El pasado 30 de junio Correos anunció un plan de desinversión inmobiliaria que conllevaría la venta de 112 inmuebles de patrimonio público (solares, oficinas, locales comerciales, viviendas y edificios) en toda España, por un total de casi 60.000 metros cuadrados y un valor de 36,46 millones de euros. La compañía presentó la medida como una forma de obtener recursos que ayuden a financiar los 500 millones de inversión previstos para el desarrollo de su Plan de Acción 100, 300, 1.500.
Comisiones Obreras alerta sobre un programa de “desinversiones inmobiliarias que está siguiendo el mismo procedimiento que en otras empresas públicas (Rtve, Renfe, Adif), con opacidad absoluta hacia los agentes sociales”, dejando en manos de una consultora externa la gestión del proceso (por 750.000 euros más el 10% de lo que se venda), en un proceso rápido a culminar antes del 31 de enero de 2014, y bajo el argumento recurrente de que se trata de “activos no estratégicos, en desuso, o sin uso actual”.
El sindicato denuncia la falta de transparencia absoluta en la decisión, lo que ha generado “una fuerte desconfianza, prevención y dudas en el colectivo postal sobre si lo que se está haciendo es una obtención y no una privatización parcial de los recursos del operador público”.
Igualmente, CCOO advierte que la aplicación de la desinversión inmobiliaria puede verse acompañada de una reorganización de actividad y de plantilla, que de “no negociarse con los sindicatos, resultará conflictiva”. CCOO ha transmitido al presidente de Correos su preocupación por la toma de “decisiones unilaterales de este calado sin previa puesta en común con los representantes de los trabajadores de la mayor empresa pública de este país, algo que viene siendo habitual en los últimos meses, y advierte que puede minar la confianza y el consenso actual y poner en entredicho el propio desarrollo del Plan de Acción”.
Por eso, este sindicato estudiará detalladamente la situación de los 112 inmuebles puestos en venta, al tiempo que ha emplazado a la dirección a una reunión que clarifique la desinversión de activos y también sus consecuencias, y abra una negociación sobre aspectos relacionados con la posible reordenación de la plantilla afectada.