El Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a la auxiliar de enfermería que asesinó a una anciana de 98 años en una residencia de León tras inyectarle varias dosis de insulina que la víctima no necesitaba. El alto tribunal estima el recurso presentado por la Fiscalía y agrava la condena al considerar que concurría la especial vulnerabilidad de la mujer debido a su avanzada edad y su estado de salud, por lo que sustituye la pena de 20 años de prisión impuesta inicialmente por la Audiencia Provincial de León y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el primer recurso.

Los hechos se remontan al 17 de agosto de 2022, cuando la trabajadora llevó a la residente, que padecía demencia y dependía de terceros para sus cuidados básicos, a su habitación después de cenar. Según recoge la sentencia, mientras la acostaba la golpeó en la cabeza y la zarandeó, provocando que la anciana gritara: “No me pegues, no me pegues”. Los gritos alertaron a otra auxiliar y motivaron la intervención de los responsables de la residencia y de una patrulla de la Policía Nacional. La mujer fue atendida de las lesiones en el propio centro.

Poco después, la dirección de la residencia indicó a la auxiliar que abandonara su puesto hasta esclarecer lo sucedido. Sin embargo, antes de marcharse, la mujer accedió al cuarto de enfermería, cogió un bolígrafo de insulina destinado a otra residente diabética y regresó a la habitación de la anciana. Allí le inyectó el medicamento mediante cuatro pinchazos con la intención de causarle la muerte, según considera probado el Tribunal Supremo.

A la mañana siguiente, otras trabajadoras encontraron a la residente inconsciente y fue trasladada al hospital, donde ingresó en coma a consecuencia de una intoxicación por insulina. Días después falleció.

La Audiencia Provincial de León condenó a la auxiliar por un delito de asesinato alevoso a 20 años de prisión, además de imponerle una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones y el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la condena, aunque rebajó parcialmente las indemnizaciones.

Ahora, el Tribunal Supremo estima el recurso de la Fiscalía y aplica el artículo 140 del Código Penal, que contempla la prisión permanente revisable cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad o circunstancias personales. Además, desestima el recurso presentado por la condenada y mantiene el resto de pronunciamientos de la sentencia, incluidas las condenas por lesiones y las indemnizaciones.

En su resolución, la Sala de lo Penal considera que la forma de actuar de la acusada fue claramente alevosa, ya que la víctima no podía sospechar que una inyección administrada por una trabajadora de la residencia tuviera una finalidad homicida. El tribunal añade que esa circunstancia se ve agravada por la extrema vulnerabilidad de la anciana, que tenía 98 años, sufría deterioro cognitivo y dependía completamente de los cuidados del personal del centro, lo que justifica la imposición de la máxima pena prevista en el ordenamiento jurídico español.

El Tribunal de Instancia, Sección de lo Social de León, ha estimado la demanda presentada por un sociedad hostelera de León contra una multa de 3.750 euros que la Tesorería General de la Seguridad Social le impuso por considerar que mantenía prestando servicios a una trabajadora sin haber cursado previamente su alta. La jueza concluye que los hechos acreditados no permiten afirmar la existencia de una relación laboral y revoca íntegramente la resolución administrativa.

El origen del litigio se encuentra en una inspección realizada el 19 de diciembre de 2024 durante la celebración del décimo aniversario del establecimiento pizzero. En esa visita, las inspectoras observaron a una mujer trasladando un plato desde la zona del restaurante hacia la cocina. Tras identificarla, comprobaron que no figuraba dada de alta en la empresa, circunstancia que dio lugar a la apertura del expediente sancionador.

Como consecuencia de esa actuación inspectora, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción por entender que la empresa había incumplido la obligación de tramitar el alta previa de una trabajadora en la Seguridad Social. La conducta fue calificada como infracción grave conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, proponiéndose una multa de 3.750 euros, posteriormente confirmada por la Tesorería General de la Seguridad Social. La multa aplicada fue la mínima posible ante una infracción que tiene la calificación de 'grave'.

La empresa recurrió tanto en vía administrativa como judicial al sostener que la mujer identificada era la sobrina de una de las propietarias y que acudía únicamente como invitada a la fiesta organizada por el aniversario del local. Según su versión, la joven no prestaba servicios para el negocio, sino que, antes de marcharse a su verdadero puesto de trabajo como repartidora de una cadena de pizzerías, recogió un plato y lo llevó a la cocina de forma espontánea.

La magistrada valoró la prueba documental, los vídeos aportados por la empresa y las declaraciones testificales. Los testigos coincidieron en que aquel día no existía servicio de comedor, que la cocina permanecía cerrada al funcionamiento habitual y que la celebración estaba dirigida principalmente a familiares e invitados. Además, en las grabaciones no se apreciaba a la joven atendiendo clientes ni realizando funciones propias de una empleada del establecimiento.

En el plano jurídico, la sentencia recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el valor probatorio de las actas de la Inspección de Trabajo. La resolución subraya que dichas actas gozan de presunción de certeza respecto de los hechos directamente observados por los inspectores, pero no respecto de las valoraciones jurídicas que puedan extraerse de ellos. En este caso, la presencia de la mujer en el local y el hecho de portar un plato a la cocina quedaron acreditados, pero ello no basta para demostrar la existencia de una relación laboral.

La jueza recuerda en la sentencia los elementos que caracterizan un contrato de trabajo —voluntariedad, ajenidad, dependencia y retribución— y concluye que ninguno de ellos quedó probado en este caso. Destaca que no existían indicios de continuidad en la prestación de servicios, tampoco consta remuneración y que la actuación observada era plenamente compatible con un gesto ocasional de ayuda familiar durante una celebración privada. En consecuencia, considera aplicable la exclusión prevista para los trabajos realizados por amistad, benevolencia o buena vecindad.

La Tesorería General de la Seguridad Social defendía que los hechos constatados por la Inspección justificaban la sanción mientras que la empresa insistía en que se trataba de una ayuda puntual de un familiar sin trascendencia laboral. La magistrada entiende que la prueba practicada desvirtúa suficientemente la presunción derivada del acta inspectora, al acreditar el contexto excepcional en que se produjo la actuación observada.

La sentencia, firme, deja sin efecto la sanción económica de 3.750 euros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años y tres meses de prisión impuesta a un hombre de 73 años, con antecedentes por hechos similares, por agredir sexualmente a dos niñas de 10 y 11 años a través de la valla de un colegio en la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado y ratifica la resolución dictada el pasado mes de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.

Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando el acusado paseaba con sus perros por las inmediaciones de un centro educativo.

Aprovechando que las menores se acercaron a la valla del recinto escolar desde el interior para acariciar a los animales, el hombre realizó tocamientos a una de las niñas y lo intentó con la otra, con el único fin de satisfacer sus deseos, según detalla la resolución. Fue entonces detenido por agentes de la Policía Local de San Andrés.

