Declaran culpable la quiebra de Leche Lar por un 'agujero' contable de seis millones y condenan a su histórico gerente
El Juzgado número 8 de lo Civil de León, con competencias mercantiles, ha declarado culpable la quiebra económica sufrida por la Cooperativa de Leche Lar y ha señalado como responsable a Luis Carlos Fernández, quien fuera su todopoderoso gerente durante 24 años. La sentencia concluye que ejerció como administrador de hecho de la cooperativa y que las graves irregularidades contables acreditadas contribuyeron a agravar su insolvencia.
El fallo impone a Fernández una inhabilitación de siete años para administrar bienes ajenos o representar a terceros. Y también le condena a devolver un total de 375.624,33 euros, una cifra equivalente a las retribuciones brutas que percibió entre el año 2021 y la fecha de su salida de la cooperativa, en agosto de 2024, poco antes de airearse la grave situación que sufría la entidad. También debe afrontar el pago de las costas procesales, si bien hay que remarcar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de León.
Tal y como publicó Diario de León, la jueza asume en lo sustancial las conclusiones de la administración concursal sobre una contabilidad que no reflejaba la imagen fiel de la situación económica de Lar. El procedimiento sitúa en torno a seis millones de euros el volumen de existencias y derechos de cobro que eran inexistentes o que estaban sobrevalorados, a pesar de lo cual se mantuvieron como activos en las cuentas de la cooperativa durante varios ejercicios presupuestarios. Esas partidas fueron finalmente corregidas antes de la solicitud de concurso, presentada en 2025, después de haber aflorado durante 2024.
La corrección contable dejó en evidencia la profundidad casi insalvable del deterioro patrimonial. Según los datos recogidos en la sentencia judicial, la cooperativa presentaba un déficit superior a 7,6 millones de euros: disponía de activos por unos 3,8 millones frente a una deuda total de 11,4 millones. El informe concursal describe además un aumento sostenido del endeudamiento y una creciente dependencia de financiación a corto plazo, cuyo peso habría pasado del 58% en 2020 al 75% en 2023. La imposibilidad de renovar las líneas de capital circulante terminó precipitando el colapso financiero que acabó con la salida del gerente y la designación de unos nuevos responsables de la entidad para tratar de encontrar desesperada una salida a la crisis.
La sentencia considera probado que Fernández disponía de “total autonomía” y capacidad de decisión “sin ninguna otra dependencia jerárquica”, suficientes para dirigir de hecho la cooperativa, pese a no ostentar formalmente el cargo de administrador. La resolución valora que era él quien negociaba con entidades financieras, mantenía las relaciones con auditores y asesores, representaba a Lar ante terceros y participaba en los órganos de decisión. También subraya que validó la contabilidad que incluía los activos inexistentes y que no trasladó al Consejo Rector la situación real de insolvencia, que el informe concursal sitúa ya desde el año 2021. Este medio no ha conseguido por varias vías contactar con Luis Carlos Fernández para recabar su punto de vista y una posible decisión de recurso frente a la sentencia.
El Consejo Rector sale indemne
Por el contrario, el juzgado rechaza extender la responsabilidad a los miembros del Consejo Rector, tal y como reclamaba el Grupo Leche Río. Y es que la resolución asegura literalmente que que se trataba “de agricultores y ganaderos, sin conocimientos financieros, contables o jurídicos” que en todo momento “delegaban en el gerente, en el que tenían confianza plena”, e incluso “no contaban tampoco con retribución alguna como miembros del Consejo”. Fue por eso que confiaron en la información proporcionada por la dirección ejecutiva y en auditorías que emitieron informes favorables sin detectar las irregularidades que después afloraron.
Además, se recuerda que el actual Consejo Rector accedió al cargo en 2024, cuando una parte sustancial de los hechos ya se había producido, e incluso valora que actuó al conocer la dimensión de los problemas, tal y como declararon entonces a ILEÓN el nuevo gerente, Miguel Fontanilla, y el recién nombrado presidente, José Franco.
Por aquel entonces, cuando Luis Carlos Fernández dejó inesperadamente la gerencia alegando formalmente motivos personales, la nueva dirección insistía en que tratarían de que la cooperativa, con más de medio siglo de vida, podría superar sus dificultades con un nuevo plan, descartando entonces solicitar concurso de acreedores. La empresa mantenía entonces su plantilla de 16 trabajadores, sus líneas de negocio y gran parte la recogida de leche, aunque en algunas zonas de la Montaña leonesa se dejó de recoger y obligó a buscar nuevas fórmulas.
Aquella información vinculaba las tensiones financieras al fracaso de una operación crediticia y al rendimiento por debajo de lo previsto de determinadas inversiones, como el secadero de maíz de Veguellina de Órbigo, localidad en la que Lar mantiene su sede social incluso después de la adquisición final por parte de grupo cántabro Agrocantabria. La sentencia, sin embargo, incorpora un elemento central: la existencia de activos ficticios que durante años habrían ocultado la verdadera dimensión del desequilibrio económico, y un claro responsable de ello.
La crisis fue un histórico varapalo a una de las cooperativas más identificadas con el campo leonés, especialmente en la comarca del Órbigo. Lar llegó a reunir a más de 300 socios y a mover una facturación anual situada, según las últimas cifras entonces conocidas, entre 15 y 20 millones de euros. Su marca de leche, de origen cien por cien leonés y presente en los lineales desde 2010, se convirtió en uno de los emblemas comerciales de la entidad.
La calificación culpable del concurso y la responsabilidad del exgerente no equivalen a una condena penal: se trata de una resolución dictada dentro del procedimiento concursal, lo cual determina las responsabilidades civiles y mercantiles por la agravación de la insolvencia económica. Y todavía la posible vía de la apelación ante la Audiencia mantiene abierto el recorrido judicial de un caso que golpeó a una histórica cooperativa y a buena parte de su entorno rural leonés.