El quinto contenedor, para biorresiduos y obligatorio hace años, un 'marrón' de incumplimientos en la provincia de León

Le llamaron contenedor marrón, para la gestión de la llamada quinta fracción, es decir, para acoger toda la basura orgánica de viviendas y empresas y convertir todos los residuos que se pueden pudrir en abono y compost, y está haciendo honor a su denominación: es un auténtico 'marrón' en manos de las administraciones locales de la provincia de León.

Desde el 1 de enero de 2024 se acabó en España el último plazo legal para cumplir con el pleno funcionamiento de este nuevo sistema, con la implantación en las calles y la gestión completa del quinto contenedor, más sofisticado que el resto. Es decir, hace ya más de dos años que los ayuntamientos y diputaciones se enfrentan a sanciones cuantiosas, de hasta casi 100 euros por tonelada de basura normal generada que acaba acumulada sin separar ni reciclar.

Las calles de cualquier rincón de la provincia son todavía muy ajenos a esta importante novedad con la llegada de un contenedor, mucho más moderno, que debe tener un acceso individual a través de un sistema de tarjetas. Dentro tan sólo se admiten restos de productos 'pudribles', es decir, fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas, las cuales hay que recordar que no van al contenedor azul. España calcula que como media cada ciudadano genera al año una media de 417 kilos de este tipo de residuos domésticos urbanos.

Son muchos los años oyendo hablar de la obligación que se avecinaba con la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de 2022, y muy pocos los esfuerzos municipales por cumplir con una imposición que proviene de Europa y que, de hecho, la Comisión Europea, ha financiado, pagando contenedores y campañas de sensibilización. Con estos fondos y los estatales, los principales ayuntamientos en el mejor de los casos han adquirido los contenedores y poco más.

Así ocurre en León capital: los 750 primeros contenedores marrones, cuyo coste ascendió a 815.000 euros, se encuentran almacenados desde hace más de tres meses en la finca del servicio municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha. El retraso es tal, incluso con amenazas de sanción ya del extinto consorcio provincial de residuos Gersul pilotado por la Diputación, que el Consistorio espera ahora que sea la Junta la que saque las castañas del fuego.

Una vez más, la 'Junta B' al rescate

A finales de año se anunció que a través de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que preside el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se invertirían 1,6 millones  -de fondos Next Generatios europeos nuevamente- para construir en la capital una nueva instalación para hacer acopio seguro de todas las basuras orgánicas que se habrán de recoger cuando, aún sin fecha, los contenedores de la quinta fracción sean una realidad que los vecinos puedan utilizar.

Al lado de León, Villaquilambre parece haber avanzado algo más, muy despacio. El Consistorio compromete que antes del verano se colocarán los nuevos 150 contenedores marrones con cerradura electrónica, instalados en las rutas de cogida bilateral, fundamentalmente en los pueblos de Navatejera y Villobispo. La tarjeta electrónica implantada por seguridad y salubridad para el acceso vecinal ya se puede solicitar a través de la web municipal y algunos espacios informativos instalados. La inversión global, incluyendo buzoneo de miles de folletos y acciones escolares de concienciación, supone un desembolso de 750.000 euros, 186.000 de ellos con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

San Andrés, siempre a la cola

San Andrés del Rabanedo aún está en mantillas. Recientes todavía los muchos problemas para realizar con una mínima normalidad la basura básica y habitual, el tercer municipio de la provincia no ha dado a conocer ningún avance en la implantación del obligatorio contenedor de la basura orgánica.

Por su parte, el segundo más populoso, el municipio de Ponferrada, al menos le gana algo por la mano a León capital. En febrero el equipo de Gobierno anunciaba al menos una campaña formativa e informativa para los vecinos sobre la implantación del sistema de recogida separada de biorresiduos, instalando algunos pocos contenedores puntuales que no alcanzan ni mucho menos a todo el municipio.

En concreto, La implantación se ha centrado de momento sólo en centros escolares e institutos, el Campus de Ponferrada de la Universidad de León, varios centros cívicos (Flores del Sil, La Placa, Campo, Columbrianos, Cuatrovientos y Fuentesnuevas), el Casco Antiguo, el Museo de la Radio y la vía pública tanto en la zona centro como en el entorno del Centro Comercial El Rosal, además de incluir visitas a grandes productores como establecimientos de hostelería y comercios.

También se anunció una vía de inscripción online en este enlace para recibir el kit necesario. Todo ello fue criticado un mes después, por insuficiente, por la oposición del PSOE, que censuró la “improvisación” y el hecho de que ni siquiera un acuerdo cerrado con la empresa concesionaria FCC para la recogida específica de estos productos del quinto contenedor.

Por último, la Diputación de León -responsable subsidiaria de todos los demás ayuntamientos de la provincia, por debajo de 20.000 habitantes- también afronta esta obligación ambiental con los plazos muy rebasados. Y en su caso es especialmente grave, dado que es esta institución la responsable del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) Provincial ubicado en San Román de la Vega, donde, procedentes de toda la provincia, deben llegar y gestionarse todos los residuos orgánicos leoneses y bercianos, sin excepción.

Todavía está en ejecución el proyecto de una amplia y nueva zona de recepción, tratamiento y conversión de todos los residuos orgánicos en compost y fertilizante, un proyecto cifrado en 4,2 millones de euros, encargado a la  la UTE Legio VII que gestiona por contrato las instalaciones, la cual todavía a finales del año pasado pedía más plazo, que la institución le tuvo que denegar.

Las instalaciones provinciales, al detalle

La nueva zona 'marrón' de la planta provincial de basuras debe incorporar una nueva línea de selección y clasificación de la llamada técnicamente  fracción orgánica recogida separadamente (FORS), con sistema de abre-bolsas y separadores magnéticos e inductivos; una nave específica para trituración y mezcla con fracción vegetal; y mejoras en el área de recepción de estas basuras.

Además, el proceso incluirá doce túneles dedicados exclusivamente al compostaje de la materia orgánica -seis para fermentación y seis para maduración, previa fabricación del compost fertilizante-, mientras que los otros ocho túneles actuales seguirán destinándose a material bioestabilizado procedente de la fracción resto. Los trabajos se suponen en ejecución y llegan también muy tarde con la Ley en la mano, aunque lo cierto es que el panorama en los principales ayuntamientos es tan pobre que el CTR recibirá de momento poco material de este tipo.