El tribunal ha aplicado la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el procesado ya había sido condenado en firme en 2019 por otro delito de abuso sexual a una persona menor de 16 años, y en el momento de los hechos se encontraba dentro del periodo de suspensión de esa pena.

En concreto, la condena impone un año y seis meses de cárcel por el delito consumado de agresión sexual a menor de dieciséis años, y otros nueve meses por el delito en grado de tentativa sobre la segunda menor.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia ratifica la imposición de libertad vigilada, que se ejecutará tras la salida de prisión, y la privación de la patria potestad o derechos de tutela durante tres años así como la prohibición de acercarse a menos de cien metros a la primera víctima durante cuatro años y a la segunda durante tres.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a las víctimas con un total de 4.000 euros, 3.000 para una de las menores por el daño moral y el cuadro de ansiedad reactivo sufrido, y 1.000 para la otra.

Contra esta resolución del TSJCyL cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Juzgado de Guardia de Ponferrada ha acordado la puesta en libertad de los dos hombres detenidos el pasado fin de semana por la Policía Municipal como presuntos autores de varios incendios registrados en la localidad de Santo Tomás de las Ollas y el barrio de La Rosaleda, ambos en el municipio de Ponferrada.

La decisión judicial se adoptó después de tomar declaración a ambos arrestados y de analizar las diligencias remitidas por el cuerpo policial municipal, entre las que figuran los testimonios de varios vecinos que aseguraron haber visto a los sospechosos originando los fuegos, según informan los cuerpos de seguridad.

El primero de los detenidos, de 42 años, fue arrestado como presunto responsable de un incendio declarado en las inmediaciones del gimnasio de Santo Tomás de las Ollas. Según fuentes vecinales, al mismo hombre ya se le atribuyeron otros incendios ocurridos hace tres años en esta pedanía de Ponferrada.

Tras conocerse la detención, el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, ha destacado la tranquilidad que la actuación policial había generado entre los vecinos, preocupados por la reiteración de este tipo de sucesos. En 2023, el presunto pirómano ya había provocado un fuego en la pedanía, aseguró.

El segundo arrestado, de 53 años, y de Matarrosa (León) fue detenido como presunto autor de los incendios registrados en la zona de La Rosaleda. Ambos han quedado en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha cifrado en 50,1 hectáreas la superficie afectada por el incendio forestal declarado la pasada semana en la Tebaida berciana, entre las localidades de Villanueva y Valdefrancos de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. El balance definitivo recoge daños en una masa forestal compuesta principalmente por pinar, brezo y escobas.

El Juzgado de Guardia de Ponferrada ha acordado la puesta en libertad de los dos hombres detenidos el pasado fin de semana por la Policía Municipal como presuntos autores de varios incendios registrados en Santo Tomás de las Ollas y el barrio de La Rosaleda, en Ponferrada.

La decisión judicial se adoptó después de tomar declaración a ambos arrestados y de analizar las diligencias remitidas por la Policía Municipal, entre las que figuran los testimonios de varios vecinos que aseguraron haber visto a los sospechosos originando los fuegos, según informan los cuerpos de seguridad.

El primero de los detenidos, de 42 años, fue arrestado como presunto responsable de un incendio declarado en las inmediaciones del gimnasio de Santo Tomás de las Ollas. Según fuentes vecinales, al mismo hombre ya se le atribuyeron otros incendios ocurridos hace tres años en esta pedanía de Ponferrada.

Tras conocerse la detención, el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, ha destacado la tranquilidad que la actuación policial había generado entre los vecinos, preocupados por la reiteración de este tipo de sucesos. En 2023, el presunto pirómano ya había provocado un fuego en la pedanía, aseguró.

El segundo arrestado, de 53 años, y de Matarrosa fue detenido como presunto autor de los incendios registrados en la zona de La Rosaleda. Ambos han quedado en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha cifrado en 50,1 hectáreas la superficie afectada por el incendio forestal declarado la pasada semana en la Tebaida berciana, entre las localidades de Villanueva y Valdefrancos de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. El balance definitivo recoge daños en una masa forestal compuesta principalmente por pinar, brezo y escobas.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que absuelve a un hombre de un delito de agresión sexual al desestimar los recursos que solicitaban la nulidad del fallo y la celebración de un nuevo juicio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de julio de 2023, cuando el procesado y la denunciante coincidieron de madrugada tras una noche de ocio y acudieron al domicilio de este último en la capital leonesa.

La acusación sostenía que el hombre mantuvo relaciones sexuales aprovechando que la víctima presentaba sus capacidades anuladas o gravemente afectadas por el consumo previo de alcohol y medicación pautada.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de León dictó una sentencia absolutoria el pasado 28 de enero al determinar que, si bien los análisis toxicológicos confirmaban la presencia de dichas sustancias, no quedaba probado que la mujer estuviera severamente incapacitada para tomar decisiones en ese momento, ni que el acusado forzara las relaciones en contra de su voluntad.

Contra esta primera resolución, la acusación particular interpuso un recurso de apelación, al que se sumaron parcialmente el Ministerio Fiscal y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Las partes recurrentes alegaron un error en la valoración de la prueba, esgrimiendo como elementos de cargo la persistencia del testimonio de la denunciante, los hallazgos forenses y un diagnóstico posterior de trastorno por estrés postraumático.

El TSJCyL avala ahora la decisión de la Audiencia de León y recuerda que la legislación vigente impide revocar una sentencia absolutoria basándose exclusivamente en una reinterpretación alternativa de las pruebas, salvo que la motivación original sea irracional, arbitraria o se aparte de la lógica, circunstancias que descarta en este caso.

Concluye el TSJCyL que la sentencia previa está razonada de forma exhaustiva y que los elementos aportados por las acusaciones no logran despejar las dudas sobre si hubo una verdadera anulación de la capacidad de consentir, por lo que debe prevalecer la presunción de inocencia.

La sentencia dictada por el TSJCyL no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Uno de los agresores del presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo en abril de 2024, el exalcalde de Ponferrada Olegario Ramón, tendrá que sentarse otra vez en el banquillo de los acusados al ordenar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León repetir el juicio respecto del episodio de acometimiento físico al apreciar un déficit de motivación sobre el delito de atentado.

Más suerte ha tenido el otro acusado, que ha mantenido el dictamen de absolución por amenazas en la agresión ocurrida frente a la sede del PSOE de Ponferrada. Así se desprende de una sentencia que ha hecho público el Gabinete de Comunicación del TSJ de Castilla y León, en la que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior autonómico “estima parcialmente los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León y declara la nulidad parcial del fallo, al considerar insuficiente la motivación sobre la absolución por atentado y la condena por lesiones derivadas de la agresión al entonces presidente del Consejo Comarcal del Bierzo”.

