comitiva.

En ese momento la distancia entre ambas era escasa, por lo que algunos agentes del cuerpo municipal de Policía, que custodia siempre estos eventos, procedió a apartarla con cierta discreción. Y es que se pudo comprobar que que se trataba de la misma persona sobre la que pesa una orden de alojamiento respecto a la concejala. Como también ha podido contrastar este medio, esa orden judicial está vigente desde hace tiempo atrás a raíz de varias denuncias policiales que la concejala ha tenido que interponer por un alto número de encontronazos vividos, a raíz de las cuales el Juzgado determinó la medida del alejamiento.

La detenida ha pasado unas horas en dependencias policiales, en espera de la elaboración de las averiguaciones pertinentes y su posterior puesta a disposición judicial, todo ello sin que se vivieran momentos a priori peligrosos por la escena en plena vía pública, precisamente en parte a la rápida actuación policial para ponerle fin. La procesión del Corpus pudo continuar su recorrido tradicional sin mayores inconvenientes.

El propietario de un desguace de Ponferrada que liberó de forma directa a la atmósfera los gases contaminantes de 2.125 vehículos en lugar de entregarlos a centros autorizados para su correcta eliminación ha aceptado dos años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En total, su práctica liberó casi 441 toneladas de dióxido de carbono con un perjuicio económico global al medio ambiente valorado en 20.058,37 euros.

El acusado ha reconocido los hechos este lunes en la Audiencia Provincial de León y ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios, es decir, 1.440 euros, después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo y la Fiscalía haya rebajado su petición de pena de tres años iniciales a dos, la mínima para dicho delito.

La Fiscalía también ha modificado la petición de multa de los veinte meses iniciales a ocho, aunque ha mantenido la cantidad que solicitaba para la mercantil de la que el condenado es administrador, acusada formalmente como persona jurídica, cifrada en el doble del perjuicio económico ocasionado, es decir, 40.116,74 euros.

Tres años de emisiones contaminantes

Según el escrito de la Fiscalía el acusado, administrador único de un centro autorizado de tratamiento de vehículos, liberó de forma deliberada a la atmósfera los gases refrigerantes de esos más de 2.000 coches dados de baja en sus instalaciones entre los años 2019 y 2022.

El Ministerio Fiscal sostiene que el ya condenado, “a sabiendas de sus obligaciones legales”, no llevó a cabo el tratamiento de residuos obligatorio para la gestión de gases fluorados y halocarbonados altamente perjudiciales, empleados de forma habitual en los sistemas de aire acondicionado y climatización de los automóviles.

De acuerdo con el informe del fiscal, las instalaciones omitieron el procedimiento legal de entregar estos gases a centros autorizados para su correcta eliminación y, en su lugar, procedieron a su liberación directa.

La acusación pública cifra el impacto ambiental en la emisión indebida de un total de 308,19 kilogramos de gas refrigerante, lo que equivale científicamente a la liberación de 440,71 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera terrestre.

El fiscal asegura en su escrito que la persistencia atmosférica de estos gases puede prolongarse durante “décadas o cientos de años”, con efectos negativos directos sobre los ecosistemas marinos, la salud humana y el agravamiento del cambio climático. 

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en cuestión el funcionamiento del sistema de iluminación instalado tras las obras de eficiencia energética en el edificio de los Tribunales de Instancia de Ponferrada, cuya recepción oficial se produjo en el mes de febrero de este mismo año 2026.

La actuación ha supuesto una renovación integral del inmueble, con mejoras en fachada mediante paneles de lana de roca, sustitución de carpinterías exteriores, renovación de cubierta con mayor aislamiento, incorporación de placas solares y la implantación de iluminación LED junto a sistemas de climatización y ventilación más eficientes.

Sin embargo, este sindicato, en nota de prensa, ha denunciado que el uso cotidiano del edificio presenta importantes problemas derivados del sistema de iluminación basado en sensores de movimiento y luminosidad, que provoca apagones recurrentes en despachos y oficinas.

