Este viernes 19 de junio los Hoteles Conde Luna y Alfonso V de la ciudad de León han sido el escenario de una nueva fase del conflicto que atraviesa la familia Vázquez por la herencia del magnate leonés Antonio Vázquez Fernández, fallecido en el año 2012. Una sentencia en el año 2025 rectificó el reparto de la misma tras el intento de desheredar a su única hija, reconociendo el derecho a acceder a una parte del vasto patrimonio acumulado por el empresario leonés fundador de la empresa de maquinaria PIVA y dueño del Diario de León durante varias décadas, entre otras empresas.

Cerca de una veintena de cuadros pertenecientes a la colección familiar, depositada en los hoteles que pertenecieron a la familia hasta el año 2024 en que fueron vendidos al grupo Barceló, han sido embargados y trasladados como garantía de parte del proceso de pago de la herencia, acompañando un discreto dispositivo policial a la comitiva judicial que ha efectuado el traslado, ta y como es habitual.

En el año 2025 una sentencia reconocía el derecho a la legítima estricta a la hija del magnate, incluyendo un pago millonario en metálico, las costas judiciales y una casa de lujo en Marbella, tal y como adelantó ILEÓN. Quienes tienen que pagar eso son los cuatro sobrinos e hijos del que fuera hijo mayor del empresario leonés, fallecido en 2011, Antonio Vázquez Cardeñosa.

El embargo de la colección familiar se ha producido en el contexto de que no se termina de pagar la legítima de la herencia, por lo que los juzgados han ido embargando todos los bienes posibles localizados a los cuatro hermanos Vázquez Muñoz-Calero, incluyendo cuentas corrientes y viviendas, destacando una de lujo en Madrid valorada en varios millones de euros.

Dentro del proceso se han localizado que buena parte de los cuadros de los dos hoteles leoneses en realidad formaban parte de la herencia familiar, por lo que varios de ellos de más valor han sido embargados y trasladados a un depósito hasta que se aclare su inclusión en el conjunto de la herencia. Entre ellos figuran varios Vela Zanetti, aunque el más icónico de ellos y más valioso, un gran mural en el hall del Hotel Conde Luna no se ha retirado por las dificultades técnicas y para garantizar su conservación.

Según fuentes judiciales al tanto de la situación en la herencia ya se ha entregado una vivienda de lujo ubicada en Marbella, valorada en varios millones de euros, y que en los primeros intentos no había sido posible hasta el punto de motivar un proceso de desahucio.

Además la Justicia ha autorizado el cambio de administración en todas las empresas vinculadas a la familia, desde las históricas PIVA SA o IOVA SA que actuaban de cabecera, hasta sociedades personales de los hermanos Vázquez Muñoz-Calero. Está pendiente la ejecución de cambio de administradores, que buscarán fondos en las mismas hasta liquidar la deuda de la herencia y las costas judiciales, en una cantidad cercana a la media docena de millones de euros. Entre las afectadas está la sociedad que gestiona el restaurante Marcela de León, que ya ha atravesado dificultades en los últimos tiempos, o las históricas bodegas VILE SA, donde la familia posee la mayoría del capital junto a otros socios.

Además del embargo de los cuadros de la colección familiar, en esta jornada se ha embargado un Porsche perteneciente a uno de los herederos deudores, que saldrá a subasta siguiendo los procedimientos habituales.

El proceso de embargos y liquidaciones finalizará cuando se alcance la cifra pendiente, momento en que se liberarán el resto de bienes no liquidados. Pero el conflicto familiar sigue porque todavía está pendiente de realizarse la herencia de la mujer del empresario, fallecida en el año 2020.

El PSOE de León, y el federal, mantienen su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prestado declaración este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra y en la pieza separada de las joyas localizadas en su oficina.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y 'ahijado político' de Zapatero ha expresado en la red social X que “mi confianza en José Luis Rodríguez Zapatero es plena”, asegurando que “la verdad se abrirá paso” en el doble proceso judicial al que se enfrenta el que también fue líder del PSOE leonés entre finales de los 80 y principios de los 2000.

Cendón ha pedido que “Ni ruido, ni linchamientos, ni condenas anticipadas. En democracia hay presunción de inocencia, respeto a la Justicia y Estado de Derecho”.

Comunicado de Zapatero

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional Zapatero ha emitido un comunicado en el que señala que ante las graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra tenía que acudir primero al juzgado a ofrecer su versión, añadiendo que “No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, explica.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”, finaliza el político leonés que ha sido el principal activo de la izquierda en los últimos años.

El PSOE federal también ha emitido un comunicado en el que señala que mantiene su apoyo al presidente Zapatero. “Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”, señalan.

“También seguimos reivindicando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Ese legado sigue plenamente vigente”, especifica la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Nuria Rubio cree “firmemente” en su inocencia

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, ha afirmado que cree “firmemente” en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que el daño que se le está intentando hacer al partido deriva “de ataques personales de agentes externos”, recoge la Agencia EFE.

“Para nosotros es muy duro lo que está viviendo el presidente Zapatero. Yo no me he ocultado nunca. Siempre he creído firmemente en él y creo que hay que respetar la presunción de inocencia como también creo que él se tiene que defender”, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en León al ser preguntada por esta cuestión.

Rubio ha agregado que el PSOE respetará las decisiones judiciales y ha lamentado que haya muchos compañeros de partido que están viviendo procesos judiciales debido a esos ataques externos. En este sentido, ha recordado la sentencia que le dio la razón al secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, “después de casi dos años de injurias y calumnias que ha sufrido porque le intentaron meter en una trama”.

Una acusación que “se utilizó políticamente, también por otros partidos, para intentar dañar su imagen y su prestigio”, ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha contestado en esta jornada solo a preguntas sobre el caso Plus Ultra, rechazando las de la investigación sobre las joyas en su despacho hasta que reúna toda la documentación sobre su procedencia. El juez Calama no le ha impuesto ninguna medida cautelar, pese a las peticiones de Fiscalía y acusaciones populares, pero ha señalado que sus respuestas no disipan las sospechas contra él. 

La Comisión de Fiestas de Villamanín, el pueblo de León desde donde vendieron más participaciones que las respaldadas por décimos en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 premiado con el Gordo, ha anunciado que este año volverá a venderla a través de la creación de una nueva asociación que, además, organizará nuevamente las fiestas de la localidad.

En su decimoquinto comunicado publicado en sus redes sociales, la Comisión de Fiestas ha dado por cerrado “este capítulo” tras el cobro con acuerdo de quita de una inmensa mayoría de agraciados. El colectivo vecinal ha agradecido públicamente “el apoyo, la confianza y la comprensión” y ha hecho un anuncio: “Este año volveremos a vender lotería de Navidad”.

La Comisión de Fiestas del Villamanín, una localidad de menos de mil habitantes situado en la N-630 entre León y Asturias, vendió en el sorteo de la lotería de Navidad de 2025 un total de 450 participaciones de 5 euros del número 79.432, premiado con el Gordo el 22 de diciembre. Cada papeleta debía estar asociada a un premio de 80.000 euros antes de impuestos, pero pocos días después se descubrió que 50 participaciones se habían vendido a mayores sin respaldo de décimos físicos, provocando un escándalo y un caos muy tenso.