La sala ha resuelto los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León en relación con los incidentes ocurridos el 11 de abril de 2024 durante una concentración frente a la sede del PSOE en Ponferrada. En su resolución, el alto tribunal confirma la absolución de uno de los acusados por el delito de amenazas, al entender que la motivación de la Audiencia sobre este extremo es suficiente y racional y no concurren los requisitos legales para anular ese pronunciamiento. De hecho indicaba aquella primera sentencia que “no consta acreditado que los acusados actuaran con desprecio a las ideologías políticas del perjudicado, sino en el ámbito de una manifestación legalmente autorizada en contra de la ley de amnistía y del gobierno”.

Por el contrario, el TSJ autonómico sí que aprecia una insuficiencia en la motivación de la sentencia en lo relativo a la absolución del otro acusado por el delito de atentado contra la autoridad: “La Sala considera que la resolución recurrida no ofrece una explicación bastante sobre determinados elementos de prueba relevantes para determinar si el acusado conocía o no la condición de autoridad que ostentaba la persona perjudicada en el momento de los hechos, en este caso el entonces presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón”.

Nulidad parcial y nuevo juicio

El Tribunal Superior subraya que no entra ahora a revisar el fondo de la prueba ni a declarar acreditado ese conocimiento de la condición de autoridad del perjudicado, sino que se limita a constatar un déficit de motivación que impide mantener la absolución en los términos en que fue dictada. Por ello, acuerda la nulidad parcial de la sentencia de la Audiencia de León y ordena la celebración de un nuevo juicio oral, con una composición distinta del tribunal de enjuiciamiento, para que se dicte una nueva resolución específicamente sobre el episodio de acometimiento físico registrado durante la concentración.

La nulidad alcanza tanto al pronunciamiento absolutorio por el delito de atentado como a la condena por lesiones, al entender la Sala que ambos descansan sobre el mismo núcleo fáctico y comparten una valoración probatoria común. En consecuencia, el nuevo juicio deberá abordar de nuevo ese bloque de hechos: la agresión física, la eventual existencia de atentado a la autoridad y la responsabilidad por lesiones.

En la primera sentencia, el tribunal había considerado a F.P.C. autor “criminalmente responsable de un delito de lesiones” y se le condenaba a 8 meses de multa con una cuota diaria de 7 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Además, según la Audiencia Provincial de León el hombre debía indemnizar a Ramón con 1.504,51 euros y correr con las costas del procedimiento. La Fiscalía le pedía cinco años de cárcel.

Como consecuencia de la nulidad acordada, el Superior no entra a resolver las restantes cuestiones planteadas en los recursos, relativas a la posible agravante de discriminación ideológica ni al recurso formulado por la defensa contra la condena por lesiones. Estas cuestiones quedan diferidas al nuevo enjuiciamiento, que será el que deberá pronunciarse con plena valoración probatoria y motivación sobre el conjunto de hechos y calificaciones jurídicas.

La sentencia del TSJCyL no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley o quebrantamiento de forma, en los términos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este eventual recurso podría centrarse en el alcance de la nulidad acordada y en la interpretación de las exigencias de motivación de las resoluciones penales.

Más de 21 millones de seguidores en Youtube, cerca del millón en Instagram, dos millones en Facebook, doce discos publicados y una gran gira por escenarios de España y Latinoamérica, incluyendo recintos de hasta 15.000 personas. Son las cifras detrás del personaje infantil Luli Pampín, creado hace una década por la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, una de las grandes estrellas para el público más pequeño gracias a sus pegadizas canciones e imagen icónica.

La protección del personaje llevó a su creadora y a la empresa que gestiona sus derechos a interponer una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. Los abogados del personaje solicitaban una pena de prisión de 11 años, inhabilitación de cinco años para actividades similares y el pago de una indemnización de 90.000 euros, además de la multa correspondiente.

Luli Pampín es el personaje que lanzó al éxito a la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, que llegó a España con 12 años, fue militar en el Ejército español una década y tras ser madre creó el universo de Luli Pampín, inspirada como reconoce, en el personaje japonés de 'Sailor Moon'. La artista reside actualmente en Andorra junto a su familia.

La cantante y bailarina señala en su web en su advertencia sobre el registro de su personaje, elementos accesorios y canciones y que “cualquier evento o actuación que pretenda rendir homenaje o utilizar de cualquier manera la obra y los elementos protegidos de Luli Pampín debe obtener una autorización previa y expresa. Esta política asegura la protección y la gestión adecuada de nuestros derechos de propiedad intelectual, manteniendo la integridad y la identidad única de nuestra marca y sus creaciones”. De ahí la denuncia efectuada en León.

Ante la denuncia la Fiscalía consideraba que sí concurrían los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial y solicitaba un año de prisión por cada uno de ellos, además de una multa de 18 meses por la infracción contra la propiedad intelectual y una indemnización de 15.000 euros para la denunciante. La defensa, por su parte, reclamó la libre absolución.

La Audiencia Provincial de León ha terminado dictaminando la absolución al actor y empresario promotor de la obra homenaje tras el juicio celebrado la pasada primavera. El tribunal sí aprecia similitudes en el cartel y confirma que el espectáculo carecía de autorización, pero concluye que no se acreditó la reproducción de las obras originales, el dolo exigido en los delitos de los que se le acusaba ni que se haya causado un perjuicio grave para los consumidores. El equipo de la artista ha confirmado a este medio que la sentencia ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según Luli Pampín, ella se enteró del espectáculo porque sus seguidores la etiquetaban en redes sociales anunciando que acudirían, pese a que avisó que no era ella ni su obra original. El tribunal considera acreditado que el cartel publicitario incluía una actriz con peluca rosa y un vestuario parecido al utilizado por Luli Pampín, así como similitudes entre la marca y signos distintivos registrados por la argentina. Pero no condena porque considera que las pruebas necesarias para una condena por reproducción o plagio de una obra artística no han sido suficientes.

Luli Pampín declaró en el juicio que algunos seguidores le habían remitido imágenes en las que podía comprobarse la reproducción de su espectáculo, pero esas grabaciones no fueron incorporadas a la causa. Según declaró a ella le afectan estas situaciones porque planea milimétricamente su show, y le perjudica porque estos shows son por menos precio y daña la relación de confianza que tiene con sus seguidores al no poderse distinguir del original.

El promotor acusado admitió que el espectáculo se promocionó como un tributo y que el cartel mostraba a una actriz con peluca rosa. También reconoció que, tras la llegada de la Policía, cambió el orden de las canciones y que posteriormente se interpretaron canciones de Luli o similares como 'Paseo por la selva' (un éxito con 1,5 millones de reproducciones en Youtube). No obstante, el acusado sostuvo que sus espectáculos utilizaban básicamente canciones populares, composiciones propias y coreografías preparadas por su equipo, y que la intención era inspirarse en determinados personajes sin plagiar sus obras.

Uno de los actores del 'homenaje' afirmó que el repertorio de la obra se modificó durante la presencia policial, que no habían ensayado antes y que el material relacionado con Luli Pampín se reservó para el final, pero también reconoció que no conocía suficientemente al personaje ni podía identificar sus canciones. Otros intérpretes señalaron que la trama representada trataba sobre los tripulantes de una nave espacial y negaron que los vídeos aportados por la acusación correspondieran a su actuación.

Según otro testimonio había poca gente en el teatro, cuyo precio de las entradas era entre 10 y 13 euros con una recaudación neta de 3.075,96 euros, cantidad de la que el acusado debía pagar 1.100 euros en concepto de alquiler del teatro, el sueldo de los actores y gastos de alojamiento y desplazamiento.

La clave de la absolución por el delito contra la propiedad intelectual estuvo en la insuficiencia de la prueba sobre el contenido real del espectáculo. La Policía Nacional se personó en el espectáculo para verificar el mismo tras una denuncia de Luli Pampín pero el video aportado, de 15 minutos de duración, según la sentencia, no mostraba referencias ni contenidos vinculados a Luli Pampín. El acusado sí reconoció el uso limitado de canciones en los minutos finales del espectáculo.

La Audiencia Provincial de León concluye que no quedó probado, más allá de toda duda razonable, que en la función de León se reprodujeran canciones, guiones, personajes, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos. La semejanza del cartel, por sí sola, no permitía acreditar el plagio del espectáculo.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, el tribunal destaca que la acusación debía probar no solo el uso de signos iguales o confundibles, sino también que el acusado sabía que estaban registrados. La sentencia considera que ese conocimiento no puede presumirse y que no se aportó prueba suficiente para demostrar que, antes de publicar el cartel, el promotor conociera el registro de las marcas y signos distintivos.

La Audiencia también descartó el lucro habida cuenta que las cifras totales del espectáculo suponen que “ni el beneficio obtenido posee especial trascendencia económica ni los hechos revisten especial gravedad”.

En relación con el delito de publicidad engañosa la sentencia recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que las alegaciones falsas o características inciertas sean aptas para ocasionar un perjuicio grave y manifiesto al conjunto de los consumidores. Para valorar esa gravedad deben tenerse en cuenta factores como la clase de servicio, el precio, el número de destinatarios, el medio publicitario y las circunstancias de quienes reciben el mensaje.

Los jueces leoneses entienden que debido a que las entradas costaban entre 10 y 13 euros y no se aportaron datos concretos sobre consumidores engañados, devoluciones, reclamaciones o perjuicios relevantes no existe prueba suficiente para afirmar un daño grave y manifiesto a los consumidores.

Un año después del aquella obra homenaje la Luli Pampín original actuó en León en el Auditorio de la ciudad con su espectáculo 'El libro musical'. Este mes de julio la artista se encuentra de gira por Argentina y Chile con su espectáculo 'Millones de gracias', con el que celebra los 10 años del personaje que nació en agosto de 2016 con un video en Youtube.

Para el equipo de Luli Pampín este revés judicial, no firme, “no altera la protección legal de las figuras, obras y creaciones culturales, cuya defensa seguiremos ejerciendo por las vías legales correspondientes”.

La Diputación de León mantendrá en manos externas su defensa jurídica en los tribunalaes ya que ha sacado a licitación un nuevo contrato para la defensa jurídica y la representación procesal de la institución, el Instituto Leonés de Cultura (ILC), el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León y el Consorcio Provincial de Turismo. El contrato tiene un valor estimado máximo de 633.600 euros, contempla una duración inicial de un año aunque es prorrogable hasta un máximo de cuatro, y las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 28 de julio.

Ya en el año 2018 la institución provincial, entonces gobernada por el PP de Juan Martínez Majo, formalizó un contrato global de defensa jurídica ya que hasta entonces se contrataba caso a caso y de manera poco transparente los distintos conflictos jurídicos de la institución provincial. Fue la primera vez que se formalizó un contrato global de defensa jurídica durante varios años, que recayó en dos bufetes que no tenían sede en León. En el año 2022 se adjudicó un segundo contrato de este tipo con unos precios ligeramente inferiores a los actuales.

El nuevo contrata se divide en dos lotes de igual cuantía. El primero estará destinado a la defensa jurídica en materia de recursos humanos y empleo público, en los ámbitos contencioso-administrativo y social, mientras que el segundo abarcará el resto de materias jurídicas, incluidas las jurisdicciones civil, mercantil, penal y contencioso-administrativa, además de procedimientos ante el Tribunal de Cuentas o los tribunales económico-administrativos. Cada lote cuenta con un presupuesto anual de 79.860 euros, impuestos incluidos.

Además de asumir la representación en los procedimientos judiciales, el adjudicatario deberá prestar asesoramiento jurídico vinculado a los litigios, elaborar informes cuando lo requiera la Presidencia de la Diputación, asistir a cargos públicos y empleados provinciales en procedimientos penales relacionados con el ejercicio de sus funciones, gestionar el cobro de costas procesales y mantener reuniones periódicas de coordinación con la institución. El contrato también exige disponibilidad presencial cuando sea requerida y prohíbe expresamente asumir asuntos que puedan generar conflictos de intereses con la Diputación.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, valorando tanto la oferta económica como la memoria técnica y otros criterios automáticos. El pliego establece, además, requisitos de solvencia económica y experiencia previa en la defensa de administraciones públicas, así como condiciones relacionadas con la igualdad, el uso de lenguaje inclusivo y la gestión ambiental durante la ejecución del contrato.

El contrato fija un sistema de retribución por actuaciones. Entre otros conceptos, la Diputación abonará 2.200 euros por cada procedimiento judicial en primera o única instancia dentro de Castilla y León, 1.210 euros por los recursos en segunda instancia en la Comunidad y 1.650 euros por los procedimientos tramitados fuera de ella. Además, el adjudicatario recibirá incentivos económicos por las resoluciones favorables a la institución, que oscilarán entre 770 y 1.760 euros, según la instancia judicial, así como 660 euros por cada informe jurídico extraordinario que le sea encomendado fuera del ámbito de un litigio. Si se gana parcialmente solo se cobrará la mitad de lo estipulado.

Los pliegos también establecen el nivel de disponibilidad para el despacho profesional que resulte adjudicatario. Entre otras obligaciones, deberá mantener un teléfono operativo todos los días laborables, celebrar al menos una reunión semanal de coordinación con la Diputación —excepto en agosto—, remitir todas las resoluciones judiciales e informes derivados de los procedimientos y garantizar la continuidad del servicio mediante un letrado sustituto en caso de ausencia.

Asimismo, no podrá asumir durante la vigencia del contrato asuntos particulares que entren en conflicto con los intereses de la institución provincial, una prohibición cuyo incumplimiento podría conllevar una indemnización de 300.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirma la condena de dos años de prisión a un hombre que propuso relaciones sexuales a un menor de 16 años después de coincidir con él en un autobús con destino a León.

