La Junta presume de centros de ayuda a animales mientras Quiñones 'celebra' 10 años de promesa incumplida con León
La Junta de Castilla y León saca pecho de la gestión de la recuperación de animales salvajes. Y sin embargo, existe un desequilibrio territorial y biológico que, además, se topa con el incumplimiento de la administración autonómica respecto a la provincia de León.
Diez años exactos de promesa incumplida de la Junta de Castilla y León se celebran justo ahora. Porque fue en 2016 cuando el entonces y actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció públicamente que León contaría con un Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), apoyado en la infraestructura del Hospital Veterinario de la Universidad del que era figura destacada el entonces rector, Juan Francisco García Marín. Una década después, la realidad es otra: la provincia sigue sin esta instalación clave y, en el mejor de los casos, si esta vez sí se cumplen los compromisos formales tantas veces ninguneados, no la tendrá hasta 2027.
El retraso es grave. Supondrá, en el mejor de los escenarios, once años desde aquel compromiso inicial. Mientras tanto, las consecuencias han sido constantes. León, una de las provincias con mayor riqueza faunística de Castilla y León, ha tenido que derivar durante años sus animales heridos o enfermos a otras provincias, principalmente a Valladolid, con el consiguiente impacto en la rapidez de la atención y en las posibilidades de recuperación.
Los datos más recientes evidencian hasta qué punto la situación resulta difícil de defender. La Consejería de Medio Ambiente dio a conocer hace una semana las últimas estadísticas de los CRAs, resaltando la gran labor de esta red. Entre ellas, que en el último año -2025- se contabilizaron en León 386 ingresos de animales silvestres, todos ellos trasladados al centro de referencia, que es Valladolid, y que centraliza además los casos procedentes de Zamora, Salamanca, Ávila y la propia provincia vallisoletana.
El dato cobra mayor relevancia al compararlo con cifras muy recientes: en 2020 se registraban 209 ingresos. En apenas un lustro, por tanto, se ha producido un 85% de incremento en la cifra de fauna necesitada de ayuda en León. Y eso significa que la presión sobre los propios animales y sobre los servicios de recuperación prácticamente se ha duplicado, sin que León haya incorporado ni una sola infraestructura propia para absorber ese incremento. A pesar de las constantes promesas.
Además, destaca el hecho de que la mayoría de los ejemplares ingresados el año pasado procedentes de León llegaron con vida, lo que subraya la necesidad de una atención rápida y cercana. Los casos vinculados a control poblacional o a muestras científicas fueron testimoniales (1,6% y 0,3%), lo que confirma que se trata fundamentalmente de intervenciones asistenciales urgentes, no de actuaciones accesorias.
De aves comunes a especies clave como el lobo
Entre las especies atendidas predominan las aves. Especies como el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el busardo ratonero, con en torno a 35 ejemplares cada una. Sin embargo, el listado también incluye especies de alto valor ecológico y mayor complejidad de manejo, como el lobo ibérico, con 18 ingresos. Una especie en constante litigio y de la que la Junta continúa ocultando datos básicos de ejemplares y de daños reales causados, a pesar de la petición constante de ILEON desde hace casi año y medio, que la Consejería desoye.
También son especialmente endémicos de León casos como las especies en peligro de extinción del oso pardo o, sobre todo, del urogallo cantábrico, cuyos últimos ejemplares en cautividad prácticamente sólo están ya en León. Estas cifras de casos y de diversidad y relevancia de especies hacen muy especial, en términos de biodiversidad, al territorio leonés y también de más difícil justificación que la provincia siga sin contar con un centro propio capaz de dar respuesta inmediata a los casos más graves que se produzcan.
Una red desequilibrada que deja a León fuera
Los datos autonómicos refuerzan esa imagen de desequilibrio. Según las últimas estadísticas oficiales, en 2025, la red de CRAS de Castilla y León registró 8.335 ingresos, con una concentración muy acusada en Valladolid (39%) y Burgos (32%). El resto se reparte entre Salamanca, Segovia y Zamora. León, directamente, no figura porque no dispone del prometido centro, que se ha proyectado en la finca autonómica de Valsemana.
El modelo actual obliga a canalizar buena parte de los animales del oeste de la comunidad hacia un único punto, lo que tensiona las instalaciones existentes y aleja la atención de los territorios donde se producen los ingresos.
El futuro CRAS de Valsemana vuelve a presentarse como la respuesta a esta carencia, con una inversión de más de 3 millones de euros y un diseño ambicioso que se ha promocionado públicamente en numerosas ocasiones. Sin embargo, su tramitación llega tras años de anuncios incumplidos del propio Suárez-Quiñones y con un calendario que sitúa su apertura, en el mejor de los casos, en 2027.
El caso del CRAS de León trasciende el retraso administrativo. Los datos evidencian una anomalía que ha sido sostenida en el tiempo: mientras aumentan los ingresos de fauna que necesita atención urgente, la provincia ha permanecido al margen de la red de recuperación durante una década. Y han sido sólo los fondos europeos, principalmente dirigidos por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, los que han situado por fin en el calendario los compromisos reiteradamente incumplidos.