El mapa de la hostelería en el sureste leonés revela una realidad que desafía las leyes del mercado. Mientras la ‘España en silencio’ lucha por mantener sus persianas subidas, la comarca de Sahagún exhibe una vitalidad envidiable con un establecimiento hostelero por cada 75 vecinos, triplicando la media nacional. Sin embargo, el verdadero motor de esta geografía del encuentro no es solo el capital privado, sino un modelo de gestión pública que gana terreno: de los 78 locales en activo, 31 son ya centros de ocio y convivencia, los teleclubs de antaño. Esta red, impulsada por las administraciones locales y el compromiso vecinal, garantiza que el derecho a socializar sea una realidad compartida en cada rincón del partido judicial. Si no se tienen en cuenta los de la villa de Sahagún, en el sureste leonés hay ya más ‘teleclubs’ que bares ‘normales’.

España es el país con mayor densidad de bares del mundo, entendiéndose como tal, a cualquier establecimiento (con licencia) donde sea posible tomar un café o una cerveza. Pero la distribución de estos locales es muy desigual en el territorio nacional. En el extremo opuesto a la masificación de las zonas costeras o grandes urbes, la llamada ‘España vaciada’ dibuja una geografía diferente: 2.375 municipios españoles no cuentan con ninguna barra abierta, lo que afectaría a más de 463.000 personas.

En Castilla y León se concentra casi la mitad de esa población española que vive en municipios sin bares, si bien los últimos datos publicados dejan a la provincia de León en la mejor posición regional: no más del 2% de la población vive en un municipio sin ‘tasca’ y, de hecho, León capital ostenta el ‘título’ nacional de la ciudad con más cañeros de cerveza del país.

Poniendo la lupa en la comarca de Sahagún, en su partido judicial, que de media no está tan vaciado de bares, hay como mínimo uno en cada municipio y trabajan a fecha de hoy un total de 78 establecimientos, 47 de promoción privada y 31 de promoción pública, (centros de reunión y convivencia o teleclubs). El total de bares divididos por las cerca de 7.000 personas que viven en ese territorio, dan como resultado uno por cada 75 personas, aunque haya alguna que, para tomar ese café o esa cerveza, tenga necesariamente que desplazarse a un pueblo próximo. En el ámbito nacional hay un bar por cada 200 personas (más o menos), por lo que se puede decir que la comarca de Sahagún supera con creces la media nacional. Vacíos sí, pero con bares.

Al igual que el mapa nacional, el comarcal también es muy desigual. La villa de Sahagún ejerce un poder socioeconómico que aglutina el grueso de la hostelería en el sureste leonés, pero actualmente no está ni entre los cinco primeros puestos en relación número de bares, número de empadronados.

Bercianos, en el ‘top’

El municipio de Bercianos del Real Camino es, en la comarca de Sahagún, el que más licencias hosteleras tiene por empadronado. Con no más de 200 vecinos ‘oficiales’, la población dispone de cinco establecimientos abiertos donde echar el blanco. ¿El motivo principal? Su ubicación. En pleno Camino de Santiago, Bercianos se ha convertido en uno de esos puntos especiales de la ruta gracias, entre otros factores, al tirón de décadas de su albergue público de peregrinos, de los pocos de toda la ruta que vive el alojamiento de una forma muy comunitaria y espiritual, y que ha servido de ‘efecto demostración’ tanto a peregrinos, como a emprendedores.

Y es que, los cinco establecimientos de Bercianos son, precisamente, de capital privado. No obstante, se hace necesario aclarar también que no todos esos bares están abiertos todo el año. 

La autogestión, clave en Santa María del Monte de Cea

Como ya se ha dicho, 31 bares de la comarca son centros de reunión y convivencia o teleclubs, es decir, se desarrollan en un local de promoción pública bajo algún tipo de régimen de explotación, bien sea a mediante la subasta de su aprovechamiento, o en otras modalidades menos encorsetadas.

Sin la ‘Calle Mayor de Europa’ pasando la puerta de casa, Santa María del Monte de Cea, con 207 habitantes (INE 2025) es, con cuatro bares en todo su término municipal, el segundo Ayuntamiento de la comarca de Sahagún con la mejor media por vecino. Aquí tienen cuatro de sus cinco pedanías bar y, además, autogestionado en los cuatro casos. 

Los bares y centros de reunión del municipio constituyen el principal nexo de conexión entre los vecinos y son fruto de su esfuerzo colectivo

Natalia Guerra — Alcaldesa de Santa María del Monte de Cea

La alcaldesa de Santa María del Monte de Cea, Natalia Guerra, subraya que, aunque los bares y teleclubs desempeñan un papel esencial como espacios de convivencia y cohesión social —auténticos puntos de encuentro que mantienen vivo el pulso diario del municipio gracias al esfuerzo colectivo de sus vecinos—, por sí solos no bastan para garantizar la supervivencia del medio rural. En este sentido, insiste en que el mantenimiento de la vida en los pueblos pasa necesariamente por una implicación más amplia de las administraciones supramunicipales, de las que dependen cuestiones clave como la reapertura de consultorios médicos, la extensión de la cobertura móvil en aquellas localidades donde aún es deficitaria o inexistente y la mejora de unas infraestructuras viarias que permitan una comunicación digna y segura. Aspectos, recalca, que quedan fuera del alcance del propio Ayuntamiento pero que resultan determinantes para fijar población y asegurar un futuro viable para el territorio.

“Los bares y centros de reunión del municipio constituyen el principal nexo de conexión entre los vecinos y son fruto de su esfuerzo colectivo. Para que la vida rural pueda sostenerse, es imprescindible además la colaboración de administraciones supramunicipales: reabrir consultorios médicos, garantizar la cobertura móvil en los pueblos que aún carecen de ella y dotar al territorio de infraestructuras viarias adecuadas. Esto no depende de nosotros”, manifiesta Guerra.

En la tercera posición está El Burgo Ranero. La segunda ‘capital’ comarcal y Camino de Santiago, un dato muy importante a tener en cuenta, ya que además del propio vecindario (son unos 700 empadronados) sí recibe turismo por ese otro lado, como pasa en Bercianos. Además, si esta estadística se hubiera publicado hace dos años, El Burgo se llevaría la palma, ya que hasta hace no mucho en Villamuñío había tres bares -ahora hay dos- y, en Calzadilla de los Hermanillos (140 vecinos), otra de sus pedanías, había nada menos que cuatro establecimientos hosteleros donde tomar un café. Actualmente sí hay un restaurante, pero sin servicio de barra, pero se prevén sorpresas esta misma primavera.  

Villazanzo ocupa la cuarta posición del ranking con seis establecimientos hosteleros en otras tantas de sus pedanías. Como pasa con Calzadilla, si esta información se hubiera elaborado hace dos meses, se hubiera encontrado abierto el único bar de iniciativa privada que mantenía, el de Villazanzo de Valderaduey, el mítico bar ‘del Pájaro’, que disfruta ahora de una merecida jubilación. Actualmente los seis que sí funcionan no son de iniciativa privada, se autogestionan o se sacan a subasta, según el caso, como pasa en Santa María del Monte de Cea. De esta forma, si no se tienen en cuenta los bares de Sahagún, en el sureste leonés hay ya más ‘teleclubs’ que bares ‘normales’. Cerrando la lista de los cinco municipios con más bares por habitante llega Villamol, con 134 empadronados y dos establecimientos, cómo no, de iniciativa pública. 

Los que rompen la estadística

Fuera de la comparativa general, los dos municipios que rompen la estadística comarcal por sus particularidades socioeconómicas son Sahagún, el más poblado, y Escobar de Campos, el menos habitado. Para obtener un porcentaje acertado de la situación real en la mayoría de las localidades, es necesario tratar estos casos como situaciones excepcionales.

Escobar de Campos cuenta con un bar (tipo teleclub) para las cerca de 30 almas allí censadas. Esta cifra le posiciona automáticamente como uno de los enclaves del mundo con más oferta por habitante, aunque la realidad técnica responda más a la resistencia vecinal que a una saturación del mercado.

Por su parte, el municipio de Sahagún aglutina 22 puntos de encuentro. En la villa funcionan 14 bares, a los que se suman 2 establecimientos con apertura parcial y otro cerrado circunstancialmente. La gestión pública también está presente en la cabecera a través del bar del polideportivo, cuya explotación sale a subasta. Además, 4 de las pedanías de Sahagún disponen de local para tomar algo -autogestionado-, manteniendo 2 de ellos la actividad durante todo el año. No entran en el recuento, pero hay que destacar que, en Sahagún, todavía sobreviven algunos establecimientos nocturnos, que también son ejemplo de resistencia. 

Este mapa hostelero, lejos de ser una foto fija, es un organismo vivo donde las cifras 'bailan' cada temporada y donde ayer existía un vacío, hoy surge una nueva oportunidad. Un ejemplo reciente de esta vitalidad es Grajal de Campos, que esta Semana Santa reabrió las puertas del conocido como 'bar de las escuelas'. Este establecimiento de promoción pública ha regresado a la actividad bajo el impulso de la propia alcaldesa de la localidad, Tamara Alonso, y bajo el nombre de Gastrobar Alonso, demostrando que la iniciativa pública sigue siendo la mejor receta para llenar de vida los mostradores de la comarca.

Celebrar una Primera Comunión en Castilla y León cuesta ya entre 3.200 y 3.300 euros solo en gastos básicos, un 12% más que el año pasado, según un informe publicado este jueves de la Unión de Consumidores de Castilla y León.

El estudio refleja el impacto económico de estas celebraciones, propias del mes de mayo, que incluyen vestuario, banquete, fotografía, recordatorios y actividades complementarias.

El mayor gasto se concentra en el convite, donde el precio medio ronda los 80 euros por cubierto para 20 invitados, lo que supone ya unos 1.600 euros.

A esto se suman extras como animación infantil, hinchables o magos, que pueden alcanzar los 475 euros.

El vestuario es otra de las partidas principales: en niñas, el vestido se sitúa en torno a los 365 euros de media; en niños, un traje de almirante ronda los 300 euros. A lo que hay que añadir complementos, zapatos y peluquería, que elevan el coste final.

El reportaje fotográfico supone otro gasto relevante, ya que un álbum puede costar unos 390 euros, al que en ocasiones se suma el vídeo, con precios superiores a los 300 euros.

Finalmente, los recordatorios y detalles para invitados pueden alcanzar los 300 euros adicionales.

El informe advierte de que estos cálculos no incluyen otros gastos habituales, como la medalla de oro o el vestuario de los familiares.

Por todo ello, para contener el gasto, esta asociación recomienda en su informe planificar un presupuesto, comparar precios y evitar endeudarse.

Una foto fija del número de terrazas de bares, cafeterías y restaurantes legalmente permitidas en base a la nueva ordenanza de la ciudad de León, que entró en vigor hace año y medio, marca una cifra hasta ahora poco conocida: son exactamente 423. Se trata de una considerable merma de su número, ya que desde que la normativa municipal se aprobara a final del verano de 2024 y se comenzara a aplicar poco a poco, se han producido casi 200 bajas de veladores (189 menos a fecha de hoy). En la mayoría de casos esas bajas son por no interesarles renovar la obligatoria autorización del Ayuntamiento de León o porque este ha certificado que incumplen algunas de las muchas nuevas condiciones impuestas. La cifra en origen hasta ahora ha sido de 612 tramitadas.

De la estadística facilitada por fuentes oficiales municipales llama la atención que de las 423 terrazas con las bendiciones iniciales para instalarse, casi una de cada tres están en la zona centro -todo el Casco Histórico y zonas aledañas- y el resto se distribuyen por los demás barrios de la capital. En el caso de las zonas más concurridas y turísticas hay 113 veladores con todos los parabienes (un 31%) y en el segundo las 292 restantes. La excepción son las pedanías leonesas -Armunia, Oteruelo de la Valdoncina y Trobajo del Cerecedo- y en el barrio de Puente Castro, que no tienen ninguna autorizada ahora mismo.

Una situación que llama la atención es el número de hosteleros de León con terraza que cumple la norma general de obligación de recoger cada noche por completo sillas, mesas, sombrillas y otros elementos, dejando totalmente libre la vía pública. Con carácter general, y como gran novedad de la ordenanza que ha sustituido a la obsoleta anterior, es que es obligatorio almacenarlo todo bien en el interior del propio bar o en un bajo alquilado o comprado a tal efecto. Sin embargo, un simple paseo nocturno por la mayoría de las calles del centro de la capital permite ver que esto casi no se cumple.

Muchas quejas vecinales y expedientes por no recoger

No es un tema menor: el Consistorio admite que entre las pocas sanciones impuestas desde hace poco más de un año que acabó el período de gracia concedido para amoldarse a las nuevas normas se han sumado hasta 25 expedientes de multa por no retirar todo el mobiliario o al denunciar los vecinos que se han saltado el horario fijado en cada época del año. Cuatro de ellas han acabado en multa económica este año, aunque aún no se suman nuevos casos en este ejercicio, matizan las mismas fuentes. Y también consta que este problema se ha elevado por un particular enfadado al Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León).

Sin embargo, las propias ordenanzas dejaron abierta la posibilidad de una 'triquiñuela' a la que no pocos hosteleros se han sumado para seguir ocupando calles y plazas con las terrazas apiladas durante toda la noche. El artículo 13 sobre “prohibiciones” reza que “podrá autorizarse de manera excepcional y mediante el pago de la tasa correspondiente el almacenamiento en la vía pública, fuera del horario de ejercicio de la actividad, de los elementos de la terraza que no puedan almacenarse en el interior del local”.

Pagar un 20% más de la tasa y eximidos

Tan sólo tienen que “acreditar” que no les cabe en el establecimiento ni pueden disponer de un local cercano para ello. Y además deben pagar por ello algo más que el resto: en concreto “un 20% más de la tasa que tengan que abonar por la terraza”. Como ejemplo, si un bar paga 1.000 euros en concepto de tasa por su número de mesas y sillas, afrontaría el pago de 1.200 euros.

Aferrándose a ello, son muy numerosos los establecimientos que pagar por no desmantelar la terraza cada noche, dejándola apilada y encadenada, lo cual, por cierto, es obligatorio. En concreto, la Concejalía de Consumo dice que hoy hay en vigor 110 autorizaciones que conceden este permiso extraordinario. Respecto al número total de terrazas de 423, se trata de una de cada cuatro. Matizan, eso sí, que la mayoría no son terrazas de acera sino las llamadas 'terrazas Covid', las autorizadas para estar sobre las calzadas, las carreteras de León: un total de 69. Lo cierto es que estas no afectan a la movilidad de los viandantes, al dejar totalmente libres las aceras. En los restantes 41 casos de calles y plazas, el Consistorio ha dado el parabién tras cerciorarse con “las actas de Policía e Inspección de los expedientes” que no hay alternativa al almacenamiento, aseguran.

Un caso curioso

Otro detalle que regula la ordenanza es qué la gravedad de cerrar muchos días, como por ejemplo vacaciones. Se dicta que es obligatorio que “todos los elementos deberán ser retirados si el establecimiento supera los 15 días consecutivos sin actividad al público”. De no hacerlo, igual que si se recoge cada noche con una demora inferior a una hora, la infracción se tipifica como “grave”. Supone una multa de entre 751 y 1.500 euros, con el agravante de que dos infracciones graves en menos de dos años puede suponer el cierre total de la terraza hasta tres meses.

El Ayuntamiento leonés asegura que en este casi año y medio sólo “se detectó el caso de un establecimiento en concreto” pero que no hubo sanción alguna porque “se solucionó con contacto con la propiedad y mediación, retirándose varios días después la terraza y cerramientos”.

A tenor de esta respuesta, ha habido un bar-restaurante muy conocido, situado en la Plaza de San Marcelo -frente a la sede de la Policía Local-, que resulta evidente que se libró de una multa municipal segura, ya que permaneció cerrado a la vista de todo el mundo por espacio de 21 días, con todo el material apilado en pleno centro histórico y turístico. Se trata, de hecho, del establecimiento que ya estuvo durante años en medio de otra polémica por el uso de un velador, que fue bautizado popularmente como 'mamotreto', con un permiso total del Consistorio tras un cambio de criterio radical, y sin embargo multado por Patrimonio de la Junta, que exigió su retirada.

Una tramitación lenta hasta ahora

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento aclara que la cifra de 423 terrazas actuales en León, una de las ciudades con más bares de España per cápita, es una cifra que irá cambiando lógicamente a lo largo del tiempo. Por un lado porque a fecha actual los recursos municipales se encuentran “próximos a alcanzar el 40% de las autorizaciones tramitadas” conforme a los informes de Inspección Viaria y la Policía Local, para certificar que cada velador cumple todos los criterios de la ordenanza, está al corriente de pago de la tasa (que también subió de precio con la nueva norma, algo que defendía el alcalde, José Antonio Diez) y puede continuar su actividad.

El ritmo aún es lento, en parte por el mal tiempo, aducen, pero comprometen que “la tramitación avanzará con mayor rapidez” a partir de ahora al ser más sencillo en las terrazas menos inspeccionadas, las de acera. Y es que estiman que sí se han visitado casi todas las 'terrazas Covid' en calzada, el 90% de ellas, a las que dan de plazo hasta junio para cumplir la obligación de instalar la plataforma elevada que las iguale a las aceras y permita la total accesibilidad de los clientes.

En todo este proceso podrá haber nuevas altas y nuevas bajas que siempre harán bailar la cifra exacta en cada momento. Pero la 'foto fija' actual da cuenta de cómo ha crecido en la ciudad de León el recurso de las terrazas al aire libre, no muchos años antes de la pandemia pero sobre todo a raíz de aquella época de restricciones.

Detrás de los lineales de Mercadona, cada vez más en España y Portugal, como también en Castilla y León, hay cifras que empiezan en el campo. Patatas, cebollas, azúcar o fresas cultivadas y producidas en gran medida en la provincia de León y en otras de la Comunidad acaban recorriendo miles de kilómetros tras pasar, en muchos casos, por el bloque logístico para gran parte del noroeste que la compañía tiene en Villadangos del Páramo (León), una de las piezas clave de su red de distribución.

Según datos oficiales que la conocida compañía de supermercados acaba de facilitar, en 2025, la cadena compró a proveedores de la Comunidad productos y servicios por valor de 2.705 millones de euros. Una cifra que se apoya en una red de más de 590 proveedores, entre productores, empresas de servicios y no comerciales, y que refleja en qué medida se apoya en el sector agroalimentario autonómico de provincias como León dentro de su modelo de abastecimiento.