La sentencia confirma la condena emitida previamente por la Audiencia Provincial de León el pasado mes de abril contra un hombre que abordó en 2023 a un menor de 15 años mientras viajaba en un autobús con destino a León.

El condenado, con antecedentes por abuso sexual a menores, entabló conversación con el menor durante el trayecto en autobús hasta obtener su número de teléfono. Una vez llegados al destino, se bajó con él y le acompañó a pie hasta la academia donde el menor tenía clase.

A lo largo del camino, el condenado propuso al menor de edad mantener relaciones sexuales en un hostal de la ciudad, llegando a proponerle el pago de 50 euros por los actos sexuales.

Después de las reiteradas negativas del menor, este consiguió separarse de él y, una vez en la academia, le narró lo sucedido a su profesor, que informó a sus padres.

La Audiencia Provincial condenó al hombre a dos años de prisión por un delito de corrupción de menores, con la agravante de reincidencia y una atenuante del diagnóstico de esquizofrenia residual. Además, se le prohíbe acercarse a menos de 100 metros del menor, su domicilio y lugar de estudios. Del mismo modo, se le impone una indemnización de 1.000 euros.

Ahora, el TSJ confirma esta sentencia, desestimando la apelación de la defensa, que argumentaba que no había existido coacción ni intención de pagar servicios sexuales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado una condena de cuatro años y cinco meses de prisión por lesiones impuesta a un hombre que golpeó con un hacha a su pareja en León y ha ratificado una orden de alejamiento pese a la oposición de la víctima.

El tribunal ha ratificado así la sentencia de la Audiencia Provincial de León que incluyó la circunstancia agravante de parentesco en el delito de lesiones.

También estableció una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima durante un periodo de cinco años y años cinco meses

La sentencia recoge que los hechos se remontan al 13 de julio de 2024, cuando en el domicilio en el que convivía la pareja se produjo una discusión entre ambos durante la que el procesado esgrimió un hacha, sin que se haya acreditado ánimo de acabar con su vida, pero sí con el de dañarla o atentar contra su integridad física.

Propinó a la mujer un golpe a la altura de la cabeza causándola diversas heridas que no comportaban riesgo vital para la víctima.

Tras la agresión, la mujer salió a la calle, donde un hombre llamó a una ambulancia y a la Policía, mientras el agresor se marchó del lugar en una furgoneta. La mujer fue conducida en ambulancia hasta el Hospital de León para ser curada de sus heridas.

En la sentencia de la Audiencia el encausado fue absuelto del delito de asesinato en tentativa del que venía siendo acusado, pero sí fue condenado como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso, concurriendo la agravante de parentesco.

Tras esa resolución judicial, el acusado presentó un recurso de apelación en el que alegó un único motivo de impugnación relativo a la improcedencia, a su criterio, de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.

En el recurso se planteaba que la víctima negó reiteradamente haber sido agredida o amenazada, no formuló acusación, manifestó no tener miedo del acusado y mantuvo contacto voluntario con él.

Los magistrados del TSJ han considerado que la normativa legal sobre este tipo de delitos establece el carácter imperativo de la imposición de dichas medidas de alejamiento en supuestos de violencia en el ámbito de la pareja, con independencia de la voluntad de la propia víctima.

Por este motivo ha rechazado el recurso al ajustarse las medidas dictadas “plenamente a Derecho, sin que proceda modificación alguna de las mismas”.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 12 años y medio de prisión para una mujer por intentar asesinar a su expareja sentimental con una barra de chocolate en la que había introducido una dosis letal de raticida en junio de 2020 en León.

El Supremo ratifica el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que recurrió la acusada, y que a su vez había confirmado los doce años y medio de cárcel que le impuso previamente la Audiencia Provincial de León.

La mujer no podrá ni comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros a su exmarido, su domicilio, o lugar en que se encuentre durante veintidós años y seis meses; ni podrá ejercer la patria potestad durante el tiempo de la condena respecto a los dos hijos comunes.

En concepto de responsabilidad civil, la mujer deberá indemnizar a su expareja con 822.592 euros, más las cantidades por gastos médicos no cubiertos y gastos para adecuación de la vivienda familiar que se cuantificarán en ejecución de sentencia, y deberá indemnizar a Adeslas Segur Caixa en 152.000 euros.

El hombre no murió, pero tardó en curarse 705 días, de los que 75 fueron de perjuicio muy grave, ya que como secuelas le quedó la ceguera, con necesidad de un bastón para deambular, cojera manifiesta y marcha lenta e insegura y afectaciones moderadas del sistema nervioso, con necesidad de adecuación de la vivienda familiar; y tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta desde noviembre de 2021.

La acusada y su pareja, tras terminar una relación sentimental en la que tuvieron dos hijos, acordaron que los vástagos comunes quedaran bajo la custodia de la madre, fijando un régimen de visitas para el padre, que más tarde y por sentencia judicial se cambió a la custodia para el padre y visitas para la madre.

Según recoge la sentencia, la relación personal entre ambos se fue complicando y deteriorando, en particular por las visitas de los hijos comunes, hasta el punto de que eran frecuentes desencuentros en los intercambios.

El 22 de junio de 2020, la mujer, “con el fin de acabar con la vida” de su expareja, aplicó una sustancia no determinada, pero que contenía una dosis letal de Talio (raticida), a una barra de chocolate que entregó a uno de sus hijos, advirtiéndole que, él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara; algo que el niño hizo, siguiendo las instrucciones de la progenitora.

La sentencia consideró probado que el padre acabó comiendo el chocolate que le ofreció su hijo, tras lo que se comenzó a sentir algo indispuesto, empeorando progresivamente su salud y el día 22 de junio tuvo que ingresar en la Clínica La Regla de León.

Tras empeorar su estado y ser trasladado al hospital de León, a lo largo de los días comenzó a presentar complicaciones y los análisis médicos arrojaron que “sufría una intoxicación aguda por Talio que superaba ampliamente el umbral admisible en el cuerpo humano y que podía producir la muerte”, apunta la sentencia.

El Supremo rechaza íntegramente el recurso de la acusada, y sostiene que la sentencia de apelación que confirmó la condena no se limitó a reiterar fórmulas generales sobre valoración conjunta, sino que descendió al caso concreto, identificando los verdaderos indicios relevantes y explicando la conclusión alcanzada por la Audiencia, estimando acreditado, más allá de toda duda razonable, la participación activa de la acusada.

Así, destaca que el tribunal enumeró y desarrolló como indicios decisivos: la mala relación entre las partes, la entrega del chocolate por la acusada a través del menor, el nexo temporal entre la ingesta y el malestar, la sintomatología compatible con la intoxicación por talio, la exclusión de otras fuentes de contaminación y el comportamiento posterior de la acusada respecto del estado de salud de la víctima.