Eso provocó un desfase de 4 millones de euros, puesto que la comisión solo podía avalar 400 participaciones, lo que hizo que en la localidad se pasase de la celebración a la indignación, con reuniones tensas entre afectados, escenas de nerviosismo y divisiones entre vecinos. Ahora, “después de muchos meses de trabajo, reuniones, trámites y gestiones podemos decir que nos encontramos en la fase final del proceso iniciado tras la incidencia producida con las participaciones de la lotería de Navidad”, afirman este miércoles en el comunicado que recoge Efe.

Cuentas de los 26,5 millones repartidos

Además, han informado que todas las personas afectadas han recibido un correo electrónico en el que se informa del resultado final de las cuentas con todo el detalle de ingresos, gastos y movimientos realizados por la asociación constituida para este fin, que queda ya disuelta puesto que sólo se creó para poder gestionar el reparto del premio.

Para tratar de resolver el problema, la comisión reconoció el error, pidió disculpas y planteó un acuerdo que consistía en aplicar una quita al resto de participaciones para que todos los agraciados pudieran cobrar. Para ello se abrió un sistema de registro obligatorio y se acordó una reducción del 10% sobre el premio neto de cada papeleta. El reparto del dinero, 26,5 millones de euros, comenzó el 24 de marzo de 2026, después de tres meses de bloqueo y cada participación acabó pagándose a 59.396 euros.

La procesión del Corpus Christi celebrada este domingo en León capital tuvo un momento poco habitual cuando se produjo la detención, por parte de la Policía Local de León, de una mujer que asistía a un momento del recorrido por increpar públicamente a una concejala que participaba en la comitiva. Sobre esta mujer pesaba una orden de alejamiento de carácter judicial respecto de la edil, que obliga a mantener una distancia que fue incumplida de manera flagrante por parte de la detenida.

Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo, en concreto cuando la procesión, con amplia representación de la Corporación municipal, discurría por las inmediaciones de la Plaza de Torres de Omaña, en el Casco Histórico de la ciudad. Según han confirmado fuentes oficiales a ILEÓN, la mujer profirió una serie de improperios en voz alta dirigidos personalmente a una concejala de la comitiva.

En ese momento la distancia entre ambas era escasa, por lo que algunos agentes del cuerpo municipal de Policía, que custodia siempre estos eventos, procedió a apartarla con cierta discreción. Y es que se pudo comprobar que que se trataba de la misma persona sobre la que pesa una orden de alojamiento respecto a la concejala. Como también ha podido contrastar este medio, esa orden judicial está vigente desde hace tiempo atrás a raíz de varias denuncias policiales que la concejala ha tenido que interponer por un alto número de encontronazos vividos, a raíz de las cuales el Juzgado determinó la medida del alejamiento.

La detenida ha pasado unas horas en dependencias policiales, en espera de la elaboración de las averiguaciones pertinentes y su posterior puesta a disposición judicial, todo ello sin que se vivieran momentos a priori peligrosos por la escena en plena vía pública, precisamente en parte a la rápida actuación policial para ponerle fin. La procesión del Corpus pudo continuar su recorrido tradicional sin mayores inconvenientes.

El propietario de un desguace de Ponferrada que liberó de forma directa a la atmósfera los gases contaminantes de 2.125 vehículos en lugar de entregarlos a centros autorizados para su correcta eliminación ha aceptado dos años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En total, su práctica liberó casi 441 toneladas de dióxido de carbono con un perjuicio económico global al medio ambiente valorado en 20.058,37 euros.

El acusado ha reconocido los hechos este lunes en la Audiencia Provincial de León y ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios, es decir, 1.440 euros, después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo y la Fiscalía haya rebajado su petición de pena de tres años iniciales a dos, la mínima para dicho delito.

La Fiscalía también ha modificado la petición de multa de los veinte meses iniciales a ocho, aunque ha mantenido la cantidad que solicitaba para la mercantil de la que el condenado es administrador, acusada formalmente como persona jurídica, cifrada en el doble del perjuicio económico ocasionado, es decir, 40.116,74 euros.

Tres años de emisiones contaminantes

Según el escrito de la Fiscalía el acusado, administrador único de un centro autorizado de tratamiento de vehículos, liberó de forma deliberada a la atmósfera los gases refrigerantes de esos más de 2.000 coches dados de baja en sus instalaciones entre los años 2019 y 2022.

El Ministerio Fiscal sostiene que el ya condenado, “a sabiendas de sus obligaciones legales”, no llevó a cabo el tratamiento de residuos obligatorio para la gestión de gases fluorados y halocarbonados altamente perjudiciales, empleados de forma habitual en los sistemas de aire acondicionado y climatización de los automóviles.

De acuerdo con el informe del fiscal, las instalaciones omitieron el procedimiento legal de entregar estos gases a centros autorizados para su correcta eliminación y, en su lugar, procedieron a su liberación directa.

La acusación pública cifra el impacto ambiental en la emisión indebida de un total de 308,19 kilogramos de gas refrigerante, lo que equivale científicamente a la liberación de 440,71 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera terrestre.

El fiscal asegura en su escrito que la persistencia atmosférica de estos gases puede prolongarse durante “décadas o cientos de años”, con efectos negativos directos sobre los ecosistemas marinos, la salud humana y el agravamiento del cambio climático. 

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en cuestión el funcionamiento del sistema de iluminación instalado tras las obras de eficiencia energética en el edificio de los Tribunales de Instancia de Ponferrada, cuya recepción oficial se produjo en el mes de febrero de este mismo año 2026.

La actuación ha supuesto una renovación integral del inmueble, con mejoras en fachada mediante paneles de lana de roca, sustitución de carpinterías exteriores, renovación de cubierta con mayor aislamiento, incorporación de placas solares y la implantación de iluminación LED junto a sistemas de climatización y ventilación más eficientes.

Sin embargo, este sindicato, en nota de prensa, ha denunciado que el uso cotidiano del edificio presenta importantes problemas derivados del sistema de iluminación basado en sensores de movimiento y luminosidad, que provoca apagones recurrentes en despachos y oficinas.

Según este escrito, los trabajadores se ven obligados en ocasiones a realizar movimientos constantes —como levantarse o gesticular con los brazos— para reactivar la luz, lo que interrumpe el trabajo de forma reiterada. Estas incidencias se producirían tanto en ausencias temporales como en puestos individuales o en momentos de baja actividad en las oficinas.

El problema, añade la nota, se agrava en servicios de guardia o en procedimientos de Violencia de Género, donde las diligencias pueden prolongarse más allá del horario con luz natural. En estos casos, la falta de detección de movimiento provoca que el personal deba trabajar en condiciones de oscuridad o iluminación insuficiente.

El documento también señala que el sistema combina detección de presencia y luminosidad, lo que en determinadas situaciones impide una iluminación estable incluso cuando hay personal trabajando en el interior de las dependencias.

