El V Ciclo de Cine Jurídico, una iniciativa que organiza el Colegio de la Abogacía de León, se abre este jueves, 22 de octubre, con la proyección de la película Anatomía de un asesinato. Será a las 20.00 horas y en el Teatro San Francisco, hora y lugar que se repetirá en las tres restantes citas (El cliente, el jueves 29; Justicia artificial, el jueves 12 de noviembre; y Soy Nevenka, el jueves 19 de noviembre). La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Además de homenajear la historia del Colegio de la Abogacía de León, la actividad pretende acercar al público al mundo jurídico a través del cine al proporcionar un espacio de reflexión y debate sobre cuestiones legales, éticas y sociales.

Estrenada en 1959 y de 160 minutos de duración, Anatomía de un asesinato fue dirigida por Otto Preminger. El guion, basado en una novela de Robert Traver, lo firma Wendell Mayes. Encabezan el reparto James Stewart, Lee Remick y Ben Gazzara.

Sinopsis:

Frederick Manion (Ben Gazzara), un teniente del ejército, asesina fríamente al presunto violador de su mujer (Lee Remick). Ella contrata como abogado defensor a Paul Biegler (James Stewart), un honrado hombre de leyes. Durante el juicio se reflejarán todo tipo de emociones y pasiones, desde los celos a la rabia. Uno de los dramas judiciales más famosos de la historia del cine.

Jueves 22 de octubre. 20.00 horas

Teatro San Francisco. Calle La Corredera, 1, León

Entradas: gratuitas hasta completar aforo

El PSOE de Ponferrada ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por el incumplimiento, según denuncia, del acuerdo plenario que debía modificar la ordenanza fiscal que regula la tasa de los puestos exteriores del Mercado de Abastos.

El portavoz socialista, Olegario Ramón, ha explicado en rueda de prensa que la ordenanza establece el cobro por metros cuadrados, aunque desde hace años la tasa se aplica por metros lineales.

La modificación planteada por el equipo de Gobierno supondría, según los cálculos del PSOE, un incremento medio del 60,8 % para los comerciantes, por lo que los socialistas propusieron mantener el criterio de los metros lineales, pero hacerlo de manera legal, modificando el documento.

La propuesta salió adelante en un pleno extraordinario celebrado el 19 de junio de 2025, en el que se acordó iniciar la modificación de la ordenanza para adaptar el texto a la forma de cobro aplicada en la práctica, sin aumentar las cuotas.

Sin embargo, Ramón ha indicado que el acuerdo no se ha ejecutado, pese a las reiteradas preguntas del grupo en las comisiones municipales y a la intervención del Procurador del Común, que recomendó iniciar el procedimiento.

El portavoz socialista ha asegurado que esta situación mantiene la inseguridad jurídica para los vendedores, alrededor de 200 comerciantes, según sus estimaciones.

Ha explicado que el PSOE ha optado por acudir a los tribunales después de comprobar que sus reclamaciones no han logrado que se cumpla el acuerdo plenario. El grupo queda ahora a la espera de que se tramite la demanda.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un hombre por un delito leve de maltrato de obra después de que rociara con un spray de defensa la cara de su primo durante una discusión familiar relacionada con la herencia de su madre. Los hechos ocurrieron en junio del año 2025, en Villagallegos, en el municipio de Valdevimbre, según recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, dictada el pasado mes de septiembre.

El juzgado de La Bañeza ya había condenado al acusado a dos meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, lo que supone un total de 480 euros, además del pago de la mitad de las costas procesales. La misma resolución lo había absuelto del delito leve de amenazas y/o coacciones que se le atribuía y había absuelto también a sus dos primos de los delitos leves de amenazas por los que estaban acusados.

El condenado recurrió la sentencia y reconoció haber utilizado el spray contra su primo, pero sostuvo que lo hizo en legítima defensa. Según su versión, uno de sus primos le había amenazado previamente con una navaja y él habría reaccionado para protegerse. Sin embargo, ni el juzgado ni la Audiencia leonesa consideran que ese extremo quedara acreditado durante el procedimiento y que no existe prueba de que su primo llegara a exhibir un arma antes de que fuera rociado con el spray.

El tribunal recuerda que para apreciar la legítima defensa debe existir, entre otros requisitos, una agresión ilegítima previa, además de que el medio empleado resulte racional y no haya una provocación suficiente. En este caso, los magistrados consideran que no se ha demostrado esa primera condición, ya que ninguna prueba permite concluir que el primo sacara una navaja y que ese supuesto gesto provocara directamente la utilización del spray.

El recurso también pretendía que se condenara al primo por un delito leve de amenazas. La Audiencia mantiene, sin embargo, su absolución. La sentencia destaca que existían versiones contradictorias y que, más allá de la declaración del denunciante, no había otras pruebas que acreditaran que el acusado hubiera sacado una navaja. De hecho, el propio denunciante manifestó que la vio durante apenas “un segundo” y no pudo precisar cómo era, más allá de describirla como de “tamaño medio”.

La Audiencia considera por ello que el juez de primera instancia valoró correctamente las pruebas y aplicó el principio in dubio pro reo, al no existir elementos suficientes para superar la presunción de inocencia del primo acusado de amenazas. El tribunal señala además que el hecho de que el recurrente mantenga una interpretación diferente de las pruebas no constituye motivo suficiente para modificar una sentencia absolutoria correctamente razonada.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la absolución de un hostelero leonés, administrador de varias sociedades del sector de la restauración, a quien la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio Fiscal acusaban de delitos de fraude a la Seguridad Social y de alzamiento de bienes por un importe total bruto de 284.875 euros.

En su resolución, el TSJCyL ratifica de forma íntegra la sentencia emitida el pasado mes de abril por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Seguridad Social al que se había adherido la Fiscalía, por concluir que los impagos masivos de cuotas obedecieron a dificultades económicas y a gestión deficiente pero sin intención defraudatoria.

Las acusaciones atribuían al procesado un esquema sistemático de impago de cotizaciones a través de tres mercantiles vinculadas al sector hostelero en León, además de sus correspondientes cuotas como trabajador autónomo.

La deuda de la primera de las empresas ascendía a 130.356,38 euros, correspondientes al periodo de agosto de 2018 a febrero de 2022; la segunda, a 89.823,44 euros por el periodo de diciembre de 2014 a noviembre de 2018; y la tercera, a 39.255,67 euros por el periodo de diciembre de 2015 a octubre de 2016.

Además el acusado había contraído una deuda personal como autónomo de 25.439,75 euros (de enero de 2014 a enero de 2024), por lo que el importe total bruto de las deudas objeto de reclamación era de 284.875,24 euros.

Asimismo, la representación de la Seguridad Social sostenía que la venta en diciembre de 2020 de un inmueble destinado a plaza de garaje, propiedad de una de esas empresas, constituyó una maniobra de alzamiento de bienes encaminada a obstaculizar el cobro del crédito público pendiente.

No se aprecia plan defraudatorio preconcebido

Según expone la sentencia, el mero impago continuado de obligaciones de cotización o la acumulación de cuantiosas deudas no bastan por sí solos para integrar el tipo penal si no se prueban conductas de ocultación, alteración de datos, simulación de sociedades o entorpecimiento deliberado del cobro por parte de la Administración.

El tribunal destaca que las empresas mantuvieron una actividad real y visible, presentaron regularmente la documentación de cotización y estuvieron sometidas a procedimientos ejecutivos e incoación de expedientes en los que se lograron embargos de fondos.