“La crítica del recurso consiste, en realidad, en negar aisladamente la fuerza de cada uno de esos indicios, método que el propio Tribunal Superior de Justicia rechaza por contrario a la lógica de la prueba indiciaria, que exige una valoración de conjunto”, concluye el Supremo.

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de apelación presentado por una madre lacianiega contra una sentencia que declaró que un hombre es el padre biológico de un menor. La resolución confirma íntegramente el fallo dictado por el Tribunal de Instancia de Villablino en octubre del 2025 y mantiene la rectificación registral de la filiación, con los efectos civiles correspondientes, incluida la modificación de los apellidos del niño. Además, impone a la apelante las costas del recurso.

El caso parte de una demanda de filiación paterna no matrimonial presentada por el presunto padre al amparo del artículo 133 del Código Civil en la demarcación judicial de Villablino. El demandante solicitó que se declarase judicialmente que era el padre biológico de un menor, frente a la oposición de la madre. En primera instancia, el juzgado estimó la demanda y acordó adecuar la inscripción de nacimiento a la realidad biológica declarada.

La reclamación de filiación se apoyaba en la existencia de una relación sentimental entre los litigantes en la época compatible con la concepción, así como en distintos indicios documentales y testificales. Entre ellos figuraban fotografías del actor con el menor en el hospital, imágenes de los progenitores compartiendo espacios privados y momentos de ocio, referencias a una ecografía y declaraciones de testigos que afirmaron haber conocido la relación de pareja.

La madre recurrió la sentencia alegando error en la valoración de la prueba. Sostuvo que no había quedado acreditada con certeza la convivencia o relación en la época de la concepción y defendió que su negativa a someter al menor a la prueba biológica no debía interpretarse en su contra, porque pretendía proteger la intimidad del niño.

El demandante se opuso al recurso y subrayó que la prueba acumulada era suficiente para confirmar la paternidad, aún sin prueba de ADN que determinara la filiación. A su juicio, la documental y las declaraciones testificales acreditaban la relación mantenida con la madre y su presencia en momentos relevantes del embarazo y el nacimiento. También destacó que la demandada no acudió a tres citas para realizar la prueba biológica, sin ofrecer una justificación válida.

El Ministerio Fiscal apoyó confirmar la paternidad ya que consideraba que la negativa de la madre a facilitar la prueba de ADN constituía un indicio especialmente relevante que debía valorarse junto al resto del material probatorio practicado en el juicio.

La Audiencia Provincial de León señala en la sentencia a la que ha tenido acceso ILEÓN que la negativa a someterse a una prueba de ADN no equivale automáticamente a una confesión presunta, pero sí puede funcionar como un “indicio muy cualificado”, cuando existen además otros elementos que apuntan a la paternidad. El tribunal cita doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para rechazar tanto que la negativa baste por sí sola como que se exija a la parte actora una prueba absoluta e incontrovertible cuando la otra parte impide la prueba científica más fiable.

El tribunal considera que la prueba biológica no afectaba de forma relevante al derecho a la intimidad del menor, pues se limitaba a determinar si el demandante era o no el padre. Añade que la intimidad debe conciliarse con otros derechos, entre ellos el del menor a conocer su origen biológico y el del progenitor a obtener la determinación legal de la filiación.

La resolución destaca además varios indicios adicionales como fotografías del presunto padre en el hospital con el menor, imágenes de los litigantes juntos, una ecografía cuya obtención alternativa por redes sociales no quedó probada, testimonios del padre del demandante y de la propietaria de un bar que los veía comportarse como pareja, y un informe hospitalario que hacía referencia a visitas de “sus padres” tras el nacimiento del niño.

Con todo ello, la Audiencia concluye que no puede afirmarse que esas pruebas indirectas acrediten por sí solas la paternidad con plena certeza. Sin embargo, unidas a la negativa injustificada de la madre a colaborar en la prueba biológica, permiten tener por probada la filiación reclamada conforme a la doctrina jurisprudencial aplicable.

Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en el municipio berciano de Camponaraya, según han informado a la la Agencia EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista. El juzgado 3 del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha ordenado esta tarde la prisión provisional, comunicada y sin fianza para él en una causa que se ha abierto por asesinato.

Fuentes judiciales advierten de que no constan antecedentes de violencia ni policiales ni judiciales entre ambos. Y por ese motivo, y porque tampoco se considera que fueran pareja, la causa judicial no pasará a Violencia sobre la Mujer.

Fue la propia víctima la que llamó pidiendo ayuda a los servicios de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León sobre las 22.00 horas de este martes y a quienes aseguró que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza en el interior de una vivienda en Camponaraya.

Según las primeras investigaciones, no existía una relación sentimental entre víctima y detenido por lo que no puede calificarse como un caso de violencia machista. Entre la víctima y el detenido no constan registros de ningún episodio de violencia, ni judicial ni policial, por lo que el hombre no pasará a disposición de un juzgado competente en violencia machista. La mujer ejercía la prostitución según fuentes de la investigación, una situación que la legislación no contempla juzgar como violencia de género.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Sacyl, que cuando llegaron encontraron a la mujer ya muerta, así como efectivos de la Guardia Civil que detuvieron al supuesto autor en la vivienda. El crimen tuvo lugar en una vivienda situada en la zona de Las Chanas, un enclave de casas unifamiliares y huertas, próximo al canal y rodeado de abundante vegetación.

Las primeras pesquisas apuntan a que ambos mantuvieron una discusión antes de producirse los hechos, si bien los investigadores trabajan para determinar las causas del homicidio. Entre las hipótesis que se analizan figura que la disputa pudiera estar relacionada por adicciones, algo que deberá ser confirmado por la investigación.

El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén. Por su parte, la víctima había estado en tres ocasiones en ese sistema por malos tratos de otros tres hombres, ninguno de ellos el que supuestamente ha acabado con su vida.

Minuto de silencio

El Ayuntamiento de Camponaraya ha realizado este jueves una concentración y ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de la mujer en una vivienda de este municipio berciano. Decenas de vecinos se han concentrado ante el Consistorio para mostrar su rechazo a este suceso y trasladar su apoyo a la familia y allegados de la víctima, María, empadronada en Ponferrada.

Mientras tanto, el hombre de 64 años detenido este martes en Camponaraya como supuesto autor del homicidio, de iniciales F.J.C., pasará previsiblemente a disposición judicial a lo largo de este jueves, según han confirmado fuentes de la investigación.

La investigación continúa abierta y permanece bajo secreto de sumario con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y la relación que mantenían la víctima y el arrestado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial leonesa que condenó a un hombre a seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa tras una pelea.

Los hechos se remontan al 31 de agosto de 2024, cuando el ahora condenado y su compañera sentimental, se encontraban tomando unas copas en un establecimiento hostelero de la ciudad de León, momento en el que accedió al pub el hermano de la mujer, teniendo un altercado con su familiar debido a que su sobrina menor de edad se encontraba en su interior.

