El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha dirigido tres cartas -al ministro de Justicia, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al fiscal general del Estado- en las que pide que la Justicia intervenga tras el fallecimiento de Sor María -implicada en varias causas judiciales por la desaparición de niños en diferentes maternidades españolas durante los años 80- para “evitar la costumbre canónica de destruir los escritos de las hermanas fallecidas, tras su óbito, de no mediar petición expresa”.
Esta petición surge a instancias del procurador leonesista Alejandro Valderas y el de IU José María González -ambos en el Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León- quienes coinciden en el peligro que corren los documentos que podrían servir como pruebas tras la muerte de la monja leonesa originaria de la localidad de Valderrueda.
“Nosotros nos hemos reunido muchas veces con asociaciones de bebés robados y ahora nos encontramos con el problema de que la única persona encausada ha muerto, ¿qué pasa?”, se pregunta Valderas. El leonesista explica que el heredero de los bienes de Sor María es ahora el convento. “Hay que evitar la pérdida del archivo personal de Sor María, pues puede incluir pruebas valiosísimas”, ha señalado.
Los tres escritos remitidos por Llamazares incluyen entre esos documentos “un supuesto cuaderno azul en el que la monja anotaba los datos de las adopciones más o menos legales que realizaba” y “la correspondencia mantenida a lo largo de los años con los padres adoptivos de las criaturas.