Dichas circunstancias resultan compatibles con un escenario de severas dificultades financieras y de gestión empresarial caótica o deficiente, en lugar de un plan defraudatorio preconcebido, ha señalado el TSJCyL.

En relación con el delito de frustración de la ejecución por la venta del garaje por un importe de 13.500 euros, la Sala rechaza que la operación constituyera un ilícito penal.

El tribunal argumenta que el bien permaneció a nombre de la sociedad durante varios años y tampoco quedó acreditado que la venta se realizase a un precio simulado, mediante testaferros o con el fin de ocultar el patrimonio social.

Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado las condenas a siete meses de prisión por un delito de atentado en concurso leve de lesiones para una pareja que se enfrentó a varios agentes de la Policía Nacional en la plaza de Regla de León, después de reclamarles que retiraran un vehículo policial que, según los acusados, les molestaba para hacer una fotografía de la Catedral. La sentencia de este pasado mes de septiembre desestima el recurso presentado por la pareja y mantiene la condena, que además y mantiene íntegramente el fallo dictado en primera instancia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de octubre de 2023. Según lo recogido en la sentencia, un hombre se dirigió inicialmente a los agentes para pedirles que retirasen el vehículo policial porque les molestaba para realizar una fotografía de la catedral leonesa. Poco después, su pareja se aproximó a los policías y les increpó con expresiones como “trabajáis para mí, quitar el coche ya, que quiero hacer la puta foto, poneros en otro lugar”. Los agentes les requirieron entonces la documentación para identificarlos y proponerles una sanción al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') a lo que se negaron reiteradamente.

La situación terminó en un enfrentamiento cuando acudió una segunda patrulla en apoyo, señalan los hechos probados. La sentencia considera acreditado que la mujer se abalanzó hacia una de las agentes y continuó insultando y amenazando a los policías. En el transcurso de la intervención la mujer propinó un golpe en el pecho a uno de ellos y un puñetazo en el brazo a otro, mientras que el hombre se abalanzó posteriormente sobre uno de los agentes y le golpeó por la espalda. Finalmente, los policías tuvieron que emplear la fuerza indispensable para reducir y detener a ambos.

La sentencia recoge que la mujer profirió expresiones como “perros de mierda, sois unos auxiliares míos como los putos jueces, os voy a dar una hostia”.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos agentes sufrieron lesiones que precisaron asistencia médica y tardaron diez días en curar. La primera sentencia condenó a cada uno de los acusados a siete meses de prisión, además de multas y al pago de indemnizaciones a los agentes lesionados. La mujer recibió además una condena adicional por un segundo delito leve de leesiones, por que tiene que pagar una multa de 360 euros frente a una de 180 del hombre. Ambos deben afrontar además el pago de una indemnización conjunta de 350 euros a uno de los agentes. Y la mujer otra multa de otros 350 euros al segundo agente.

La pareja recurrió alegando, entre otras cuestiones, que no existía prueba suficiente para sustentar la condena, que eran personas sin antecedentes y que había contradicciones entre las declaraciones de los agentes y que la actuación policial había sido desproporcionada. También sostuvo que en León se desarrollaba en aquellas fechas un importante dispositivo de seguridad con motivo de la cumbre de ministros de la Unión Europea y que los policías podían haber actuado bajo presión.

La Audiencia Provincial ha rechazado sus argumentos de defensa y considera que las declaraciones de los policías constituyen prueba de cargo suficiente. Los magistrados señalan que los agentes declararon en el juicio sobre hechos que conocieron directamente y que no existe ningún elemento que permita poner en duda su credibilidad. La Sala también destaca que los testimonios quedaron respaldados por los partes de lesiones y los informes médico-forenses.

La sentencia recuerda además que el delito de atentado no exige necesariamente que llegue a consumarse una agresión: incluye el acometimiento, el empleo de fuerza, la intimidación grave o una resistencia activa y grave contra agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones. En este caso, la Audiencia de León considera que los insultos, amenazas, golpes y empujones acreditados encajan en ese delito.

La sentencia inicial imponía el pago a la pareja de dos quintas partes de las costas procesales, sin imposición expresa en el recurso ante la Audiencia Provincial. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un empresario de excavaciones por utilizar una finca particular de Toralino de la Vega, en el municipio leonés de Riego de la Vega, para depositar escombros procedentes de derribos y obras sin autorización de su propietario. La sentencia considera probado que realizó al menos cuatro vertidos en la parcela entre principios de 2022 y principios de 2023, utilizando un camión de su propiedad, y que la cantidad que se le atribuye asciende a 52 toneladas, equivalentes a 52 metros cúbicos.

La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 22 de septiembre, confirma así la sentencia del Juzgado de La Bañeza, que condenó al acusado como autor de un delito leve de usurpación de inmueble a tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, además de la retirada de los depositado asumiendo los costes. La sanción económica asciden a apenas 720 euros, y a mayores deberá indemnizar al propietario de la finca con el importe que se determine durante la ejecución de la sentencia por los gastos necesarios para retirar los escombros que se le atribuyen.

La finca afectada, de 700 metros cuadrados y la mitad vallada, había sido previamente vaciada tras la extracción de zahorra. Según los hechos probados de la sentencia, el empresario trasladó hasta allí residuos de derribo con el camión que utilizaba para su actividad profesional de excavación y retirada de escombros. El vehículo tenía una capacidad aproximada de 13 toneladas.

El condenado recurrió la primera sentencia alegando, entre otros motivos, que no existían pruebas suficientes para demostrar que él hubiera realizado los vertidos y cuestionando la valoración de los testimonios. También sostuvo que en la parcela habían depositado escombros otras personas y que la cantidad que se le atribuía no estaba suficientemente acreditada.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia contó con pruebas suficientes y corroboradas externamente: la declaración del propietario, las actuaciones de la Guardia Civil y los informes elaborados por un agente medioambiental acreditaron la existencia de los vertidos y la alteración de la finca. A ello se sumaron los testimonios de dos testigos, que aseguraron haber visto al acusado descargando escombros en la parcela. Uno de ellos identificó tanto al vehículo, que llevaba rotulado el nombre del empresario, como a su conductor, mientras que el segundo afirmó haber observado varios vertidos realizados con el mismo camión. La Audiencia considera que las pequeñas diferencias existentes en sus relatos se referían a detalles secundarios y no afectan al núcleo de sus declaraciones.

El tribunal también descarta que la presencia de otros vertidos realizados por personas no identificadas permita exonerar al condenado. La sentencia reconoce que en la finca había más residuos, hasta alcanzar los 900 metros cúbicos medidos por un agente medioambiental, pero subraya que la condena se limita exclusivamente a la parte que pudo ser atribuida al acusado mediante las pruebas practicadas.

En cuanto a la cantidad de residuos, la Audiencia considera razonable la estimación de 52 toneladas ya que el acusado fue visto realizando varios viajes y que él mismo reconoció dedicarse a la excavación y retirada de escombros y utilizar un camión con capacidad aproximada de 13 toneladas. La sentencia de primera instancia calculó como límite máximo cuatro cargas, una estimación que la Audiencia considera razonada y favorable al condenado.