Tras salir del establecimiento, los dos hermanos siguieron discutiendo con un intento de agresión, sin que se pudieran demostrar consecuencias físicas de la misma. En este momento el acusado se enfrentó al hermano de su compañera sentimental diciéndole “quieres pelea”, contestando este “si”. Acto seguido, según se recoge en la sentencia, ambos se agarraron y comenzaron a pelear.

El procesado, con una navaja o cuchillo que llevaba en la mano derecha, con ánimo de acabar con la vida del hermano de su compañera y asumiendo, al menos, la alta probabilidad de que con ello podría causarle la muerte, le asestó una puñalada en el cuello, además de pincharle otra vez con esa misma arma blanca en el hombro izquierdo.

Como consecuencia de las heridas sufridas, el agredido tuvo que ser trasladado al Hospital para ser intervenido quirúrgicamente y permaneció durante 72 horas en la UCI.

Debido a las heridas, entre su estancia en el hospital y su tratamiento, el tiempo total de curación y estabilización ascendió a 201 días, persistiendo diversas secuelas motoras y sensitivomotoras en varios de sus miembros.

La resolución judicial considera que las heridas causadas podrían haber puesto en grave peligro la vida del agredido, por lo que estableció un delito de intento de homicidio en grado de tentativa.

Este viernes 19 de junio los Hoteles Conde Luna y Alfonso V de la ciudad de León han sido el escenario de una nueva fase del conflicto que atraviesa la familia Vázquez por la herencia del magnate leonés Antonio Vázquez Fernández, fallecido en el año 2012. Una sentencia en el año 2025 rectificó el reparto de la misma tras el intento de desheredar a su única hija, reconociendo el derecho a acceder a una parte del vasto patrimonio acumulado por el empresario leonés fundador de la empresa de maquinaria PIVA y dueño del Diario de León durante varias décadas, entre otras empresas.

Cerca de una veintena de cuadros pertenecientes a la colección familiar, depositada en los hoteles que pertenecieron a la familia hasta el año 2024 en que fueron vendidos al grupo Barceló, han sido embargados y trasladados como garantía de parte del proceso de pago de la herencia, acompañando un discreto dispositivo policial a la comitiva judicial que ha efectuado el traslado, ta y como es habitual.

En el año 2025 una sentencia reconocía el derecho a la legítima estricta a la hija del magnate, incluyendo un pago millonario en metálico, las costas judiciales y una casa de lujo en Marbella, tal y como adelantó ILEÓN. Quienes tienen que pagar eso son los cuatro sobrinos e hijos del que fuera hijo mayor del empresario leonés, fallecido en 2011, Antonio Vázquez Cardeñosa.

El embargo de la colección familiar se ha producido en el contexto de que no se termina de pagar la legítima de la herencia, por lo que los juzgados han ido embargando todos los bienes posibles localizados a los cuatro hermanos Vázquez Muñoz-Calero, incluyendo cuentas corrientes y viviendas, destacando una de lujo en Madrid valorada en varios millones de euros.

Dentro del proceso se han localizado que buena parte de los cuadros de los dos hoteles leoneses en realidad formaban parte de la herencia familiar, por lo que varios de ellos de más valor han sido embargados y trasladados a un depósito hasta que se aclare su inclusión en el conjunto de la herencia. Entre ellos figuran varios Vela Zanetti, aunque el más icónico de ellos y más valioso, un gran mural en el hall del Hotel Conde Luna no se ha retirado por las dificultades técnicas y para garantizar su conservación.

Según fuentes judiciales al tanto de la situación en la herencia ya se ha entregado una vivienda de lujo ubicada en Marbella, valorada en varios millones de euros, y que en los primeros intentos no había sido posible hasta el punto de motivar un proceso de desahucio.

Además la Justicia ha autorizado el cambio de administración en todas las empresas vinculadas a la familia, desde las históricas PIVA SA o IOVA SA que actuaban de cabecera, hasta sociedades personales de los hermanos Vázquez Muñoz-Calero. Está pendiente la ejecución de cambio de administradores, que buscarán fondos en las mismas hasta liquidar la deuda de la herencia y las costas judiciales, en una cantidad cercana a la media docena de millones de euros. Entre las afectadas está la sociedad que gestiona el restaurante Marcela de León, que ya ha atravesado dificultades en los últimos tiempos, o las históricas bodegas VILE SA, donde la familia posee la mayoría del capital junto a otros socios.

Además del embargo de los cuadros de la colección familiar, en esta jornada se ha embargado un Porsche perteneciente a uno de los herederos deudores, que saldrá a subasta siguiendo los procedimientos habituales.

El proceso de embargos y liquidaciones finalizará cuando se alcance la cifra pendiente, momento en que se liberarán el resto de bienes no liquidados. Pero el conflicto familiar sigue porque todavía está pendiente de realizarse la herencia de la mujer del empresario, fallecida en el año 2020.

El PSOE de León, y el federal, mantienen su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prestado declaración este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra y en la pieza separada de las joyas localizadas en su oficina.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y 'ahijado político' de Zapatero ha expresado en la red social X que “mi confianza en José Luis Rodríguez Zapatero es plena”, asegurando que “la verdad se abrirá paso” en el doble proceso judicial al que se enfrenta el que también fue líder del PSOE leonés entre finales de los 80 y principios de los 2000.

Cendón ha pedido que “Ni ruido, ni linchamientos, ni condenas anticipadas. En democracia hay presunción de inocencia, respeto a la Justicia y Estado de Derecho”.

Comunicado de Zapatero

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional Zapatero ha emitido un comunicado en el que señala que ante las graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra tenía que acudir primero al juzgado a ofrecer su versión, añadiendo que “No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, explica.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”, finaliza el político leonés que ha sido el principal activo de la izquierda en los últimos años.

El PSOE federal también ha emitido un comunicado en el que señala que mantiene su apoyo al presidente Zapatero. “Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”, señalan.

“También seguimos reivindicando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Ese legado sigue plenamente vigente”, especifica la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Nuria Rubio cree “firmemente” en su inocencia

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, ha afirmado que cree “firmemente” en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que el daño que se le está intentando hacer al partido deriva “de ataques personales de agentes externos”, recoge la Agencia EFE.

“Para nosotros es muy duro lo que está viviendo el presidente Zapatero. Yo no me he ocultado nunca. Siempre he creído firmemente en él y creo que hay que respetar la presunción de inocencia como también creo que él se tiene que defender”, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en León al ser preguntada por esta cuestión.

Rubio ha agregado que el PSOE respetará las decisiones judiciales y ha lamentado que haya muchos compañeros de partido que están viviendo procesos judiciales debido a esos ataques externos. En este sentido, ha recordado la sentencia que le dio la razón al secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, “después de casi dos años de injurias y calumnias que ha sufrido porque le intentaron meter en una trama”.

Una acusación que “se utilizó políticamente, también por otros partidos, para intentar dañar su imagen y su prestigio”, ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha contestado en esta jornada solo a preguntas sobre el caso Plus Ultra, rechazando las de la investigación sobre las joyas en su despacho hasta que reúna toda la documentación sobre su procedencia. El juez Calama no le ha impuesto ninguna medida cautelar, pese a las peticiones de Fiscalía y acusaciones populares, pero ha señalado que sus respuestas no disipan las sospechas contra él. 

La Comisión de Fiestas de Villamanín, el pueblo de León desde donde vendieron más participaciones que las respaldadas por décimos en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 premiado con el Gordo, ha anunciado que este año volverá a venderla a través de la creación de una nueva asociación que, además, organizará nuevamente las fiestas de la localidad.

En su decimoquinto comunicado publicado en sus redes sociales, la Comisión de Fiestas ha dado por cerrado “este capítulo” tras el cobro con acuerdo de quita de una inmensa mayoría de agraciados. El colectivo vecinal ha agradecido públicamente “el apoyo, la confianza y la comprensión” y ha hecho un anuncio: “Este año volveremos a vender lotería de Navidad”.

La Comisión de Fiestas del Villamanín, una localidad de menos de mil habitantes situado en la N-630 entre León y Asturias, vendió en el sorteo de la lotería de Navidad de 2025 un total de 450 participaciones de 5 euros del número 79.432, premiado con el Gordo el 22 de diciembre. Cada papeleta debía estar asociada a un premio de 80.000 euros antes de impuestos, pero pocos días después se descubrió que 50 participaciones se habían vendido a mayores sin respaldo de décimos físicos, provocando un escándalo y un caos muy tenso.

Eso provocó un desfase de 4 millones de euros, puesto que la comisión solo podía avalar 400 participaciones, lo que hizo que en la localidad se pasase de la celebración a la indignación, con reuniones tensas entre afectados, escenas de nerviosismo y divisiones entre vecinos. Ahora, “después de muchos meses de trabajo, reuniones, trámites y gestiones podemos decir que nos encontramos en la fase final del proceso iniciado tras la incidencia producida con las participaciones de la lotería de Navidad”, afirman este miércoles en el comunicado que recoge Efe.

Cuentas de los 26,5 millones repartidos

Además, han informado que todas las personas afectadas han recibido un correo electrónico en el que se informa del resultado final de las cuentas con todo el detalle de ingresos, gastos y movimientos realizados por la asociación constituida para este fin, que queda ya disuelta puesto que sólo se creó para poder gestionar el reparto del premio.

Para tratar de resolver el problema, la comisión reconoció el error, pidió disculpas y planteó un acuerdo que consistía en aplicar una quita al resto de participaciones para que todos los agraciados pudieran cobrar. Para ello se abrió un sistema de registro obligatorio y se acordó una reducción del 10% sobre el premio neto de cada papeleta. El reparto del dinero, 26,5 millones de euros, comenzó el 24 de marzo de 2026, después de tres meses de bloqueo y cada participación acabó pagándose a 59.396 euros.

La procesión del Corpus Christi celebrada este domingo en León capital tuvo un momento poco habitual cuando se produjo la detención, por parte de la Policía Local de León, de una mujer que asistía a un momento del recorrido por increpar públicamente a una concejala que participaba en la comitiva. Sobre esta mujer pesaba una orden de alejamiento de carácter judicial respecto de la edil, que obliga a mantener una distancia que fue incumplida de manera flagrante por parte de la detenida.

Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo, en concreto cuando la procesión, con amplia representación de la Corporación municipal, discurría por las inmediaciones de la Plaza de Torres de Omaña, en el Casco Histórico de la ciudad. Según han confirmado fuentes oficiales a ILEÓN, la mujer profirió una serie de improperios en voz alta dirigidos personalmente a una concejala de la comitiva.

En ese momento la distancia entre ambas era escasa, por lo que algunos agentes del cuerpo municipal de Policía, que custodia siempre estos eventos, procedió a apartarla con cierta discreción. Y es que se pudo comprobar que que se trataba de la misma persona sobre la que pesa una orden de alojamiento respecto a la concejala. Como también ha podido contrastar este medio, esa orden judicial está vigente desde hace tiempo atrás a raíz de varias denuncias policiales que la concejala ha tenido que interponer por un alto número de encontronazos vividos, a raíz de las cuales el Juzgado determinó la medida del alejamiento.

La detenida ha pasado unas horas en dependencias policiales, en espera de la elaboración de las averiguaciones pertinentes y su posterior puesta a disposición judicial, todo ello sin que se vivieran momentos a priori peligrosos por la escena en plena vía pública, precisamente en parte a la rápida actuación policial para ponerle fin. La procesión del Corpus pudo continuar su recorrido tradicional sin mayores inconvenientes.

El propietario de un desguace de Ponferrada que liberó de forma directa a la atmósfera los gases contaminantes de 2.125 vehículos en lugar de entregarlos a centros autorizados para su correcta eliminación ha aceptado dos años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En total, su práctica liberó casi 441 toneladas de dióxido de carbono con un perjuicio económico global al medio ambiente valorado en 20.058,37 euros.

El acusado ha reconocido los hechos este lunes en la Audiencia Provincial de León y ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios, es decir, 1.440 euros, después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo y la Fiscalía haya rebajado su petición de pena de tres años iniciales a dos, la mínima para dicho delito.

La Fiscalía también ha modificado la petición de multa de los veinte meses iniciales a ocho, aunque ha mantenido la cantidad que solicitaba para la mercantil de la que el condenado es administrador, acusada formalmente como persona jurídica, cifrada en el doble del perjuicio económico ocasionado, es decir, 40.116,74 euros.

Tres años de emisiones contaminantes

Según el escrito de la Fiscalía el acusado, administrador único de un centro autorizado de tratamiento de vehículos, liberó de forma deliberada a la atmósfera los gases refrigerantes de esos más de 2.000 coches dados de baja en sus instalaciones entre los años 2019 y 2022.

El Ministerio Fiscal sostiene que el ya condenado, “a sabiendas de sus obligaciones legales”, no llevó a cabo el tratamiento de residuos obligatorio para la gestión de gases fluorados y halocarbonados altamente perjudiciales, empleados de forma habitual en los sistemas de aire acondicionado y climatización de los automóviles.

De acuerdo con el informe del fiscal, las instalaciones omitieron el procedimiento legal de entregar estos gases a centros autorizados para su correcta eliminación y, en su lugar, procedieron a su liberación directa.

La acusación pública cifra el impacto ambiental en la emisión indebida de un total de 308,19 kilogramos de gas refrigerante, lo que equivale científicamente a la liberación de 440,71 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera terrestre.

El fiscal asegura en su escrito que la persistencia atmosférica de estos gases puede prolongarse durante “décadas o cientos de años”, con efectos negativos directos sobre los ecosistemas marinos, la salud humana y el agravamiento del cambio climático.