Las organizaciones profesionales agrarias de la provincia de León Asaja (última en sumarse), Alianza Ugal-UPA, Ucale-COAG y UCCL han acordado este lunes convocar un “gran acto de protesta conjunto” que tendrá lugar el viernes 23 de febrero de 2024 y consistirá nuevamente en una tractorada que recorrerá las principales calles de la capital provincial.
Además, por medio de un comunicado, instan a las organizaciones de ámbito superior, autonómico o nacional, a que se marque un calendario de protestas más amplio bajo la unidad de todo el sector.
Explican que sus reivindicaciones pasan por una revisión del plan estratégico de la PAC para España para flexibilizar las exigencias medioambientales, y en particular eliminar el barbecho, la rotación y la diversificación de cultivos, así como que no haya ninguna limitación a la siembra de maíz.
También reclaman reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, y exigen las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea. “Pedimos tratar a Ucrania como un país tercero y por lo tanto imponer cuotas y aranceles a sus exportaciones”, señala el escrito que han difundido.
Otra de sus reivindicaciones es la de acabar con el oligopolio de los abonos para facilitar la importación de terceros países y dar apoyo normativo y económico a la fertilización con abonado orgánico.
Igualmente reclaman reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes y de la electricidad y promover la libre competencia para que haya una bajada de los precios y actuar a través de la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir la venta a pérdidas y reforzar el papel del productor en la negociación de los contratos.
También defienden la revisión de toda la normativa en materia de sanidad y bienestar animal, tratamientos fitosanitarios y abonado de los suelos agrícolas, así como la mejora de los pastos en los montes públicos con desbroces y quemas controladas, prioridad en las adjudicaciones a los ganaderos locales o de la provincia.
Por la caza del lobo, también
Añaden a sus exigencias que el lobo deje de ser especie especialmente protegida para que se puedan controlar los censos y que se indemnicen la totalidad de los daños que provoquen las especies salvajes en la cabaña ganadera y en los cultivos.
Entre sus reclamaciones también destacan la necesidad de que haya respuestas rápidas y eficaces en la autorización de productos fitosanitarios para combatir plagas y enfermedades de cultivos menores como el lúpulo o las alubias.
También piden planes de sanidad animal que afronten los retos de las enfermedades tradicionales, como la tuberculosis bovina, y las nuevas enfermedades como la EHE, consensuados entre el Estado y las comunidades autónomas, dando prioridad a las medidas preventivas (vacunación), y compensando al ganadero de la totalidad de las pérdidas que le ocasionen.
Derogación del Plan Hidrológico del Duero
Apuestan por normalizar todas las ayudas a la modernización de explotaciones, dotarlas de fondos para que la subvención base alcance el 40% del coste real de la inversión, priorizar la medida en el agricultor profesional y elevar a 350.000 euros el importe máximo de facturación para permanecer en el sistema de módulos fiscales de la agricultura.
Finalmente, reclaman derogar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero y negociar uno nuevo que cuente con el consenso del sector y de todas las administraciones agrarias implicadas, y un plan ambicioso para cerrar el mapa de la modernización del regadío y de los nuevos regadíos en la provincia de León, así como un plan de inversiones para aumentar la capacidad de agua embalsada.