La Justicia considera además que el hecho de que no pueda determinarse con exactitud matemática cuánto descargó en cada viaje no impide establecer su responsabilidad civil. La sentencia señala que, dadas las características de los hechos, es admisible realizar una estimación razonable a partir de los datos disponibles y limitar la responsabilidad a la cantidad de residuos que ha quedado acreditada. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella.

La llamada “ley de nietos” –establecida en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática– permite otorgar la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados.

Más concretamente: a descendientes de quienes perdieron la misma o renunciaron a ella por el exilio, a los hijos e hijas de mujeres que la perdieron por casarse con extranjeros antes de 1978 y a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o la de Memoria Democrática de 2022.

A través de una instrucción de octubre de 2022, el Ministerio de Justicia explicó mediante unas normas precisas el procedimiento para la tramitación de esas solicitudes de nacionalidad en las oficinas del Registro Civil, tanto en España como en los consulados.

Esta instrucción permite también nacionalizarse a hijos y nietos de personas originariamente españolas sin exigir en todos los casos pérdida de nacionalidad por exilio. Establece, además, una presunción de exilio para todas las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Iustitia Europa y Vox recurrieron dicha instrucción, proponiendo a la Junta Electoral Central (JEC) suspender la elaboración del Censo Electoral de españoles Residentes-Ausentes que viven en el extranjero (CERA). Ante la negativa de la JEC, interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre.

El Supremo acordó medidas cautelares sobre las inscripciones en el CERA que afectan a todos los descendientes de exiliados que no puedan acreditar de alguna manera que su antepasado fue víctima del exilio de la Guerra Civil o la dictadura. De esta manera, se da la paradoja de que algunos españoles que votaron en anteriores elecciones desde 2008, no podrán hacerlo el 29-N.

Conviene precisarlo: no se ha derogado la disposición octava de la ley, ni anulado colectivamente las nacionalidades. 'Sólo' se suspenden mediante esas medidas cautelares el derecho a voto mientras se resuelve el litigio en el Tribunal Supremo. Esta separación entre nacionalidad y el derecho a votar plantea el problema de fondo.

¿Votarán igual los hijos que sus padres?

El recurso de Iustitia Europa y Vox presupone que los nuevos ciudadanos favorecerán a determinadas formaciones con su voto. En realidad, nadie sabe cómo votarán. Pensar que lo harán necesariamente como sus padres o abuelos no tiene fundamento teórico ni empírico: los hijos de quienes dieron la mayoría absoluta a Felipe González en 1982 deberían dársela hoy a Pedro Sánchez. No sucede aquí, así que menos podemos suponerlo a miles de kilómetros.

De hecho, sería más razonable suponer que votarán de acuerdo con la cultura política del país en el que viven. Pero este argumento tiene el mismo problema: traslada comportamientos colectivos a individuos y equipara sistemas diferentes.

Las etiquetas izquierda y derecha no son intercambiables. Y el mapa latinoamericano actual es predominantemente de derechas, cuando no de extrema derecha. Ni el resultado electoral de un país describe a todos sus habitantes ni tenemos razones para dar por supuesto el comportamiento de quienes nunca han participado en elecciones españolas.

Lo que arrojan los resultados es que, históricamente, la diáspora vota prácticamente igual que los residentes. Los datos de la Junta Electoral Central del 23-J de 2023 muestran bloques equiparables y escasas diferencias internas: cierto sesgo hacia la extrema izquierda, diluido entre circunscripciones, y diferencias irrelevantes en la derecha. Sin datos por países, tampoco podemos suponer homogeneidad.

Para estimar el impacto necesitamos participación, candidaturas y distribución por circunscripciones.

Por otra parte, son casi anecdóticos los casos donde el voto exterior ha acabado decantando un escaño ajustado en el Congreso, pero no constituyen una bolsa con traducción parlamentaria directa, así que organizarse para cambiar un escaño es prácticamente imposible, ya no logísticamente, sino en términos de capacidad de impacto real.

Además, la participación exterior es muy baja. Al dificultoso procedimiento se añade la desvinculación emocional: muchos nunca han pisado España. Pedir la nacionalidad responde en muchos de estos casos a la conveniencia de disponer de un pasaporte europeo y las ventajas que supone para quien lo solicita.

Lo que dice la Constitución

Sea como sea, la pregunta no debería ser qué votarán, sino si tienen derecho a hacerlo. Conocer sus preferencias tampoco justificaría restringirlo: el sufragio no se reconoce en función de sus consecuencias partidistas.

El artículo 23 de la Constitución Española reconoce la participación mediante sufragio universal, el 14 protege la igualdad y el 68.5 encomienda facilitar el sufragio exterior. Hay requisitos de edad, inscripción censal y causas legales de privación. Pero no permiten cualquier exclusión.

Mantener una nacionalidad válidamente adquirida y suspender colectivamente el sufragio por su vía de adquisición plantea una objeción constitucional de primer orden. No se suspende la nacionalidad, sino uno de sus derechos. Si se cuestiona su concesión, debe revisarse por los procedimientos competentes y con garantías. Si se discrepa de la ley, hay que reformarla o impugnarla, no convertir la inscripción electoral en una revisión indirecta de la ciudadanía. Es decir, o se impugna todo o nada.

La medida añade también discriminación según la residencia: al actuar solo sobre el CERA, los beneficiarios de obtener la nacionalidad y que residen en España sí pueden votar. Esta diferencia exige una justificación especialmente sólida al restringir un derecho fundamental.

El Tribunal Supremo ha argumentado que el derecho de sufragio “no es un derecho de carácter absoluto”, sino que está “supeditado a los intereses generales”.

Recordemos que no se cuestionan colectivamente las nacionalidades concedidas: la restricción recae sobre personas que siguen siendo ciudadanos españoles.

Precisamente por eso, no estamos ante una mera discusión sobre trámites administrativos. Lo que dice la Constitución es que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos” y en condiciones de igualdad.

Con estas medidas se retira el derecho a voto de forma claramente discriminatoria.

Ismael Peña-López es profesor e investigador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya - Universidad Abierta de Cataluña). Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation España e ILEÓN cuenta con derechos de republicación.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado este mes de septiembre la absolución de un conductor acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave tras atropellar a un ciclista en la carretera N-625, en el término municipal de Cistierna. La Sección Tercera ha desestimado el recurso presentado por los familiares del ciclista fallecido y mantiene íntegramente la sentencia dictada en abril por el Juzgado de lo Penal número 2 de León, que no consideró suficientemente acreditada una conducta de imprudencia grave pese a que sí se reconoce el atropello.

Los hechos ocurrieron en abril del 2023, cuando el conductor circulaba por la N-625 a la altura del punto kilométrico 58,570. Según la sentencia el acusado perdió el control del vehículo por un motivo que no ha podido determinarse, invadió el carril contrario y atropelló al ciclista, que circulaba correctamente por su carril. La sentencia también recoge expresamente que el conductor no había consumido alcohol ni drogas, no circulaba a velocidad excesiva y no había cometido una infracción grave del Reglamento de Circulación.

El Juzgado de lo Penal número 2 de León dictó en abril de este año una sentencia absolutoria al considerar que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y que no se había acreditado que su comportamiento reuniera los requisitos necesarios para ser considerado un delito de imprudencia grave al volante. La familia del ciclista recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia de León recuerda que cuando un recurso pretende modificar una sentencia absolutoria basándose en una nueva valoración de las pruebas, especialmente de las pruebas personales, el tribunal de apelación no puede sustituir sin más la valoración realizada por el juez que presenció directamente el juicio.

