Fiscalía recurre la absolución de los acusados por la muerte de seis mineros en la Hullera Vasco-Leonesa en 2013
Fiscalía recurre la absolución de los acusados por la muerte de los seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de gas grisú el 28 de octubre de 2013, en el que resultaron heridos de distinta consideración otros ocho trabajadores. El ministerio fiscal habría presentado recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de León, que tardó en resolver dos años y medio, según ha adelantado este lunes la Cadena Ser.
El ministerio público ha solicitado a la Audiencia Provincial de León que anule la sentencia absolutoria y que el procedimiento vuelva a celebrarse con un nuevo juicio, al considerar que la resolución judicial contiene una valoración incorrecta de las pruebas practicadas durante la vista.
En el escrito remitido al tribunal sostiene que la sentencia realiza una valoración “irracional” de los informes y testimonios presentados durante el juicio, al entender que no analiza de forma objetiva la totalidad de las pruebas técnicas y periciales aportadas por las acusaciones.
En su recurso, la Fiscalía reprocha que la resolución judicial otorgue mayor credibilidad a los informes y declaraciones vinculados a las defensas, mientras cuestiona los elaborados por los técnicos de la autoridad minera y por el perito judicial. A su juicio, esta interpretación habría llevado al tribunal a concluir de forma errónea que no existían pruebas suficientes para atribuir responsabilidades penales a los acusados.
El ministerio predaúblico insiste además en que el procedimiento no se centra en determinar la causa inmediata del accidente, sino en analizar si este podría haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. En este sentido, apunta a posibles deficiencias en aspectos como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación o la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa por la presencia de grisú.
Asimismo, la Fiscalía cuestiona que la empresa iniciara determinados trabajos sin contar con todas las autorizaciones exigidas por la autoridad minera y recuerda que los responsables de la explotación tenían la obligación legal de garantizar la seguridad de los trabajadores.
Por todo ello, el Ministerio Público solicita a la Audiencia Provincial de León la anulación de la sentencia y también del juicio celebrado, con el objetivo de que el caso vuelva a juzgarse y se realice una nueva valoración de la prueba practicada.
Juicio complejo y con retraso
El fallo tardó dos años y medio en llegar, tras un juicio especialmente complejo, con 16 acusados y la declaración de 80 testigos, que se celebró a la segunda, y buscaba determinar si el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad de la explotación minera influyeron de manera decisiva en el suceso. Entre los procesados se encontraban ingenieros, mandos intermedios, responsables de seguridad y varios miembros de la familia Del Valle, antiguos propietarios de la empresa hasta la quiebra de la compañía y una familia vinculada históricamente al franquismo.
Durante el proceso, la Fiscalía modificó su postura inicial y, en su informe final, solicitó la absolución para cinco de los acusados, en referencia a los vigilantes de primera de interior o plantillas y los vigilantes de seguridad. Para los otros once acusados, el ministerio público sí mantuvo la petición de condena por homicidio y lesiones imprudentes.
Por su parte, las acusaciones particulares y populares mantuvieron hasta el final la petición de condena para todos los acusados, a los que consideran responsables directos o indirectos de la tragedia. Argumentaron que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos, negligencias y deficiencias estructurales en materia de seguridad laboral.
Las defensas, en cambio, insistieron en la libre absolución, asegurando que el accidente fue “fortuito”, “imprevisible” y “no evitable”, y denunciaron que no existían pruebas suficientes para sostener una responsabilidad penal.