Según este escrito, los trabajadores se ven obligados en ocasiones a realizar movimientos constantes —como levantarse o gesticular con los brazos— para reactivar la luz, lo que interrumpe el trabajo de forma reiterada. Estas incidencias se producirían tanto en ausencias temporales como en puestos individuales o en momentos de baja actividad en las oficinas.

El problema, añade la nota, se agrava en servicios de guardia o en procedimientos de Violencia de Género, donde las diligencias pueden prolongarse más allá del horario con luz natural. En estos casos, la falta de detección de movimiento provoca que el personal deba trabajar en condiciones de oscuridad o iluminación insuficiente.

El documento también señala que el sistema combina detección de presencia y luminosidad, lo que en determinadas situaciones impide una iluminación estable incluso cuando hay personal trabajando en el interior de las dependencias.

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Astorga, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Local de la ciudad, han detenido a cinco personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial y de contrabando tras intervenir productos falsificados en el mercadillo semanal de la localidad. El número de prendas ha sido abrumador, estimándose al final una tonelada de ropa, mucha de ella de equipaciones deportivas.

La actuación forma parte de la denominada Operación Bastión, una investigación desarrollada durante los últimos meses para combatir la comercialización de prendas falsificadas en distintos puestos textiles instalados tanto en el mercado de Astorga como en otros mercadillos de localidades próximas.

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas se iniciaron tras diversas denuncias y labores de vigilancia que permitieron acreditar la venta de artículos supuestamente falsificados. Durante las inspecciones previas se levantaron actas y se identificó a los responsables de varios puestos donde se ofertaban prendas de vestir como sudaderas, pantalones y camisetas.

La fase final de la operación se llevó a cabo a primera hora de la mañana del pasado martes 9 de junio, que es el día grande del mercado semanal de Astorga. Se organizó un dispositivo coordinado en el que participaron efectivos de los tres cuerpos implicados. Se centró en cuatro puestos de venta y siguió los protocolos establecidos por el Servicio de Vigilancia Aduanera para verificar la posible comercialización de productos que vulneraban los derechos de propiedad industrial.

Como resultado de la intervención, los agentes incautaron aproximadamente una tonelada de mercancía presuntamente falsificada y cuatro furgonetas utilizadas para el transporte de los productos.

Los cinco arrestados fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para prestar declaración. Posteriormente quedaron en libertad, aunque deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Astorga, en su sección de instrucción, que se encargará de continuar con la tramitación del procedimiento judicial.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser, ha presentado esta semana la Memoria Judicial 2025, un documento que es a la vez un análisis del estado de la Justicia en la comunidad autónoma y sus partidos judiciales elaborado por los propios jueces y magistrados con mando en plaza.

La reforma judicial en marcha ha implicado este año un cambio de nombres pasando a integrar los antiguos Juzgados de Instrucción individuales como Tribunales de Instancia por partido judicial, subdivididos a su vez en secciones por temática judicial. En la práctica significa que, a modo de ejemplo, el antiguo Juzgado de Instrucción Penal 1 de León ahora se llama “Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 1”. Estos cambios y la insuficiencia de recursos son algunas de las quejas que se exponen en los informes elaborados desde León para los siete partidos judiciales de la provincia.

Más jueces, o no

En el informe sobre la situación de la provincia de León se analiza la estadística de casos que entran a los juzgados, los que se resuelven y los que se ejecutan para realizar las peticiones de más medios, o no. La planta judicial básica de la provincia se compone de 47 plazas: 28 en los juzgados del partido judicial de León, 12 en los juzgados de Ponferra, dos en La Bañeza y dos en Astorga y uno en Cistierna, Villablino y Sahagún.

En el caso concreto del Tribunal de Instancia y Juzgados de León se solicitan un mínimo de cuatro jueces nuevos. En concreto se pide nos nuevas plazas de jueces para la Sección Civil para reforzar las ocho que ya hay por la alta afluencia de casos. Además de reclama la creación de una nueva Sección Mercantil, bien creando dos plazas nuevas o como mínimo transformando la la actual plaza nº 8 de la Sección Civil junto con otra plaza de nuevo juez en esa sección.