No se puede condenar al acusado directamente en segunda instancia

La Sala considera que la absolución se apoyó prácticamente por completo en la valoración de pruebas personales y que, por ello, no puede revisarlas de la misma manera que el juez que celebró el juicio. “No es posible, sin haber escuchado forma directa e inmediata a los hoy apelados, revocar un pronunciamiento absolutorio y proceder a su condena”, señala.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia aplicó correctamente el principio 'in dubio pro reo', que obliga a absolver cuando existen indicios sobre la posible comisión de un delito pero no son suficientes para destruir la presunción de inocencia. La Audiencia no aprecia que el juez de lo Penal hubiera incurrido en una falta de racionalidad en su valoración de las pruebas ni que hubiera omitido elementos relevantes.

La resolución recuerda además que, para pedir la anulación de una sentencia absolutoria por un supuesto error en la valoración de la prueba, la acusación debe demostrar una insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación, un apartamiento manifiesto de las reglas de experiencia o la omisión de pruebas relevantes. La Sala considera que los recurrentes no acreditaron ninguno de estos extremos.

Además, la Audiencia explica que la legislación procesal penal impide que un tribunal de apelación condene directamente a una persona que fue absuelta en primera instancia por un error en la valoración de pruebas. En estos casos, si concurren los requisitos legales, puede acordarse la nulidad y devolver las actuaciones al órgano de primera instancia para un nuevo juicio, algo que los recurrentes no solicitaron. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.

La Guardia Civil de León ha reunido pruebas concluyentes para atribuir a dos personas, un trabajador y el propietario de la empresa para la que trabajaba, un grave delito penal por originar el peor incendio forestal de este año en la provincia de León. Un proceso que ha durado casi tres meses.

El incendio fue el que afecto a montes de la localidad de Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, y cuando concluyó después de muchos días descontrolado se cuantificaron los datos en 2.012 hectáreas, 1.407 de ellas arboladas. Una auténtica tragedia forestal que se originó, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, a las 19.45 horas del 22 de julio. Tras un despliegue amplísimo de medios, el siniestro no quedó extinguido hasta el 8 de agosto.

El incendio alcanzó el Índice de Gravedad Potencial 2 y en aquellos días obligó a evacuar preventivamente seis pueblos de los municipios de Riello y de Valdesamario. En concreto, fueron desalojados los vecinos de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como los de Ponjos y Murias de Ponjos, en Valdesamario.

Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal, con zonas de arbolado, matorral y pastos. La investigación que ahora desvela la Guardia Civil de León ha permitido determinar que el origen del fuego, provocado, aunque no necesariamente intencionado, estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador eléctrico mientras se realizaban trabajos en el monte. La gravedad de los hechos es que estas labores se produjeron en un momento en el que estaba activa una alerta oficial por alto riesgo meteorológico de incendio, que prohíben este tipo de labores.

Un trabajador y el responsable de la empresa, investigados

Las diligencias, que hoy se detallan en una nota de prensa oficial, han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con el Equipo de Investigación de Incendios de la XII Zona de Castilla y León, agentes medioambientales y personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Como resultado de las pesquisas, pruebas y testimonios, los agentes señalan a la responsabilidad de tipo penal de dos personas, a las que se le imputa un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Al trabajador se le atribuye la presunta autoría material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el fuego. Por su parte, al dueño de la empresa en la que trabajaba se le investiga por una supuesta falta de control sobre los trabajos que se estaban realizando, que estaban prohibidos.

Los dos investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

La Guardia Civil recuerda que casos como este resaltan la importancia de extremar las precauciones al utilizar maquinaria y realizar trabajos en el medio natural, especialmente durante episodios meteorológicos que incrementan el riesgo de incendio. Asimismo, insiste en la necesidad de cumplir las medidas preventivas para evitar situaciones que puedan poner en peligro el patrimonio natural, la seguridad de las personas y las poblaciones próximas a las zonas forestales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la resolución de un concurso público referido a una plaza en el Ayuntamiento de Onzonilla y ordena conceder el puesto a una aspirante a la que la Administración no computó 0,30 puntos por trabajar su marido en el municipio vecino de León.

El tribunal ha reconocido el derecho a la funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional a obtener una plaza de secretaria municipal en el consistorio leonés después de que la Dirección General de la Función Pública no le contabilizara los 0,30 puntos correspondientes a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado su recurso anulado las resoluciones administrativas impugnadas y ordenando adjudicarle directamente el puesto con una nueva valoración de sus méritos.

La sentencia, dictada el pasado mes de septiembre, considera que la Administración no ofreció ninguna explicación que justificara la exclusión de una puntuación que podía resultar decisiva para obtener la plaza en el consistorio leonés. Además, el tribunal descarta que pueda invocarse la discrecionalidad técnica del órgano de valoración cuando se trata de aplicar criterios objetivos y previamente establecidos en las bases de una convocatoria pública.

Una plaza de secretaria municipal disputada por dos funcionarias

El conflicto se originó en un concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocado por la Dirección General de la Función Pública mediante una resolución de 21 de marzo de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado tres días después.

La demandante, que tenía su destino definitivo en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Vegas del Condado, solicitó como única opción la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. Sin embargo, la resolución de 30 de agosto de 2023 adjudicó el puesto a otra funcionaria que también había participado en el procedimiento.

Según las puntuaciones recogidas en la sentencia, la aspirante seleccionada contaba con 20,03 puntos por méritos generales y 1,00 por méritos autonómicos, mientras que la recurrente tenía reconocidos 19,93 puntos por méritos generales y 1,10 por méritos autonómicos. La diferencia entre ambas era por tanto inexistente aunque el tribunal optó por la primera a la hora de adjudicar la plaza. La funcionaria que perdió la plaza adujo varias incidencias en el proceso pero reclamaba, sobre todo, una puntuación adicional que le correspondían por el destino laboral de su marido y que reconoce la Ley.

La funcionaria que acudió a la justica alegó que su cónyuge era empleado público fijo de la Diputación Provincial de León y desempeñaba un puesto de jefe de servicio en el municipio de León, limítrofe con Onzonilla. Esta circunstancia le permitía solicitar la valoración del mérito de conciliación y que la Administración debía haberle reconocido los 0,30 puntos adicionales. Con ellos, su puntuación por méritos generales habría pasado de 19,93 a 20,23 puntos, lo que, argumentaba, habría determinado que la plaza le correspondiera a ella.

Ante la falta de reconocimiento de estos méritos, interpuso un recurso potestativo de reposición el 29 de septiembre de 2023. Inicialmente, la Administración no contestó, lo que dio lugar a su desestimación por silencio administrativo. Posteriormente, mediante resolución expresa de 30 de mayo de 2024, la Dirección General de la Función Pública rechazó su reclamación.

Deficiencias del expediente y falta de respuesta administrativa

Además de denunciar el error en la puntuación, la demandante puso de manifiesto diversas deficiencias en el expediente administrativo como que la documentación remitida carecía de compulsa e incluía documentos sin numerar y no incorporados al índice o que no figuraban las puntuaciones totales ponderadas de las dos aspirantes, las actas del tribunal de valoración ni la propuesta de adjudicación.

