Fiscalía pide 12 años de cárcel para los Del Valle por el fraude fiscal de 2,1 millones de euros de carbón de la Hullera Vasco-Leonesa

El juicio contra los empresarios y directivos mineros de León acusados de fraude masivo ha quedado este martes visto para sentencia, después de cinco días de testificales. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, únicas acusaciones de la causa, consideran probado que los cinco empresarios juzgados por tres delitos contra la Hacienda Pública hicieron pasar mineral de exterior, de cielo abierto, por carbón de mina de interior para cobrar una subvención cinco veces mayor de forma “deliberada y pactada”, y han cifrado en 2,1 millones la cantidad defraudada en los tres años investigados.

Este martes, en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de León, tanto el Ministerio Fiscal como el representante legal de la Agobacía del Estado han pedido sentencia condenatoria contra los dos miembros de la familia franquista Del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, un directivo de la Vasco y dos responsables de subcontratas con las que operaban, al entender que había “un concurso” entre los acusados, que trabajaban con una “relación triangular” a través de las empresas Hullera Vasco-Leonesa y Transportes Peal y Restauraciones Mineras para defraudar a Hacienda.

La Fiscalía ha mantenido su petición de pena de prisión para los cinco acusados por tres delitos contra la Hacienda Pública cada uno. En el caso de Antonio del Valle y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco-Leonesa, y de Mario Calvo Herce, en su momento director general de esa empresa, la Fiscalía ha pedido cuatro, tres y cinco años de prisión por cada delito, es decir, un total de doce años de cárcel para cada acusado como autores de la defraudación.

Para José Manuel Alonso, administrador único del Grupo Peal, y Francisco Javier Luengo, el director general de esa empresa y máximo responsable del cielo abierto de Santa Lucía, la Fiscalía ha pedido siete años y medio de prisión para cada uno como “cooperadores necesarios” para defraudar a Hacienda.

Los hechos enjuiciados corresponden a los años 2011, 2012 y 2013, cuando se apreció por parte de un perito de la inspección de la Agencia Tributaria una diferencia entre lo real y lo facturado en un 21 por ciento el primer año, en un 17 por ciento el segundo y en un 28 por ciento el tercero, porcentajes a los que ha aludido la fiscal durante el juicio. En concreto, ha detallado que el fraude fue de 734.981,28 euros en 2011, de 510.463,37 euros en 2012 y de 868.931,61 en 2013, que eleva la cuantía total por encima de los 2,1 millones de euros.

“Todos conocían los hechos y tomaban decisiones en común, tal y como se ve en los correos electrónicos aportados a la causa y que demuestran este concierto”, ha manifestado la fiscal, quien ha insistido en que la Hullera Vasco-Leonesa deducía de esas cuentas un IVA que no se correspondía con las actividades legales y eludía de modo consciente y deliberado sus obligaciones tributarias.

“Cobrar subvenciones de carbón de exterior como si fuera carbón de interior, que es cinco veces más. Esa es la esencia de la confabulación. Era necesario compensar a Transportes Peal con sobrefacturación para que no se opusiese a facturar carbón de exterior como carbón de interior de la Hullera Vasco-Leonesa. Lo que pagaba toda la fiesta era el cielo abierto”, ha detallado el abogado del Estado, quien, como la Fiscalía, ha reiterado que lo que se llevaba a cabo era “una sobrefacturación de mineral estéril y una infrafacturación de carbón”.

La sobrefacturación por el estéril se hacía “mediante la facturación de muchos metros cúbicos de ese material que, en realidad, no se habían movido y se compensaba con la infrafacturación del carbón para deducir cuotas de IVA por unos trabajos nunca practicados”, ha detallado el abogado del Estado.

En esta misma causa había otro acusado, José Manuel Alonso, conocido como Manolo Peal, quien falleció el pasado marzo a los 87 años. Por su parte Emilio Amor, uno de los responsables del cielo abierto cuyas iniciales aparecían en el señalamiento de esta vista como acusado, ha salido del procedimiento al retirarle la fiscal esa condición.

En el momento de su declaración los acusados negaron la trama y sus abogados defensores han pedido en todos los casos la libre absolución al considerar que el juicio “no se tenía que haber celebrado”, reclaman la nulidad de las pruebas por haberse obtenido, dicen, de manera “ilícita”, y la inexistencia de evidencias incriminatorias contra los acusados.

Una parte fundamental de la investigación, y en la que se basaban las acusaciones tanto del Ministerio como de la Abogacía del Estado, ha quedado ya anulada por una sentencia del Tribunal Supremo. Es por eso que Fiscalía ha tenido que rehacer su escrito de acusación y, según ha argumentado, también por esa circunstancia se negaba a facilitar ninguna información a los medios de comunicación.

Ninguno de los acusados ha hecho uso de su derecho a la última palabra en la sesión final de un juicio que ha quedado visto para sentencia.