En materia Penal se demandan la cración de de una nueva plaza en la Sección Penal en León, así como mantener las medidas de refuerzo actuales con un juez de adscripción territorial.

Por su parte la Audiencia Provincial de León pide al menos un nuevo juez para las dos Secciones Civiles por el alto volumen de casos y solicita que se cree una plaza de Presidente para poder dividor la Sección Penal en dos distintas, que no supone necesariamente un juez más. También solicitan mantener el juez de refuerzo.

En el partido judicial de Ponferrada se pide también, aunque no a corto plazo, que se valore crear la creación de un nuevo juzgado de instrucción, civil, ya que “Las exigencias de atención del servicio de Juzgado de Guardia y el limitado número de Juzgados de Instrucción resultantes de la separación de jurisdicciones aconsejan en un futuro la creación de un nuevo órgano o plaza judicial de esta clase”. Lo que sí se solicita son refuerzos al volver a asumir los conflictos bancarios y de apoyo al juzgado con competencias exclusivas en materia de Violencia sobre la Mujer.

Lo que también solicita Ponferrada es que se cree una plaza judicial de lo Contencioso-Administrativo “Considerando la disponibilidad de espacio físico en la sede judicial y la tasa de litigiosidad de naturaleza contencioso-administrativa de la comarca”, que creen puede ayudar “a descongestionar la importante carga de trabajo de los Juzgados de esta clase con sede en la ciudad de León y que aproximara esta jurisdicción a los profesionales y ciudadanos del partido judicial”. Y solicitan un segundo equipo psicosocial o que se valore un refuerzo desde León habida cuenta del número de casos en los que intervenir.

El número de casos en los juzgados de Sahagún, Cistierna, Astorga, Villablino y La Bañeza se encuentran por debajo de la media por lo que “no se estima imprescindible el incremento de la planta ni la adopción de medidas de refuerzo”.

Más funcionarios

Los problemas derivados del nuevo sistema judicial y en particular de la ejecución de sentencias lleva a que los jueces de la provincia planteen la necesidad de hasta 12 funcionarios más.

La Audiencia Provincial de León exige con carácter de urgencia 3 nuevas plazas para su oficina judicial, con el fin de resolver la insuficiencia de plantilla y el agravio comparativo frente a otras provincias con menor carga de trabajo, señalando en concreto que la comparativa entre Burgos y León es muy llamativa.

Para el Tribunal de Instancia de León (Sección Civil) los magistrados proponen la designación de 4 funcionarios más, ya que consideran insuficientes los 8 funcionarios de referencia actuales tras haber asumido nuevas tareas procedentes de las antiguas unidades de apoyo.

En el partido judicial de Ponferrada se requiere ampliar la plantilla con un funcionario más para la sección civil (tramitador procesal) para compensar el desequilibrio generado tras la separación de jurisdicciones. Además solicitan también como prioridad la ampliación de la plantilla del Registro Civil con al menos un funcionario más. Y para el Servicio Común de Ejecución de Ponferrada se solicita un refuerzo indispensable de al menos 3 funcionarios adicionales para poder asumir las nuevas tareas de asistencia directa a jueces y magistrados que exige el nuevo modelo organizativo

'Sala Amable' o 'Gesell'

Una petición recurrente es la habilitación de una 'Sala Amable' o cámara 'Gesel'. Es un espacio cuyo objetivo es humanizar el sistema judicial y ofrecer un entorno seguro, neutro y adaptado para proteger el bienestar de menores, adolescentes y personas con discapacidad. Esta sala evitaría la victimización secundaria y minimizaría el impacto emocional cuando estos grupos vulnerables tienen que comparecer en el juzgado para la práctica de pruebas preconstituidas, exploraciones, valoraciones psicosociales o entrevistas forenses.