La Abogacía del Estado se opuso a la demanda y solicitó la confirmación íntegra de las resoluciones administrativas. Para la Administración la aplicación informática sumaba los méritos generales y los eventuales méritos de conciliación, mientras que los autonómicos se ponderaban de manera separada para respetar los porcentajes establecidos. A su juicio, la recurrente había realizado una suma incorrecta de los méritos al no tener en cuenta dicha ponderación.

La defensa estatal también argumentó que la funcionaria había aceptado las bases de la convocatoria al participar en el concurso y que no podía impugnarlas indirectamente con ocasión de su aplicación. Asimismo, rechazó que existiera una falta de motivación susceptible de invalidar las resoluciones y apeló a la discrecionalidad técnica del tribunal de valoración y a la presunción de legalidad de sus decisiones.

Pero el tribunal ha reprochado en la sentencia a la Administración General del Estado su forma de proceder ya que en sus escritos no se pronunciaban sobre la alegación de la puntuación de conciliación familiar. Los magistrados destacan que en ningún momento se afirmó que los méritos de conciliación hubieran sido correctamente puntuados ni se explicó qué circunstancia impediría reconocerlos. Tampoco apreciaron que la demandante hubiera intentado impugnar las bases del concurso o la normativa reguladora, como sostenía la defensa estatal.

El Tribunal madrileño, que dirime estos asuntos de la Administración General del Estado, valoró como prueba de la ausencia de la puntuación por conciliación capturas de la aplicación informática que mostraban en blanco el apartado correspondiente a los méritos de conciliación de la recurrente. Por ello los magistrados concluyeron que no existía una explicación que justificara la exclusión de los puntos reclamados.

La Sala rechaza además que el órgano encargado de adjudicar la plaza pudiera ampararse en la denominada discrecionalidad técnica, una figura que concede a determinados órganos especializados un margen de apreciación en evaluaciones que requieren conocimientos técnicos. En este caso, los magistrados consideran que no existía tal margen porque la valoración estaba sometida a reglas objetivas, con puntuaciones previamente establecidas y operaciones de ponderación regladas.

La sentencia estima íntegramente el recurso de la funcionaria, anula la resolución de 30 de agosto de 2023 que resolvió el concurso y la posterior resolución de 30 de mayo de 2024 que rechazó la reposición. Condena a la Administración a dictar una nueva resolución del concurso, incorporar los 0,30 puntos omitidos y adjudicar a la demandante la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. La sentencia carga además a la Administración el pago de las costas procesales, con un límite máximo de 800 euros. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes.

La Policía Nacional de Ponferrada, en colaboración la Policía Municipal, ha detenido en la capital berciana a tres jóvenes por su presunta implicación en una pelea registrada en torno a las 6:00 horas de la madrugada de este sábado en una céntrica zona de ocio nocturno de la ciudad, un altercado en el que parece ser que se utilizaron armas blancas, según informa la Subdelegación del Gobierno.

En el enfrentamiento, ocurrido en el entorno de la avenida Doctor Fleming, participaron cuatro personas. Dos de ellas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital El Bierzo para recibir atención sanitaria. Uno de los heridos ya ha recibido el alta médica, mientras que está previsto que el otro pueda abandonar el centro hospitalario a lo largo de la mañana, según la información disponible.

Los tres detenidos serán puestos a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales. La Policía Nacional mantiene abierto un dispositivo para localizar al cuarto implicado, que huyó del lugar tras los hechos.

Los agentes continúan recabando testimonios y practicando las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias de la pelea y determinar la participación de cada uno de los implicados. Entre los antecedentes que se investigan figura el de uno de los participantes, que habría sido objeto anteriormente de intervenciones policiales relacionadas con armas blancas.

La constante carrera de obstáculos que supone circular, pagando uno de los peajes más caros de España, por la autopista León-Asturias (AP-66) sumará en este mes de octubre nuevas dificultades a causa de obras de asfaltado en cuatro importantes túneles de su trazado.

Las nuevas restricciones al tráfico que ha anunciado hoy el Ministerio de Transportes comenzarán a partir del martes 13 de octubre. A partir de esa fecha, y en principio hasta que se concluya el último el 24 de octubre, tras doce días de trabajo, se producirán cortes de calzada en un total de cuatro túneles para que máquinas y operarios puedan extender nuevo aglomerado.

Las labores forman parte de una nueva fase de las obras de modernización que afectan al principal acceso entre Asturias y León, y obligarán a desviar la circulación hacia la calzada contraria, donde se habilitará temporalmente el tráfico en ambos sentidos. Las restricciones se prolongarán durante varios días y se mantendrán tanto de día como de noche, mientras la concesionaria, Aucalsa, continúa cobrando íntegramente el caro peaje de la AP-66.

Los trabajos afectarán en concreto a los túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga, en el tramo asturiano, y al de Oblanca, en territorio leonés. En los tres primeros se cerrará la calzada en sentido León entre el 13 y el 17 de octubre, y la de sentido Oviedo entre el 23 y el 29. En Oblanca, los cortes en dirección León se producirán del 15 al 20 de octubre, mientras que la circulación hacia Oviedo quedará afectada del 21 al 24.

Los vehículos tendrán que cambiar de calzada a través de los pasos de mediana habilitados en los kilómetros 77 y 80,8 para los túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga, y en los kilómetros 91,1 y 92,3 en el caso de Oblanca. La circulación será bidireccional en la calzada abierta, una circunstancia que obliga a extremar las precauciones en un recorrido de montaña especialmente condicionado por la configuración de la vía y sus túneles.

El Ministerio advierte además de que podrán producirse cortes de carril en otros túneles no incluidos en estas restricciones, de lunes a las 6.00 horas a viernes a las 22.00. Se trata, por tanto, de una nueva tanda de afecciones que se suma a las molestias derivadas de las obras que se desarrollan en la autopista desde hace tiempo, así como a varios desprendimientos y otros desperfectos que aquejan a la autopista. Hay que recordar que otra reforma interior del mayor de los túneles, El Negrón, se anunció que también afectaría al tráfico hasta el mes de noviembre.

El peaje íntegro, en el punto de mira judicial

La reiteración de cortes, desvíos y limitaciones de circulación reaviva una cuestión que usuarios y algunas instituciones públicas o sindicatos llevan tiempo denunciando: por qué deben pagar íntegramente el peaje de una autopista de concesión privada cuando las condiciones del servicio se ven alteradas por las obras y otros problemas que afectan a la circulación y a la seguridad de manera constante. Eso sin contar con que la concesión debería haber terminado en 2021 y el Gobierno del PP de José María Aznar decretó que perviviera hasta 2050, una ampliación que también está judicializada y de hecho sancionada por Europa.

La controversia del pago íntegro ha llegado a los tribunales por varias vías. La Fiscalía de León ha recibido del Tribunal Supremo el encargo de determinar si el cobro íntegro del peaje de la AP-66 resulta legal en las actuales circunstancias, marcadas por las obras y los desperfectos que perjudican las condiciones de uso de la infraestructura.

Además, una reciente sentencia de un juzgado de Oviedo ha reconocido el derecho de un usuario particular a recuperar tres pagos realizados por circular por la también llamada Autopista del Huerna. El demandante reclamó por vía civil a la empresa concesionaria y obtuvo una resolución favorable que abre una posible vía de reclamación para otros conductores, si así lo reclaman.

