Las Cortes de Castilla y León avalan acelerar el despliegue de las macroplantas de energía renovable

Votación en el Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Agencia ICAL

El Pleno de las Cortes de Castilla y León convalidó hoy, con la abstención de UPL y Podemos, el decreto ley que busca acelerar el despliegue de las energías renovables ante la situación energética de España y dar soporte legal al pago, ya en la nómina de noviembre, de la subida adicional del 1,5 % en la remuneración de los empleados públicos. La oposición expresó sus dudas sobre lo que interpretaron como una desregulación de los mecanismos de evaluación y protección ambiental de parques eólicos y fotovoltaicos.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, intervino para explicar el decreto ley adoptado el 27 de octubre por el Consejo de Gobierno y pedir el apoyo a la cámara para su convalidación. Insistió en que no se deroga ningún precepto legal, sino que se modifican algunas normas de acuerdo a las indicaciones del Gobierno y Europa.

Aprovechando el decreto de medidas por la crisis de Ucrania, el Gobierno coló en abril que los proyectos eólicos de menos de 75 megavatios y los solares de menos de 150 no tendrán necesidad de Declaración de Impacto Ambiental, hasta ahora obligatoria, y los terrenos podrán ser expropiados de forma urgente siempre que no estén en la Red Natura 2000. León Ruge clama contra esta medida, ya que considera que la mayoría de los macroparques presentados en la provincia ahora tendrían vía libre sin que los ciudadanos puedan alegar contra ellos.

Carnero argumentó durante la sesión plenaria de hoy que la Junta continúa en este decreto ley con su propósito de impulsar el despliegue de las energías renovables, dando “seguridad y certeza” a los promotores, pero también para cumplir las medidas del Gobierno para facilitar su implantación. Así, señaló que se adapta la normativa autonómica a la nueva regulación suprimiendo la evaluación ambiental para proyectos en zonas de sensibilidad moderada.

El titular de la Presidencia insistió en que la Junta quiere fomentar la electrificación de la economía en paralelo al despliegue de las energías renovables y el autoconsumo, así como para “estimular” los proyectos, asegurando que se ubican en zonas compatibles con la protección patrimonial, urbanística, agrícola y la ambiental.

Además de estas modificaciones en la política energética, el decreto Recoge la subida salarial del 1,5% para los empleados públicos, que se abona ya en la nómina de este mes de noviembre.

Dudas del PSOE

El socialista José Luis Vázquez aseguró que es un decreto ley, que se podría haber desglosado en dos, si bien denunció que la Junta intenta que “pase volante” pese a la trascendencia que tiene para el territorio. “Es paradójico y criticable”, dijo por contener dos medidas que no convergen, como es el despliegue de energías renovables y la protección ambiental.

Estas medidas, no elaboradas, aseguró Vázquez deberían estar previstas para no tener que aplicar una regulación de forma improvisada, ante la necesidad de agilizar la gestión de los fondos europeos. En su opinión, han secuestrado el debate al mezclar en este “subterfugio” la modificación de los métodos de protección de la ley ambiental y la actualización de las remuneraciones de los funcionarios.

“Hoy han adoptado por decreto ley que de forma tramposa obliga a garantizar los derechos de los empleados públicos, pero también a condenar el futuro de nuestra Comunidad”, dijo el socialista, porque PP y Vox están “empecinados” en la desregulación y acabará, a su juicio, con las potencialidades de futuro.

Críticas de la UPL

El portavoz del Grupo UPL-Soria YA, Luis Mariano Santos, expresó su sorpresa por la inclusión de dos materias muy diferentes en el decreto, lo que no supo si era por la “urgencia” o la “improvisación”. Así, respaldó el aumento retributivo de los empleados públicos, pero expresó sus dudas por no recoger el fomento de la biomasa y la cogeneración y por que se intente justificar una “relajación” en la evaluación ambiental de parques eólicos y fotovoltaicos, que se podrán acercar a núcleos urbanos, ya que “podrían permitirse plantas pequeñas y medianas en suelo rústico sin impedimento alguno”.

Además, Santos señaló que Castilla y León podría convertirse en un territorio suministrador de energía a otros: “Lo de siempre, la solidaridad mal entendida”.

En nombre de Ciudadanos, Francisco Igea apoyó el decreto por la urgencia de las medidas económicas y energéticas, de acuerdo a las indicaciones de la Unión Europea y la necesidad de potenciar las energías renovables, pese a la posición de Vox, También respaldó la simplificación normativa y expresó sus dudas sobre si la distancia exigida a las instalaciones, y no su ubicación, garantiza la protección de bienes patrimoniales o paisajísticos.

Seguridad y certeza

El ‘popular’ José Luis Sanz Merino defendió estas medidas responden a la crisis energética que coarta al futuro de las empresas, por ello defendió la necesidad de dar “seguridad” y “certeza” a los proyectos de energías renovables. También destacó que ha permitido que ya este mes los empleados públicos pueden cobrar este mes el aumento de los salarios, a diferencia de siete autonomías que han tenido que acudir al Fondo de Liquidez Autonómico.

Finalmente, el procurador de Vox José Antonio Palomo aseguró que este decreto ley no contempla derogación de ningún texto, sino que modifica algunas normas, ante la necesidad de aplicar medidas de carácter “urgente”, que no admiten demoras. Además, destacó que es necesario mejorar las directrices de la Junta sobre energías renovables y actualizar las retribuciones de los empleados públicos.

Etiquetas
stats