Ponferrada también pide una sala de este tipo, recordando además que hay sobre la mesa desde abril del 2025 una propuesta para su ejecución con un bajo coste, “aunque se confía en que la petición sea atendida dado el escaso coste que supone y las innegables ventajas y beneficios que ofrecería la creación de este recurso”.

La Audiencia Provincial de León se queja en un informe anual del restraso para la puesta en marcha de esta sala por restraso en las obras, “Aún no está habilitado el espacio acondicionado para los menores y la grabación de las pruebas preconstituidas en el edificio de la Audiencia, si bien las obras han finalizado y se encuentra en la última fase, con importantes defectos que deberán solventarse y un retraso vinculado a las obras en el resto del edificio”.

Incorporar Villablino a El Bierzo

El informe anual plantea desde el Tribunal de Instancia de Ponferrada la propuesta de integrar el partido judicial de Villablino en el de Ponferrada buscando lograr una mayor especialización de la respuesta judicial y la optimización de los recursos disponibles en las comarcas de El Bierzo y Laciana.

Entre las aportaciones positivas que se citan, una vieja propuesta que vuelve, es que actualmente, la prestación del servicio de Juzgado de Guardia en Ponferrada recae sobre tan solo tres Juzgados de Instrucción, lo que supone una carga de trabajo muy elevada. Al integrar Villablino, su juzgado pasaría a convertirse en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, lo que aliviaría y equilibraría significativamente la carga de trabajo entre los distintos órganos judiciales.

Para asegurar que esta integración no aleje la justicia de los ciudadanos, el planteamiento sugiere mantener la sede de Villablino como una Oficina de Justicia Municipal dotada de personal funcionario. De este modo, los habitantes de la zona podrían seguir presentando escritos, realizando trámites presenciales y conectándose telemáticamente con la sede judicial berciana.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de renombrar la demarcación como “partido judicial de Ponferrada y Villablino”. Aunque esta iniciativa no fue acogida inicialmente por el Ministerio de Justicia ni por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la memoria insiste en que es un escenario futuro de gran utilidad que no debería caer en el olvido

Fotocopiadora que no funciona

Una de los resúmenes del año judicial más curiosos corresponde al Juzgado de Sahagún, ahora Tribunal de Instancia de Sahagún, donde su titular ha resumido las necesidades e incidencias de la demarcación judicial facundina de una forma bastante coloquial pero que, habida cuenta de lo enrevesado a veces del lenguaje judicial, sirve para entender lo que sucede a todo el mundo.

En ella relata cómo, por distintas incidencias, se ha tardado casi tres meses en activar de forma correcta el número de teléfono de guardia judicial, desde que la tarjeta SIM se haya enviado mal a que se tarde en recibir 15 días y hasta tener que poner su teléfono personal durante más de un mes para acoger las llamadas desviadas.

Y dejaba para el final un problema que se alargaba en el tiempo en el momento de redactar el informe anual, “La sede del tribunal, dispone una fotocopiadora, si bien hace tres semanas que esta estropeada y todavía no han venido a arreglarla habiéndose dado la correspondiente incidencia”.

Y llamativo es que el Presidente del Tribunal de Instancia de Ponferrada, hace una defensa por escrito de la labor del personal adscrito a los juzgados, “La labor callada, en ocasiones poco reconocida, de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia, que prestan su apoyo insustituible y necesario a la labor jurisdiccional de Jueces y Magistrados, obliga a reconocer, aunque sea al menos desde estas letras, que las tasas de resolución de la actividad judicial y su buena marcha son igualmente el fruto de su esfuerzo y dedicación, lo que es prueba de la profesionalidad de estos colectivos, de su implicación personal y de su vocación sincera de servicio a las personas, debiendo lamentar el constante sobreesfuerzo al que se les ha sometido durante el año 2025 debido al aluvión de cambios organizativos y logísticos que de forma imprevista, cuando no improvisada, se han impuesto a su labor, sin contar con ellos e incluso a veces en contra de sus intereses legítimos”.

