La Junta de Castilla y León vuelve a abrir el periodo de alegaciones a la línea eléctrica de evacuación asociada a la planta solar proyectada en la antigua mina a cierlo abierto Gran Corta de Fabero, vinculada al empresario Victorino Alonso, conocido como ‘el rey del carbón’. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este miércoles un nuevo anuncio que somete a información pública una modificación del proyecto de la línea eléctrica, lo que obliga a repetir el trámite administrativo dos años después de haberle dado el visto bueno.

La instalación eléctrica está ligada a la planta fotovoltaica denominada ‘Fabero’, promovida por la mercantil Genelec Invest y cuya infraestructura de evacuación corresponde a la empresa Distribuidora Eléctrica del Sil. El proyecto está previsto en terrenos de la antigua explotación minera a cielo abierto del municipio berciano, vinculada durante años al grupo empresarial del conocido empresario minero, condenado y encarcelado por delitos medioambientales relacionados con dos minas de carbón en la provincia de León.

La línea de evacuación ya había sido autorizada por la Junta en marzo de 2024, cuando el Bocyl publicó la resolución que daba luz verde al centro de maniobra y medida y a la infraestructura eléctrica necesaria para transportar la energía generada por la planta solar hasta la red de distribución. En aquel momento, el proyecto contemplaba una línea subterránea de 775 metros de longitud que partía del centro de maniobra situado en los terrenos de la planta y conectaba con la red eléctrica existente de 33 kV entre La Recuelga y Fabero.

Sin embargo, el nuevo anuncio publicado ahora responde a una modificación del proyecto original que altera el trazado de la línea y su configuración técnica. El cambio implica un nuevo punto de conexión con la red eléctrica y la incorporación de un tramo aéreo con nuevos apoyos, lo que la normativa considera una modificación sustancial de la instalación.

En concreto, la nueva propuesta plantea conectar la línea en un punto distinto de la red eléctrica existente y construir un tramo aéreo de 33 kilovoltios con dos nuevos apoyos y un vano de unos 167 metros, además de varios tramos soterrados que enlazarán con el centro de maniobra de la planta fotovoltaica. La modificación incluye también la reforma de uno de los apoyos existentes para convertirlo en punto de transición entre el tendido aéreo y el subterráneo.

Precisamente ese cambio en la ubicación de los elementos de la instalación eléctrica, superior a los cien metros respecto al proyecto autorizado anteriormente, hace que la modificación sea considerada sustancial según la normativa autonómica. Por este motivo, la Junta debe volver a someter el proyecto al trámite de información pública antes de resolver la nueva autorización administrativa.

El proyecto está vinculado a la planta fotovoltaica prevista en la antigua corta minera de Fabero, que prevé instalar unos 26.000 módulos solares en una superficie de 26,5 hectáreas dentro de la explotación abandonada. La instalación tendrá una potencia máxima de 10 megavatios de energía inyectable a la red eléctrica.

La iniciativa ya generó polémica durante su tramitación anterior. La plataforma ecologista Bierzo Aire Limpio presentó alegaciones contra el proyecto al considerar que la instalación debía someterse a un análisis ambiental más exhaustivo y cuestionar distintos aspectos relacionados con el terreno y la tramitación administrativa.

El nuevo anuncio publicado en el Bocyl abre ahora un plazo de veinte días para que cualquier persona o entidad interesada pueda examinar el proyecto modificado y presentar alegaciones. La documentación puede consultarse en el Portal de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, donde también podrán registrarse las observaciones que se consideren oportunas antes de que la administración autonómica resuelva definitivamente sobre la modificación de la línea eléctrica.

Visto bueno de la Junta a la fotovoltaica, sin evaluación ambiental

La Junta de Castilla y León dio el visto bueno a la empresa vinculada a Victorino Alonso que promueve la instalación de dicha planta solar en la antigua mina de carbón de la Gran Corta, sin someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria y sin comprobar que los terrenos debían haber revertido a sus legítimos propietarios.

La planta solar que tomará el nombre del municipio en el que se va a instalar, Fabero, ocupará una superficie de 26,5 hectáreas de la explotación a cielo abierto, de terrenos en disputa. La administración autonómica decidió suspender el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada teniendo en cuenta únicamente la documentación aportada por el promotor. Además de añadir que se ubica en una zona calificada como de sensibilidad ambiental “baja” para instalaciones de renovables, tanto eólicas como fotovoltaicas, según la zonificación ambiental elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Eso sí, el análisis técnico del proyecto deja patente que se trata de una zona con presencia de especies protegidas como el oso pardo, varios anfibios, reptiles, aves y otros mamíferos. El proyecto se plantea, además, muy próximo a la zona de afección del Bien de Interés Cultural 'Cuenca minera de Fabero' y al Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Etnológico de La Recuelga.

