El Gobierno pone en marcha el tope al gas para conseguir abaratar la factura eléctrica

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria, el esperado tope a la generación de electricidad con gas natural para conseguir abaratar la factura de la luz.

Lo ha hecho casi 50 días después de que la Comisión Europea abriera la mano a la denominada “solución ibérica”, y tras semanas de negociaciones con Bruselas y con Portugal, donde se va a aplicar de manera simultánea por la integración del mercado mayorista de electricidad de la Península Ibérica.

“Una medida muy extraordinaria”, según la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que permitirá “un objetivo muy importante, que es ponerle tope al precio del gas y con ello abaratar el recibo de la luz a todos los españoles” y permitirá “frenar” la tendencia alcista del IPC.

Con esta solución “por primera vez no pagan los mismos”, ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El mecanismo, sin precedentes, persigue “reducir” de forma “muy significativa” los “beneficios extraordinarios de las empresas energéticas”, que “van a seguir obteniendo beneficios”. Será un “paraguas” para beneficiar “a todos” y proteger a consumidores domésticos, empresas y gran industria de la elevadísima volatilidad de la cotización de la energía.

El mecanismo, que en principio se publicará en el BOE el sábado y entrará en vigor en domingo, va a beneficiar al 37% de los consumidores domésticos y el 70% de los industriales en España, ha explicado Ribera, todavía tiene que ser aprobado por la Comisión Europea, y será entonces cuando tenga “plena efectividad”, lo que puede llevar incluso “semanas”.

Así, tras el visto bueno de los Gobiernos de España y Portugal en sus respectivos consejos de ministros, reunidos este viernes en sesión extraordinaria, el mecanismo se remitirá “inmediatamente” a la Comisión Europea, que “debe adoptar una decisión del colegio de comisarios para hacer efectiva su aplicación”, como ha explicado en los últimos días la vicepresidenta.

El precio que se aplicará, ha explicado Ribera, será de 40 euros “durante seis meses” e “irá creciendo poco hasta alcanzar los 48 euros” de media. Así, el precio de referencia del gas que se establece en el mecanismo será variable, y una vez transcurridos los primeros seis meses pasará de los 40 €/MWh a incrementarse cada mes en 5€/MWh, hasta alcanzar un valor de 70 €/MWh en el último mes. El objetivo es una salida gradual y escalonada de la medida para permitir a los agentes adaptarse al escenario en el que el mecanismo deje de ser de aplicación.

El resultado final en el mercado mayorista, según Ribera, es que en el mercado mayorista “el precio promedio a lo largo del año estará en 130 euros/MWh frente a los 210 MWh de este trimestre”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó el jueves, en unas jornadas organizadas por elDiario.es, que ese tope se va a traducir en un precio medio del gas de 48,8 euros por megavatio hora (MWh) durante un año, ligeramente por debajo de los 50 euros/MWh anunciados inicialmente.

“El mecanismo tendrá una vigencia de un año, garantizando un precio medio durante ese periodo de 48,8 euros, lo que supondrá también una importante protección ante futuras subidas de los precios internacionales de la energía en un escenario geopolítico de enorme volatilidad”, explicó Sánchez, que advirtió que el contexto energético actual, marcado por la Guerra en Ucrania, “va a durar tiempo”.

La propuesta inicial de España y Portugal pasaba por fijar un precio de 30 euros/MWh a la generación con gas natural. Finalmente acordaron con Bruselas elevar ese tope para los ciclos combinados hasta el entorno de los 50 euros/MWh, empezando por una cifra más baja, de 40 euros/MWh. Para lograr ese acuerdo político, también se tuvo que desechar la idea de que ese precio fuera distinto para las exportaciones de energía a Francia.

En España, la medida va a tener un impacto directo en los consumidores acogidos al precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada, con un descenso de los precios finales de en torno al 30%. Esta modalidad, la de “los tontos”, en desafortunada expresión del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (que hace una semana tuvo que disculparse por esas palabras tras la reprimenda del Gobierno), recoge directamente las oscilaciones del mercado mayorista de electricidad. Ribera ha dicho este viernes que esas declaraciones de Galán le produjeron “un profundo bochorno” y ha recordado que para tener los descuentos del bono social “necesariamente” hay que tener el PVPC.

A esta tarifa estaban acogidos en diciembre de 2021 (el último dato disponible, que se acaba de publicar) algo menos de 10 millones de hogares y pymes. En concreto, y según los datos publicados este jueves por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), son 9.999.491 suministros los acogidos al PVPC, que suponen un 36% de los contratos en baja tensión (hasta 15 kilovatios contratados).

La medida beneficiará también directamente a la industria española que, de forma mayoritaria, acude directamente al pool para suministrarse de electricidad (en él obtiene su energía el 70% de la demanda de este sector), y que ha apoyado abiertamente la aprobación de este tope.

La medida ha sido muy cuestionada por las eléctricas, que han intentando tumbarla con una intensa campaña en Bruselas y que España y Portugal han logrado sacar adelante argumentando su escasa interconexión con Francia, muy inferior a la que predica la propia UE.

Sin embargo, a medida de que la situación en Ucrania se enquista y se abre paso la posibilidad de un corte del suministro de gas desde Rusia, la Comisión Europea se abre incluso a poner en marcha un tope al gas a escala europea.

La aprobación de la solución ibérica se ha retrasado más de lo esperado por las negociaciones con los técnicos de la Comisión Europea y con Portugal, donde la medida va a tener un efecto mucho menos visible que en España porque las tarifas de los usuarios domésticos en el mercado regulado se fijan con una periodicidad anual.

En Portugal, donde la “solución ibérica” no ha recibido ni la décima parte de atención que en España por parte de los medios, se va aplicar a los consumidores expuestos directamente a las fluctuaciones de precios del mercado mayorista, que allí son clientes en el mercado liberalizado. En buena parte, lo contrario que en España.

Como se explica en uno de los últimos borradores del decreto-ley al que ha tenido acceso elDiario.es, “la medida se configura como un mecanismo de ajuste del coste producción de las tecnologías fósiles marginales, que tiene como efecto una reducción equivalente a dicho ajuste en las ofertas que dichas tecnologías realizan en el mercado, con la consiguiente reducción de precio de casación del mercado. Las cantidades correspondientes a dicho ajuste son financiadas por aquellos consumidores que se benefician de la referida reducción, resultando en cualquier caso un precio final inferior al que se daría en ausencia de la medida”.

Así, quienes lo van a financiar serán los consumidores que se van a beneficiar de la medida, que abonaran la diferencia entre ese tope y el precio real de la materia prima, utilizando como referencia el mercado ibérico MibGas. El resultado será un ahorro neto “para todos los consumidores”, ha explicado Ribera. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha cifrado en 6.000 millones de euros el coste de esa subvención al gas.

Esta semana, el homólogo luso de Teresa Ribera, Duarte Cordeiro, ha asegurado que esta medida “es una forma de capturar parte de las ganancias inesperadas de estas empresas y mutualizar esos beneficios no inesperados en el sistema”.

Quienes, por el diseño marginalista de este mercado impuesto hace más de dos décadas por la Comisión Europea, están vendiendo electricidad “a un valor muchísimo superior al que esperaban” por la exponencial subida del gas a causa de la crisis geopolítica con Rusia y la guerra en Urania, sin que tenga relación con sus costes de producción (Cordeiro citó expresamente la hidroeléctrica) “tienen ganancias extraordinarias e inesperadas. Con el mecanismo ven esas ganancias capturadas y aplicadas y socializadas en el mercado de electricidad para bajar el precio”, explicó el ministro.

Así, tal y como se recoge en uno de los últimos borradores del Real Decreto-Ley por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, en los primeros cuatro meses del año 2022 la cotización del gas se ha situado en 95,98 €/MWh, un valor nueve veces superior a la media de cotización de dicho producto durante en el año 2020, y el doble que en 2021.

Y el contagio del gas al precio final del mercado mayorista es “un problema de diseño regulatorio” porque ambos países no se están beneficiando del fuerte peso de las renovables en su mix eléctrico.

Portugal también ha abierto la puerta a implantar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas por esos windfall profits. La medida sigue en estudio.