Algunos números ayudan a dimensionarlo: 71.000 toneladas de patatas, como del creciente grupo Hijolusa, adquiridas a agricultores locales, un 29% más que el año anterior; 10.000 toneladas de cebollas; 13.000 de manzanas; 16.300 de azúcar molturada en las factorías de la Comunidad, aunque ya no en la de Azucarera en La Bañeza porque se cerró precisamente el año pasado; o 3.900 de fresas. Se trata de productos básicos que forman parte del surtido habitual de los supermercados de la firma valenciana y que, tras su recogida y tratamiento, se integran en una cadena logística en la que Villadangos juega un papel estratégico.

Desde este centro, ubicado en el polígono de Villadangos del Páramo, se articula buena parte de la distribución hacia los supermercados de la zona, en una estructura que la empresa ha seguido reforzando durante el último año. De hecho, Mercadona destinó en 2025 más de 2 millones de euros a mejoras en estas instalaciones, dentro de una inversión total en Castilla y León que superó los 28 millones, explican en su comunicado.

Cambios en tiendas

La mayor parte de esa inversión, más de 26 millones de euros, se inyectó en la red comercial, con actuaciones de modernización y la creciente implantación de la sección ‘Listo para Comer’. En paralelo, la compañía reordenó su mapa de tiendas con la apertura de tres nuevos supermercados en Valladolid y León, lo que supuso el cierre de otros cuatro que no se ajustaban a sus estándares. Este cambio supuso en León la apertura de la nueva tienda de la avenida Agustinos, junto al cierre de las existentes en Trobajo del Camino y San Andrés del Rabanedo.

Al cierre del ejercicio, Mercadona contaba con 63 supermercados en la Comunidad, de los que 58 ya operan bajo su modelo de tienda eficiente. En conjunto, la plantilla supera las 4.500 personas en Castilla y León, entre supermercados y logística, esencialmente en la plataforma leonesa.

Más allá de la actividad puramente comercial, la empresa mantiene también una línea de colaboración con entidades sociales y aprovechamiento de alimentos sobrantes. Según su estadística, Mercadona donó en 2025 un total de 730 toneladas de alimentos aptos para el consumo a medio centenar de organizaciones, una cantidad equivalente a más de 12.000 carros de la compra.

León vivió la posguerra marcada por el hambre, la escasez y el mercado negro a pesar de ser una de las provincias españolas que más alimentos y materias primas aportó al conjunto del país, una paradoja explicada por la política autárquica del franquismo y el férreo control ejercido por la Comisaría de Abastecimientos y Transportes.

Esta es una de las conclusiones principales del artículo 'Economía y sociedad en el León de posguerra (1939-1949). El papel de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes', firmado por el historiador y colaborador de ILEÓN Pedro Víctor Fernández y recientemente publicado en la revista Añada: revista d’estudios llioneses.

El trabajo consultado por la Agencia EFE analiza, a partir de documentación inédita del Archivo Histórico Provincial, cómo funcionó el racionamiento y cómo se repartió —o se negó— la comida en la provincia durante la primera década del franquismo.

El estudio describe una provincia eminentemente rural, agrícola y ganadera, que produjo cereales, patatas, carne, carbón o electricidad en cantidades suficientes para abastecer a otras regiones, pero cuyos propios habitantes apenas accedían a esos productos. El control estatal de precios, los cupos obligatorios y la exportación de alimentos a zonas deficitarias dejaron a la población leonesa con dietas pobres, repetitivas y claramente insuficientes.

Desde 1939 se implantaron las cartillas de racionamiento, que establecían cantidades teóricas de alimentos básicos como pan, aceite, azúcar o legumbres, aunque en la práctica esos cupos raramente se cumplían. El pan blanco se convirtió en un artículo de lujo y la mayoría de los leoneses se alimentaba de pan de centeno, patatas y legumbres, con un consumo muy limitado de carne, pescado o grasas.

En ese contexto prosperó el estraperlo, un mercado negro que se convirtió en una vía de supervivencia para la mayoría de la población y en una fuente de enriquecimiento para una minoría vinculada al poder. El artículo señala que en León el mercado ilegal fue estructural durante los años cuarenta, con precios que multiplicaban varias veces los oficiales y una persecución desigual, más dura con los pequeños estraperlistas que con quienes manejaban grandes volúmenes de producto.

El papel central en toda esta etapa lo desempeñó la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), un organismo creado en 1939 con amplísimos poderes para controlar la producción, el transporte, los precios y el reparto de alimentos. Según el estudio, la CAT fue la oficina del Estado con mayor información económica y social de la provincia, pero también una herramienta clave del control político y social del franquismo.

A través de alcaldes y jefes locales del régimen, la comisaría elaboró censos, mapas y estadísticas muy detalladas, aunque el trabajo subraya que esos informes tendían a ocultar el descontento social, minimizar el hambre y presentar una imagen de eficacia que no se correspondía con la realidad cotidiana de la población.

El artículo sitúa 1946 como el “año del hambre” en León, agravado por la sequía y el aislamiento internacional de España tras la Segunda Guerra Mundial. Ese año aumentó el éxodo rural hacia las ciudades y las cuencas mineras, mientras se intensificaba la emigración a otras provincias como Asturias, Madrid o Valladolid.

A finales de la década de los cuarenta comenzaron a aparecer algunos indicadores de mejora, pero el balance global de la posguerra fue, según el autor, devastador: salarios de miseria, precios en alza, desnutrición, enfermedades vinculadas al hambre y una modernización económica bloqueada durante años.

El estudio concluye que la política autárquica no solo no resolvió el desabastecimiento, sino que generó una economía intervenida ineficaz, incapaz de aprovechar el potencial productivo de la provincia ni de garantizar condiciones de vida dignas a su población, sentando las bases de un prolongado atraso económico y social.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anunciado paquete de ayudas, por importe de 287 millones de euros -117,4 millones correspondientes a las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central-, para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con especial incidencia en los sectores dependientes del petróleo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a estas ayudas que se trata de 28 medidas agrupadas en siete bloques específicos para atender las diferentes necesidades de los sectores productivos y las familias.

De entre estos bloques, Carriedo ha detallado que el que absorbe más fondos es el vinculado a la merma de ingresos en las arcas autonómicas que implica el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central, con 117,4 millones; seguido de los 113 millones para la financiación de sectores empresariales, 33,3 millones para eficiencia y ahorro energético, 10 millones para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, 7 millones para favorecer la empleabilidad, 5 millones para reforzar el transporte colectivo de viajeros y 1 millón para ampliar el apoyo a las familias vulnerables.

Carriedo ha defendido que se trata de una respuesta rápida por parte de la Junta, al tratarse de una de las primeras autonomías en aprobar ayudas de este tipo, y ha añadido que aunque algunas de las medidas tienen como horizonte temporal el próximo 30 de junio, otras tienen vocación de permanencia, al entender que se trata de medidas estructurales que seguirán vigentes haya o no guerra en Oriente Medio, como las vinculadas al transporte de viajeros en autobús.

Como sectores más afectados, el portavoz de la Junta ha asegurado que estas medidas han sido tomadas tras mantener contactos con asociaciones de industriales, transportistas y con las organizaciones profesionales agrarias.

Ha reconocido que puede que con estas medidas no den “satisfacción completa” a las reivindicaciones de los sectores, pero ha asegurado que la financiación queda “garantizada”, pese a estar actualmente el Gobierno autonómico en funciones, sin tener referencias claras sobre la duración de esta crisis de precios energéticos.

Preguntado por la posibilidad de deflactar el IRPF para compensar la subida de precios, tal y como reclama el PP a nivel nacional, Carriedo ha respondido con la propuesta de su partido para rebajar el tramo autonómico del mismo impuesto, pero sin referencias a la deflactación.

En este sentido, Carriedo ha explicado que al estar en funciones el Gobierno no puede aprobar proyectos de ley en este sentido, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para constituir pronto un nuevo Gobierno que dé “estabilidad y confianza”.

No obstante, ha subrayado que desde el Gobierno autonómico en funciones asumirán “todos los restos y desafíos” que se presenten: “Que haya un gobierno en funciones no significa que haya un gobierno que no funciona”, ha resumido Carriedo, convencido de que tienen la “obligación de funcionar y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”.

Las medidas concretas:

1. Línea de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75% y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

2. Financiación de circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5 % y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

3. Financiación de costes energéticos a empresas exportadoras para inversión en sistemas de autoconsumo que reduzcan la exposición a la volatilidad energética de hidrocarburos, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5% y un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

4. Fondo Internacionalización: para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización. Hasta 300.000 euros, amortización hasta 10 años con un límite de 3 años de carencia. Tipo de interés máximo del 1,5%.

5. Ampliación de la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos (forestal, agro, piedra).

6. Renegociación de las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados.

7. Incremento de las cuantías destinadas al Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 en 6,4 millones de euros. Permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados con aval público y en condiciones ventajosas por importe de 40 millones de euros de préstamos.

8. Incremento del porcentaje de bonificación para la contratación de seguros agrarios a titulares de explotaciones agrarias que tengan la consideración de joven agricultor pasando del 10% actual al 25%.

9. Cualificación vinculada a servicios estratégicos: impulso de programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial.

10. Atracción y fidelización del talento: refuerzo de la contratación del talento joven y cualificado, impulsando itinerarios de inserción, contratos vinculados a sectores estratégicos y programas de retorno.

