La revisión del plan de residuos de Castilla y León respalda instalaciones como el nuevo macrovertedero de Astorga
La revisión del 'Plan Regional de ámbito sectorial denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León' puesto en marcha por la consejería de Medio Ambiente, aprobado en 2014 y actualmente en fase de alegaciones, apoya la construcción de un nuevo vertedero de gestión de residuos peligrosos en Castilla y León, como el proyectado en las inmediaciones de Astorga y pegado al actual vertedero de residuos domésticos provincial, ubicado en San Román de la Vega, municipio de San Justo de la Vega.
El macroproyecto de vertedero de residuos peligrosos está proyectado por una sociedad del empresario babiano Macario Fernández y, pese a la oposición surgida, cuenta ya con aval ambiental de la Junta de Castilla y León aunque informes previos en contra del gobierno autonómico lo llegaron a considerar como innecesario, aunque luego se corrigó en otro informe esa calificación.
El nuevo plan de residuos autonómico recoge que actualmente solo hay un vertedero de residuos peligrosos en Castilla y León, ubicado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), que prevé una pequeña ampliación que situaría su vida útil entre 10 y 12 años más. Por ello consideran que “Puesto que la vida útil del vertedero, con la ampliación proyectada, sigue teniendo una vida útil limitada, sería necesaria, a medio plazo, la construcción de un nuevo vertedero de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma”.
Eso sí, el plan señala “la instalación de nuevas instalaciones de valorización de residuos peligrosos, así como su ampliación, dependerá de la iniciativa privada”. Según los datos de la Junta de Castilla y León el 60% de los residuos peligrosos no son valorizables, bien con su reciclaje o como su uso de combustible energético, lo que supone que anualmente hay que enterrar unas 142.309 toneladas de residuos peligrosos.
En el año 2023, la comunidad generó 241.219 toneladas de residuos industriales peligrosos, con un incremento del 32% respecto al año 2010. El 56,2% proviene de procesos productivos y el 43,8% de operaciones de tratamiento de otros residuos, destacando como origen la producción y transformación de metales (21%), el tratamiento de residuos y aguas (23,9%) y la industria química/farmacéutica (9,9%).
En cifras el macrovertedero ocupará 140,6 hectáreas entre los municipios de San Justo de la Vega, Benavides y Villares de Órbigo La vida útil estimada para enterrar residuos es de 20 años: 20 para los residuos no peligrosos y 15 para el vaso de residuos peligrosos. La capacidad de los vertederos es para los residuos industriales no peligrosos de 2.744.679 m3 y para los residuos industriales peligrosos: 796.136 m3. Traducido en toneladas al año es de 55.000 toneladas al año para enterrar residuos peligrosos, 825.000 en su vida útil estimada de 15 años, y de 104.000 toneladas para los residuos no peligrosos.
Según la empresa, el empleo inducido del proyecto es de 474 trabajadores (sumando directos e indirectos): 180 directos entre la fase de construcción y funcionamiento y 294 indirectos relacionados con transporte y otras tareas. La inversión total estimada es de 35 millones de euros.
El proyecto de Astorga también ha estado rodeado de polémica política por la vinculación del consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con el empresario promotor, en cuyo holding trabajaba uno de sus hijos. Ni la Fiscalía ni el comité de ética autonómico han encontrado problemas en esa relación y la aprobación del expediente del macrovertedero.
El macrovertedero está pendiente de obtener las autorizaciones definitivas y de la resolución judicial de los recursos al visto bueno ambiental, recurrido entre otros por el Ayuntamiento de San Justo de la Vega. Además, los problemas financieros que ha arrastrado en los últimos años su promotor, con varias sociedades en situación de preconcurso que ha solventado, han retrasado el proyecto.