Luchar contra la inmigración y “la violencia intrafamiliar”, ejes del pacto entre Vox y el PP en Castilla y León

Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco con el acuerdo. // Miriam Chacón / ICAL

Laura Cornejo / elDiariocyl / Agencia ICAL

Así es el pacto de Gobierno en Castilla y León entre PP y Vox. El acuerdo entre PP y Vox para gobernar en coalición en Castilla y León se alcanzó diez minutos antes de que comenzase el Pleno de constitución de las Cortes. Un “triunfo” según ambos partidos, pero la rueda de prensa comenzó sin que los periodistas tuviesen el documento que recoge el acuerdo, si bien se ha facilitado al término de la misma.

Lo llamativo es que mientras Mañueco y García Gallardo eludían responder sobre las exigencias que según Vox debían asumirse en el plazo de tres meses, sí se han concretado en el pacto. Castilla y León será la primera Comunidad que va a tener una Ley de Violencia Intrafamiliar, un concepto con el que Vox invisibiliza o borra la violencia de género. Aparece en el punto 10: “Aprobaremos una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas. Actualizaremos la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad”, señala.

Durante la rueda de prensa, Mañueco tan sólo ha acertado a decir que protegerá “a todas las víctimas de violencia”. “También a esa que usted me dice”, apuntó a un periodista. “¿La violencia machista?” se le repreguntó. “Sí, a esa también”, dijo sin mencionarla expresamente.

Contra la inmigración ilegal

Pero es que además, aunque aparece en el último punto del pacto, el PP también claudica con otro caballo de batalla de Vox, el de la “inmigración ilegal”. En la noche del miércoles, Vox apuntaba en su propuesta para el PP como punto ineludible la “colaboración” de la Junta de Castilla y León “con la Policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”. El punto se suaviza en el pacto con lo que ahora denominan una promoción de una “inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”.

Memoria histórica

Sacan la exigencia de derogar el Decreto de Memoria Histórica, pero sí aparece camuflado en uno de los ejes de gobierno: “Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”. Así, el PP ha claudicado en casi todo a excepción de la intención de Vox de reducir las subvenciones a los sindicatos y la publicidad institucional en medios de comunicación.

Según García-Gallardo, el acuerdo “favorece al campo, a las familias, a la industria” y crea “un gobierno fuerte estable y duradero con una unidad de acción”. Ha recalcado que el de este jueves en “un día histórico” porque “es la primera vez” que Voz entra en un gobierno autonómico, una “alianza” que según él “dará un buen ejemplo al resto de comunidades y a la nación de lo que ocurre cuando se unen PP y Vox”.

Aunque Mañueco no ha precisado qué consejerías va a ocupar Vox, ha destacado que lo importante es el programa para desarrollar una acción de gobierno y no “el reparto de sillones”, si bien es justo eso lo que se ha acordado, repartir puestos sin concretar cuales o por qué.

Mañueco negó la mayor

El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el que será vicepresidente, Juan García-Gallardo, en rueda de prensa se negaron a responder si se incluiría una parte del programa de Vox que se hizo público el jueves y que obligaría al Gobierno a cumplir en los primeros tres meses con tres compromisos: derogar el Decreto de Memoria Histórica, colaborar con la Policía para la expulsión de inmigrantes ilegales, y reducir las subvenciones a los sindicatos y la publicidad institucional en los medios de comunicación.

“Bueno ya lo irán viendo”, ha dicho Fernández Mañueco. “Lo verán en el programa”, ha asentido García Gallardo. Aunque se les ha preguntado dos veces ninguno de los dos ha concretado nada. Ni siquiera han ido más allá de confirmar que Vox ocupará vicepresidencia de la Junta y tres consejerías.

Los puntos del acuerdo

Según la Agencia ICAL los ejes de gobierno mantienen la esencia del documento compartido ayer con Vox, aunque incluyen modificaciones. Así, el acuerdo entre ambos partidos propone vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León, aunque incluye la garantía de la igualdad social, laboral, de oportunidades y entre hombres y mujeres.

Se mantiene la promoción de la solidaridad entre todos los territorios y la reivindicación de la historia común ante “cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”, así como la defensa de los intereses de la Comunidad pero en vez de ante la Unión Europea, se matiza que “en el marco” de la UE. Se disgregan de este último punto como apéndices propios la defensa de los intereses del mundo rural y de las capacidades productivas de Castilla y León “para el crecimiento económico y la creación de empleo”.