11. Incentivos al empleo en sectores estratégicos: incremento de la contratación por cuenta ajena vinculada a sectores estratégicos y en sectores especialmente afectados por la crisis.

12. Refuerzo e incremento de servicios de las rutas Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles.

13. Incremento del coste de las rutas Buscyl del servicio de transporte regular de viajeros de titularidad y gestión de la Junta de Castilla y León por el incremento del precio de los carburantes.

14. Activación en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables.

15. Impuesto Especial sobre Electricidad. La recaudación de este impuesto está íntegramente cedida a las comunidades autónomas según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba una reducción del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad del 5,1 % al 0,5 %. El impacto tributario se estima en 24,1 millones, que recaerá íntegramente en la Junta de Castilla y León.

16. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El 50 % de la recaudación de este impuesto está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley reduce del 21 % al 10 % el tipo impositivo del IVA aplicable a la electricidad, hidrocarburos, gas natural, briquetas y pellets. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 52,2 millones.

17. Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos. La recaudación del 58 % del tipo estatal general y del 100 % del tipo estatal especial está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba la reducción de los tipos impositivos del impuesto sobre hidrocarburos hasta el máximo permitido por la directiva europea que regula la imposición de los productos energéticos. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 41,1 millones.

18. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Esta línea tiene como objetivo continuar fomentando el ahorro energético de las pequeñas, medianas y grandes empresas, para mejorar la competitividad y paliar la subida de costes energéticos en el sector industrial.

19. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, así como a la implantación de renovables, en edificios del sector terciario de Castilla y León. Esta línea persigue fomentar el ahorro energético en edificios existentes del sector terciario.

20. Implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios de titularidad de la Administración de la Comunidad.

21. Promoción de la biomasa con la asociación AVEBIOM (o la mesa intersectorial de la madera).

22. Impulso al aumento de la producción de biomasa autóctona.

23. Fomento de la construcción sostenible con madera para mejora de la eficiencia energética.

24. Impulso de la implantación de nuevas redes de calor por su determinante contribución a la consecución de los siguientes objetivos: la reducción del consumo energético final; la disminución de las emisiones de CO₂; el ahorro económico para administraciones y usuarios; la mejora de la calidad del aire urbano, y el impulso a la economía rural mediante el uso de biomasa local.

25. Bonificación del 100 % del coste para las comunidades de propietarios de las subestaciones necesarias para la conexión de edificios privados a redes de calor urbanas con biomasa forestal.

26. Para asegurar la correcta ejecución de los contratos de la Administración, de las obras, suministros y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos, se impulsará la aplicación, por los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de las directrices vinculantes aprobadas en el contexto de la guerra en Ucrania mediante Acuerdo 145/2022, de 23 de junio.

27. Puesta a disposición de las diferentes consejerías de los recursos presupuestarios necesarios para atender el mayor gasto derivado del encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos.

28. Solicitud de reprogramación y ampliación del período de ejecución de los Fondos Europeos para adaptarse a las circunstancias derivadas de la situación.

Una quería agotar el primer trimestre del año y la otra pretendía aprovechar el tirón de la Semana Santa. Rosa María Couto cerró el quiosco de la plaza de la Inmaculada el domingo 29 de marzo, un día después de que María Rodríguez reabriese el de San Marcos. Quiso la casualidad que ni un solo día León capital se quedase huérfano de estos establecimientos de calle, un elemento en peligro de extinción desde la caída en picado de las ventas de periódicos y revistas, un factor que obliga a afrontar una reconversión que pasa por extremar el ingenio y estirar cada centímetro de este tipo de habitáculos.

Tras un cuarto de siglo manteniendo con vida al último quiosco que responde al patrón tradicional, Rosa María Couto vive en estos días en una montaña rusa emocional con cierto “vértigo” por el cambio: las lágrimas son de orgullo por haber visto “crecer generaciones” y fomentar el trato con clientes que son familia; las sonrisas, por vislumbrar un futuro mejor ahora que ha aceptado una oferta laboral en un comercio, donde seguirá trabajando de cara al público, pero ya con sus días libres y sus vacaciones. Se acabaron penitencias como los madrugones (repartía periódicos todavía de madrugada antes de abrir el quiosco a las 7.30 horas), cerrar apenas los tres días sin prensa al año (Navidad, Año Nuevo y Sábado Santo) y no disponer de aseos propios.

Tras cinco años cerrado, María Rodríguez devuelve ahora a la vida al quiosco de San Marcos, un establecimiento más moderno al que ya está empezando a dotar de chucherías, suvenires y hasta cafés personalizados. Se trata de una prolongación de la vocación comercial de esta colombiana de nacimiento que se introdujo en el ámbito de la confitería y la decoración de fiestas en Venezuela y que, tras un paréntesis de un año en Chile, llegó hace nueve años a la capital leonesa, donde trabajó en la limpieza del Hospital de León y en una agencia de cuidados paliativos. Paseando con una mujer mayor por el entorno de San Marcos, vio el quiosco, se interesó por él, concurrió a su licitación y adjudicación, y el sábado 28 afrontó el comienzo de una nueva historia.

Rosa María Couto también fue cuidadora hasta que en 1992 comenzó a repartir periódicos. Y se estableció en 2001 en el quiosco de la Inmaculada, una atalaya desde la que ha visto el declinar de la prensa entre lo circunstancial que se ha vuelto definitivo (“las peluquerías han dejado de comprar revistas desde la pandemia”, anota) y lo coyuntural que apuntala los malos augurios: no hay renovación generacional entre los compradores, por lo que cada muerte o traslado a una residencia se deja notar en la caja, expone con el ejemplo de la veintena de habituales que ha perdido ya sólo desde la última Navidad.

Consciente ya desde hace años de que no se jubilaría en el quiosco, Couto ha aprovechado ahora su propia coyuntura familiar, que le permite un mayor desahogo para no seguir estirando las jornadas: hasta la pandemia abría todo el día y desde entonces cerraba al mediodía para aprovechar las tardes limpiando domicilios. “El tren pasa sólo una vez”, se dijo para convencerse de cambiar el rumbo, aun entre el pesar de los compradores habituales. “Pero el que te quiere de verdad, estará contento”, le dicen en estos días en los que continúa afanada, ahora ya para desmontar ese viejo habitáculo que pasará a la historia. “Me decían también que era una institución, el alma de la plaza”, subraya.

Al final creas un vínculo con la gente mayor incluso que con la familia

Rosa María Couto — Quiosquera

El quiosco de la Inmaculada fue durante los últimos cinco años el único de calle abierto en la ciudad. El de San Marcos, que ahora retoma la actividad con el nombre comercial de El rinconcito de María, se queda con esa condición hasta que también reabra sus puertas el ubicado en la plaza de la Pícara Justina, sometido al mismo proceso de licitación y adjudicación por parte del Ayuntamiento de León.

María Rodríguez dice sentirse en estos primeros días “muy aceptada” por el público, que se acerca con curiosidad a comprobar esta resurrección en plena Semana Santa. Hay quien le pregunta si tendrá periódicos. Y ella, que había contactado previamente con Rosa para pedirle el contacto de empresas distribuidoras de prensa sin saber que la casualidad haría coincidir el cierre de una y la reapertura de otra, todavía lo sopesa. “Habría que ver si compensa”, dice ahora que está abriendo mañana y tarde con un breve paréntesis al mediodía y la intención de cerrar los lunes, lo que desbarataría las opciones de despachar periódicos y revistas.

Más allá de los productos, la apelación a las emociones prima en este momento de relevo simbólico. ¿Qué consejo le daría la veterana a la novel? “Que lo que hagas, lo hagas con el corazón. Que seas auténtica y empática. Que es muy importante tener una palabra amable y una sonrisa porque hay gente que carece de mucho afecto”, dice Rosa María Couto, que tenía clientes que hasta le llevaban el café para prolongar la conversación. “Y al final”, remacha, “pasas ahí todo el día y creas un vínculo con la gente mayor que con la familia”.

Caja Rural consolidó el pasado 2025 en León una línea de “crecimiento sólido” que se traduce en datos como el de volumen de gestión, que aumentó en un 12,9% con respecto a 2024 hasta alcanzar los 1.571 millones de euros. El balance del año pasado arroja otros resultados significativos como el de la concesión de 257 millones de euros de nueva inversión (fueron 248 en el ejercicio anterior) para llegar a un total de 1.224 millones en los últimos cinco años, según expusieron responsables de la entidad financiera este miércoles en la capital leonesa.

Las operaciones hipotecarias concedidas en la provincia ya suman en los últimos cinco años un importe global de 305 millones de euros, señala la estadística, que se completa en León con otras claves como el hecho de que el crédito ya represente el 9,01% del mercado o que la cuota en depósitos bancarios ascienda hasta al 6,03%, un 0,5% más que en el año 2024.

Se trata de datos que se enmarcan en un año “especialmente relevante” para Caja Rural, que en el balance global de la entidad aumentó su volumen de negocio hasta alcanzar los 8.168 millones de euros, 890 millones más (un 12,2%) que en 2024. Cuenta en total con 62.000 socios y 170.000 clientes (12.169 y 47.000, respectivamente, en León) y 116 oficinas: 25 en León, a las que se suman 68 en Zamora, 16 en Valladolid, 2 en Ourense y 5 en Madrid, que estrena un par de puntos de atención al cliente en este 2026.

