El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha desvelado hoy por sorpresa, aprovechando una pregunta en el Pleno de la institución, que ya se ha prorrogado de momento por un año el contrato para la gestión de las basuras de toda la provincia, centralizada en el centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega.
De este modo, el equipo de Gobierno de la institución renuncia a renegociar las condiciones sacando un nuevo pliego para una serie de años y mantiene el control de todo el sistema de recogida, traslado y supuesto tratamiento en manos de la unión temporal de empresas (UTE) Legio VII, formada por las todopoderosas empresas Urbaser y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Es más, el presidente socialista no escondió que este próximo año no tendría por que ser el único que a mayores de las condiciones iniciales Legio VII se hiciera cargo de las basuras leonesas, sino que “probablemente habrá más”.
Lo que sí quiso “aprovechar”, dijo, Coruel públicamente es para rebatir las recientes declaraciones dadas a conocer por el comité de empresa gestora sobre una presunta falta de información por parte de la Diputación sobre el futuro de la gestión del vertedero provincial y sus condiciones laborales y salariales, sobre todo si, como también temían, la Diputación “está favoreciendo la entrada a la gestión de la Junta de Castilla y León a través de la empresa (pública) Somacyl, que produce problemas laborales en toda la Comunidad”.
Courel no quiso entrar a valorar o no esa posible preferencia por Somacyl, que ya gestiona el segundo vaso de vertido que esta misma 'sociedad B' de la Junta lo construyó cuando el primero se agotó por la nefasta gestión del primero, dejando en mínimos su vida útil, pero sí recordó que sea quien sea quien gestione en un futuro el sistema de basuras tras agotarse las prórrogas y sacarse otro concurso público, la plantilla quedará subrogada y mantendrá íntegras sus condiciones, que así “sólo pueden mejorar”.
'Santificados' los 10,47 millones para repartir entre todos los pueblos
El Pleno, además, sirvió para que se aprobaran por unanimidad de todos los partidos la convocatoria y también las bases del Plan de Juntas Vecinales para este año 2024 y también 2025, que contará con un importe total de 10,47 millones, con un listado por el que todos los pueblos de la provincia de León -excepto El Bierzo, que lleva su propio trámite desde el Consejo Comarcal- ya saben a cuánto dinero aspirar a recibir para pequeñas obras. El reparto detallado localidad a localidad lo adjuntamos a continuación.
Entre las obras que se subvencionarán a través del Plan se encuentran la reforma de edificios públicos, mejoras en las redes a abastecimiento, rehabilitación de instalaciones municipales para uso público, ampliación de puentes, cerramientos, incremento del mobiliario urbano, canalizaciones de presas, acondicionamiento de calles, impermeabilizaciones o vallado de fincas de titularidad pública.
Las solicitudes podrán presentarse en la sede electrónica de la Diputación en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Centro de Interpretación de Lancia
Preguntado por el portavoz del PP, David Fernández, el diputado responsable del Instituto Leonés de Cultura (ILC), Emilio Martínez Morán, avanzó que continúan sin volver a arrancar las obras del centro de interpretación de la antigua ciudad astur y romana de Lancia, estando ahora el proyecto en una fase de redacción para ajustarse a las solicitudes sobre la ubicación de los edificios. Hay que recordar que la obra, adjudicada por 3.126.000 euros, se paralizó por la aparición de restos arqueológicos en la zona donde iba enclavado uno de los tres inmuebles previstos.
Martínez Morán dijo que los técnicos del ILC están revisando los detalles del proyecto modificado, y se prevé su presentación en la próxima Comisión de Patrimonio, la del mes de junio, para intentar retomarse los trabajos el próximo mes de agosto, aunque tampoco lo pudo certificar porque “no se puede garantizar debido a los plazos”. Lo que no contestó es si supondrá un elevado sobrecoste, bien por todos los modificados, bien por el perjuicio del tiempo transcurrido. En todo caso, coincidió que en el mismo Pleno se aprobaron dos expedientes de modificación de crédito del ILC, uno de los cuales supone un suplemento de 550.000 euros para “edificios y otras construcciones” de Lancia.