El Supremo 'sentencia': Castilla y León no deberá indemnizar al sector hostelero por las restricciones de la pandemia
![Cafetería durante la fase 1 del estado de alarma en la pandemia, sólo con servicio exterior.](https://static.eldiario.es/clip/2820bc7e-2b44-4fc1-95a6-7d8a82202462_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El Tribunal Supremo (TS) considera, conforme a lo que defendían los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, que las restricciones impuestas por la normativa (estatal y autonómica) que afectaron a la actividad empresarial asociada a algunos establecimientos para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19 “fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación, y gozaron del suficiente grado de generalidad en cuanto a sus destinatarios, de modo que no generaron ningún derecho de indemnización por los posibles perjuicios sufridos”.
Así lo ha resaltado hoy el Gobierno autonómico como valoración de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha desestimado los dos primeros recursos en los que se demandaba la responsabilidad patrimonial de la Junta por los daños sufridos por empresas del sector de la hostelería los años 2020 y 2021, sobre todo. Hay que recordar que en un momento dado, Castilla y León fue la única Comunidad que, contraviniendo criterios estatales, adelantó a las 20.00 horas el toque de queda.
Las mismas fuentes explicaron, como recoge Ical, que el Tribunal afirma que la sociedad en su conjunto tuvo que soportar las decisiones adoptadas por los poderes públicos para preservar la salud y la vida de los ciudadanos, de manera que “la vía de reparación o minoración de los daños para aquellos que los padecieron con mayor intensidad, de ser procedente, debería articularse a través de las ayudas públicas, que se concedieron ampliamente, pero no la de la responsabilidad patrimonial”.
Como argumentaron los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la sentencia también reconoce que esas medidas encontraban su encaje en las previsiones de la Ley General de Salud Pública, regulación que excluye el hecho de que la Administración deba indemnizar los gastos causados por las medidas adoptadas para preservar la salud pública.
Frente a lo anterior, la sentencia considera que las partes demandantes “no han llegado a acreditar que las medidas a las que se imputa el daño carezcan de justificación, idoneidad y razonabilidad, algo que resulta especialmente exigible conforme al principio de precaución, reconocido por el Derecho de la Unión Europea, cuando, como ocurre en este caso, la salud humana está en riesgo”.
Considera la resolución judicial también que no se está ante supuestos de “privación singular de bienes o derechos, entendida esta como sacrificio especial impuesto deliberadamente de forma directa a través de un procedimiento específico”, sino ante un supuesto de “restricciones generales de carácter temporal del ejercicio de determinados derechos, impuestas a través de una norma jurídica con valor de ley que a todos obliga, y con el fin de preservar la salud y la vida de los ciudadanos”.
Finalmente, la Junta aclara que la sentencia indica que tampoco se puede considerar que la actividad de la Administración “vulnerase los principios de confianza legítima, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, motivación y buena regulación, a cuyo efecto acude al Tribunal Constitucional, que también calificó la actividad administrativa como razonable, proporcional y adecuada a la situación existente”.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se congratuló por la desestimación de estos primeros recursos en los que se reclamaba la responsabilidad patrimonial conjunta del Estado, por la declaración del estado de alarma, como de la Comunidad de Castilla y León, por las medidas adoptadas, y afirma que “la respuesta dada fue adecuada a la situación, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente en aquel entonces”.