La Junta de Castilla y León autoriza a la empresa Intauxma S.A, vinculada al empresario minero Vitorino Alonso, a aprovechar los escombros de las minas de hierro ubicadas en las localidades bercianas de Calamocos y Onamio.

En esta zona se encuentra la antigua mina Coto Wagner, que data de 1919 (si bien la explotación no empezó hasta 1948). Durante décadas, hasta 1982, la MSP (Minero Siderúrgica de Ponferrada) extrajo hierro para abastecer, principalmente, a los altos hornos del País Vasco y la Empresa Nacional Siderúrgica (Ensidesa) de Avilés. La Junta le concedió a esta empresa el permiso para volver a extraer hierro de la mina.

En Intauxman figuran como administrador único Miguel Martínez Miguélez y como apoderado Jonathan Pérez Díaz. Ambos figuran a su vez en empresas vinculadas a Victorino Alonso como Ferpi, Antracitas de Lumajo o Distribución Eléctrica del Sil.

Por un lado, la Junta autoriza a la empresa a restaurar el cauce del río Castrillo, en aproximadamente 401 metros de longitud, y retirar los escombros que actualmente ocupan el cauce. Lo mismo en 225 metros de los arroyos de Valdeparada y Paradasolana, en Onamio. Este tipo de restauraciones son frecuentes en proyectos industriales que, por su naturaleza, implican una contaminación a la naturaleza.

Al mismo tiempo, la administración autonómica concede la autorización para un vertido de aguas residuales industriales con un volumen máximo anual de 27.294 metros cúbicos en el río Castrillo y otros 14.714 metros cúbicos en los arroyos de Valdeparada y Paradasolana.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en la localidad leonesa de Sabero acoge este viernes 8 de agosto, a las 19.00 horas, la presentación del libro Don Vito. Una historia de mafia, política y carbón, una completa en torno a la figura del empresario minero Victorino Alonso, en cuya preparación Cristina Fanjul y Víctor del Reguero han empleado más de tres años de trabajo. La entrada al acto es gratuita, pero requiere inscripción previa.

Víctor del Reguero es autor de diversos libros, centrados sobre todo en Historia contemporánea y, en particular, en materias como la minería del carbón, fotografía antigua o el periodo de la II República y la Guerra Civil.

Cristina Fanjul ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Diario de León desde hace más de 20 años. En la actualidad, es la responsable de la opinión de la contraportada titulada 'El baile del ahorcado’.

La empresa Proyectos Mineros e Ingeniería SA (Promining), vinculada al magnate minero leonés Victorino Alonso, que cumple condena de prisión por varios desmanes ambientales en la provincia de León, ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía de Asturias en la que alerta sobre la existencia de una supuesta mina subterránea “fantasma”, en un cielo abierto oculto, en Tormaleo (Ibias), próxima a la conocida como Mina Miura.

Según detalla la denuncia formal, a la que ha tenido acceso ILEÓN, y siempre según su versión, esta nueva explotación carece de autorización legal y estaría operando fuera del perímetro de las concesiones mineras otorgadas a su titular, Carbones La Vega. Se trata de una sociedad que pertenece al mismo entramado empresarial que Blue Solving, gestora de la mina de Zarréu en Cerredo donde una explosión mató la semana pasada a cinco mineros y dejó heridos a otros cuatro en el mayor accidente de la minería en España de los últimos años. Detrás de Carbones La Vega, Blue Solving, Cristal Mining y otras está el empresario leonés Adrián Rodríguez Rodríguez.

En el escrito a la Fiscalía, el administrador único de Promining advierte que la empresa sólo posee licencia para operar una mina subterránea en la zona de Miura, pero que no existen indicios de actividad minera allí desde hace tiempo. Como ejemplos, incluye imágenes de la cinta transportadora de carbón y otros medios técnicos en la bocamina, visibles hasta 2020, que aseguran que ya no están presentes. Sin embargo, remarcan que en otra zona, cerca del lavadero de la mina, hay imágenes aéreas que identifican lo que parece otra explotación activa a cielo abierto, con maquinaria, acopios de madera y plazas de servicio visibles. Aportan imágenes de Google Earth.

Esta explotación “fantasma” se encuentra, según planos topográficos aportados por la compañía del entorno de Victorino Alonso, completamente fuera de las concesiones otorgadas en 2018 por el Principado de Asturias, -'Abundancia' Nº 18.713 y 'Demasía a María de los Ángeles' Nº 23.637- ambas adquiridas por Carbones La Vega. La denuncia sugiere que la empresa podría estar extrayendo carbón de forma ilegal, sin los permisos correspondientes y fuera del control de las autoridades.