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Astorga, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Local de la ciudad, han detenido a cinco personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial y de contrabando tras intervenir productos falsificados en el mercadillo semanal de la localidad. El número de prendas ha sido abrumador, estimándose al final una tonelada de ropa, mucha de ella de equipaciones deportivas.

La actuación forma parte de la denominada Operación Bastión, una investigación desarrollada durante los últimos meses para combatir la comercialización de prendas falsificadas en distintos puestos textiles instalados tanto en el mercado de Astorga como en otros mercadillos de localidades próximas.

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas se iniciaron tras diversas denuncias y labores de vigilancia que permitieron acreditar la venta de artículos supuestamente falsificados. Durante las inspecciones previas se levantaron actas y se identificó a los responsables de varios puestos donde se ofertaban prendas de vestir como sudaderas, pantalones y camisetas.

La fase final de la operación se llevó a cabo a primera hora de la mañana del pasado martes 9 de junio, que es el día grande del mercado semanal de Astorga. Se organizó un dispositivo coordinado en el que participaron efectivos de los tres cuerpos implicados. Se centró en cuatro puestos de venta y siguió los protocolos establecidos por el Servicio de Vigilancia Aduanera para verificar la posible comercialización de productos que vulneraban los derechos de propiedad industrial.

Como resultado de la intervención, los agentes incautaron aproximadamente una tonelada de mercancía presuntamente falsificada y cuatro furgonetas utilizadas para el transporte de los productos.

Los cinco arrestados fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para prestar declaración. Posteriormente quedaron en libertad, aunque deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Astorga, en su sección de instrucción, que se encargará de continuar con la tramitación del procedimiento judicial.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser, ha presentado esta semana la Memoria Judicial 2025, un documento que es a la vez un análisis del estado de la Justicia en la comunidad autónoma y sus partidos judiciales elaborado por los propios jueces y magistrados con mando en plaza.

La reforma judicial en marcha ha implicado este año un cambio de nombres pasando a integrar los antiguos Juzgados de Instrucción individuales como Tribunales de Instancia por partido judicial, subdivididos a su vez en secciones por temática judicial. En la práctica significa que, a modo de ejemplo, el antiguo Juzgado de Instrucción Penal 1 de León ahora se llama “Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 1”. Estos cambios y la insuficiencia de recursos son algunas de las quejas que se exponen en los informes elaborados desde León para los siete partidos judiciales de la provincia.

Más jueces, o no

En el informe sobre la situación de la provincia de León se analiza la estadística de casos que entran a los juzgados, los que se resuelven y los que se ejecutan para realizar las peticiones de más medios, o no. La planta judicial básica de la provincia se compone de 47 plazas: 28 en los juzgados del partido judicial de León, 12 en los juzgados de Ponferra, dos en La Bañeza y dos en Astorga y uno en Cistierna, Villablino y Sahagún.

En el caso concreto del Tribunal de Instancia y Juzgados de León se solicitan un mínimo de cuatro jueces nuevos. En concreto se pide nos nuevas plazas de jueces para la Sección Civil para reforzar las ocho que ya hay por la alta afluencia de casos. Además de reclama la creación de una nueva Sección Mercantil, bien creando dos plazas nuevas o como mínimo transformando la la actual plaza nº 8 de la Sección Civil junto con otra plaza de nuevo juez en esa sección.

En materia Penal se demandan la cración de de una nueva plaza en la Sección Penal en León, así como mantener las medidas de refuerzo actuales con un juez de adscripción territorial.

Por su parte la Audiencia Provincial de León pide al menos un nuevo juez para las dos Secciones Civiles por el alto volumen de casos y solicita que se cree una plaza de Presidente para poder dividor la Sección Penal en dos distintas, que no supone necesariamente un juez más. También solicitan mantener el juez de refuerzo.

En el partido judicial de Ponferrada se pide también, aunque no a corto plazo, que se valore crear la creación de un nuevo juzgado de instrucción, civil, ya que “Las exigencias de atención del servicio de Juzgado de Guardia y el limitado número de Juzgados de Instrucción resultantes de la separación de jurisdicciones aconsejan en un futuro la creación de un nuevo órgano o plaza judicial de esta clase”. Lo que sí se solicita son refuerzos al volver a asumir los conflictos bancarios y de apoyo al juzgado con competencias exclusivas en materia de Violencia sobre la Mujer.

Lo que también solicita Ponferrada es que se cree una plaza judicial de lo Contencioso-Administrativo “Considerando la disponibilidad de espacio físico en la sede judicial y la tasa de litigiosidad de naturaleza contencioso-administrativa de la comarca”, que creen puede ayudar “a descongestionar la importante carga de trabajo de los Juzgados de esta clase con sede en la ciudad de León y que aproximara esta jurisdicción a los profesionales y ciudadanos del partido judicial”. Y solicitan un segundo equipo psicosocial o que se valore un refuerzo desde León habida cuenta del número de casos en los que intervenir.

El número de casos en los juzgados de Sahagún, Cistierna, Astorga, Villablino y La Bañeza se encuentran por debajo de la media por lo que “no se estima imprescindible el incremento de la planta ni la adopción de medidas de refuerzo”.

Más funcionarios

Los problemas derivados del nuevo sistema judicial y en particular de la ejecución de sentencias lleva a que los jueces de la provincia planteen la necesidad de hasta 12 funcionarios más.

La Audiencia Provincial de León exige con carácter de urgencia 3 nuevas plazas para su oficina judicial, con el fin de resolver la insuficiencia de plantilla y el agravio comparativo frente a otras provincias con menor carga de trabajo, señalando en concreto que la comparativa entre Burgos y León es muy llamativa.

Para el Tribunal de Instancia de León (Sección Civil) los magistrados proponen la designación de 4 funcionarios más, ya que consideran insuficientes los 8 funcionarios de referencia actuales tras haber asumido nuevas tareas procedentes de las antiguas unidades de apoyo.

En el partido judicial de Ponferrada se requiere ampliar la plantilla con un funcionario más para la sección civil (tramitador procesal) para compensar el desequilibrio generado tras la separación de jurisdicciones. Además solicitan también como prioridad la ampliación de la plantilla del Registro Civil con al menos un funcionario más. Y para el Servicio Común de Ejecución de Ponferrada se solicita un refuerzo indispensable de al menos 3 funcionarios adicionales para poder asumir las nuevas tareas de asistencia directa a jueces y magistrados que exige el nuevo modelo organizativo

'Sala Amable' o 'Gesell'

Una petición recurrente es la habilitación de una 'Sala Amable' o cámara 'Gesel'. Es un espacio cuyo objetivo es humanizar el sistema judicial y ofrecer un entorno seguro, neutro y adaptado para proteger el bienestar de menores, adolescentes y personas con discapacidad. Esta sala evitaría la victimización secundaria y minimizaría el impacto emocional cuando estos grupos vulnerables tienen que comparecer en el juzgado para la práctica de pruebas preconstituidas, exploraciones, valoraciones psicosociales o entrevistas forenses.

Ponferrada también pide una sala de este tipo, recordando además que hay sobre la mesa desde abril del 2025 una propuesta para su ejecución con un bajo coste, “aunque se confía en que la petición sea atendida dado el escaso coste que supone y las innegables ventajas y beneficios que ofrecería la creación de este recurso”.

