Los Del Valle, la familia franquista que se sienta en el banquillo por la muerte de seis mineros hace diez años
El accidente del Pozo Emilio del Valle llega a juicio este 6 de febrero con 16 acusados y 80 testigos para determinar si en el accidente influyeron decisivamente el estado de las instalaciones y la seguridad de la mina
Los Del Valle es la familia franquista leonesa que todo el mundo conoce pero de la que a día de hoy muy pocos se atreven a hablar siquiera bien. La saga minera nació en 1942 cuando, justo al término de la Guerra Civil, el cántabro Emilio del Valle Egocheaga se convirtió en el máximo accionista de la Hullera Vasco-Leonesa frente a la burguesía vasca que la había fundado en el siglo XIX. La afianzó su hijo Antonio del Valle Menéndez, muy próximo a Franco, que instauró un régimen paternalista como forma de relacionarse con sus empleados y con toda una comarca. Con sus luces y también sus sombras, que llegan hasta la actualidad con Antonio del Valle Alonso, Arturo del Valle Alonso y Aurelio del Valle Jover a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por la muerte en el tajo de seis mineros hace diez años en el último gran accidente de la minería española antes de desaparecer.
Hablar de la familia Del Valle es hablar de carbón, de minería y del desarrollo económico de un siglo. Con ella, la Hullera Vasco-Leonesa se convirtió en la empresa más importante de la Montaña Central de León, que no es solo que llegara a dar empleo directo a más de 2.000 mineros, es que todo el que quería tenía un puesto asegurado, lo que hacía que toda la actividad económica de la cuenca Ciñera-Matallana dependiera de ella, en Ayuntamientos como La Pola de Gordón que en 1978 tenía 9.000 habitantes y ahora tiene 3.000 o La Robla que llegó a tener 5.500 en el 91 y ahora apenas sobrepasa los 3.600.
La empresa lo era todo. Proporcionaba el trabajo, viviendas, economatos en los que comprar todo lo necesario para un hogar, adelantos de salario, regalos de Reyes para los hijos de sus trabajadores, campamentos para los niños, vacaciones de verano y actividades para toda la familia, talleres de costura para las mujeres, levantó colegios, creó hasta un equipo de fútbol y también un conglomerado de empresas que favorecían que prácticamente cada euro que pagaba en salarios volviese a sus cuentas, además de crear un sentimiento de agradecimiento y deuda que llega a nuestros días.
Los del Valle, una familia de estirpe franquista
Las primeras décadas del franquismo la autarquía favoreció el acercamiento entre los Del Valle y el régimen, en un contexto en el que el sistema económico del Estado estaba basado en la explotación de los recursos propios, minimizando al máximo las importaciones, y en el que el carbón era fundamental. “Franco tenía mucho interés en las fuentes de energía propias y el carbón, en plena Segunda Guerra Mundial, era básico”, explica a este medio el historiador David Martínez.
La relación entre la empresa y el poder era un círculo vicioso en el que ambas partes salían beneficiadas. De manera paralela, la Hullera Vasco-Leonesa se fue convirtiendo en el centro de la actividad económica de la cuenca Ciñera-Matallana, mientras su dirigente, entonces Antonio del Valle Menéndez, iba medrando en política llegando a ser gobernador civil y presidente de la Diputación de León con el Gobierno de Franco, y emparentó directamente con el régimen a través del matrimonio de una de sus hermanas con Carlos Arias Navarro, quien fuera presidente del Gobierno en la dictadura y famoso por comunicar la muerte del dictador.
“Pertenecía a la élite del franquismo y se podría llegar a decir que por los puestos que ocupó perfectamente estaba entre los 50 o los 100 hombres más importantes de España en ese momento”, sentencia Martínez, que analiza en su tesis doctoral 'Construyendo la democracia. Tardofranquismo, transición política y la cuestión autonómica en la provincia de León (1962-1984)' la relación de los del Valle con el poder hasta la entrada de la Democracia y el intento por mantenerse en el mismo estatus económico y social que tenían durante el franquismo presentándose como diputado por Alianza Popular.
Una empresa familiar con dos centenares de fallecidos
Manuel Moure se jubiló en la minería, como lo hizo su padre y como lo habría hecho su hijo de no haber sido uno de los seis fallecidos en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa a el 28 de octubre de 2013. Su familia conoce bien a los Del Valle y no le da miedo hablar porque “no les debo nada. Yo hice mi trabajo y me pagaron”, entendiendo que los que callan todavía lo hacen porque “tienen miedo y tendrán algo que agradecerles”, pero a él la explotación minera le robó a su hijo cuando apenas tenía 40 años y un bebé de 40 días. “Ellos sí que me deben a mí. Me deben la vida de mi hijo y el padre de mi nieta y no nos lo van a devolver”.
Con Manuel Moure hijo, José Luis Arias, José A. Blanco, Juan C. Pérez, Roberto Álvarez y Orlando González, Moure padre cifra en 232 los fallecidos durante el siglo de la Hullera Vasco-Leonesa en accidentes mineros. “232 muertos en la 'empresa familiar'”, dice con amargura. “Ya se sabe, 'Empresario minero, siempre negrero'. Eso va así”. Tres generaciones de los Moure dedicaron su vida a picar carbón para los Del Valle, “y parecía una empresa familiar, pero no lo era. El que hacía su trabajo, bien, y el que no le buscaban un puesto malo, o lo ponían a limpiar cuneta o a partir piedras con una maza o te decían que le pusieras ruedas a la maleta, sabiendo que no tenías dónde ir porque todo el empleo de la zona lo daban ellos. En el momento que la gente empezó a reclamar un sueldo digno se acabaron los regalos de Reyes que te sacaban bien del pellejo y se acabó el paternalismo”, cuenta a ILEÓN.
"Los que no hablan es porque tienen miedo o algo que agradecerles a los del Valle. Yo no tengo nada que agradecerles. Trabajé y me pagaron, y punto. Ellos sí me deben a mí algo. Me deben la vida de mi hijo y el padre de mi nieta y no nos lo van a devolver
Corrían los años 80 y se negociaba el Estatuto del Minero cuando las relaciones entre la empresa y los trabajadores se empezaron a tensar. “Antonio del Valle Menéndez era un franquista y un cacique que tenía comprados a los Ayuntamientos de la zona y al que no le gustábamos ni los sindicalistas ni tener que negociar derechos laborales”, asevera José Luis Conde, representante de CCOO en la Hullera Vasco-Leonesa entre 1979 y el año 2000. La 'huelgona' de 1991 en la que los trabajadores se negaron a entrar al tajo durante seis meses y que acarrearon importantes desórdenes públicos pusieron fin al paternalismo franquista y dieron paso a un trato más similar al de cualquier empresa 'moderna' con sus trabajadores.
“Antonio del Valle Menéndez dejó la empresa en manos de su hijo Antonio del Valle Alonso yo creo que ya con la idea de cerrar”, valora Conde. Al fin y al cabo, “era una empresa emblemática que se vino abajo” y acabó quebrando con el fin de la minería, apostilla el también sindicalista de CCOO entre los 90 y el 2012 Rubén Darío, “y aún así se sigue venerando al patrón y la gente habla de ellos como don Emilio y don Antonio”. “Eran una familia muy querida por el desarrollo económico pero hay también mucho servilismo. El trabajo había que hacerlo y los riesgos correrlos”, recuerda Darío. Unos riesgos que le costaron la vida a sus compañeros.
“La gente se daba de baja si los mandaban al Pozo Emilio del Valle”, asegura Moure, porque “no era miedo lo que tenían a que pasara algo, era pánico, era terror. Y al final pasó”, su hijo falleció por un escape de gas grisú, y él sigue teniendo la convicción de que “ese accidente se podía haber evitado, pero no se cumplieron las medidas de seguridad”. Para él es sintomático que la empresa decidiera poner de director de una mina de carbón “a un señor que venía de cerrar una fábrica de muebles en Logroño y lo pusieron a sacar carbón a destajo y barato costara lo que costara, y se jactaba de eso”.
Por ello hay 16 acusados de homicidio imprudente y lesiones graves contra la seguridad e higiene en el trabajo, entre los que están tres miembros de la familia Del Valle, la compañía minera y la aseguradora y más de 80 testigos y peritos para tratar de esclarecer qué pasó ese 28 de octubre y depurar responsabilidades después de 10 años. “Ya va siendo hora de cerrar esa herida porque la gente está muy cansada, enfadada y dolida y es muy triste ver cada día a las familias de las víctimas”, traslada la hoy alcaldesa de La Pola de Gordón, Noemí González, que añade que “todo el mundo está con ellos y deseo que esto se resuelva pronto y se recupere la fe en la justicia”.
El accidente del Pozo Emilio del Valle, el último gran accidente de la minería española antes de cerrar
Una década es el tiempo que llevan esperando las familias de los seis mineros muertos en el accidente del Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón, para ver por fin sentados en el banquillo de los acusados a los entonces responsables de la explotación minera en la que perdieron a sus hijos, hermanos, padres, el 28 de octubre de 2013.
El juicio por la muerte de Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez tendría que haberse celebrado en abril de 2021, después de ocho años, pero no empezará hasta el 6 de febrero de este 2023, cuando se cumple el décimo aniversario de la fatalidad, porque en la primera sesión las defensas se acordaron de que sus representados tenían seguros de responsabilidad civil. El rollo fue devuelto a instrucción para aclarar si existen o no tales pólizas y que, en caso afirmativo, las empresas aseguradoras tuviesen o no la responsabilidad civil del accidente que costó la vida de los seis hombres y que dejó heridos de distinta gravedad a otros ocho.
Dos años de agonía añadida para que los Del Valle, máximos responsables de la Hullera Vasco-Leonesa en proceso de desguace tras su quiebra en 2015, den explicaciones del escape de gas mortal: su presidente, Antonio del Valle; vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y vocal Aurelio del Valle. También están imputados el entonces director general, Marco Calvo, y el director facultativo de la explotación, José Eliseo Solís. El resto de acusados, hasta 16 antiguos responsables de la empresa minera, son ingenieros y vigilantes de seguridad de la compañía que debía garantizar la explotación. Además, pasarán también por la sala del Juzgado de lo Penal 2 de León un total de 80 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes.
Las peticiones de condena van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.
De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos.