Los seis mineros que fallecieron el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa no llegaron a usar el autorrescatador que llevaban consigo para salir de la mina para evitar el escape de grisú “impredecible e inevitable” que les costó la vida, según los acusados. Nada hizo prever lo que pasó y la empresa “nunca escatimó en seguridad. Hizo todo lo posible pero fue impredecible e inevitable”, según las defensas.
“La supervisión del taller era diaria. No vi nada anormal ni tengo por escrito ninguna comunicación que presente ninguna anomalía”. Es una de las afirmaciones que hizo este lunes el que fuera ingeniero técnico jefe del Grupo Tabliza.
David Toribio Fernández fue el primero en declarar en la primera sesión de la segunda semana del juicio que se extenderá en la capital leonesa hasta finales del mes de marzo, con 16 acusados, y estuvo respondiendo a las cuestiones de las acusaciones y las defensas durante cinco horas.
El vigilante, dijo, “tiene obligación de reflejar cualquier anomalía y no lo dejó. Él es recurso preventivo y además tiene la obligación de dejar reflejado en el libro de comunicación entre vigilantes cualquier anomalía… si no lo dejó, tienen que preguntarle al vigilante cuando venga”, en alusión a los vigilantes de segunda categoría, ninguno de los cuales comparece como acusado en este caso.
Respecto al fatídico día -él se encontraba en el hospital de la empresa cuando ocurrió el siniestro- señaló que el parón previo que se produjo en la zona se debió a una avería. “No había valores anómalos esa mañana, salvo las provocadas por las dos paradas de ventilación secundaria, por un fallo eléctrico y una avería en las cintas transportadoras. El tres por ciento de metano registrado sucede cuando el personal está fuera, porque se pararon los motores eléctricos de las turbinas por un fallo de corriente en las cintas transportadoras de La Robla”, subrayó.
A su juicio “no había ninguna situación de peligro” previa al ‘fenómeno gasodinámico’ al que se atribuye el suceso y respecto a las anotaciones que mencionaban una elevada presencia de gas en los libros de comunicación entre los vigilantes en sucesivas fechas insistió en que junto a esos comentarios figuraban igualmente las palabras “todo normal”. “A Jefatura de Minas por alguna extraña razón parece que se le olvidó apuntar al lado lo de ‘todo normal’ junto a lo que usted dice de que todos los días hay mucho gas”, manifestó a preguntas de un letrado.
Respecto a los elevados niveles de grisú que se habrían alcanzado días antes del accidente en la explotación, según el testimonio de un vigilante, se remitió a lo que puede declarar el interesado. “Si se hubiera llegado al cinco por ciento, le tienen que preguntar por qué no mandó abrir los autorrescatadores. En ninguna declaración de los trabajadores de ese relevo consta así”, comentó y señaló que el trabajo quedó interrumpido y se retomó cuando se normalizaron los valores. “Entiendo que se hizo lo correcto y si el vigilante consideró que estaba bien…”, dijo, añadiendo que, “desgraciadamente, el autorrescatador les habría dado tiempo a salir”.
También declaró que no le consta que algún trabajador solicitase no volver a trabajar en el taller siniestrado por considerarlo inseguro y defendió la existencia de un plan de emergencia “aprobado por Minas dentro del plan de explotación” y en reiteradas ocasiones recalcó que los valores de metano registrados “no eran anormales para nada” en una explotación minera de tercera categoría, considerada altamente grisuosa.
A preguntas de un letrado, David Toribio aseguró que el accidente fue “totalmente imprevisible e inevitable”, “un terremoto de metano”, y recordó que las víctimas no llevaban colocados los autorrescatadores cuando fallecieron. En respuesta a su defensa, el acusado recalcó que el taller afectado estaba “totalmente intacto” tras la tragedia, que descarta el colapso de la bóveda y que el informe emitido por la Jefatura de Minas “no es adecuado ni correcto. Tiene errores graves y contradicciones”.
“Nosotros tratamos de ponernos siempre del lado de la seguridad y aplicábamos siempre las máximas restricciones”, subrayó, insistiendo en que cualquiera de los trabajadores podría haber comunicado “incluso de manera anónima” de haber alguna irregularidad y que “no existen planes ni nada que se pueda hacer de forma adicional porque fenómenos gasodinámicos como éste siempre surgen de forma incontrolada e intempestiva y no avisan”.
La mina, recordó, fue investigada en su día como “sospechosa” para ser considerada de cuarta categoría después de incidentes registrados en años anteriores, pero esa declaración no se llevó a cabo.
Uno de los ingenieros técnicos acusados no estaba en la explotación cuando pasó el accidente
El ingeniero técnico auxiliar del Grupo Tabliza de la Hullera Vasco-Leonesa Javier Martínez Rico, otro de los 16 acusados por la muerte de los seis mineros en el último gran accidente minero antes del cierre del sector, reconoció que tampoco estaba presente en el Pozo Emilio del Valle en el momento del accidente porque su presencia “no era necesaria” en la explotación en todo momento. En su opinión, el siniestro “fue impredecible e inevitable. Si no, no estaríamos aquí”, al punto de que “la última persona que pasó por la labor antes del accidente y habló con el personal y los fallecidos fui yo y mi metanómetro marcaba niveles normales”.
“No había indicios de que podría haber una invasión de gas de esa magnitud”, señaló y defendió que los datos que se recogían en los libros de trabajo reflejan que no se incumplió la normativa vigente “en ningún momento”. “No encontré nunca valores anormales respecto a otras explotaciones similares”, recalcó, apostillando que, “lo que hablan de anomalías yo siempre lo viví como algo normal por el tipo de mina que era (muy grisuosa)”. Respecto a los elevados niveles que se habrían llegado a registrar tres días antes del fatídico suceso, comentó que lo lógico en ese caso es que se hubiera hecho uso de los autorrescatadores, por indicación del vigilante.
Por otro lado, negó que su presencia fuera necesaria en la zona que se explotaba, por su preparación y cargo. “La DIS (Disposición Interna de Seguridad) de minados en virgen es muy clara y es que tiene que haber un vigilante y tan de seguido estaba el pobre que allí falleció”, manifestó al respecto.
También comentó que considera que si no se hubiese producido la avería eléctrica que provocó un parón en la explotación el día de los hechos “los picadores no tenían intención de barrenar ese día y hubieran salido antes de que se produjera el accidente a la calle”. Además, confirmó que los trabajadores fallecidos portaban los autorrescatadores, que no llegaron a utilizar.
Al igual que el ingeniero técnico que le precedió en el turno de comparecencias, Javier Martínez declaró, con signos evidentes de emoción, que el vigilante de primera Carlos Conejo -uno de los acusados en el caso- fue el que más activamente participó en las labores de rescate, arriesgando su propia vida y poniendo a salvo a varios compañeros en “labores humanitarias” a las que no estaba obligado.
El juicio continuará este martes con el resto de acusados que faltan por prestar declaración.
Peticiones de condena
Las peticiones de condena para los 16 acusados en el procedimiento, entre los que se encuentran David Toribio Fernández y Javier Martínez Rico, van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.
De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos que “no se hicieron antes porque la empresa quebró” pero sí estaba en su ánimo, subrayaron los tres a preguntas de su abogado.