El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el tercero con más población de la provincia, ha tenido hoy que acordar paralizar el proceso de oposiciones para estabilización de sus muchos funcionarios interinos, un total de 107, entre un gran revuelo de críticas de la oposición.
La decisión se adopta de manera forzada y con gran polémica, muy pocos días después de conocerse que el Gobierno había reclamado al equipo de Gobierno en minoría de Unión del Pueblo Leonés (UPL) esa paralización del proceso selectivo por considerarlo ilegal, ya que aplicaba unos criterios “a favor de las personas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo” que ya ocupan esas plazas y “sin posibilidades reales para el resto de concursantes”. Es decir, como comunicó el delegado del Gobierno en Castilla y León, el leonés Nicanor Sen, se trataba de un proceso que buscaba “estabilizar personas” concretas.
Haciendo lo que la delegación gubernamental reclamaba, el Pleno ha puesto hoy en cuarentena el proceso, procediendo a la anulación de sendos acuerdos adoptados en junta de gobierno municipal, de la que sólo forma parte UPL.
Sin embargo, el equipo de Gobierno, admitiendo por boca de su concejala de Personal y Hacienda, Mª Ángeles González Martínez, que la decisión ha sido “un duro golpe”, algo “horroroso”, criticó la denuncia anónima que advirtió de las irregularidades del procedimiento, señalando que quien lo hiciera “tuvo un poquito de mala uva”.
“Cualquier cosa que intentamos hacer... ¡zapatumba!”
La edil, como también la propia alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, aseguró que los mismos criterios se han aplicado y admitido “en otros ayuntamientos, pero el único que se denuncia es aquí porque cualquier cosa que intentamos hacer... ¡zapatumba!”. Y a los demás “no les ha pasado absolutamente nada”, añadía la regidora, exigiendo a la Delegación del Gobierno “que identifique quién puso la denuncia, no para hacerlo público sino para saber a quién nos enfrentamos”.
Pero al final, ambas admitieron que no hay más remedio que paralizar el proceso selectivo, aunque “aún no tenemos muy claro qué hacer”, lamentando el esfuerzo perdido del trabajo con los sindicatos y los funcionarios, pero insistiendo en que “el Ayuntamiento tiene que cumplir con la estabilización” antes de fin de año o atenerse a dudas consecuencias, un plazo que se antoja difícil para volver a empezar de cero.
La oposición, al ataque
Los ataques políticos de toda la oposición no se hicieron esperar. Casi todos, coincidiendo en afear que esta comunicación de advertencia de ilegalidad se ocultara hasta la víspera a los grupos, muchos de cuyos concejales lo supieron días antes “a través de Whatsapp”.
La portavoz del Partido Popular (PP), Noelia Álvarez, insistió en que “o paramos nos paran” y además atacó al portavoz de Ciudadanos, Rafael Sánchez, su actitud “impresentable” de acusar sin pruebas que la denuncia fue de algún concejal de San Andrés, que lanzó lo que éste tildó de una “denuncia miedosa”.
Igualmente preocupado por la autoría de la denuncia, el portavoz del PSOE, Benjamín Fernández, afeó “la campaña de bulos” en su contra a su juicio lanzada por algún sindicato, que desmintió rotundamente, amenazando con “medidas drásticas” como una denuncia si persisten en el señalamiento.
Desde IU-Podemos, Laura Fernández también se sumó a las críticas por haberse tenido que “enterarse por la calle” de la grave situación porque “no han tenido el valor” de asumir que “han tomado medidas ilegales”, acusó al equipo de Gobierno, culpándoles de ser ellos quienes “han tirado el trabajo” realizado hasta ahora, mientras por Vox Fernando Prieto Olite, que inició una sonora trifulca casi a gritos con la alcaldesa, habló de “ignorancia y dejadez” en un año de trabajo.
Argumentos
La irregularidad del proceso, según el escrito remitido por Nicanor Sen, está basada en las apreciaciones de un informe de 22 de mayo de la Abogacía del Estado en León, solicitado por la Subdelegación del Gobierno, que concluyó que “los acuerdos (de 25 plazas de auxiliares de ayuda a domicilio y de 10 de educadores infantiles) son contrarios al ordenamiento jurídico”, entre otras cosas porque se estableció que “la valoración prevista otorga 85 puntos a los méritos profesionales y 15 a otros méritos”. Ese detalle y otros “determinan el resultado del proceso a favor de las personas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, sin posibilidades para el resto de concursantes”. Esto es así, concluye el informe estatal, porque “una norma que debería ser de aplicación accidental se erige como absolutamente determinante del resultado final”.
El Pleno, más allá de las críticas y excusas, no aclaró como se resolverá la situación de aquí a fin de año, cuando debe concluir el proceso de estabilización, so pena de serios perjuicios para el Consistorio. “Aún no tenemos claro qué hacer”, admitió la alcaldesa, mientras la concejal de Personal comprometió volver a hablar con los sindicatos y buscar una salida conjunta llegando a “nuevos acuerdos”.