“Banca de proximidad”

Y es que Caja Rural también remarca en su balance la “consolidación” de su “modelo de banca de proximidad”, que se sustancia en una atención al cliente sin necesidad de cita previa ni derivaciones al cajero, y sin restricciones de horarios para efectuar operaciones. La entidad ya ha cumplido tres décadas de presencia en la provincia, donde cuenta con 25 oficinas (no ha cerrado ninguna en estos 30 años de andadura) y 86 empleados (el 52% son mujeres y la media de edad es de 38 años).

“La economía no va mal, pero la microeconomía va peor”, admitió, sin ocultar la paradoja al ser preguntado por su valoración de la situación general en España, el director general de Caja Rural, Cipriano García. “La viabilidad de la Caja es envidiable (...). Es un bombón de entidad”, precisó García, que compareció acompañado por el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Narciso Prieto, y el director territorial de Expansión, Alejandro Hidalgo, quien resaltó que Caja Rural compite en el mercado financiero “sin ningún tipo de ayudas públicas” y revirtiendo sus beneficios al desarrollo del territorio en el que está asentada.

La Diputación y el Ayuntamiento de León han firmado este viernes un convenio a cuatro años a través del cual ambas instituciones se alían para promocionar e impulsar el comercio digital de las empresas adheridas a la marca Productos de León.

El acuerdo ha sido rubricado en el Palacio de los Guzmanes por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

El presidente de la institución provincial ha destacado que los “Productos de León son parte de nuestra identidad”, a la vez que ha recalcado que el sector agroalimentario leonés supone el 15% del PIB provincial y genera más de 15.000 puestos de trabajo y es “un importante motor económico de la provincia”.

“Un acuerdo con el que vamos a facilitar la promoción y adquisición de los productos de León que son, sin duda, la mejor forma de promocionarnos y darnos a conocer fuera de la provincia”, ha añadido.

Por su parte, Diez ha afirmado que este acuerdo supone “un punto de partida esencial para la mejora, digitalización, promoción y gestión de los productos de León gracias a la colaboración de las dos instituciones, y que tendrá beneficios evidentes tanto para las empresas del sector como para los ciudadanos y consumidores últimos”.

Asimismo, el alcalde ha sostenido que el Ayuntamiento de León facilitará la difusión, promoción, comunicación y comercialización de la marca Productos de León mediante la colaboración que se fije en acciones promocionales conjuntas, cesión de espacios o cualquier otra herramienta.

El convenio se centra en tres ejes, por el que Ayuntamiento de León pone a disposición de la institución provincial un almacén, vehículos eléctricos para la distribución de productos y espacios en el Mercado del Conde Luna como escaparate y punto de distribución de los Productos de León.

Así, la Diputación organizará en el Mercado del Conde Luna al menos dos actividades al mes vinculadas con la promoción, valorización y comercialización de los Productos de León, aportando para ello la inversión necesaria.

También incluirá en sus circuitos oficiales la realización de visitas completas al mercado en horario comercial y colaborará con el Ayuntamiento y la asociación de comerciantes del mercado en la puesta en marcha de actividades generales de promoción, difusión y divulgación de la actividad comercial que se lleva a cabo en este espacio municipal.

La institución provincial será también la que ponga en funcionamiento el almacén logístico robotizado ubicado en las instalaciones de Mercaleón y cuyo equipamiento cede el Consistorio gratuitamente.

El acuerdo permitirá a la Diputación tomar las riendas de la plataforma de venta online (Marketplace), así como de la red de taquillas inteligentes y los vehículos eléctricos de reparto, herramientas financiadas con fondos europeos que ahora gestionará la institución para dar salida al stock de los productores rurales.

Asimismo, el Consistorio de la capital leonesa cede a la Diputación el uso del Palacio de Exposiciones y Congresos para celebrar de la feria de Productos de León, que tendrá lugar a partir de ahora en la primera quincena del mes de octubre.

Por otra parte, el vicepresidente primero de la Diputación y del área de Productos de León, Roberto Aller, ha apuntado que “este convenio no solo busca modernizar las estructuras de venta, sino también proteger el patrimonio gastronómico de León frente a competidores que no respeten los estándares de calidad que definen a nuestra provincia”.

Para poner en marcha todas las herramientas para la promoción y venta digital de los productos, la Diputación licitará un contrato para su gestión conjunta, que se prevé que esté en funcionamiento el próximo mes de mayo.

La cooperación científica entre universidades europeas ha servido en los últimos tres años para trasladar herramientas de innovación, neuromarketing e inteligencia artificial al sector turístico turco, a través del proyecto europeo Remodel, en el que la Universidad de León (ULE) ha participado como socio estratégico junto a la Atlantic Technological University (Irlanda).

La iniciativa, financiada por la Comisión Europea dentro del programa Horizon Widening, se ha desarrollado entre enero de 2023 y diciembre de 2025 con el objetivo de reforzar la capacidad investigadora y de innovación en Turquía y reducir las brechas existentes en investigación aplicada respecto a otros países europeos.

El proyecto ha tenido como entidad beneficiaria a la Universidad de Bursa Uludağ, en Turquía, y ha permitido la creación de un laboratorio especializado en innovación de modelos de negocio, concebido como un espacio permanente de investigación aplicada y transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

Desde este laboratorio se han desarrollado y validado soluciones innovadoras que han sido trasladadas directamente a una decena de pequeñas y medianas empresas del sector hotelero turco, con el objetivo de modernizar sus sistemas de gestión, mejorar la experiencia del cliente y avanzar hacia modelos de turismo más competitivos y sostenibles.

La ULE ha desempeñado un papel central en esta transferencia de conocimiento, al aportar su experiencia en investigación de mercados, comportamiento del consumidor y diseño estratégico de modelos empresariales, áreas clave para adaptar los resultados científicos a las necesidades reales de las empresas.

Uno de los ejes del proyecto ha sido la aplicación de técnicas de neuromarketing y análisis del comportamiento del consumidor, junto con herramientas basadas en inteligencia artificial, para ayudar a los establecimientos turísticos a conocer mejor a sus clientes, optimizar sus servicios y mejorar sus estrategias de fidelización.

La reunión final del consorcio del proyecto, celebrada recientemente en Bursa (Turquía), ha servido para evaluar los resultados alcanzados y para sentar las bases de futuras líneas de colaboración científica entre las instituciones participantes, con el objetivo de dar continuidad al trabajo iniciado.

La responsable del proyecto en la Universidad de León, la profesora Carmen Rodríguez Santos, ha destacado que uno de los principales logros de Remodel ha sido demostrar que “la investigación universitaria puede traducirse en herramientas concretas y útiles para las empresas, ayudándolas a conocer mejor a sus clientes y a avanzar hacia modelos de turismo más innovadores y sostenibles”.

El recuerdo y la memoria de los economatos de empresa es el objeto de la propuesta que ponen en marcha la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana y el Centro del Urogallo de Caboalles de Arriba, que hacen para ello un llamamiento a los vecinos que tengan tanto recuerdos como objetos de aquellos establecimientos con el fin de componer una exposición temporal con ellos.

Recuperar y preservar la memoria colectiva de la sociedad local en los últimos dos tercios del pasado siglo está detrás de esta iniciativa, a través de la cual se insta a los vecinos a dejar constancia física de los recuerdos de aquel tiempo.

ILEÓN publicó en el verano de 2023 un reportaje sobre los economatos de MSP en Laciana y El Bierzo en el que se recogen testimonios y anécdotas de numerosos vecinos sobre sus experiencias personales.

El llamamiento que ahora hacen estas dos entidades pretende recuperar testimonios, escritos o verbales en grabaciones, objetos utilizados, fotografías, documentos, con el expreso compromiso de velar por su exquisito cuidado para mostrarl el material y posteriormente devolverlo a sus propietarios.

Han fijado dos puntos de recogida de los materiales que los vecinos quieran aportar: la oficina de la Reserva de la Biosfera, situada en la segunda planta del Ayuntamiento de Villablino, los jueves de 9.00 a 15.00 horas; y el Centro del Urogallo de Caboalles de Arriba, los viernes de 16.00 a 19.00 horas.

Los que aporten material digitalizado lo pueden hacer a través del correo electrónico actividades.rb@villablino.es. Los organizadores fijan como periodo para recoger estas cesiones hasta el viernes 13 de marzo.

Se trata de una iniciativa que sin duda tendrá una acogida excelente para una memoria permanente en el Archivo Histórico de las Familias Mineras que se está finalizando en las instalaciones del antiguo Pozo María de MSP en Caboalles de Abajo.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado este domingo que se apliquen las medidas que sean necesarias para evitar que el sector primario sea dañado por el acuerdo con Mercosur.

Los leonesistas han alertado este domingo en un comunicado del daño que puede suponer sobre todo para el sector del vacuno, puesto que el acuerdo “implica en algunos sectores competir en condiciones desfavorables al exigirse menos garantías y requisitos en el proceso de producción a los productos de Mercosur y tener unos costes salariales y de producción mucho más bajos”.

Desde Unión del Pueblo Leonés han pedido a Junta y al Gobierno que velen por la defensa de los intereses del sector primario, y actúen de inmediato ante el daño potencial que puede sufrir tras el acuerdo con Mercosur.

En este sentido, UPL pide tener en cuenta que el sector primario “es estratégico” y reclama asegurar su futuro, remarcando además su importante peso en el caso de la Región Leonesa, “siendo clave para el mantenimiento de población en las comarcas rurales de Salamanca, Zamora y León”.