La Audiencia Provincial de León se queja en un informe anual del restraso para la puesta en marcha de esta sala por restraso en las obras, “Aún no está habilitado el espacio acondicionado para los menores y la grabación de las pruebas preconstituidas en el edificio de la Audiencia, si bien las obras han finalizado y se encuentra en la última fase, con importantes defectos que deberán solventarse y un retraso vinculado a las obras en el resto del edificio”.

Incorporar Villablino a El Bierzo

El informe anual plantea desde el Tribunal de Instancia de Ponferrada la propuesta de integrar el partido judicial de Villablino en el de Ponferrada buscando lograr una mayor especialización de la respuesta judicial y la optimización de los recursos disponibles en las comarcas de El Bierzo y Laciana.

Entre las aportaciones positivas que se citan, una vieja propuesta que vuelve, es que actualmente, la prestación del servicio de Juzgado de Guardia en Ponferrada recae sobre tan solo tres Juzgados de Instrucción, lo que supone una carga de trabajo muy elevada. Al integrar Villablino, su juzgado pasaría a convertirse en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, lo que aliviaría y equilibraría significativamente la carga de trabajo entre los distintos órganos judiciales.

Para asegurar que esta integración no aleje la justicia de los ciudadanos, el planteamiento sugiere mantener la sede de Villablino como una Oficina de Justicia Municipal dotada de personal funcionario. De este modo, los habitantes de la zona podrían seguir presentando escritos, realizando trámites presenciales y conectándose telemáticamente con la sede judicial berciana.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de renombrar la demarcación como “partido judicial de Ponferrada y Villablino”. Aunque esta iniciativa no fue acogida inicialmente por el Ministerio de Justicia ni por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la memoria insiste en que es un escenario futuro de gran utilidad que no debería caer en el olvido

Fotocopiadora que no funciona

Una de los resúmenes del año judicial más curiosos corresponde al Juzgado de Sahagún, ahora Tribunal de Instancia de Sahagún, donde su titular ha resumido las necesidades e incidencias de la demarcación judicial facundina de una forma bastante coloquial pero que, habida cuenta de lo enrevesado a veces del lenguaje judicial, sirve para entender lo que sucede a todo el mundo.

En ella relata cómo, por distintas incidencias, se ha tardado casi tres meses en activar de forma correcta el número de teléfono de guardia judicial, desde que la tarjeta SIM se haya enviado mal a que se tarde en recibir 15 días y hasta tener que poner su teléfono personal durante más de un mes para acoger las llamadas desviadas.

Y dejaba para el final un problema que se alargaba en el tiempo en el momento de redactar el informe anual, “La sede del tribunal, dispone una fotocopiadora, si bien hace tres semanas que esta estropeada y todavía no han venido a arreglarla habiéndose dado la correspondiente incidencia”.

Y llamativo es que el Presidente del Tribunal de Instancia de Ponferrada, hace una defensa por escrito de la labor del personal adscrito a los juzgados, “La labor callada, en ocasiones poco reconocida, de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia, que prestan su apoyo insustituible y necesario a la labor jurisdiccional de Jueces y Magistrados, obliga a reconocer, aunque sea al menos desde estas letras, que las tasas de resolución de la actividad judicial y su buena marcha son igualmente el fruto de su esfuerzo y dedicación, lo que es prueba de la profesionalidad de estos colectivos, de su implicación personal y de su vocación sincera de servicio a las personas, debiendo lamentar el constante sobreesfuerzo al que se les ha sometido durante el año 2025 debido al aluvión de cambios organizativos y logísticos que de forma imprevista, cuando no improvisada, se han impuesto a su labor, sin contar con ellos e incluso a veces en contra de sus intereses legítimos”.

El acusado de provocar un incendio forestal con siete focos que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad y que obligó a desalojar la localidad de Berlanga del Bierzo en agosto del año pasado ha aceptado cuatro años y medio de cárcel por un delito de incendio forestal.

La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Junta de Castilla y León y la defensa del acusado han mostrado plena conformidad con el escrito planteado por las acusaciones y se han comprometido a no presentar recurso, por lo que la sentencia, conocida en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de León este martes, es firme.

Además de la pena de cuatro años, seis meses y un día, el acusado ha sido condenado al pago de una multa de 21 meses y un día con una cuota diaria de seis euros, es decir, 4.326 euros, y en concepto de responsabilidad civil deberá afrontar indemnizaciones que suman un total de 70.428,16 euros.

De esta cantidad, 44.770,83 euros se destinarán a la Junta de Castilla y León por gastos de extinción; 17.885,11 euros al Gobierno de España por medios materiales y personales y 7.772,22 euros a los titulares de montes particulares afectados.

Dos incendios con varios focos

Según ese escrito los hechos comenzaron la noche del 27 de agosto de 2025, cuando el acusado agrupó restos de arbustos y material vegetal y, a las 3.30 horas, generó cinco puntos de ignición con un mechero que fueron rápidamente extinguidos por agentes de la Guardia Civil.

Ese mismo día, a las cinco de la tarde, el acusado, de veinte años, volvió a actuar prendiendo fuego en una zona boscosa al suroeste de Berlanga del Bierzo con siete focos diferentes a lo largo de un kilómetro.

El presunto autor fue localizado saliendo de la zona por un conductor al que pidió que le transportara. Ante la negativa de este ciudadano, que alertó de los hechos, un agente medioambiental localizó al joven, quien admitió ser el autor del fuego.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil procedieron a su detención definitiva. El joven confesó nuevamente los hechos y aseguró haberse deshecho del mechero utilizado.

Siete hectáreas calcinadas en época de riesgo extremo

El incendio, que se dio por extinguido el 4 de septiembre de 2025, calcinó 7,09 hectáreas, de las cuales 2,09 eran de terreno arbolado y 5 de matorral y monte bajo.

En el momento de los hechos, la zona se encontraba bajo riesgo extremo de incendios debido a una ola de calor.

La gravedad de la situación, clasificada como IGR2, obligó a dar la orden de evacuación de dicha población, aunque no se puso en peligro concreto la vida de ninguna persona.

El acusado, nacido en el año 2005 y con antecedentes penales por conducción sin permiso, permanecía en prisión preventiva desde el 28 de agosto de 2025.

Aunque los informes indican que presenta un coeficiente intelectual límite con personalidad disocial, la Fiscalía subraya que no tiene alteradas sus capacidades volitivas e intelectivas y es plenamente consciente de la magnitud y alcance de sus acciones. 

La Guardia Civil ha detenido en la comarca de La Bañeza, en la provincia de León, a un hombre de 53 años de edad como presunto autor de un delito continuado de daños. Está acusado de ser el autor de numerosos y graves desperfectos en un total de catorce vehículos que estaban estacionados en varias calles, así como en una vivienda, utilizando para ello un enorme hacha de 50 centímetros de longitud.

La investigación se inició tras una llamada telefónica a las dependencias de la Guardia Civil que alertaba de que el ocupante de una furgoneta estaba causando, por motivos desconocidos, daños en varios vehículos de un pueblo de la comarca de La Bañeza, el cual no se detalla en la nota de prensa remitida por la Subdelegación del Gobierno de León.