81,8 millones de euros de fondos europeos para una concesión privada

La segunda cuestión que alimenta las críticas tiene que ver con quién paga las obras. El plan de modernización que en su conjunto afecta a los siete túneles de la AP-66 -Barrios, Cosera, Oblanca, El Negrón, Vegaviesga, Pando y Entrerregueras- cuenta con un presupuesto de 81,8 millones de euros, licitado en agosto de 2022 por el Ministerio.

Y ese dineral millonario 'se come' un montante inmenso de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone que esta actuación de mejora de la infraestructura se afronta con recursos públicos procedentes de Europa y no directamente con una inversión de la empresa que explota la autopista, recauda el peaje y suma beneficios anuales por ello.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años de edad como presunto autor de cuatro delitos de daños cometidos en vehículos estacionados en las localidades de Villarrodrigo de las Regueras y Navatejera, ambas pertenecientes al municipio de Villaquilambre.

Los agentes iniciaron la intervención a raíz de las denuncias presentadas por los propietarios de varios vehículos que habían sufrido diferentes daños intencionados consistentes en roturas y destrozos, mientras se encontraban aparcados en la vía pública.

Miembros del Puesto Principal de Armunia identificaron al presunto auto de los daños tras recabar la información necesaria con la toma de declaración a testigos, así como la visualización y análisis de imágenes obtenidas de cámaras de seguridad instaladas en establecimientos comerciales de las zonas donde se produjeron los hechos.

A la conclusión de las diligencias, la persona detenida fue puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León, en funciones de Guardia

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de comunicar y denunciar cualquier hecho delictivo, aportando toda la información posible que pueda contribuir a su esclarecimiento.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de seis años y seis meses de prisión y una multa de 81.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de León a un hombre de Ponferrada por un delito contra la salud pública.

La defensa había recurrido la sentencia y solicitado que se aplicara el subtipo atenuado del artículo 368.2 del Código Penal, lo que habría reducido la pena a tres años de prisión.

El acusado alegaba, entre otras cuestiones, la escasa entidad de los hechos y sus circunstancias personales.

El TSJCyL ha rechazado esta posibilidad al considerar que las circunstancias del caso no permiten hablar de una actividad de poca relevancia y detalla que en el registro practicado se localizaron distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, cannabis, MDMA y anfetamina, además de tres básculas de precisión, material plástico para preparar las dosis, una agenda con nombres y cantidades y 1.250 euros.

Para el tribunal, este conjunto de elementos revela una “profesionalidad en el desarrollo de la actividad ilícita”, incompatible con una venta esporádica de pequeñas cantidades para sufragar un consumo propio.

La resolución destaca además las cantidades intervenidas de MDMA y anfetamina, que sustentan la aplicación de la agravación por notoria importancia.

La sentencia de la Audiencia Provincial de León, dictada el pasado marzo, queda así confirmada en todos sus extremos, aunque contra la resolución del TSJCyL todavía cabe recurso de casación.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado la condena de tres años y ocho meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de León a una mujer como autora de un delito de homicidio en grado de tentativa por apuñalar en mayo de 2023 en un domicilio de Ponferrada a un hombre con el que mantenía una relación de amistad y encuentros sexuales esporádicos.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de mayo de 2023, cuando se produjo una discusión en el domicilio de la víctima en el transcurso de una fiesta en la que ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas y cocaína. Precisamente por ello el delito de homicidio en grado de tentativa tiene en este caso la atenuante derivada del consumo de sustancias.

El TSJ ha desestimado íntegramente el recurso de la defensa, que alegaba una errónea valoración de la prueba. Y es que consideraba que la condena estaba respaldada por las declaraciones de la víctima y los testigos, la actuación de los agentes que observaron abundantes restos de sangre en la vivienda, las pruebas biológicas practicadas sobre el cuchillo y las contradicciones de la acusada.

Según el relato de la Fiscalía (que llegó a pedir siete años de prisión para la procesada), en mitad de la discusión la mujer tomó un cuchillo de 34 centímetros de longitud y se lo clavó a la víctima en repetidas ocasiones “con la intención de quitarle la vida, o al menos asumiendo y aceptando que tal circunstancia podía acaecer” hasta que aparecieron agentes de la Policía Municipal de Ponferrada tras la llamada de alerta de vecinos por el ruido y los golpes.

La víctima, un hombre de 49 años de edad, sufrió varias lesiones, entre ellas un traumatismo penetrante en el hemitórax izquierdo con afectación pulmonar. El cuchillo, según el informe hospitalario, atravesó el pulmón izquierdo, provocando contusión y laceración pulmonar, además de un pequeño neumotórax. El trayecto de la cuchillada en el pulmón alcanzó aproximadamente nueve centímetros.

La condena incluye también la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante cuatro años y ocho meses, además de la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de prisión.

La mujer deberá indemnizar a la víctima con 8.787 euros y abonar 2.483,88 euros al Sacyl por los gastos asistenciales. 

Tras este pronunciamiento judicial, cabe todavía la posibilidad de presentar recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Un hombre de 51 años fue detenido este fin de semana cuando trataba de introducir 130 pastillas de una conocida marca de ansiolíticos, Trankimazin, en la prisión provincial de León, la cárcel de Villahierro, en la localidad de Mansilla de las Mulas. La Guardia Civil le atribuye inicialmente un presunto delito contra la salud pública.

La intervención se produjo durante uno de los controles establecidos en el acceso a la prisión para revisar de forma selectiva a las personas que acuden a visitar a internos de la cárcel leonesa. En uno de estos controles, un perro perteneciente a la Unidad Canina Penitenciaria (UCAP), especializado en la localización de sustancias estupefacientes, marcó en varias ocasiones al visitante antes de su acceso.

A pesar de la insistencia del animal, el hombre se negó a ser registrado por los funcionarios de prisiones. Por eso, a continuación se siguió el protocolo y se requirió la presencia de agentes de la Guardia Civil destinados en el dispositivo de seguridad del centro penitenciario.

Tal y como se relata en un comunicado de prensa emitido hoy por la Subdelegación del Gobierno en la provincia, los agentes realizaron entonces el registro y localizaron ocultas entre la ropa del hombre las 130 pastillas de Trankimazin. Tras el hallazgo, procedieron a su arresto como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y puso al detenido, junto con los medicamentos intervenidos, a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, Plaza número 1.

La operación forma parte de los controles que se desarrollan en la prisión leonesa dentro del plan de detección de drogas en centros penitenciarios. La Comandancia de León mantiene este dispositivo en coordinación con los responsables de seguridad y los equipos de información y control operativo del Centro Penitenciario de León, en el marco del acuerdo de colaboración entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado no nombrar a la persona propuesta como juez de paz titular de Villarejo de Órbigo al considerar que se encuentra incurso en una causa de incapacidad prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El motivo es que el candidato mantiene antecedentes penales no cancelados por una condena firme por un delito contra la seguridad vial.

Según el acuerdo de la reunión de los jueces mantenida este mes de septiembre, la condena fue dictada en enero de 2025 por un delito relacionado con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El condenado cumplió la pena de multa apenas un mes después (febrero de 2025), pero en el momento de valorar su nombramiento todavía no había transcurrido el plazo legal necesario para la cancelación de los antecedentes, de dos años que culminarían en enero del 2027. Por este motivo, la Sala de Gobierno de los jueces de Castilla y León considera que concurre la causa de incapacidad contemplada en el artículo 303 de la LOPJ y rechaza su designación.