Los leonesistas han afirmado que las instituciones deben “ser responsables con la sociedad y garantizar las condiciones que permitan asegurar que el sector primario, como sector estratégico de nuestra sociedad, no se vea perjudicado ni penalizado ante acuerdos como el planteado de libre comercio con Mercosur”.

Para UPL, en la práctica, el acuerdo firmado con Mercosur implica que puedan llegar a la UE productos agrícolas y ganaderos procedentes del área de Mercosur con “menores exigencias sanitarias, medioambientales o burocráticas que las requeridas a los productos agroganaderos europeos”.

Asimismo, han agregado, “los costes salariales y de producción son mucho más bajos en Mercosur”, lo que implica que posean un precio mucho más bajo que los de la UE.

“En un escenario de libre comercio penalizará a nuestros agricultores y ganaderos, que poseen un mayor coste de vida por el más alto nivel de renta y precios de España y la UE, y además afrontan mayores costes de producción para cumplir con las exigencias de la UE”, han afirmado.

La leonesa Elisa Rapado, madre de dos niñas de cinco años y catorce meses, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir que se prohíba la publicidad del maquillaje infantil, que se promociona “como si fuese un juguete” e introduce a los menores prematuramente “en una rueda de consumo”.

Rapado comenzó hace unos días esta campaña en change.org, con más de mil firmas recogidas, con un doble objetivo: “Que deje de publicitarse el maquillaje como un producto infantil y que las marcas se vean obligadas a retirar todo bisfenol o compuesto que sea disruptor endocrino”. Así lo ha afirmado en una entrevista con la Agencia EFE.

“Saber que otras madres estaban igual de frustradas que yo con ese tema me animó a buscar una petición ya existente, de la OCU, de Facua o de alguna otra madre. No existía, así que la abrí yo”, ha señalado.

Cada mañana, ha añadido, “al ir a comprar el pan, mi hija, de cinco años, me señala el escaparate de la perfumería, donde aparecen bien iluminados grandes estuches de maquillaje con imágenes de princesas y personajes de series de televisión que se presentan como si fueran juguetes”.

No normalizar el uso

“Al dirigir los productos a las niñas consiguen que normalicen el uso de maquillaje y las introducen prematuramente en una rueda de consumo de productos estéticos que, sin duda, no necesitan y que afectan a su autoimagen”, ha añadido.

Las niñas de cinco años, ha proseguido, “no se sienten ‘imperfectas’, para ellas el maquillaje solo es un juego más. Pero los pediatras están alarmados ante la presencia cada vez más numerosa de niñas con rutinas de ‘skin care’ desde los nueve años o las que dan consejos de belleza en redes sociales desde los doce”.

“A mí me parece que implica naturalizar o interiorizar ese tipo de conceptos demasiado pronto, cuando su pensamiento crítico todavía no es fuerte ni está lo bastante desarrollado”, ha lamentado.

La piel de los menores

A su juicio, “no es sólo una cuestión de consumo innecesario, sino de salud pública. La piel de los niños es más fina y absorbente, lo que los hace más vulnerables a los disruptores endocrinos” que según ha sostenido contienen muchos de esos cosméticos, sustancias que según diversos estudios de organizaciones internacionales de salud que ha investigado “pueden afectar a su desarrollo, crecimiento y bienestar a largo plazo”.

“Yo soy una madre más. De ahí nace mi petición: ¿por qué tengo que leer yo obsesivamente ingredientes que pueden ser perjudiciales y formarme para entender qué pone realmente en los envases?, ha concluido.

El miércoles 7 de enero arrancaron las rebajas de enero, las primeras de este año 2026 y que abren la veda para seguir promocionando el comercio, después de unas navidades en las que el gasto se ha mantenido similar al año pasado, según estudios como el del Observatorio Cetelem, que este 2025 estimaba que la mayoría de los españoles encuestados (un 48%) iba a realizar un gasto similar al del año 2024. 

A pesar de que las grandes tiendas de grupos como Inditex han comenzado a la vez con sus rebajas físicas y en la web (el 7 de enero), el comercio local de ciudades como León lleva ya semanas con descuentos en muchos de sus productos, aprovechando el regreso a la capital leonesa de los familiares que viven fuera y que, al darse una vuelta por el centro de la ciudad, pueden aprovechar a realizar algunas compras. 

Es por ello, quizá, que el ambiente es bastante tranquilo durante la primera mañana ‘oficial’ de rebajas en la capital leonesa, incluso en las tiendas de las grandes compañías. En la principal calle comercial de la ciudad de León, la avenida Ordoño II, la mayoría de tiendas tienen que ver con el sector textil, ya sea de grupos como Inditex, como algunas de las tiendas más tradicionales y reconocibles para los leoneses.

El tráfico de la calle se asemeja a la de cualquier otro día del año en la ciudad de León y solo en algunas tiendas locales como Fruela o la zapatería Tengo, se advierte más ambiente consumista: “Ha habido movimiento de gente, pero días muy concretos”, asegura el encargado de Fruela, donde las rebajas comenzaron el pasado 22 de diciembre, para aprovechar las compras de Navidad y Reyes: “Sabemos que viene muchísima gente de fuera, ponemos las rebajas antes para que aprovechen los descuentos para los regalos”. 

El consumo, asegura este comerciante, es parecido al de otros años, y es que se mantiene el interés por marcas concretas que no se pueden adquirir en tiendas de Inditex, como Premiata o Ecoal. Coincide con esta teoría, la encargada de la tienda DeVille, ubicada en la calle de la Guardia Civil, que también arrancó sus rebajas el pasado 22 de diciembre: “Nuestros clientes ya han venido, tenemos todavía lío, pero no somos Zara”, alude a esta marca del grupo Inditex que, incluso esta mañana muestra una cantidad más modesta de clientes que de costumbre. 

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el sector de la ropa y calzado las marcas especializadas, de marca propia, siguen ganando clientes, ya que los consumidores han aumentado hasta el 81% sus compras en ropa y el 63% en calzado. Sin embargo, a nivel nacional, las tiendas de barrio han reducido su popularidad de un 40% a un 34% en la ropa y de un 57% a un 45% en calzado. 

Las ventajas que tratan de ofrecer las tiendas de barrio son la atención más personalizada y una rebaja en productos de marca. En el año 2023 la Cámara de Comercio de León elaboró un informe sobre las preferencias de los consumidores leoneses. En este informe, la imagen que los leoneses tienen sobre su propio comercio local es mayoritariamente positiva, valorando especialmente la confianza por sus comerciantes. Sin embargo, señalan la escasez de oferta, los altos precios y una falta de seguridad en las devoluciones como puntos débiles de este comercio local. 

El Observatorio Cetelem presenta un análisis detallado sobre el comportamiento y las tendencias del consumo en España para el año 2025. En él, se reflejaba cómo, a pesar de que el precio era el factor determinante para que los consumidores se decidieran por la compra, ahora también se tiene en cuenta la variedad de productos que, según el informe, ofrecen las grandes superficies. 

Llama la atención que, según el Observatorio Cetelem, el consumo en el año 2025 refleja una tendencia positiva para el comercio local y de proximidad, Aunque sigue siendo la opción menos predominante de compra (un 25%, frente al 41% de las grandes cadenas y el 31% de las tiendas online), es el único canal que presenta un crecimiento constante, no solo este año, sino en años anteriores. 

De hecho, los jóvenes (entre 25 y 34 años), según este informe, son los que más visitan estas tiendas, debido a sus precios más competitivos en algunos sectores, especialmente en el sector de decoración de hogar. 

Todo ello, teniendo en cuenta que las rebajas llegan después de un amplio periodo de Navidad, en la que, según la OCU, los españoles se han gastado 796 euros por persona, de los que la mitad irá destinada a la compra de regalos. Por todo, es probable que estas rebajas lleguen con los bolsillos de los leoneses algo más vacíos y con toda la lista de deseos cubierta.

En un año en el que los precios de los alimentos no han hecho más que aumentar, las fechas navideñas prevén que sea un incremento aún mayor que los años anteriores en carne de vacybi y ovino.

La sesión de la lonja de León celebrada este miércoles ha registrado una nueva subida en la carne de estos animales, destacando los de 100 euros unidad tanto en pasteros macho como en hembras.

La falta de oferta se ha acentuado coincidiendo con unas fechas donde la demanda se incrementa y por tanto no se esperan cambios de tendencia en un corto plazo, ha informado el mercado agropecuario a través de un comunicado.

En cuanto al ovino también se ha producido una importante subida de 0,40 euros el kilo vivo de lechazos y cabritos, en un mes de diciembre donde confluyen las comidas de empresa y las fiestas navideñas.

En el sector del cereal se ha registrado una bajada de 2 euros en tonelada para la cebada y 1 euros en el trigo y centeno. La finalización del año fiscal ha incrementado la oferta cuando ya muchos fabricantes tenían cubiertas sus necesidades para lo que resta de año, ha explicado la Lonja, que indicó en su nota informativa que ha habido también una subida en el sector de los forrajes para la paja y la alfalfa, que tiene que ver en este caso con la estacionalidad y la cercanía del invierno, lo que incrementa los pedidos por parte de los ganaderos ante la previsión de futuras necesidades.

Eso sí, hoy en el resto de los sectores se ha impuesto la estabilidad y se han repetido todas las cotizaciones. Pero la semana que viene podrían seguir subiendo los precios.

Hace un mes el Gobierno de España sorprendió a los leoneses publicando su informe anual de stock de vivienda nueva vacía para el año 2024. En él se enumeraban un total cercano a los 8.000 viviendas de nueva construcción sin habitar a lo largo de toda la provincia de León (exactamente 7.981); una cifra que a primera vista parece de lo más exagerada y cabe preguntarse, ¿dónde se encuentran todas estas viviendas nuevas vacías? Son tantas que parece complicado que permanezcan desapercibidas. 

El informe de stock de vivienda vacía se elabora cada año haciendo uso de los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos (ya sea de autopromociones, cooperativas y comunidad de propietarios) para calcular las viviendas terminadas y las compraventas de viviendas. Todo ello haciendo uso de los datos acumulados de las series desde el año 2004, restando las viviendas terminadas a las viviendas vendidas ese año. 

Se trata de un informe que ya ha provocado la polémica en ocasiones anteriores, especialmente respecto a los resultados de algunas provincias. Ya en el año 2013 el entonces denominado como Ministerio de Fomento tuvo que publicar una nota aclaratoria, que todavía se puede leer en la web con los resultados históricos, en la que reconocía que había “ciertas discrepancias” a nivel provincial debido, precisamente, a los datos de entrada. 

De esta forma, durante el año 2013 se revisaron los datos para la serie de 2011, la última publicada por entonces. No se sabe si se ha vuelto a revisar esta serie, a pesar de que este periódico ha preguntado al Gobierno al respecto, por lo que no se puede descartar un fallo consecutivo en los datos, al menos de la provincia de León.

El último informe, con datos del año 2024, no ha estado exento de polémica, que además saltó a las redes sociales después de que la Federación de Empresarios Leoneses (Fele) se hiciera eco en X (o Twitter) de una noticia publicada por otro periódico provincial sobre el stock de vivienda vacía en la provincia de León. La Fele aprovechaba el tuit para pedir “incentivos reales para reactivar el mercado y dar salida a este stock acumulado”.

Este mensaje tuvo cientos de respuestas, algunas de ellas cuestionando la cifra de las 8.000 viviendas vacías de la provincia de León pero también a nivel nacional. Es el ejemplo de este usuario que reclama una explicación sobre la metodología que se ha seguido para obtener los resultados del informe y zanjasu mensaje asegurando que el total de vivienda nueva vacía de España “no es que sea falso, es que es un disparate”.

El debate estaba servido en redes sociales, donde la vivienda siempre es (como en las calles) un tema que da mucho que hablar. Incluso hubo políticos que comentaron los resultados del informe, como es el caso del leonés y portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández quien reclama una bajada de precios:

En concreto, el informe del Gobierno calcula que en el año 2024 existían en toda la provincia de León un total de 7.981 viviendas nuevas vacías. Así, la provincia sería la que más inmuebles de este tipo y sin habitar contabiliza de toda Castilla y León, superior a las cifras de Valladolid, donde se cuentan 6.056 viviendas vacías nuevas según esta estadística del Ministerio de Vivienda. 

¿Dónde están esas cerca de 8.000 viviendas?

Un vistazo al portal Idealista nos da una idea del mercado inmobiliario de obra nueva en la provincia de León, donde se publicitan a fecha de publicación de este artículo 33 promociones; aunque la mayoría de ellas se publicitan sobre plano y, por tanto no han sido finalizadas. No tiene por qué ser el total de la vivienda nueva que existe en la provincia de León, pero da una idea de dónde se encuentran las viviendas nuevas que aún se encuentran vacías. 

Un ejemplo es una vivienda en el barrio de La Palomera de la capital leonesa, donde durante los últimos años se han construido varios edificios de viviendas nuevas, haciendo que la zona sea una de las más cotizadas para la compra. Al menos quedan seis pisos vacíos de esta promoción. 

Otra de las promociones finalizadas en una del municipio de Villaquilambre donde se ubican 14 chalets de obra nueva. Al menos, uno está disponible en Idealista. Se puede sumar a la oferta disponible un edificio nuevo de pisos en el municipio de Villafranca del Bierzo, donde (siempre según la plataforma Idealista), aún se puede adquirir uno de ellos. 

Por lo demás, es complicado imaginar promociones de viviendas nuevas terminadas en la provincia de León donde se puedan llegar a acumular 8.000 inmuebles vacíos. 

“Toda la información de vivienda en España está muy dispersa”, opina el gerente de la Cámara de la Propiedad de León, Miguel Ángel Sánchez Fraile, quien, aunque no puede negar ni confirmar que existan esas 8.000 viviendas nuevas vacías, se extraña de la cifra. Sin embargo, apunta a que se pueden encontrar principalmente en la zona rural y que pueda estar vacía debido a la despoblación: “No digo que no se haya absorbido mucha vivienda nueva desde la crisis, pero toda la vivienda nueva que se ha hecho donde no hay demanda es el problema y mucha ya está muy deteriorada ¿y quién la va a comprar? En la capital no hay vivienda vacía, ahí hay cola”. 

Sánchez Fraile apunta a promociones antiguas, previas a la crisis del 2008, que se quedaron sin vender en la zona rural, donde ahora no hay demanda, y que luego absorbió la Sareb: “Hay muchas que cuentan todavía como que están a la venta, igual están contando con esos datos”, señala. “Desde luego, ahora mismo lo que se construye se vende”, zanja el gerente de la Cámara de la Propiedad. 

Datos contradictorios y desproporcionados  

Es cierto que durante el año 2024 se construyeron cientos de viviendas en la provincia de León, concretamente 713, según los datos de certificados de obra publicados por el Ministerio de Transportes; una cifra muy superior a la de años anteriores: en 2023 se contabilizaban 457 certificados de fin de obra de viviendas y en el año 2022 fueron 639. De hecho, es la cifra más alta desde el año en el que se desató la pandemia de covid-19, 2020, en el que se paralizaron todos los sectores, incluyendo la construcción. 

Sin embargo, tal y como indica el informe, estos certificados de obra incluyen la autopromoción; es decir, que incluye los certificados de obra propia, que no sale a la venta. Por tanto, esa cifra ya se encuentra desproporcionada para comparar con la vivienda nueva que se vende, independientemente de la cantidad de compraventa de vivienda nueva.

Cualquier lector que se haya interesado por el mercado inmobiliario de la provincia de León durante los últimos años sabrá que es complicado acceder a la compra de vivienda de nueva construcción en la provincia sin que se haya adelantado alguien antes. Y es que los datos de compraventa de viviendas nuevas en la provincia de León en todo el año 2024 fueron de un total de 444 transacciones. Una cifra que ya rivaliza con los dos primeros meses de este año, cuando se han realizado un total de 354 transacciones de vivienda nueva en la provincia de León. 

Sumando los datos de ambas estadísticas en la provincia de León desde el año 2020 y hasta el 2024 se obtienen un total de 2.832 viviendas finalizadas cada uno de esos años (según los certificados de final de obra) frente a un total de 1.351 compraventas de viviendas. El restante (siguiendo la fórmula del informe de stock del Gobierno) asciende a 1.481 viviendas nuevas sin vender en toda la provincia leonesa; una cifra que, en proyección, podría asemejarse a las 8.000 viviendas nuevas vacías que se encuentran en León, al menos desde el inicio de la estadística que, hay que recordar, tiene como base el año 2004. 

Esta cifra de compraventa de vivienda nueva se asemeja a la del Portal Estadístico del Notariado para la provincia de León durante los últimos 12 meses, para la que calculan 458 transacciones de este tipo.

Existe otra estadística paralela a la de compraventa de vivienda que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que contradice los resultados de la anterior. En concreto, según el INE en el año 2024 se llevaron a cabo 1.047 compraventas de vivienda nueva en la provincia de León; una cifra muchísimo más alta que la de la base realizada por el Ministerio. De esta forma, con el acumulado de transacciones desde el año 2020 en la provincia de León el total de compraventa de vivienda nueva asciende a un total de 4.849; una cifra que supera por mucho la cifra de certificados de final de obra totales entre el 2020 y el 2024 a pesar de que este último dato sigue incluyendo la autopromoción, que no entra en compraventa.

Así, el restante entre ambas cifras para obtener el dato de vivienda nueva vacía en la provincia de León sería incluso negativo, lo que también parece improbable ya que es innegable que deben quedar algunas viviendas nuevas vacías es la provincia, pero hay que tener en cuenta que habría que añadir las viviendas nuevas construidas con anterioridad a esa franja de años y que se pueden seguir adquiriendo. 

De hecho, la estadística del INE prevé que este año la provincia de León supere incluso las cifras del año anterior en compraventa de vivienda nueva, ya que solo en los primeros nueve meses del año la cifra acumula ya 1.044 transacciones (casi igual que el total del año 2024), lo que indica que el mercado inmobiliario leonés está en auge. Es un aumento que también refleja la estadística del Ministerio de compraventa de vivienda nueva en la provincia de León donde, hasta el mes de junio, se han realizado un total de 354 transacciones, de nuevo muy cerca del total que calcula para el 2024. 

Al menos, lo que se saca en claro de estas cifras es que el mercado inmobiliario de la provincia leonesa vive un momento de crecimiento. Sin embargo, sigue siendo un misterio la localización de esas casi 8.000 viviendas nuevas vacías (si es que realmente existen) en una provincia en la que el acceso a la vivienda nueva es cada vez más complicado, precisamente por la creciente demanda. 

“El agua no es potable”, ha informado este miércoles en sus redes sociales el alcalde de Puente de Domingo Flórez, adjuntado un bando del Ayuntamiento en el que se informa de la prohibición del uso del agua para el consumo humano debido a la contaminación por cenizas provocada tras los incendios del verano en Cabrera.

El inicio de las lluvias, aunque ha llegado tarde este otoño ha acabado llegando y, como consecuencia, deja los primeros cortes de agua por la contaminación de las cenizas que dejaron atrás los numerosos incendios forestales en la provincia de León, donde se calcinaron más de 100.000 hectáreas durante el mes de agosto.

El primer municipio en sufrir esta contaminación (o, al menos, en tomar medidas al respecto) es Puente de Domingo Flórez, donde el Ayuntamiento se ha visto obligado a emitir este miércoles 22 de octubre un bando informativo en el que se prohíbe el uso del agua para para beber y cocinar en las localidades de Puente de Domingo Flórez y Salas de La Ribera.

En concreto, se debe a la contaminación del río Cabrera a lo largo de la comarca que lleva su nombre después del incendio que arrasó el pasado mes de agosto con el paraje reconocido como Patrimonio de la Humanidad de las Médulas, con dos focos en Yeres (que calcinó 3.874 hectáreas, la mitad arbolado) y Llamas de Cabrera (22.289 hectáreas) que acabaron fusionándose creando un gran incendio cercano a las 30.000 hectáreas.

Dos meses después de la oleada de incendios, todavía se prolongan sus consecuencias para los ciudadanos. En el caso de estas dos localidades del municipio de Puente de Domingo Flórez, no se ha comunicado aún una fecha para retomar el consumo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado la nueva ordenanza tratamiento y eliminación de residuos del Ayuntamiento de León, después de un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de este tribunal. Se trata de una normativa aprobada en octubre del año 2024 y preveía aumentar la recaudación total de esta tasa de 9,3 millones de euros a 11.661.807,74 euros durante este año.

El Ayuntamiento de León tuvo que hacerse cargo del cobro de la antigua tasa de Gersul, tras la disolución en 2023 del antiguo gestor del Consorcio Provicial de Residuos, aprobando un modelo que ya nació deficitario y obligando a los grandes municipios a asumir individualmente el cobro de la tasa de basuras. Muchos vecinos comenzaron a recibir durante este mes de septiembre las facturas de la nueva tasa, para los años 2024 y 2025 (debido al retraso del Consistorio en poner en marcha este sistema), de forma individual, y no a través de las comunidades de vecinos, como se hacía hasta ahora.

La nueva tasa de residuos, aprobada con los votos del equipo de Gobierno del PSOE y de Unión del Pueblo Leonés (UPL), fue diseñada para cobrar en función del número de metros cuadrados y se divide entre viviendas particulares, establecimientos comerciales, industriales, oficinas y finalmente centros de culto.

En el caso de las viviendas, las más pequeñas (con menos de 50 metros cuadrados) tendrán una tarifa anual de 31,95 euros. Para las viviendas que tienen entre 51 y 100 metros cuadrados, la tarifa sube a 62,53 euros, y para aquellas con un tamaño de entre 101 y 200 metros cuadrados, que representan la mayoría de las unidades en la ciudad, el coste será de 103,19 euros. Las viviendas más grandes, entre 201 y 500 metros cuadrados, pagarán 189,46 euros.

Reacciones de la oposición

Ha sido el PP del Ayuntamiento de León el primer grupo político en responder después del fallo del TSJ. Su portavoz, David Fernández, ha exigido “explicaciones y responsabilidades inmediatas” al alcalde de León, José Antonio Diez, y califica de “grave la sentencia”, aunque asegura que el PP no se ha sorprendido, ya que el fallo del tribunal contiene algunas cuestiones “ya denunciadas por el PP”, como que se trataba de una ordenanza “injusta y no equitativa, que no grava a quien más residuos genera”.

Así, el Tribunal considera “arbitrarios” el informe económico y el criterio de establecimiento de la cuota que tiene que pagar cada contribuyente, “obviando en todo momento cualquier tipo de modo de cálculo de generación de residuos, que es lo que exige la ley nacional”.

Los ‘populares’ también denunciaron en su día que “era un absoluto atropello, hecho a la carrera y de forma improvisada” a pesar de que la ley en la que se amparaba llevaba aprobada desde abril de 2022, “tiempo más que suficiente para haber podido trabajar y consensuar esta ordenanza y tasa”. Sin embargo, “después de mil días para poder hacer la ordenanza con rigurosidad, la chapuza, la incapacidad y la prisa de los socialistas, amparados y apoyados por Unión del Pueblo Leonés, implican un perjuicio a los leoneses”.

“Esas prisas, improvisaciones y chapuzas llevan a cometer errores de forma en la tramitación, fundamentales para salvaguardar la seguridad jurídica”, lamentó el portavoz municipal del PP, consciente de que, por este motivo, “no se cumplió, como exige la ley, la aprobación de la ordenanza y la tasa en actos diferentes”, de igual forma que “tampoco se respetaron los 30 días de información pública, como argumenta el TSJCyL”.

Como consecuencia de todo lo anterior, el PP también denunció “el afán recaudatorio de esta tasa, que elevaba el coste para los leoneses un 26 por ciento para sacarles 2,3 millones de euros más a cambio de obtener exactamente el mismo mal servicio de limpieza”.

El Consejo Comarcal del Bierzo puso en marcha en el mes de julio su programa de apoyo al comercio gracias a una aportación de 45.000 euros de la Consejería de Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que ha incluido a la institución comarcal en su red de agentes de comercio interior junto a las nueve diputaciones de la comunidad, y gracias al cual ya se han puesto en marcha siete negocios y hay otros 40 en proceso de tramitación. 

Son los datos aportados por el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, y la consejera de Formación, Empleo y Agenda 2030, Laura Fernández, quienes explicaron que gracias a esta ayuda cuentan con un agente que trabajará con ellos durante un año con el objetivo de impulsar el comercio rural. “Estamos muy contentos de haber sido incluidos, creemos que podemos hacer una gran labor y hablamos con la Junta para poder desarrollar otras iniciativas”, dijo Ramón. 

Por su parte, Fernández explicó que este servicio se basa en tres pilares, que son el asesoramiento sobre posibles negocios, la tramitación de ayudas, también para los comercios afectados por los incendios de este verano, y la actualización de datos. 

Precisamente el primer trabajo que se ha hecho desde la incorporación del agente en julio ha sido contactar con 1.450 empresas con el objetivo de actualizar todos esos datos y contar con una base fiable. “También hemos escuchado a los comerciantes, sus necesidades y problemas para trasladarlos a la Junta y hemos informado de las subvenciones que hay disponibles. También se ha contactado con los ayuntamientos afectados por incendios para que conozcan las ayudas que hay”, dijo la consejera. 

Hasta el momento se crearon siete proyectos vinculados al comercio y sector servicios, hay 40 en desarrollo, se han tramitado 15 subvenciones , siete microcréditos y se han atendido 16 consultas. “Es una red dinámica”, remarcó. 

Otro de los trabajos desarrollados hasta el momento fue la geolocalización de todos esos negocios, que se pueden consultar a través de la web www.tusitio.org en la pestaña de recursos. “Los comercios están clasificados por el tamaño de la población y ayuda a los consumidores a encontrar lo que necesitan y contribuye a fortalecer la economía rural”, afirmó Fernández. 

La consejera también recordó que existe el programa Relevacyl, a través del cuan la Junta fomenta el relevo generacional, conectando negocios que buscan traspaso por jubilación o cese con autónomos interesados en hacerse cargo de ellos.

La Asociación de Hostelería El Bierzo mostró este sábado su “decepción y desacuerdo” con la aprobación en estos días del anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que considera que “en realidad es una ley anti fumadores y que no tiene vocación alguna de velar por la salud de los ciudadanos”, al tiempo que vaticinaron unos efectos “devastadores” para el sector.

Convencidos de que los fumadores “se enfrentan a una doble condena”, como es “una dependencia física y psicológica reconocida como enfermedad” y “una legislación que los expulsa sistemáticamente de bares, restaurantes, terrazas, estadios, universidades, piscinas y casi cualquier espacio de socialización”, la asociación consideró que “el cambio de reglas convierte al fumador en el chivo expiatorio de un problema cuya raíz sigue intocable”, tal y como consideraron que es la libre comercialización del tabaco“.

En este sentido, apuntaron que, si el objetivo de la ley fuese realmente la salud pública, “el camino lógico sería atacar el origen”, entre lo que apuntaron a reducir y limitar progresivamente la producción y comercialización del tabaco hasta su desaparición, invertir en programas masivos de deshabituación y tratamientos de cesación accesibles y promover alternativas de reducción de daño en lugar de penalizarlas al mismo nivel que el cigarrillo.

Sin embargo, criticaron que la estrategia adoptada ha sido la de “no prohibir el producto y criminalizar al consumidor”, para lo que los hosteleros “serán convertidos en policías de la ley”, ya que la normativa los obliga a vigilar que ningún cliente encienda un cigarrillo o un vapeador en sus terrazas, bajo la amenaza de sanciones económicas, lo que “los coloca en una posición insostenible”.