Aumenta sin control y sin descanso el número de animales muertos ahogados y con gran sufrimiento previo en el Canal de Arriola, en la provincia de León, sin que el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ni haga recuento oficial ni adopte medidas suficientes para evitarlo.
Así lo certifica el propio servicio del Seprona de la Guardia Civil que, en respuesta a la Fiscalía de León, al investigar a raíz de “denuncias por particulares por el ahogamiento de corzos, ciervos y jabalíes”, ha constatado que CHD sólo contempla tres alternativas como solución y ninguna de ellas está frenando unas muertes que son masivas cada año, de cientos de ejemplares.
En su respuesta oficial, el Seprona admite que la Confederación se ciñe a la “construcción de rampas de salida, puentes de paso o vallado completo” de todo el recorrido del Canal de Arriola, pero para a continuación asegurar que “de las dos primeras su eficacia es limitada”, mientras que el vallado completo “incrementaría el efecto barrera ya que se convertiría en un obstáculo infranqueable de más de 30 kilómetros”.
Así consta en la respuesta formal que da la Fiscalía Provincial de León, y en concreto el área de Medio Ambiente, a pesar de lo cual se certifica que no se ha adoptado medida alguna ante este problema. “No existe procedimiento alguno abierto por estos hechos”, confirma por escrito a ILEÓN.
La Fiscalía de León desoye a la estatal
Esta falta de actuación ante un posible delito penal que se pueda estar produciendo en León, al menos, y no sólo en este canal de riego, contrasta con las instrucciones de investigación ordenadas por la Fiscalía a nivel nacional el 1 de diciembre de 2021, a través del expediente gubernativo 452/2021. Sobre la mortandad animal en este tipo de infraestructuras, el Fiscal de Sala de Urbanismo y Medio ambiente pedía ampliar las inspecciones de canales y balsas de riego en toda España, ordenando comprobar la fauna muerta ahogada e inventariando las medidas como rampas u otros medios de salida para que los animales pudieran tener escapatoria.
Con el resultado de esta investigación, que en León se admite que no conduce a procedimiento alguno, “se deberá deducir posteriormente si estos hechos (mortandad de fauna) son constitutivos de delito en base a las previsiones del Código Penal”, refleja textualmente un escrito de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que asegura que por su parte sí han iniciado este tipo de inspecciones de manera periódica justo en esta primavera de 2023.
Nuevos cadáveres constantes
Este mismo lunes, como tantos días, otros cinco animales aparecieron muertos en el aliviadero situado en Paradilla de la Sobarriba, uno de los varios puntos negros donde se acumulan los cadáveres de ejemplares animales de todo tipo muertos en el Canal de Arriola. Se trataba a simple vista de tres corzos, un jabalí e incluso un ave rapaz de grandes dimensiones, como ilustra esta información.
Por su parte, sí hay una institución que confirma haber comenzado a investigar la muerte masiva de animales en esta infraestructura de regadío que pasa por la comarca leonesa de la Sobarriba, y además lo hace de oficio, es decir, por iniciativa propia. Así lo confirma el Procurador del Común, la figura del defensor del pueblo de Castilla y León. La institución con sede en León ha abierto una diligencia a raíz de las publicaciones con pruebas gráficas de ILEÓN, admite, y tras confirmar efectivamente la interposición de algunas denuncias ante el Seprona.
Una cifra oculta
De momento, se ha solicitado información a las administraciones con competencias en este asunto, especialmente a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, las cuales también de manera muy reciente han constituido un grupo de trabajo común. Está por ver si CHD sí desvelará por fin, o mantendrá oculto como hasta ahora, el número de animales muertos, así como las especies víctimas de esta situación, entre las cuales a veces aparecer mascotas como perros y otras, e incluso algunas especies protegidas, incluso lobos. Porque la Confederación admite que mantiene un contrato con una empresa para retirar los muchos cadáveres que aparecen en el Canal de Arriola pero, inexplicablemente, afirma que nadie hace ese recuento.
Con la información que consiga recabar el Procurador del Común se emitirá más adelante una resolución final reclamando soluciones, aunque hay que recordar que no son de obligado cumplimiento y por lo tanto no comprometen a nada formal.