El desmantelamiento de la Universidad Pública: crónica de un saqueo consentido
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, en la vertiente de negociación colectiva, y las ha obligado a reanudar la negociación del convenio del profesorado. Que haga falta una sentencia para conseguir lo obvio, que las universidades se sienten a negociar, retrata la gravedad del problema. Las instituciones que enseñan derechos deben empezar por respetarlos dentro de sus propios campus.
Pero la Junta de Castilla y León también es responsable de esta situación, ahora en manos del nuevo consejero de industria, Juan Carlos Suárez-Quiñones, famoso por su incapacidad e inoperancia al cargo de la consejería de medio ambiente, la legislatura pasada, quien justificaba públicamente su ausencia, mientras ardía la comunidad, con el argumento de que él tenía “la mala costumbre de comer”. Por eso no extraña que la mesa sectorial del personal universitario lleve más de veinte años sin reunirse y, con este consejero de industria, otros veinte más que se auguran.
La actual Ley de Universidades (LOSU) establece el objetivo de alcanzar al menos el 1% del PIB en gasto público universitario para el conjunto del Estado, pero en Castilla y León solo se invierte el 0,65% del PIB autonómico. Por eso quienes pagan la factura es el profesorado y los estudiantes. La pérdida de poder adquisitivo desde 2008 es de cerca de una quinta parte para determinadas categorías. Hay profesorado que cobra 360 euros al mes. Exigir una cualificación creciente sin ofrecer condiciones para construir una vida convierte la carrera académica en una selección económica: pueden resistir mejor quienes cuentan con respaldo familiar.
Pero especialmente preocupante es la situación del personal investigador en formación y de quienes dependen de contratos temporales. Encadenar contratos, desconocer si habrá continuidad y dedicar tiempo de investigación a buscar la siguiente financiación convierte la carrera académica en una prueba de resistencia económica y personal. La Universidad Pública acaba así expulsando talento y reproduciendo las desigualdades que debería combatir: permanecer en ella depende cada vez más de poder permitirse la precariedad.
Para el alumnado, el precio de estudiar incluye matrícula, habitación, alimentación, transporte y tiempo. Una rebaja de tasas resulta insuficiente si el alquiler absorbe los recursos de la familia o si es necesario trabajar tantas horas que asistir a clase se convierte en una carrera de obstáculos. En una comunidad extensa, como Castilla y León, con población dispersa, garantizar el acceso exige matrículas reducidas o gratuitas, becas suficientes, alojamiento público y transporte asequible. La igualdad de oportunidades se vacía cuando solo se garantiza formalmente una plaza.
También se debilita cuando la financiación impide disponer de plantillas suficientes y estables. Preparar una asignatura, acompañar un trabajo de fin de grado, atender una tutoría o supervisar una tesis exige tiempo y dedicación que deben ser reconocidos y pagados. El alumnado necesita continuidad docente y atención; el profesorado necesita condiciones para proporcionarlas. La sobrecarga y la incertidumbre contractual dificultan ambas cosas.
Presentar las reivindicaciones laborales como intereses corporativos oculta que buena parte de la calidad educativa se sostiene precisamente en esas condiciones de trabajo. Un profesorado sobrecargado, con contratos inciertos y obligado a competir permanentemente por su continuidad dispone de menos tiempo para preparar sus clases, acompañar al alumnado e investigar con rigor. Defender plantillas suficientes, salarios dignos y estabilidad laboral es defender el derecho del estudiantado a recibir una formación de calidad. Enfrentar ambos derechos sirve a quienes pretenden que la comunidad universitaria se dispute las migajas mientras renuncian a financiarla adecuadamente.
Expansión del mercado educativo privado
El desgaste de la Universidad Pública facilita, además, la expansión del mercado educativo privado. El número de universidades-chiringuitos privados ha superado al de universidades públicas. Allí donde la oferta pública resulta insuficiente, aparece una oportunidad de negocio para quienes conciben la educación superior como un mercado y al alumnado como una clientela. Las familias con recursos pueden comprar alternativas privadas; las demás deben modificar sus expectativas, desplazarse o renunciar. Ese mecanismo transforma el derecho a la educación superior en una capacidad de consumo. Y después se presenta como libertad de elección lo que para muchas personas constituye una selección forzada por sus ingresos.
El saqueo al que estamos asistiendo en las universidades públicas de Castilla y León consiste también en apropiarse del tiempo, del esfuerzo y de las expectativas de la comunidad universitaria. Se cuenta con que el profesorado seguirá asumiendo tareas, aunque no se reconozcan ni se paguen, porque le importa su alumnado; con que quienes investigan, que aceptarán nuevas incertidumbres para poder continuar su trabajo de investigación aunque aumente su precariedad; con que las familias harán otro sacrificio más para que sus hijos e hijas puedan estudiar. Esa entrega sostiene la institución, pero su utilización como sustituto de una financiación suficiente es inmoral y absolutamente injusta, porque los impuestos de todos y todas deben destinarse al bien común y a garantizar los derechos colectivos, no a desmantelar lo público para abrir nuevos nichos de negocio. La profesionalidad y la responsabilidad de la comunidad universitaria no puede convertirse en una subvención permanente a la irresponsabilidad política.
Revertir este proceso exige financiación pública estable, negociación efectiva, recuperación salarial, estabilización de plantillas y condiciones materiales para estudiar. Exige que los rectorados rindan cuentas y que la Junta asuma sus responsabilidades. También requiere una alianza entre profesorado y alumnado capaz de hacer visible lo que está en juego. Castilla y León necesita universidades públicas que permitan a su juventud aprender, investigar y construir un futuro sin que el origen social decida hasta dónde puede llegar. Defenderlas es disputar quién tiene derecho al conocimiento y quién pretende convertirlo en un privilegio.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro de la Ejecutiva Federal de la Federación de Comisiones Obreras.