Este nombramiento forma parte de un paquete de varios acuerdos adoptados por el TSJ de Castilla y León sobre la organización judicial en la provincia de León. Entre ellos destaca el refuerzo de la Oficina de Justicia en el Municipio de Villaquilambre, para la que se informa favorablemente la incorporación temporal de un funcionario de Tramitación Procesal y Administrativa y otro de Auxilio Judicial. La medida responde, entre otras razones, al fuerte crecimiento demográfico del municipio, que ha pasado de 9.737 habitantes en 2000 a 20.554 en 2025, mientras mantiene la misma plantilla.

A esta sobrecarga se suma que Villaquilambre, como cabecera de agrupación, está asumiendo prácticamente las funciones del Registro Civil de Garrafe de Torío, que lleva alrededor de un año sin personal. La Sala también tiene en cuenta la implantación de nuevas herramientas como ATENEA y DICIREG y la acumulación de asuntos pendientes: a 31 de marzo de 2026 había 236 exhortos sin cumplimentar.

En el ámbito de la Audiencia Provincial de León, la Sala valora positivamente el trabajo desarrollado durante el primer semestre por la jueza de adscripción territorial Nuria Valladares en la Sección Tercera Penal, donde dictó 34 sentencias y 44 autos, y acuerda comunicar que persiste la necesidad de mantener el refuerzo. En las secciones civiles Primera y Segunda también se constata la actividad desarrollada por el juez de adscripción territorial Rodrigo Marcos, con 43 sentencias en la primera y 37 en la segunda, y se solicita un nuevo refuerzo tras su cese el pasado 30 de junio.

El TSJ de Castilla y León sí que ha aprobado diversos nombramientos de jueces de paz en la provincia, además de una negativa. Entre ellos figuran los de Castrillo de la Valduerna y Valderrueda, Campazas, Cebrones del Río, Folgoso de la Ribera, Lucillo, Murias de Paredes, Oseja de Sajambre, Pajares de los Oteros, Puente de Domingo Flórez, Santiago Millas, Toreno, Vegacervera y Villaselán.

Además se ha autorizado la convocatoria de las vacantes de juez de paz sustituto en Valdefresno y de titular en Villafranca del Bierzo, mientras que en Ponferrada modifica las normas de reparto de la plaza de Instrucción que asume en exclusiva los asuntos de violencia sobre la mujer, con el objetivo de ajustar la distribución del resto de asuntos penales entre las plazas existentes.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de cocaína y hachís en León y Asturias en una operación que se ha saldado con la detención de siete personas y la incautación de más de 3 kilos de cocaína y 18 kilos de hachís.

En la denominada operación Butzi, los agentes han intervenido además dos armas de fuego, 15.000 euros en efectivo y siete vehículos, varios de ellos de alta gama.

Los siete arrestados son cinco hombres y dos mujeres y dos de ellos, considerados los cabecillas, ya han ingresado en prisión, mientras que los otros cinco integrantes han sido puestos en libertad con cargos.

Los arrestados están acusados de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de León, se inició el pasado febrero tras tener conocimiento de que los moradores de una vivienda ubicada en Villarodrigo de las Regueras (León) utilizaban el inmueble como punto de distribución de estupefacientes.

Las primeras pesquisas confirmaron que el volumen de venta diaria era muy elevado, con un trasiego constante de clientes.

Asimismo, los agentes constataron que los miembros de la red también realizaban entregas a domicilio utilizando los vehículos de la organización y adoptando fuertes medidas de seguridad para evitar ser detectados.

Dos puntos de venta en Villaquilambre y Mieres

El operativo culminó el pasado 2 de octubre con tres entradas y registros simultáneos en los municipios leoneses de Villarodrigo de las Regueras y Villaobispo (ambos pertenecientes al ayuntamiento leonés de Villaquilambre), así como en un tercer domicilio en la localidad asturiana de Mieres.

En el despliegue participaron unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) 6 de León, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y grupos cinológicos con perros detectores de drogas de Burgos y León.

El Instituto Armado ha destacado la importancia de esta intervención, ya que ha permitido clausurar dos activos puntos de venta en ambas provincias y eliminar especialmente el foco asentado en León por su grave riesgo para la salud pública.

Los detenidos pasaron el domingo 4 de octubre a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de León, que ha decretado el ingreso en prisión provisional para los dos cabecillas de la red y la puesta en libertad con cargos y medidas cautelares para los otros cinco integrantes.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de grisú el 28 de octubre de 2013. La Sala desestima el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron las familias de las víctimas, que reclamaban anular la sentencia absolutoria y repetir el juicio ante un juez distinto. La resolución, dictada esta misma semana y a la que ha tenido acceso ILEÓN, confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de León y declara de oficio las costas.

La decisión llega cuando están a punto de cumplirse 13 años del accidente en el que murieron seis trabajadores y otros ocho resultaron heridos. El escape se produjo sobre las 13.24 horas en un taller de la séptima planta del ala Este del Macizo séptimo del Pozo Emilio del Valle, en Tabliza, en la zona de Santa Lucía de Gordón. La emisión brusca y masiva de metano superó el 5% de grisú y redujo inmediatamente el oxígeno hasta el 1%, provocando la muerte de los seis trabajadores que se encontraban en el taller.

La Fiscalía sostenía en su recurso que la sentencia de primera instancia había valorado de forma irracional las pruebas y había dado una credibilidad excesiva a los acusados y a los peritos de las defensas frente a los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. Señalaba, entre otras cuestiones, posibles deficiencias en la autorización de la explotación, la ventilación, el contacto con los minados superiores, la existencia de una bóveda, un supuesto error topográfico y la estructura de prevención de riesgos de la empresa. Las acusaciones defendían que esas circunstancias podían haber contribuido al accidente y reclamaban que se celebrase un nuevo juicio.

La Audiencia, sin embargo, considera que la sentencia de primera instancia sí explica de manera razonada por qué da mayor valor a unas pruebas que a otras y que las discrepancias planteadas por Fiscalía no permiten hablar de una valoración arbitraria o manifiestamente irracional. La Sala recuerda además una limitación fundamental de una segunda instancia frente a una sentencia absolutoria: el tribunal que juzgó el caso tuvo contacto directo con los testigos, acusados y peritos durante los casi dos meses de juicio, mientras que los magistrados de la apelación no tuvieron esa misma inmediación. Por ello, no basta con proponer una interpretación diferente de las declaraciones para anular la absolución.

Un fenómeno que la Audiencia considera imprevisible

Uno de los puntos centrales de la resolución es la causa del escape de grisú. La Audiencia asume la conclusión de la sentencia recurrida de que se produjo un desprendimiento instantáneo de gas procedente de la zona del postaller que fue extraordinario e imprevisible, tanto por el momento en que ocurrió como por su magnitud y sus consecuencias.

La sentencia considera que la Hullera Vasco-Leonesa había aplicado las medidas de prevención previstas para una explotación de estas características. La mina estaba catalogada como de tercera categoría por sus concentraciones de metano y, por tanto, existía riesgo de fenómenos dinámicos, pero la Sala recoge que se habían utilizado los métodos disponibles para reducir ese riesgo y que no se ha acreditado qué otra medida concreta, diferente de las que ya se aplicaban, habría evitado el accidente. Ese elemento resulta determinante para la absolución, ya que no basta con acreditar que existía un riesgo, sino que debe demostrarse una infracción de las obligaciones de seguridad y su relación causal con el resultado.

