La Junta se escuda en informes que oculta para defender caza y ganadería prematuras en zonas quemadas de León

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.