El acusado de provocar un incendio forestal con siete focos que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad y que obligó a desalojar la localidad de Berlanga del Bierzo en agosto del año pasado ha aceptado cuatro años y medio de cárcel por un delito de incendio forestal.

La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Junta de Castilla y León y la defensa del acusado han mostrado plena conformidad con el escrito planteado por las acusaciones y se han comprometido a no presentar recurso, por lo que la sentencia, conocida en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de León este martes, es firme.

Además de la pena de cuatro años, seis meses y un día, el acusado ha sido condenado al pago de una multa de 21 meses y un día con una cuota diaria de seis euros, es decir, 4.326 euros, y en concepto de responsabilidad civil deberá afrontar indemnizaciones que suman un total de 70.428,16 euros.

De esta cantidad, 44.770,83 euros se destinarán a la Junta de Castilla y León por gastos de extinción; 17.885,11 euros al Gobierno de España por medios materiales y personales y 7.772,22 euros a los titulares de montes particulares afectados.

Dos incendios con varios focos

Según ese escrito los hechos comenzaron la noche del 27 de agosto de 2025, cuando el acusado agrupó restos de arbustos y material vegetal y, a las 3.30 horas, generó cinco puntos de ignición con un mechero que fueron rápidamente extinguidos por agentes de la Guardia Civil.

Ese mismo día, a las cinco de la tarde, el acusado, de veinte años, volvió a actuar prendiendo fuego en una zona boscosa al suroeste de Berlanga del Bierzo con siete focos diferentes a lo largo de un kilómetro.

El presunto autor fue localizado saliendo de la zona por un conductor al que pidió que le transportara. Ante la negativa de este ciudadano, que alertó de los hechos, un agente medioambiental localizó al joven, quien admitió ser el autor del fuego.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil procedieron a su detención definitiva. El joven confesó nuevamente los hechos y aseguró haberse deshecho del mechero utilizado.

Siete hectáreas calcinadas en época de riesgo extremo

El incendio, que se dio por extinguido el 4 de septiembre de 2025, calcinó 7,09 hectáreas, de las cuales 2,09 eran de terreno arbolado y 5 de matorral y monte bajo.

En el momento de los hechos, la zona se encontraba bajo riesgo extremo de incendios debido a una ola de calor.

La gravedad de la situación, clasificada como IGR2, obligó a dar la orden de evacuación de dicha población, aunque no se puso en peligro concreto la vida de ninguna persona.

El acusado, nacido en el año 2005 y con antecedentes penales por conducción sin permiso, permanecía en prisión preventiva desde el 28 de agosto de 2025.

Aunque los informes indican que presenta un coeficiente intelectual límite con personalidad disocial, la Fiscalía subraya que no tiene alteradas sus capacidades volitivas e intelectivas y es plenamente consciente de la magnitud y alcance de sus acciones. 

La Guardia Civil ha detenido en la comarca de La Bañeza, en la provincia de León, a un hombre de 53 años de edad como presunto autor de un delito continuado de daños. Está acusado de ser el autor de numerosos y graves desperfectos en un total de catorce vehículos que estaban estacionados en varias calles, así como en una vivienda, utilizando para ello un enorme hacha de 50 centímetros de longitud.

La investigación se inició tras una llamada telefónica a las dependencias de la Guardia Civil que alertaba de que el ocupante de una furgoneta estaba causando, por motivos desconocidos, daños en varios vehículos de un pueblo de la comarca de La Bañeza, el cual no se detalla en la nota de prensa remitida por la Subdelegación del Gobierno de León.

Una patrulla llegada al lugar consiguió identificar al conductor y único ocupante del vehículo sospechoso, el cual portaba en su interior el hacha con la que supuestamente se causaron los daños. El arma fue intervenida.

Durante el desarrollo de la investigación se recabaron diversos indicios y pruebas que permitieron determinar la presunta participación del identificado en unos actos vandálicos que afectaron, en el recuento final, a un total de catorce vehículos y a un inmueble de la localidad. Como es lógico, dada la violencia utilizada, los hechos habían generado un gran temor entre los vecinos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el hombre pasó a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, en funciones de guardia.