La Sala da por buena también la conclusión de que la ventilación del taller era conforme a la normativa y que los electroventiladores estaban correctamente situados. La sentencia de primera instancia había rechazado que una prolongación del funcionamiento de los ventiladores después del escape hubiese salvado a los trabajadores, ya que la cantidad de metano liberada habría sido muy superior al volumen de aire aportado. También considera acreditado que cambiar la ubicación de los ventiladores no habría evitado las consecuencias del accidente.

El contacto con los minados superiores, otro punto clave

Otro de los argumentos de la Fiscalía era que no se había producido el contacto necesario con las labores superiores para permitir la salida del gas. La Audiencia vuelve a rechazar esta interpretación. Según la resolución, existen documentos y testimonios que apuntan a que el contacto con la planta superior, concretamente con el culatón de la sexta, ya se había producido antes del accidente.

La Sala destaca que por esa zona salió también gas hacia la sexta planta y que el propio perito judicial admitió durante el juicio que se había producido contacto con la planta superior, aunque fuera pequeño. Los magistrados consideran además significativo que las concentraciones de metano hubieran descendido durante los días anteriores al accidente, algo compatible con la comunicación entre ambas plantas y la migración del gas hacia arriba.

La Audiencia tampoco aprecia el supuesto error topográfico que planteaba la acusación. La resolución considera que lo que pudo existir fue una diferencia en la representación cartográfica, pero no se acreditó que la explotación se hubiera ejecutado físicamente en un lugar incorrecto. En minería subterránea, explica la sentencia, la galería sigue la capa de carbón y la representación topográfica se va actualizando conforme avanza la explotación.

La bóveda no demuestra por sí sola una situación de riesgo

La existencia de una bóveda en la zona de explotación también había sido utilizada por Fiscalía como indicio de que la actividad debería haberse detenido. La Audiencia considera que la existencia de esa bóveda era normal en esa fase de la explotación y que no se ha acreditado que se continuase con el sutiraje vulnerando las limitaciones de seguridad.

La resolución distingue entre la bóveda del postaller, propia del sistema de explotación, y la que pudiera aparecer sobre el propio taller. Y señala que cuando se detectó una bóveda sobre el taller los días 14, 22 y 24 de octubre no se realizó sutiraje en esas zonas.

Tampoco ve acreditada una falta de prevención

La Audiencia considera igualmente que la sentencia recurrida examinó de forma suficiente la estructura preventiva de la empresa, los planes de labores, el sistema de seguridad y las evaluaciones de riesgos. La Fiscalía cuestionaba que la empresa hubiera evaluado adecuadamente el riesgo de una invasión masiva e intempestiva de metano.

Pero para la Sala el problema vuelve a ser que no se ha identificado una medida de seguridad concreta que fuera exigible y cuya aplicación hubiera evitado el accidente. La sentencia de primera instancia consideró acreditado que la empresa había empleado los métodos de prevención dirigidos a los riesgos conocidos y que no se había demostrado la existencia de otra medida capaz de impedir el siniestro.

La Audiencia también entra en las declaraciones de los trabajadores que la Fiscalía consideraba relevantes. La sentencia de primera instancia había detectado contradicciones entre algunas declaraciones realizadas inmediatamente después del accidente y las efectuadas posteriormente durante la instrucción y el juicio, así como afirmaciones que aparecieron de forma tardía. Para la Sala, esa valoración de la prueba personal corresponde especialmente al juez que presenció directamente el juicio y no puede ser sustituida en apelación simplemente porque la acusación proponga otra interpretación.

Fiscalía y las familias querían volver a empezar

La resolución supone el rechazo de la petición de Fiscalía de anular tanto la sentencia como el juicio oral y celebrar un nuevo juicio ante un magistrado distinto. El Ministerio Público había invocado la doctrina constitucional que permite anular una sentencia absolutoria cuando su motivación es arbitraria o manifiestamente irrazonable, pero la Audiencia concluye que esas circunstancias no se dan en este caso.

El tribunal considera que la sentencia de primera instancia podrá ser discutida o que pueden existir interpretaciones diferentes sobre determinadas pruebas, pero no aprecia el error manifiesto, la falta de racionalidad en la motivación ni la omisión de pruebas relevantes que permitirían anular una absolución. En palabras de la propia resolución, lo que existe es una valoración de la prueba diferente a la que propone el recurrente, pero no una valoración irracional.

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de Fiscalía, al que se habían adherido las acusaciones particulares, y confirma la absolución de los 16 acusados entre los que se encuentran tres miembros de la familia Del Valle. La resolución declara además de oficio las costas del recurso.

Aunque la vía de apelación sí ha terminado, no necesariamente el proceso judicial. La propia sentencia informa a las partes de que contra ella todavía pueden interponer recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo. Un hecho que las familias no descartan, aunque valoran que “es pronto para decir nada”.

La segunda absolución a los Del Valle que se conoce este mes

La resolución sobre el accidente minero llega además después de que este mismo mes de septiembre la Audiencia Provincial de León haya dictado otra absolución relacionada con la antigua Hullera Vasco-Leonesa, en este caso la de los empresarios Antonio y Arturo Del Valle y otros responsables de empresas vinculadas a la compañía por un presunto fraude de 2,1 millones de euros en las ayudas al carbón. En aquel procedimiento, la Sala no llegó a entrar a valorar si existió o no el fraude que sostenían Fiscalía y Abogacía del Estado porque consideró ilícitas las entradas y registros de la Agencia Tributaria que habían dado origen a buena parte de la investigación.

La Audiencia extendió esa nulidad al resto de pruebas obtenidas a partir de aquellos registros, aplicando la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', y concluyó que, una vez excluida esa documentación, no quedaban elementos suficientes para acreditar el delito fiscal ni la falsedad documental. Ficalía, en este caso, pedía 12 años de cárcel para ellos.

Los socios del CD Ademar aprobaron, por unanimidad, instar al club a que acuda hasta la última instancia para reclamar a la Diputación de León, si no se logra un entendimiento previo, para el pago de una deuda que mantiene con la entidad desde hace varios años y que asciende a 120.000 euros en concepto de patrocinio.

La asamblea anual de socios del conjunto ademarista reunió a un número mayor que en otras ocasiones y en el capítulo de ruegos y preguntas fue cuando se solicitó por uno de los asistentes que se votara el agotar la vía judicial reclamando esta cantidad que el actual equipo de Gobierno de la Institución provincial se ha negado a abonar al considerar que no estaba suficientemente documentada.

A esta cantidad habría que añadirle otras partidas, en concepto de subvenciones ya aprobadas de las dos últimas temporadas, con lo que la deuda final podría alcanzar los 275.000 euros.

En el orden del día también se incluía la aprobación del capítulo de cuentas y el presupuesto fijado para la actual campaña que será de 1,47 millones, con un incremento de 69.000 euros que no se destinará al coste de la plantilla que se reduce en 73.000, también por el menor número de jugadores -quince-, para un global de 670.000.

De esta forma, la junta directiva que preside Cayetano Franco pretende amortizar una cantidad de 100.000 euros este año correspondiente a la solicitud de crédito concedida por la entidad que patrocina al equipo para hacer frente al retraso en la percepción de las ayudas de la Diputación Provincial y que arroja un total de 360.000 que deberá hacer efectivo en tres años.