La Junta abre la puerta a ampliar las ayudas a la educación concertada por sugerencia del Procurador del Común
La Junta de Castilla y León abre la puerta a ampliar “progresivamente” las ayudas públicas para el alumnado de centros de educación concertada tras la recomendación del Procurador del Común, que pidió eliminar las diferencias existentes en servicios como comedor, transporte escolar o programas de conciliación cuando las familias tengan circunstancias económicas y sociales equivalentes.
El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que la intención de la Junta es avanzar hacia una mayor equiparación entre los beneficios que reciben los estudiantes de centros públicos y concertados, aunque remarcó que la principal responsabilidad de la Administración autonómica sigue siendo garantizar la calidad de la red pública.
“Nuestra idea es poder ir equiparando progresivamente los beneficios de los centros públicos y de los centros concertados”, afirmó Carriedo al ser preguntado por este medio por la resolución del Procurador del Común. El portavoz autonómico no concretó qué medidas podrían adoptarse ni si la Consejería de Educación aceptará formalmente todas las recomendaciones planteadas por la institución, pero defendió como algo positivo que Castilla y León es una de las Comunidades “con más igualdad” entre ambas redes educativas.
“Es verdad que nuestra principal responsabilidad es la gestión de los centros públicos, es donde nos tenemos que centrar, garantizar la calidad de los centros públicos, pero también es verdad que Castilla y León es de las Comunidades Autónomas de más igualdad entre los centros públicos y los centros concertados”, señaló.
La resolución del Procurador del Común cuestiona que determinadas ayudas financiadas con fondos públicos estén condicionadas por la titularidad del centro educativo. La institución considera que no debe existir una diferencia de trato entre familias con una situación económica o social similar únicamente porque sus hijos estén matriculados en un colegio público o en un centro privado concertado sostenido con fondos públicos.
Entre los servicios analizados figuran las ayudas de comedor y transporte escolar, así como los programas de conciliación ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’, actualmente vinculados principalmente al alumnado de centros públicos. El Procurador del Común sostiene que la capacidad económica de las familias y sus circunstancias personales deben ser los criterios determinantes para acceder a estos recursos.
Hasta ahora, la Junta ha defendido que estos servicios complementarios tienen una regulación diferenciada y que los conciertos educativos no incluyen necesariamente estas prestaciones. No obstante, la respuesta de Carriedo abre ahora la puerta a una modificación progresiva de estas ayudas, si bien deja pendiente qué alcance concreto podría tener esa equiparación y cuándo se aplicaría. La Consejería de Educación tiene de plazo hasta octubre para comunicar si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.