El Partido Popular reclama a la Diputación de León que “aclare” la denuncia que habrían presentado en los juzgados las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras por no haberle actualizado los precios desde 2017 hasta la firma del actual contrato, suscrito en 2023.

Según el PP, esta discrepancia supondría que la institución provincial tenga que abonar la diferencia por el aumento de los precios desde 2017 acentuado por la Guerra de Ucrania así como los intereses de demora en caso de que la Justicia dé la razón a las empresas adjudicatarias.

Las compañías, afirman los populares, ya habían reclamado a la institución provincial esa adecuación de los precios al momento amparándose en el pliego aprobado en 2015 que contempla, a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, una revisión de precios “en la parte de obra” y del decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el Gobierno en el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras a raíz de la Guerra de Ucrania.

Sin embargo, la reclamación fue rechazada por la Diputación, asegura el PP, con el argumento de que el contrato original no contemplaba la revisión de precios. Los populares precisan que en el momento de reclamación estaba prorrogado hasta la licitación y adjudicación de un nuevo acuerdo para la conservación de la red provincial de carreteras.

La Diputación adjudicó en el año 2015, gobernada la institución por el PP, un contrato de mantenimiento de las carreteras de la red provincial en dos lotes, correspondientes a la zona occidental y oriental, por un importe de 1,5 millones de euros anuales en cada sector. Este contrato tenía una vigencia de dos años con prórroga máxima de dos años hasta 2019.

Ahora desde la oposición, el Partido Popular señala que el anterior equipo de Gobierno del PSOE y UPL prorrogó sucesivamente el contrato “sin soporte contractual” durante casi todo el mandato con pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito y no licitó el nuevo contrato hasta 2021, aunque este primer intento se paralizó porque Ineco, la consultora pública dependiente del MInisterio de Transportes, no asumió la valoración de las ofertas y tuvo que volver a convocarse el concurso.

El nuevo contrato, concluyen los populares, se adjudicó tras varios meses de procedimiento administrativo en el año 2023, que es el actualmente vigente, con un incremento de la dotación de 3 millones de euros anuales para cada uno de los dos sectores.

El actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL ha anunciado recientemente que privatizará la Oficina de Expropiaciones llamada a desbloquear proyectos de arreglos de viales.

No será este articulista quien entre a juzgar la actuación de los jueces, ya saben, ese Tercer Poder cuyos miembros, incluso cuando aciertan ‘fallan’, por más que algunas de sus acciones, autos y sentencias chirríen. Más como en altas instancias es una pugna descarnada entre magistrados conservadores y progresistas, confiemos que el criterio de justicia prevalezca y la razón y la verdad resplandezca sin tintes políticos.

Este artículo quisiera comentar un detalle que al parecer ha pasado bastante desapercibido y en el que los jueces sólo han sido una derivada del asunto principal. Una jueza de la capital pucelana ha sentenciado a la revista satírica El Jueves a resarcir a la Fundación Abogados Cristianos, que tiene su sede en Valladolid –siempre Valladolid en todas las salsas–, con la cantidad de seis mil (6.000) euros que se desglosan en dos epígrafes. Dos mil (2.000) euros para la entidad y cuatro mil (4.000) euros para la presidenta de la misma, Polonia Castellanos, que, cosa curiosa, también es de Valladolid. 

Polonia Castellanos, al parecer, es hija de zamoranos y es fundadora de esta formación ultracatólica que hace declaraciones de este jaez según la prensa nacional: “El mal no descansa ni los fines de semana ni en verano. Nunca”. Esta señora, al frente de su fundación, interpone querellas a todo aquello que pueda ser tenido por injurioso, difamatorio o atentatorio contra la religión católica y así, en los dieciocho años de andadura de los Abogados Cristianos ha hecho pasar por el juzgado a personajes públicos e instituciones con tan poco éxito como abundante repercusión mediática. Por no ser tildado de anticlerical, ni siquiera traeré a colación lo de la aconfesionalidad del Estado Español. 

