La oposición socialista registró hoy una petición de comparecencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para que “cuente la verdad” en las Cortes ante el “sainete” y “bodevil” de cifras lanzadas entre los ejecutivos autonómico y central en relación al supuesto ahorro que supondrá para la comunidad acogerse en 2015 a las medidas de sostenibilidad financiera de las autonomías y entidades locales acordado por el Ministerio de Hacienda.
La vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes y secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez informó en la primera rueda de prensa de este nuevo año que han pedido que el mes de enero sea hábil en el Parlamento de Castilla y León para la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara con el objeto de celebrar un pleno en el que el presidente de la Junta informe de ese ahorro y de las negociaciones que ha realizado. “Vamos a ser implacables en exigir compensaciones” a la Comunidad, advirtió.
Sánchez se acogió a unas manifestaciones del consejero portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en las que se refirió a “negociaciones al más alto nivel” del presidente en relación a medidas sobre mecanismos de financiación de la deuda a las comunidades para manifestar que “se ha cubierto de gloria” y “ha fracaso” a tenor de lo visto después, en referencia a que Herrera se manifestó “indignado” con el ministro Cristóbal Montoro.
En tal sentido, exigió que el presidente dé explicaciones en las Cortes para aclarar el “sainete de cifras”, en alusión a los 483 millones de euros de ahorro que estimó el Ministerio de Hacienda el día en que se celebró el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, corregido después a 163 tras la critica de Herrera, cuyo Gobierno cifra en menos de 100 el supuesto ahorro en intereses de acogerse al mecanismo que se pone en marcha este año.
“Los que no se ahorran son los ciudadanos de Castilla y León, que pagan la pésima gestión de un Gobierno con un proyecto agotado y desnortado, que se enreda entre la sucesión y la corrupción”, opinó la 'número dos' del PSCyL, que contrapuso el trabajo de su partido en la configuración de una alternativa para la Comunidad, a la que acudirán “en forma y con los deberes hechos”, con la del PP.
Sánchez recordó que su partido ha estimado en 897 millones el pago extra de la Junta en intereses a una media del seis por ciento por la emisión de deuda en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, ya que Castilla y León no acudió al Fondo de Liquidez Autonómica y salió al mercado para financiarse. A la vista de la trayectoria de estos años y de la condonación de los intereses a las autonomías que se han acogido al FLA, la dirigente socialista admitió que “hubiera sido más beneficioso, por lo que se ve”.
“No hay nada de lo que se deba ocupar más el presidente de la Junta que de dar explicaciones”, recalcó Sánchez, tras subrayar que su partido ha pedido compensaciones por el dinero extra pagado para financiarse cuando, a la vez, se han producido recortes en los servicios públicos, aunque estimó que es el Gobierno quien debe fijar las mismas.
También, incidió en la pregunta de la entonces viceportavoz en las Cortes, Ana Redondo, el pasado mes de abril en relación a la manifestación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el sentido de que la Junta se hubiera ahorrado 166 millones de euros de haberse acogido al Fondo de Liquidez Autonómica. En su respuesta entonces, el consejero de la Presidencia defendió que se hizo una “buena operación” al no acudir al FLA.
La secretaria de Organización reiteró que su partido trabaja en un alternativa sólida y seria para el cambio político en la Comunidad y subrayó que el PP tiene pendientes, entre otros asuntos, las peticiones de su grupo de comisiones de investigación del caso Gürtel y de financiación irregular en la campaña electoral de los populares en Salamanca, junto a la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentado por los socialistas al proyecto de ley de Transparencia.
Entre los proyectos en los que trabaja el PSCyL, Sánchez enumeró el Plan Garantía 45 para parados de larga duración y mayores de esa edad y los planes de reindustrialización y defensa de los servicios sociales.