Una patrulla llegada al lugar consiguió identificar al conductor y único ocupante del vehículo sospechoso, el cual portaba en su interior el hacha con la que supuestamente se causaron los daños. El arma fue intervenida.

Durante el desarrollo de la investigación se recabaron diversos indicios y pruebas que permitieron determinar la presunta participación del identificado en unos actos vandálicos que afectaron, en el recuento final, a un total de catorce vehículos y a un inmueble de la localidad. Como es lógico, dada la violencia utilizada, los hechos habían generado un gran temor entre los vecinos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el hombre pasó a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, en funciones de guardia.

El Partido Popular reclama a la Diputación de León que “aclare” la denuncia que habrían presentado en los juzgados las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras por no haberle actualizado los precios desde 2017 hasta la firma del actual contrato, suscrito en 2023.

Según el PP, esta discrepancia supondría que la institución provincial tenga que abonar la diferencia por el aumento de los precios desde 2017 acentuado por la Guerra de Ucrania así como los intereses de demora en caso de que la Justicia dé la razón a las empresas adjudicatarias.

Las compañías, afirman los populares, ya habían reclamado a la institución provincial esa adecuación de los precios al momento amparándose en el pliego aprobado en 2015 que contempla, a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, una revisión de precios “en la parte de obra” y del decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el Gobierno en el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras a raíz de la Guerra de Ucrania.

Sin embargo, la reclamación fue rechazada por la Diputación, asegura el PP, con el argumento de que el contrato original no contemplaba la revisión de precios. Los populares precisan que en el momento de reclamación estaba prorrogado hasta la licitación y adjudicación de un nuevo acuerdo para la conservación de la red provincial de carreteras.

La Diputación adjudicó en el año 2015, gobernada la institución por el PP, un contrato de mantenimiento de las carreteras de la red provincial en dos lotes, correspondientes a la zona occidental y oriental, por un importe de 1,5 millones de euros anuales en cada sector. Este contrato tenía una vigencia de dos años con prórroga máxima de dos años hasta 2019.

Ahora desde la oposición, el Partido Popular señala que el anterior equipo de Gobierno del PSOE y UPL prorrogó sucesivamente el contrato “sin soporte contractual” durante casi todo el mandato con pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito y no licitó el nuevo contrato hasta 2021, aunque este primer intento se paralizó porque Ineco, la consultora pública dependiente del MInisterio de Transportes, no asumió la valoración de las ofertas y tuvo que volver a convocarse el concurso.

El nuevo contrato, concluyen los populares, se adjudicó tras varios meses de procedimiento administrativo en el año 2023, que es el actualmente vigente, con un incremento de la dotación de 3 millones de euros anuales para cada uno de los dos sectores.

El actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL ha anunciado recientemente que privatizará la Oficina de Expropiaciones llamada a desbloquear proyectos de arreglos de viales.

No será este articulista quien entre a juzgar la actuación de los jueces, ya saben, ese Tercer Poder cuyos miembros, incluso cuando aciertan ‘fallan’, por más que algunas de sus acciones, autos y sentencias chirríen. Más como en altas instancias es una pugna descarnada entre magistrados conservadores y progresistas, confiemos que el criterio de justicia prevalezca y la razón y la verdad resplandezca sin tintes políticos.

Este artículo quisiera comentar un detalle que al parecer ha pasado bastante desapercibido y en el que los jueces sólo han sido una derivada del asunto principal. Una jueza de la capital pucelana ha sentenciado a la revista satírica El Jueves a resarcir a la Fundación Abogados Cristianos, que tiene su sede en Valladolid –siempre Valladolid en todas las salsas–, con la cantidad de seis mil (6.000) euros que se desglosan en dos epígrafes. Dos mil (2.000) euros para la entidad y cuatro mil (4.000) euros para la presidenta de la misma, Polonia Castellanos, que, cosa curiosa, también es de Valladolid. 

Polonia Castellanos, al parecer, es hija de zamoranos y es fundadora de esta formación ultracatólica que hace declaraciones de este jaez según la prensa nacional: “El mal no descansa ni los fines de semana ni en verano. Nunca”. Esta señora, al frente de su fundación, interpone querellas a todo aquello que pueda ser tenido por injurioso, difamatorio o atentatorio contra la religión católica y así, en los dieciocho años de andadura de los Abogados Cristianos ha hecho pasar por el juzgado a personajes públicos e instituciones con tan poco éxito como abundante repercusión mediática. Por no ser tildado de anticlerical, ni siquiera traeré a colación lo de la aconfesionalidad del Estado Español. 

La parte demandada, la revista el Jueves, ha sido demandada por calificar a la señora Polonia de ‘gilipollas del año’ motivo por el que ha sido condenada –la señora no, la revista – por un delito contra el derecho al honor. Tras abonar los seis mil euros mencionados, a la editorial se le ha ocurrido hacer eso que ahora se llama un crowdfunding, palabreja que podría ser sustituida con ventaja por términos como ‘colecta’ o ‘micro mecenazgo’. Sea como fuere, un responsable del sector demandado ha declarado con desahogo, que han recaudado una cantidad suficiente para pagar la deuda y poder volver a utilizar calificaciones similares, así como a publicar otras sátiras religiosas, amén de haber visto incrementada su tirada mensual.

Publicaciones satíricas españolas

Sucede que, a mediados del siglo XIX y principios del XX, proliferaron en España publicaciones cáusticas contra todos los estamentos del país que muy probablemente hoy serían reprimidas con inusitado rigor por la judicatura nacional a juzgar por los resultados de la controversia surgida entre el Jueves y Abogados Cristianos. Si revistas como La Flaca o Gedeón, por poner sólo un par de publicaciones críticas con el poder imperante, o algunas otras como la decimonónica ‘Los Borbones en pelota’, colección de láminas descarnadas sobre la ‘licenciosa’ vida sexual de Isabel II, se publicaran hoy, no quiero pensar las penas que podrían imponerles. 

Isabel II estuvo casada con Francisco Asís de Borbón, hombre tenido por afeminado e impotente, y de quien se dice que llegó a decir que en la noche de bodas llevaba más bordados en su camisón que ella misma. La pareja tuvo doce hijos además de numerosos abortos y según diversos cronistas, varios de ellos eran de distinto padre. Se comentó que había tenido relaciones con diversos generales, como O'Donell o Serrano, el general bonito, y otros miembros del escalafón militar, así como ministros y otras personalidades de la vida pública del momento. Incluso se dijo que Alfonso XII era hijo del noble valenciano Enrique Puigmoltó y Mayans. La reina fue nombrada como la Reina Ninfómana.

El comportamiento de esta reina motivó duras críticas hasta el extremo que vio la luz la publicación de las ilustraciones citadas, cuya autoría se le atribuye –quien sabe si acertadamente– a un hermano de Gustavo Adolfo Becker y a el mismo. En las ilustraciones no se deja nada a la imaginación, se caricaturiza a su regia persona y a un extenso elenco de ‘presumibles’ amantes, siempre con desnudos y en obscenas posturas. Reproduce escenas subidas de tono y a veces con un trasfondo de grotesca pornografía.