La parte demandada, la revista el Jueves, ha sido demandada por calificar a la señora Polonia de ‘gilipollas del año’ motivo por el que ha sido condenada –la señora no, la revista – por un delito contra el derecho al honor. Tras abonar los seis mil euros mencionados, a la editorial se le ha ocurrido hacer eso que ahora se llama un crowdfunding, palabreja que podría ser sustituida con ventaja por términos como ‘colecta’ o ‘micro mecenazgo’. Sea como fuere, un responsable del sector demandado ha declarado con desahogo, que han recaudado una cantidad suficiente para pagar la deuda y poder volver a utilizar calificaciones similares, así como a publicar otras sátiras religiosas, amén de haber visto incrementada su tirada mensual.

Publicaciones satíricas españolas

Sucede que, a mediados del siglo XIX y principios del XX, proliferaron en España publicaciones cáusticas contra todos los estamentos del país que muy probablemente hoy serían reprimidas con inusitado rigor por la judicatura nacional a juzgar por los resultados de la controversia surgida entre el Jueves y Abogados Cristianos. Si revistas como La Flaca o Gedeón, por poner sólo un par de publicaciones críticas con el poder imperante, o algunas otras como la decimonónica ‘Los Borbones en pelota’, colección de láminas descarnadas sobre la ‘licenciosa’ vida sexual de Isabel II, se publicaran hoy, no quiero pensar las penas que podrían imponerles. 

Isabel II estuvo casada con Francisco Asís de Borbón, hombre tenido por afeminado e impotente, y de quien se dice que llegó a decir que en la noche de bodas llevaba más bordados en su camisón que ella misma. La pareja tuvo doce hijos además de numerosos abortos y según diversos cronistas, varios de ellos eran de distinto padre. Se comentó que había tenido relaciones con diversos generales, como O'Donell o Serrano, el general bonito, y otros miembros del escalafón militar, así como ministros y otras personalidades de la vida pública del momento. Incluso se dijo que Alfonso XII era hijo del noble valenciano Enrique Puigmoltó y Mayans. La reina fue nombrada como la Reina Ninfómana.

El comportamiento de esta reina motivó duras críticas hasta el extremo que vio la luz la publicación de las ilustraciones citadas, cuya autoría se le atribuye –quien sabe si acertadamente– a un hermano de Gustavo Adolfo Becker y a el mismo. En las ilustraciones no se deja nada a la imaginación, se caricaturiza a su regia persona y a un extenso elenco de ‘presumibles’ amantes, siempre con desnudos y en obscenas posturas. Reproduce escenas subidas de tono y a veces con un trasfondo de grotesca pornografía.

¿Más libertad de expresión en el siglo XIX que en el XXI?

Si ahora rebobinamos todo lo expuesto –ruego a todo lector que compruebe la veracidad de cuanto aquí se ha vertido– se imponen, así, a bote pronto, una conclusión y una pregunta. La conclusión es que en España, la libertad de expresión era muy superior en el siglo XIX que en pleno siglo XXI. Las publicaciones críticas del momento no fueron censuradas ni perseguidas. La pregunta se hace inevitable: ¿Si una sentencia judicial condena a pagar seis mil euros por llamarle ‘gilipollas del año’ a una señora, cuál sería la pena por sacar a la reina de España desnuda y realizando el acto sexual con diversas personalidades de la vida pública española? ¿Alcanzaría con una pena pecuniaria?

Cabe pedirles a los jueces coherencia y ecuanimidad al juzgar a ‘diestros’ y ‘siniestros’ cuando aplican la legalidad vigente, que eso y no otra cosa es la ley. Lo de la Justicia es cualidad innata en las personas, aunque a veces se omita o se haga por ignorarla. Y como corolario, tiéntense la ropa los que suspiran por escindir el territorio de León del territorio castellano, porque me temo que podrían querellarse los Abogados Cristianos vallisoletanos alegando que nuestras aspiraciones contravinieran los mandatos bíblicos y los principios religiosos. 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata