La Junta ejecuta las depuradoras de Cimanes de la Vega, Villaquejida, Alija del Infantado y Valtuille de Abajo
La Junta de Castilla y León ejecuta en estos momentos la obras de construcción de cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales en las localidades leonesas de Cimanes de la Vega, Villaquejida, Alija del Infantado y Valtuille de Abajo, con una inversión de 2,4 millones de euros en unos territorios que “contaban con depuraciones obsoletas que no cumplen con los parámetros de vertido”.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, detalló que Cimanes de la Vega que los trabajos forman parte del programa que, en los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes de Castilla y León, se construirán 240 infraestructuras con una inversión de 140 millones de euros, de las que más de 80 ya están en ejecución. Concretamente en la provincia de León se construyen 36 depuradoras por un importe de más de 30 millones de euros.
En definitiva, “una actuación muy importante”, que la Junta de Castilla y León financia en un 40 por ciento a fondo perdido, mientras que otro 40 por ciento lo ponen las diputaciones provinciales y el 20 por ciento restante los ayuntamientos. Además, para “hacer más fácil esa inversión”, el Gobierno autonómico financia a los consistorios al 20 por ciento a 25 años, precisamente el periodo en el que Somacyl explotará las instalaciones.
Para el titular de Medio Ambiente, el programa de depuradoras se trata de “un programa ambicioso” que permitirá que “en la mitad de la legislatura estén terminadas todas las infraestructuras”, aunque hasta el momento “hay ya 13 de las 36 de León en marcha y a buen ritmo”.
Tras ello, se pondrán en marcha las obras de depuración en los municipios menos de 500 habitantes, lo que supondrá generar y construir más de un millar de instalaciones en Castilla y León con una inversión en torno a los 125 millones, de las que 150 estarán en la provincia de León con unos 20 millones.
Todo permitirá que “Castilla y León no tenga ninguna población que no depure sus aguas y que, por lo tanto, vierta sus aguas con parámetros de vertido de acuerdo con la directiva marco de vertidos europea”, tal y como enfatizó Suárez Quiñones, convencido de se trata de “un buen objetivo” que “junto con el fin de los vertederos y escombreras en terrenos públicos” en aras de “una Comunidad y una provincia moderas y comprometidas con el medio ambiente y con el medio rural”.