¿Más libertad de expresión en el siglo XIX que en el XXI?

Si ahora rebobinamos todo lo expuesto –ruego a todo lector que compruebe la veracidad de cuanto aquí se ha vertido– se imponen, así, a bote pronto, una conclusión y una pregunta. La conclusión es que en España, la libertad de expresión era muy superior en el siglo XIX que en pleno siglo XXI. Las publicaciones críticas del momento no fueron censuradas ni perseguidas. La pregunta se hace inevitable: ¿Si una sentencia judicial condena a pagar seis mil euros por llamarle ‘gilipollas del año’ a una señora, cuál sería la pena por sacar a la reina de España desnuda y realizando el acto sexual con diversas personalidades de la vida pública española? ¿Alcanzaría con una pena pecuniaria?

Cabe pedirles a los jueces coherencia y ecuanimidad al juzgar a ‘diestros’ y ‘siniestros’ cuando aplican la legalidad vigente, que eso y no otra cosa es la ley. Lo de la Justicia es cualidad innata en las personas, aunque a veces se omita o se haga por ignorarla. Y como corolario, tiéntense la ropa los que suspiran por escindir el territorio de León del territorio castellano, porque me temo que podrían querellarse los Abogados Cristianos vallisoletanos alegando que nuestras aspiraciones contravinieran los mandatos bíblicos y los principios religiosos. 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La Fiscalía de Área de Ponferrada pide una pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión para el hombre acusado de causar el incendio forestal que llegó a nivel 2 de peligrosidad y obligó a desalojar la localidad de Berlanga del Bierzo el 28 de agosto del pasado 2025, en plena oleada de fuegos en la provincia de León. El juicio tendrá lugar el próximo martes, 9 de junio, en la Audiencia Provincial.

La solicitud del Ministerio Público incluye también una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante esos cuatro años y medio, así como la imposición de 21 meses y un día de multa con una cuota diaria de 6 euros y tres indemnizaciones: dos en concepto de gastos de extinción por valor de 44.770,83 euros a la Junta de Castilla y León y de 17.885,11 euros al Gobierno de la nación, y una en ejecución de sentencia por valor de 7.772,22 euros a titulares de montes particulares.

El acusado, que confesó ser el autor de los hechos, ya cumple prisión preventiva. Fue localizado en primera instancia el propio día del incendio por un agente medioambiental en servicio y posteriormente detenido por agentes de la Guardia Civil. Varios testigos vieron cómo el acusado, con antecedentes por conducir sin permiso, agrupó el día anterior arbustos y material vegetal en las inmediaciones de Berlanga hasta acabar prendiéndolos de madrugada con un mechero en cinco puntos diferentes.

En plena ola de calor y oleada de incendios, este de Berlanga del Bierzo se dio por controlado en la tarde del 29 de agosto y por extinguido en la mañana del 4 de septiembre. El fuego acabó quemando un total de 7,09 hectáreas, de la que 2,09 corresponden a terreno arbolado y las otras 5 a matorral y monte bajo.

Tras ser detenido, el hombre, un joven entonces de 20 años de edad, quedó provisionalmente en libertad para ser, no obstante, internado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital El Bierzo. El acusado se mantiene ahora en prisión preventiva hasta la vista de este próximo 9 de junio.

Una mujer leonesa ha visto confirmada su condena por apropiarse de más de 55.000 euros que formaban parte de la herencia de su hermana fallecida y ocultar ese dinero al resto de familiares con derecho al reparto. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) considera probado que vació las cuentas compartidas con la fallecida, trasladó el dinero a una cuenta bajo su exclusivo control y trató de impedir que el resto de herederos conocieran la existencia de esos fondos.

La resolución mantiene la pena de un año de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de León, así como una multa de seis meses. Además, introduce una novedad relevante: declara a Caixabank responsable civil subsidiaria al entender que empleados de la entidad permitieron operaciones que no deberían haberse autorizado.

Los hechos se remontan a 2015. Tras el fallecimiento de una mujer que no había otorgado testamento, debía repartirse una herencia en la que figuraban una cuenta bancaria y un depósito de capital compartidos con una de sus hermanas. Entre las dos cosas, la cuantía a repartir ascendía a más de 111.000 euros.

Según recoge la sentencia, apenas unos días después de la muerte, la hermana cotitular comenzó a retirar fondos. Primero extrajo 6.000 euros en efectivo, después otros 5.000 euros, sacó además 4.000 euros del depósito asociado y finalmente transfirió 96.000 euros a una cuenta de la que era la única titular. De esta forma dejó completamente vacíos los productos financieros compartidos.

Meses más tarde, cuando se inició la tramitación de la herencia y la liquidación del impuesto de sucesiones, la mujer elaboró un inventario de bienes en el que no incluyó ni la cuenta bancaria ni el depósito. Para los tribunales, esa omisión no fue un error, sino una actuación deliberada para quedarse con ese dinero y evitar que el resto de familiares recibieran la parte que les correspondía.

La ocultación acabó generando además problemas económicos para otros miembros de la familia. Años después, la Agencia Tributaria descubrió la existencia de los bienes no declarados y exigió liquidaciones complementarias del impuesto de sucesiones. Una hermana de la fallecida tuvo que abonar más de 3.300 euros, mientras que dos sobrinas afrontaron pagos adicionales superiores a 1.500 euros cada una.

La Audiencia Provincial de León ya había condenado a la acusada por un delito de apropiación indebida agravada al considerar que la cantidad apropiada superaba los 50.000 euros. Además de la pena de prisión y la multa, la sentencia le obligó a devolver a la herencia 55.948,66 euros y a indemnizar a los familiares perjudicados por las consecuencias fiscales derivadas de la ocultación.

La defensa recurrió posteriormente la condena alegando que no existía apropiación indebida, que parte del dinero le pertenecía por ser cotitular de las cuentas y que la cantidad realmente perjudicada era inferior al límite exigido para aplicar la agravante. También sostuvo que los hechos habrían prescrito.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia rechaza todos esos argumentos. Los magistrados consideran acreditado que la mujer actuó como propietaria exclusiva de unos fondos que debían formar parte de la herencia y recuerdan que, además de vaciar las cuentas, ocultó posteriormente su existencia al resto de herederos.

La Sala también descarta que pueda beneficiarse de la excusa absolutoria prevista para determinados delitos patrimoniales cometidos entre familiares. Entre los perjudicados figuraban dos sobrinas de la fallecida, familiares que no están incluidos en los supuestos contemplados por esa excepción legal.

Respecto a Caixabank, el TSJ sí estima parcialmente el recurso presentado por las familiares perjudicadas. Los magistrados entienden que los empleados de la sucursal permitieron retirar y transferir la totalidad de los fondos pese a tratarse de una cuenta y un depósito de disposición mancomunada, para los que era necesaria la firma de ambas titulares.

Por ello, el tribunal revoca la absolución civil de la entidad bancaria y la declara responsable civil subsidiaria de las cantidades que deba afrontar la condenada. El resto de la sentencia queda íntegramente confirmado.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anuncia refuerzos en la plantilla actual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Castilla y León con tres nuevos profesionales: se trata de un psicólogo en Ávila, un educador social en Salamanca y un técnico de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en León.

La medida se incluye en un plan integral del Ministerio para mejorar la eficiencia de los antiguamente conocidos como institutos anatómicos forenses de las cinco comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia.

En total, se incorporarán 33 nuevos profesionales: 23 técnicos de equipos psico-sociales (psicólogos, trabajadores y educadores sociales) y 10 técnicos de autopsias. Su incorporación se iniciará el próximo mes de julio y supondrá un crecimiento del personal laboral del 15,6%.

El objetivo estatal es avanzar en la mejora estructural del personal laboral de estos Institutos, garantizando un servicio público eficaz, de calidad y acorde con la relevancia de su función: auxiliar a la Administración de Justicia mediante pericias del ámbito de la psicología, trabajo social y educación social en casos de violencia de género y sexual, guarda y custodia, etc., así como en la realización de autopsias judiciales.

El plan integral para los Institutos, en el que el Ministerio trabaja desde hace meses, incluye medidas organizativas para mejorar la eficiencia y homogeneidad en la elaboración de las periciales. Entre ellas, un nuevo modelo organizativo más eficiente y basado en un análisis exhaustivo de las cargas de trabajo, la aplicación de metodologías comunes de intervención y modelos de informes protocolizados y una mayor colaboración entre distintos Institutos de Medicina Legal, explican en un comunicado de prensa.

La funcionarización, en tramitación parlamentaria

El Ministerio también está comprometido con el proceso de funcionarización del personal laboral de los IMLCF, una medida incorporada ya en el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

La funcionarización permitirá dotar a estos profesionales de un estatuto homogéneo, reforzar su encuadre orgánico y funcional y avanzar en la consolidación de un modelo más cohesionado y estable, concluyen.

Una mujer leonesa ha sido absuelta del delito de descubrimiento y revelación de secretos del que le acusaba su exmarido tras haber señalado en el proceso de divorcio del matrimonio que su expareja pertenecía a los Testigos de Jehová. La Audiencia Provincial de León ha ratificado el pasado mes de abril la absolución previa dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de León, en un proceso que se remonta al año 2022

El conflicto legal se originó cuando la mujer presentó en el juicio civil de divorcio una fotografía de una carta manuscrita de su expareja sobre su vínculo que tenía con los Testigos de Jehová, lo que derivó a continuación en una denuncia por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Lo hizo, según los hechos probados, “con la finalidad de acreditar las circunstancias personales que determinaban un concreto reparto de bienes adquiridos durante el tiempo que se desarrolló la convivencia y la necesidad de pago de la pensión compensatoria, presentándose a través de su representación procesal como prueba en el ámbito restringido de un proceso judicial matrimonial”.

El tribunal confirma la sentencia absolutoria previa tras determinar que la acusada no obtuvo el documento de forma ilícita ni tuvo la intención deliberada de difundir información privada fuera del ámbito judicial. Los magistrados concluyen que el uso de dicha prueba en un proceso de liquidación de bienes no vulneró el derecho a la intimidad, ya que no se produjo una divulgación pública ni existió dolo criminal. Por tanto, la sala ratifica la inocencia de la recurrida y desestima la petición de nulidad o condena solicitada por el apelante.

“No consta -o al menos no se ha acreditado- que la recurrida se haya apoderado de modo torticero esos documentos a los que se alude en la querella y con la única finalidad de darlos a conocer a terceros”, señala la sentencia, que explica que “En todo lo caso (...) -lo que es crucial- no existen datos que la acción fuese consciente, deliberada, en suma, dolosa o intencional para transmitir a terceros (al margen de los argüidos en el procedimiento) ese dato personal”, explican.

Recuerdan los jueces que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere que la conducta sea consciente y deliberada para vulnerar la intimidad. En este caso, el tribunal consideró que no existen datos que demuestren una acción dolosa o intencional para transmitir datos personales a terceros fuera del procedimiento judicial. Por ello confirman la absolución al considerar que la actuación de la acusada no integraba el tipo penal debido a que el uso de la carta se limitó estrictamente a la defensa de sus intereses en un pleito familiar.

La Audiencia Provincial de León juzga este lunes 1 de junio a un joven acusado de traficar con drogas en Ponferrada y de agredir a un policía municipal cuando intentó huir de los agentes. La Fiscalía solicita para él una condena de cinco años de cárcel y una multa de 2.145 euros.

Los hechos se remontan a la madrugada del 5 de abril del año pasado. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, una patrulla de la Policía Municipal se acercó a un vehículo aparcado sobre la acera en la calle General Gómez Núñez de Ponferrada, en el que se encontraba el joven en el asiento de detrás. Los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior y procedieron a identificar al acusado.

Siempre según la versión de la Fiscalía, este trató de escapar para evitar de ser registrado y empujó a uno de los policías. El agente sufrió una contusión en una mano que requirió asistencia sanitaria y tardó cuatro días en recuperarse. Por ello, el Ayuntamiento de Ponferrada le reclama 73,75 euros por los gastos médicos derivados de esa atención.

Durante el cacheo, los agentes le encontraron diez pastillas de MDMA repartidas en dos bolsas, seis envoltorios de cocaína y varias bolsitas con marihuana y resina de cannabis que, según la acusación, llevaba ocultas entre los genitales. También le intervinieron 100 euros en efectivo y dos teléfonos móviles.

La droga incautada alcanzaría un valor superior a 680 euros en el mercado ilegal. La Fiscalía considera que las sustancias estaban destinadas a la venta o distribución a terceros, por lo que le atribuye un delito contra la salud pública.

Además, el acusado ya había sido condenado en 2024 por la Audiencia Provincial de Madrid por otro delito de tráfico de drogas. Aquella sentencia le impuso una pena de cuatro años y un día de prisión cuya ejecución había sido suspendida poco antes de los hechos ahora juzgados. Por este motivo, la acusación aprecia la agravante de reincidencia.

Junto al delito de tráfico de drogas, la Fiscalía lo acusa también de atentado contra agente de la autoridad y de un delito leve de lesiones. En total solicita cinco años de cárcel, una multa económica y el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Durante el juicio declararán el acusado, varios policías municipales que participaron en la intervención y los peritos que analizaron las sustancias intervenidas. También se visionarán las grabaciones incorporadas a la causa.

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa a otro varón residente cerca de La Bañeza ante el que se hicieron pasar por agencia o casa de citas hasta cobrarle por adelantado servicios de carácter sexual que no llegaron a producirse. Las pesquisas dieron con los supuestos responsables, a los que relacionan con un entramado familiar que utilizaba este tipo de métodos en el municipio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Fue el Área de Investigación de la Guardia Civil en La Bañeza la que abrió la investigación tras una denuncia en la que la víctima expuso que había solicitado unos servicios de carácter sexual en una página de contactos con una supuesta mujer de compañía hasta concertar un precio por un encuentro. Según la versión del denunciante, este abonó por adelantado unos 1.400 euros a través de una plataforma de pago móvil. Pero el servicio nunca llegó a prestarse.

Dadas las características del caso, los investigadores se percataron de que el método empleado por los estafadores consistía en la publicación de perfiles falsos utilizados como reclamo para captar a potenciales clientes mediante la publicación de fotografías o vídeos con la aparición de mujeres de atractiva presencia como gancho.

Las indagaciones llevadas a cabo condujeron a un entorno familiar que usaba este método para estafar a las víctimas y que se radicada en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca. Y los agentes solicitaron la colaboración del puesto de la Guardia Civil en Los Palacios, desde donde se procedió a investigar a dos personas como presuntos autores de una estafa consistente en hacerse pasar por una agencia o casa de citas para concertar encuentros de tipo sexual y cobrar por adelantado sin llegar nunca a materializarse ese servicio.

El caso es que las víctimas de este proceder creían estar hablando por aplicaciones de mensajería instantánea con la mujer con la que iban a tener un encuentro íntimo sin percatarse de que realmente se trataba de la conocida como estafa de la chica escort, un fraude bastante común. Las investigaciones ya se han puesto en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza.

Ocho años después de una primera denuncia judicial, la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, y desde hace un año líder de Unión del Pueblo Leonés (UPL), queda totalmente liberada de una causa judicial que la perseguía desde entonces, a cuenta de su postura en contra de poner en marcha el cuerpo de Policía Local en el municipio leonés, como reclamaban los denunciantes.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha confirmado íntegramente el sobreseimiento provisional y archivo de la causa seguida contra Gallego, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental. Ocurre así al desestimar ya en última instancia el recurso presentado por la Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León (AVIMUCYL) y concluye “que no existen elementos suficientes para mantener la acusación penal”, remarca hoy esta formación política en una nota de prensa.

La asociación había presentado un recurso de apelación frente al auto de sobreseimiento dictado por la Sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza-León ya en enero de 2025 y cuyo origen se sitúa en la denuncia presentada en noviembre de 2018 por los tres vigilantes municipales de Santa María del Páramo ante la Fiscalía de León, que la remitió al Juzgado de La Bañeza.

La Audiencia Provincial concluye ahora con claridad que, tras la práctica de numerosas diligencias de investigación, no concurren elementos suficientes para sostener la existencia de delito, ni de prevaricación, ni de falsedad documental.

La resolución recuerda expresamente que la causa ha permanecido abierta durante cerca de seis años, la anterior denuncia archivada de la misma asociación se remonta a ocho años atrás. Resalta, según el comunicado, que durante ese tiempo se practicaron “abundantes diligencias de investigación”, incluyendo documentación administrativa, informes oficiales y numerosas declaraciones testificales.

El texto recoge que a la luz de dichas diligencias cabe “excluir la existencia de hechos susceptibles de calificación penal, ni menos aún, de atribuir implicación alguna en los mismos de la denunciada, pues debe insistirse, que nos encontraríamos ante un conflicto profesional, o incluso personal, entre los entonces denunciantes, integrados en la asociación que ejerce la acusación popular; resultando suficientes, a juicio del instructor, las diligencias de investigación practicadas, las cuales permiten excluir la relevancia jurídico penal de los hechos”. Y abunda el auto en que podrían tratarse alguno de los hechos de meras facultades dentro del uso de las tareas propias del ejercicio de las labores del gobierno municipal.

Conflicto previo y “enemistad”

La resolución judicial recoge la existencia de un contexto de conflicto previo entre las partes, al señalar que en las declaraciones testificales se apreciaban “ciertos motivos de enemistad” y una “mala relación” vinculadas al conflicto abierto por la creación de un cuerpo de Policía Local y otras discrepancias en el funcionamiento municipal. Por eso, la sala concluye que el asunto responde más bien a un conflicto profesional, e incluso personal, que a un relato penalmente consistente.

Además, el propio Tribunal recoge que la pretensión de creación de un cuerpo de Policía Local, en un contexto en el que solo existían vigilantes municipales, fue sometida a la Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, resuelta en sentido desfavorable, de modo que dicha posibilidad quedó judicialmente descartada y no fue un capricho de la alcaldesa.

UPL valora que esta decisión “no solo archiva definitivamente una causa prolongada e infructuosa, sino que avala la actuación de Alicia Gallego frente a unas acusaciones que no han resistido el contraste judicial”. “En un contexto político donde durante años se ha intentado convertir una discrepancia administrativa y laboral en una imputación penal, el Auto pone fin a una estrategia y devuelve el debate al terreno que realmente le corresponde: el de la política municipal y la gestión pública”, concluyen.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado este miércoles un auto de ejecución forzosa de sentencia mediante el que se impide la subida del ganado asturiano, de Mieres, al Puerto de Pinos, en la provincia de León. Se trata de una decisión que han celebrado las juntas vecinales leonesas afectadas de la comarca de Babia, con derechos históricos de pasto, ante la inminencia de la fecha para que las reses mierenses subieran habitualmente otros años.

De todos modos, la medida llega cuando, sobre el papel, el ganado de Mieres no dispone de las obligatorias guías que debe otorgar la Junta de Castilla y León, que este año, como el pasado, decidió denegarlas tras la última sentencia de altos tribunales que zanjaba que a pesar de que Pinos es propiedad del Concejo hace un siglo, no puede ejercer competencia alguna en otra provincia y autonomía, como es León. Sin embargo, la Junta sí da el parabién al ganado babiano, de las cuatro juntas vecinales del Ayuntamiento de San Emiliano, que llevan tiempo pastando allí.

Según ha dado a conocer en un comunicado el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, el juzgado ovetense ha dictado auto sobre sentencia firme, estimando íntegramente la solicitud de ejecución urgente presentada el lunes por las juntas vecinales de Babia. Y ha advertido al Ayuntamiento de Mieres de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir por acción u omisión al desobedecer el mandato judicial. Las pedanías de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán presentaron ese escrito porque está prevista para esta semana la subida de animales de Mieres a los terrenos de Pinos, situado en el término municipal de San Emiliano, en Babia, pese a las últimas resoluciones judiciales.

Las juntas vecinales, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el Ayuntamiento de San Emiliano y la Asociación Montaña de Babia y Luna, por medio de su representante legal, han calificado este auto de ejecución forzosa de sentencia como “el espaldarazo definitivo a las reclamaciones históricas” planteadas por estas entidades.

Esta exigencia del cumplimiento de la sentencia, según recoge el auto, se hace extensible a la Guardia Civil a través de requerimientos expresos cursados por el juez a las Subdelegaciones del Gobierno de Asturias y de León, así como a las Unidades Veterinarias de Pola de Lena y de Villablino. Ya el año pasado, no disponiendo los ganaderos de las guías de Castilla y león, recibieron denuncias de la Guardia Civil, que la administración autonómica todavía tramita con las correspondientes sanciones.

Cien años de lucha por los pastos

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia por la titularidad y el aprovechamiento de 900 hectáreas de pastos situados en territorio leonés.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que siempre han favorecido a las pedanías leonesas.

La última decisión fue la del Tribunal Supremo que el pasado abril inadmitió el recurso de casación ante el Supremo del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.