El Tribunal General de Justicia Europeo ha inadmitido el recurso interpuesto por los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias y Aragón contra el reglamento del Consejo Europeo sobre ayudas públicas al carbón, que obliga a las explotaciones mineras que quieran seguir con su actividad más allá de 2018 a devolver las ayudas recibidas.
A pesar del fallo, los tres gobiernos autonómicos instan al Gobierno central a defender al sector, tal y como se comprometió, según informó en un comunicado hoy la Consejería de Economía y Empleo de la Junta.
Castilla y León, Aragón y Asturias mantendrán sus posiciones de defensa de la actividad extractiva del carbón en aquellas empresas mineras que sean competitivas en 2018 y están estudiando la posibilidad de recurrir el auto del Tribunal General de Justicia Europeo en el que este órgano inadmite el recurso conjunto que interpusieron en 2011 las tres comunidades autónomas, contra la reglamentación del Consejo Europeo de ayudas públicas al carbón establecida en diciembre de 2010 (2010/787/UE), relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
El motivo que fundamentó el recurso de los tres gobiernos en 2011 fue considerar que las ayudas que otorguen los estados han de estar vinculadas a la competitividad de las explotaciones y no únicamente a su cierre. La Decisión del Consejo Europeo recurrida podría ocasionar precisamente que más allá de 2018 las minas hayan de cerrar incluso siendo competitivas y viables sin ayudas públicas.
Nulidad parcial
Las tres comunidades solicitaron al Tribunal General de Justicia Europeo que declarase la nulidad parcial de la norma, concretamente la de las disposiciones relativas a la obligación de que las minas devuelvan las ayudas si no cierran en 2018 y las que vinculan la recepción de ayudas al cierre de la actividad minera. En este sentido, desde la Junta se destaca que “tras valorarlo y en un ejercicio de responsabilidad, no se pidió la nulidad total de la norma para no dejar sin amparo legal las ayudas del Estado que reciben las distintas unidades de producción minera”.
Para la Junta, el Tribunal inadmite ahora este recurso sin entrar a valorar el fondo de la cuestión y argumentando básicamente que las disposiciones recurridas y cuya anulación se pide son esenciales en la norma 2010/787/UE, de modo que su eliminación la alteraría completamente y supondría en la práctica sustituirla por una Decisión diferente.
Las tres comunidades afectadas van a seguir defendiendo la viabilidad de una minería competitiva más allá de 2018 y, aunque la vía de la defensa política sigue abierta, instan al Gobierno de España a incrementar esta defensa para la continuidad de las empresas mineras competitivas más allá de 2018, ya que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se comprometió a defender esta postura ante la Unión Europea.
Los tres gobiernos autonómicos consideran que “debe seguirse manteniendo una línea de defensa jurídica, dado que el carbón es una reserva estratégica que garantiza el suministro eléctrico en un territorio como España que tiene una alta dependencia energética de terceros países y en el que una parte importante de la demanda únicamente puede cubrirse con generación térmica”.