Permanece la garantía de unos servicios públicos de calidad compatibles con la reducción de los impuestos autonómicos, el desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad del territorio, y el apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación como centro de las políticas públicas, y se concluye con la reducción significativa del gasto institucional superfluo o ineficaz “que no redunde en el bienestar de los ciudadanos”.

Desaparece, eso sí, del documento compartido ayer por Vox el compromiso para no subir impuestos propios o crear alguno nuevo, dado que la “política fiscal inteligente” para atraer y retener tejido productivo aparece dentro de las acciones y no entre los ejes programáticos.

Campo y economía

Como primera acción, el acuerdo detalla la aprobación de una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, incluyendo medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural. También, se priorizará la creación de empleo estable y de calidad como garantía de la mejor política social, así como el retorno del talento a la Comunidad.

Por otro lado, se impulsará la modernización y fortalecimiento del tejido económico, con especial incidencia en el emprendimiento, en las pymes, en las empresas familiares y en los autónomos. Además, se favorecerá la reindustrialización y el aprovechamiento de los recursos propios, desde la competitividad, la innovación, las rebajas fiscales, la digitalización y el acceso a la financiación.

Ambos socios, apuestan por reconocer el carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria, por su función de obtención de materias primas destinadas a la producción de alimentos y por crear actividad económica y consolidar población en las áreas rurales.

Además, se comprometen a facilitar el acceso en condiciones de igualdad a una vivienda, con especial atención a los jóvenes y al mundo rural, pero con la defensa de la la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación, y ofreciendo asesoramiento.

Servicios y administración

En materia de servicios públicos, PP y Vox garantizan en su acuerdo la sanidad pública, reforzando las inversiones y los presupuestos, fundamentalmente en la Atención Primaria, “sobre la base de un sistema sanitario cercano, gratuito e innovador”. Además, prometen desarrollar unas políticas sociales para proteger a los ciudadanos que más lo necesitan, luchando contra la pobreza y la exclusión social. También avanzan una política de apoyo a las familias, “como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar”.

De la misma forma, los dos partidos pretenden consolidar un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia y la generación de oportunidades. Además, apuestan por fortalecer la universidad y la investigación, garantizar la gratuidad en la enseñanza hasta tres años, así como la libertad en la elección de centros y el “derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”.

En materia administrativa, apuestan por una administración “cercana, eficaz, austera y transparente”, por reducir las cargas administrativas y por una función pública “moderna que promueva el talento y la profesionalización”. También abogan por la colaboración con las administraciones locales y por el papel protagonista de los municipios y las provincias.

Por otra parte, PP y Vox apuestan por fomentar el equilibrio territorial entre todas las provincias, a través de planes de inversión, fomento y desarrollo y por apoyar la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleciendo la conciliación de la vida laboral, social y personal.

El texto también incluye como acciones la consolidación de Castilla y León como referente cultural en España y la protección del patrimonio cultural, las tradiciones y la riqueza del español; la defensa del patrimonio natural y forestal de la Comunidad; y mantener “siempre presentes” a las víctimas del terrorismo “trabajando por su dignidad, memoria, justicia y protección”.

Peticiones al Gobierno

Los dos partidos lanzan siete reclamaciones al Gobierno de España. Así, acordaron instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a las instituciones europeas a proteger el producto de “nuestro campo” y la industria, en contra de la “competencia desleal” del ámbito extracomunitario, que no cumple los mismos requisitos. También, le piden recuperar el equilibrio entre la ganadería y la protección del lobo, conforme a las demandas de las comunidades autónomas afectadas.

Además, exigen la aprobación de planes hidrológicos, con el máximo consenso de los sectores afectados, así como a facilitar el aumento de las superficies de regadío. También piden una EBAU única en todo el territorio nacional, para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos, y la reversión la política energética que según creen está “perjudicado a las familias” y ha reducido la competitividad de las empresas.

Finalmente, PP y Vox demandan una financiación autonómica “justa, solidaria y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos para acabar con la infrafinanciación que padece Castilla y León”.

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