El oso se convierte en el nuevo objetivo después del lobo para desmontar la protección de la biodiversidad en España

Históricamente, ciertas especies de animales protegidas se han encontrado en el centro de la diana de partidos políticos o sectores agrícolas. Es fácil pensar en el lobo como ejemplo de esta utilización, cuya caza volvió a permitirse al norte del río Duero en España como parte de una ley destinada a regular el desperdicio alimentario que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril de 2025 (con los votos a favor de PP, Vox, Junts y PNV). Una ley que sirve de ejemplo para demostrar cómo puede decaer la protección medioambiental que costó tanto tiempo conseguir para asegurar la supervivencia de especies en peligro de extinción. El oso podría correr ahora la misma suerte, después de una serie de mensajes alarmistas tras los avistamientos de ejemplares cerca de pueblos de la provincia de León, donde habita en los bosques en gran medida afectados por los incendios del verano. 

En septiembre del año 2025, varios titulares en prensa desataban el pánico entre lectores, ajenos o no al campo. ‘Muere un joven ganadero de un infarto tras presenciar los restos de varios ataques de un oso a su granja en Laciana’, rezaba un titular de un medio que vinculaba de forma directa al oso con la muerte de un joven cuando buscaba sus ovejas, después de que su explotación sufriera varios ataques, supuestamente, de un oso. 

Más tarde, el mismo diario seguía el hilo con este titular: ‘Un osezno se pasea por Caboalles de Abajo tras la muerte de un ganadero por un ataque’, casi adjudicándole a la cría de este animal una conciencia sobre la presunta responsabilidad de su especie. ‘Una comarca leonesa, en pánico ante el aumento de osos: «Matan por matar»’, rezaba otro titular. 

Ninguna de las informaciones sobre estos sucesos, sin embargo, contextualizaba la aparición de estos animales en el mes de septiembre con la oleada de incendios que había asolado gran parte de su hábitat en la Cordillera Cantábrica y que podría explicar que se viesen obligados a aproximarse a núcleos urbanos. Los expertos valoran esta como una posible hipótesis para explicar estos avistamientos, como algo puntual, más que como una lacra social, tal y como quieren presentarla algunos sectores del campo. Por ejemplo, la principal organización agraria de la provincia de León, Asaja, citaba al oso y al lobo como preocupaciones de cara al año 2026 en su informe de cierre de año debido a “la falta de medidas para minimizar los efectos” que podían causar en cultivos y producciones ganaderas. 

“El oso siempre ha ocasionado daños, no es una cosa nueva”, explica el biólogo e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Javier Naves. Según el informe técnico ‘Afecciones a la biodiversidad por los grandes incendios de la cordillera Cantábrica (2025)’ que Naves ha publicado junto a otros investigadores, el 25% de las zonas con presencia de oso resultaron afectadas por el fuego, pero en la zona de expansión suroccidental la afección se eleva hasta el 58%.

A pesar de todo, la Junta de Castilla y León (en concreto, la Consejería de Medioambiente) no ha respondido a este medio cuando ha preguntado por las cifras de ataques de osos en la provincia de León a la agricultura y ganadería. Tampoco respecto a la cifra de indemnizaciones que el animal pueda haber causado a cultivos o explotaciones ganaderas, que colectivos como COAG han criticado que acumulan un retraso de varios años (ya que las últimas en resolverse fueron las del año 2023). Respecto a ataques a humanos el primero del que se tiene constancia en España ocurrió en 2021 en Cangas de Narcea (Asturias), cuando una mujer sufrió una rotura de cadera y desgarros en la cara.

Por otro lado, la última cifra que se conoce sobre gasto público relativo a los osos de la Junta de Castilla y León se corresponde con la resolución de las ayudas para la instalación de pastores eléctricos y otros dispositivos para prevenir los daños provocados por el oso en el año 2022. De un total de 85.760 euros para toda la Comunidad, en León se destinaron 73.753 euros para la prevención de estos ataques, para las 115 solicitudes concedidas en la provincia.  

“No me parece que desde el punto de vista económico estemos hablando de una cosa relevante, macroeconómicamente hablando. Otra cosa es que para un apicultor concreto o para una explotación concreta suponga un serio perjuicio”, expone Naves que aproxima que el gasto público en toda la Cordillera Cantábrica para daños de osos ronda los 500.000 y 600.000 euros al año. 

Uno de los argumentos más manidos a la hora de alertar sobre la presencia de osos es el aumento de la población de la especie. Castilla y León y Cantabria llevaron a cabo un estudio genético en el que se informó de la presencia de un total de 370 osos (250 en el oeste y 120 en las subpoblaciones orientales) en el territorio competente. Sin embargo, un informe de la Comisión Europea ha puesto este censo en entredicho, considerando que “estos resultados no son coherentes con los estudios a las hembras con copas del año realizadas durante los últimos 30 años y con los estudios genéticos anteriores”.

Al igual que ocurrió con el lobo, los grupos del Congreso de los Diputados que respaldaron su caza al norte del Duero, argumentaron un ‘boom’ demográfico de la especie, a pesar de que los datos reflejaban, en el mejor de los casos, un ligero incremento. Una diputada del PP incluso llegó a hablar de un escenario de ‘pesadilla’ en la zona rural donde habita el lobo. ¿Podría ocurrir lo mismo con el oso? “Sí, le puede pasar”, opina Naves, “Lo que ha pasado con el lobo, ese mecanismo que se ha usado para su desprotección es introduciéndolo en unas disposiciones transitorias. Es decir, una puerta de atrás”.

Naves va más allá de la hipotética permisión de la caza del oso, como ya ha ocurrido con la del lobo, y alerta del riesgo que este tipo de decisiones políticas pueden provocar en el equilibrio medioambiental: “Parece que se quiera utilizar al oso como otra herramienta más para desproteger todo lo que se ha hecho en materia de conservación de la naturaleza en los últimos 30 años en los que en España se ha creado una arquitectura legal y técnica para conservar la naturaleza y la biodiversidad”, sugiere el investigador.

Con todo, Castilla y León ha comenzado hace escasos días su campaña electoral para renovar las Cortes autonómicas por lo que no sería de extrañar que partidos como Vox, que lleva en su programa mejorar los “sistemas de vigilancia, seguimiento y alerta temprana” en zonas donde, y así lo describen en su documento, existe “mayor conflictividad ganadera”.