La situación se agrava con las imágenes recogidas el 31 de marzo por Promining, donde se aprecia una retroexcavadora cargando carbón a un camión y otra trabajando en un nuevo tajo a cielo abierto, supuestamente bajo una licencia para minería subterránea. Esta actividad, que Promining califica de irregular, ya había sido comunicada en anteriores denuncias dirigidas al Principado de Asturias. Estiman que las labores a cielo abierto podrían afectar a 9,56 hectáreas nuevas, y para ponerlo peor podrían afectar a zonas protegidas como la Red Natura 2000, la Reserva Natural de Muniellos y el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Promining, teniendo en cuenta los trágicos antecedentes del siniestro mortal de la mina de Cerredo, insta a la Fiscalía a investigar de manera urgente estos hechos, bajo el argumento de evitar nuevas tragedias laborales y medioambientales.

Lo cierto es que viene de lejos el enfrentamiento del entramado empresarial de Alonso con el del también empesario minero leonés Adrián Rodríguez. Apenas 15 días antes del siniestro mortal de Cerredo, presentó un escrito en el que cuestionaba los planes de reapertura de aquella explotación del concejo de Degaña , así como su pretensión de reabrir otra más en el concejo de Ibias.

También mantienen enfrentamiento en la provincia de León, donde Cristal Mining Coal proyecta la reapertura en la denominada concesión 'Tercera Petronila' ubicada en montes de Sosas de Laciana, municipio de Villablino, para tratar de recuperar tres galerías abiertas por la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) entre los años 1997 y diciembre de 2001, mientras mantuvo activa esta explotación, que después pasó brevemente a Coto Minero Cantábrico, de Victorino Alonso.

Desde la Junta de Castilla y León, que ha ido tramitando favorablemente este proceso, se explica que permanece parado actualmente al habérsele reclamado nueva documentación en diciembre de 2024 que aún no ha cumplimentado y anunciando que, dados los peligrosos precedentes de la compañía, la administración será escrupulosa con toda la tramitacion.

Pero por si acaso, Promining ha pedido a la Dirección General de Minas de la Junta y al Instituto de Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica que no conceda autorización de explotación, aduciendo una serie de dudas y presuntas irregularidades sobre su concesión y las ayudas al cierre de la explotación.

El proyecto de una empresa asturiana de reabrir minería de carbón en la comarca de Laciana, solicitado a comienzos de este 2025 a la Junta de Castilla y León, ha chocado de lleno con los planes que llevaron al cierre del sector en el año 2018 al no continuar ninguna empresa en funcionamiento para no devolver las ayudas recibidas hasta entonces.

Una empresa vinculada al magnate minero Victorino Alonso, Proyectos Mineros e Ingeniería SA (Promining), ha presentado un escrito ante la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León y el Instituto de Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica cuestionando que se pueda conceder autorización de explotación a la empresa Cristal Mining de la concesión Petronila Nº 8.274, en Sosas de Laciana.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso ILEÓN, se argumenta y documenta que la concesión que se pretende reabrir se incluyó por parte de Coto Minero Cantábrico (CMC), titular de la concesión en aquel momento, en el 2013, en su “plan de cierre de unidades de producción no competitivas”, remitido por la empresa al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, hoy Instituto para la Transición Justa. E incluso asegura que en el año 2001 ya se aprobó su cierre pero que nunca se ejecutó.

La denuncia se esta estudiando y evaluando en las dos administraciones con competencias a las que ha sido remitida, antes de tomar decisiones sobre la misma. Es considerada una denuncia administrativa, a la que se “dará respuesta” una vez finalizada la comprobación de los asuntos “que se incluyen en la misma”, así lo confirman desde la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León.

La denuncia adjunta los documentos de Coto Minero Cantábrico remitidos en su momento, con el fin de “ser incluidas como beneficiarias” de las ayudas al cierre de unidades de producción subterránea, “en el marco de la Decisión del Consejo Europeo 2010/778/UE”, fechado el escrito el 3 de junio de 2013.

En esos documentos se detallan las unidades de producción previstas al cierre y los costes estimados de los gastos de cierre y restauración. Desglosándose en dos grupos, uno para el periodo 2013-2014, en el que se incluye el sector Sosas de referencia. Y el segundo para el periodo 2015-2018, en el que se incluían el resto de las explotaciones subterráneas ubicadas en la provincia de León.

Los costes estimado para ambos periodos ascendía a 14.393.800 euros, de los que 6.421.800 euros corresponden al periodo 2013-2014 en el que está incluido Sosas, con unos costes propios de 643.960 euros. No se especifica en la denuncia si la empresa Coto Minero Cantábrico percibió esas subvenciones destinadas a cubrir los costes de los cierres en Lumajo, Sosas, María-Bolsada y Transversal. Coto Minero Cantábrico, una de las mayores empresas mineras del país en manos de Victorino Alonso, quebró en el año 2013 interrumpiendo su actividad minera. De su apresurado cierre no se tradujo en obras de restauración en ninguna de las explotaciones afectadas.

Pero la empresa Promining pide ahora, sin embargo, que sea la empresa asturiana que en la actualidad es propietaria de la concesión, Cristal Mining, la que asuma los trabajos y los costes de restauración y cierre de la concesión de Sosas.

Disputa entre empresas

Promining es una sociedad vinculada al llamado Grupo Alonso, el conglomerado de empresas vinculadas a Victorino Alonso, que reconoce en su escrito que el plan de cierre y restauración de la mina ahora en disputa para su reapertura no se ejecutó, pese a haber sido incluso aprobado en el año 2001.

La sociedad de Alonso se lanza a una disputa con la sociedad asturiana que tiene la concesión, con la finalidad de entorpecer o dinamitar el proyecto que quiere reabrir la mina para nueve años extrayendo carbón para usos industriales. Promining incluso alude a una subvención de la que la Unión Europea podría exigir el “reintegro multimillonario de ayudas (9.204.629,00 euros)”, pero sin especificar a que corresponden, o si fueron las que recibió Coto Minero Cantábrico para los cierres no ejecutados.

La explotación minera que la empresa Cristal Mining Coal proyecta en la denominada concesión 'Tercera Petronila' se ubica en montes de Sosas de Laciana sobre una altitud entre cotas 1490-1630, reabriendo tres galerías que la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) explotó entre los años 1997 y diciembre de 2001.

Esta concesión, desde su otorgamiento inicial en 1929 a Luis Elorduy e Inza, ha pasado por diversos propietarios que se la han ido vendiendo o cediendo. En 1933 se hizo con ella la MSP mediante compra al concesionario inicial y en 2009 pasó a engrosar la unidad de explotación de Coto Minero Cantábrico (CMC). En el proceso de liquidación de CMC, en febrero de 2017, junto con otras concesiones es adquirida por la empresa Aprovechamientos Mineros Españoles (del grupo Lamelas Viloria). Y en mayo del mismo año se vende la concesión a Antonio Oliveira, quien un mes mas tarde se convierte en administrador único de Cristal Mining Coal (CMCo), en el momento de constitución de la empresa el 7 de junio y con domicilio en la ciudad de León, a la que transfiere la concesión.

Promining alude además a un asunto que no aclara como que señala que en junio de 2023, “la empresa solicitó su cierre al objeto de cumplir con la Decisión 2010/7877UE de 10 de diciembre del Consejo y precisamente en contestación a un requerimiento de 27 de mayo de 2023 del IRMC, con registro de salida 20130527-00017”, refriéndose a la explotación de Sosas. La propietaria de la concesión en esa fecha ya era Cristal Mining y no va a pedir el cierre de una explotación cuyos restos pretende utilizar. Y si “la empresa” se refiere a Coto Minero Cantábrico no está claro que pudiera hacerlo cuando ya no forma parte de su patrimonio desde el año 2017.

Promining es una controvertida sociedad vinculada a Alonso domiciliada en Navarra y administrada por uno de sus hombres de confianza al frente de otras empresas de su entorno. Es la que ha protagonizado una de las grandes últimas polémicas en El Bierzo, como fue promover un parque solar en terrenos de la Gran Corta de Fabero, que compró a la quebrada Unión Minera del Norte (Uminsa) en 2016.

Uminsa fue, a su vez, la otra gran empresa de Victorino Alonso que quebró con la caída del sector minero. Promining se quedó parte de los activos, entre ellos esos terrenos que dos juntas vecinales y cientos de particulares reclamaron como propios al finalizar la actividad minera. Finalmente, la sociedad Promining tuvo que reconocer que se quedó hasta 200 hectáreas de terreno que podría tener que devolver si sus propietarios lo reclaman, al margen de mantener junto a otra sociedad vinculada a Alonso la construcción del parque solar en los terrenos de la mayor explotación minera a cielo abierto de León, en la que el Gobierno ha gastado 38 millones de euros ya que las empresas de Victorino Alonso lo dejaron sin restaurar.

Los vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes y las Juntas Vecinales de ambos pueblos pertenecientes al municipio de Fabero exigen que se delimiten las fincas que tienen que ser devueltas a sus legítimos propietarios por parte de una empresa vinculada al condenado empresario minero Victorino Alonso antes de empezar a instalar la planta fotovoltaica en una antigua mina, a la que la Junta ha dado el visto bueno.

Los vecinos y vecinas pedirán el apoyo al Ayuntamiento de Fabero para que la empresa Promining S.A. no se apropie indebidamente de fincas que tienen cláusula de reversión, puesto que, como ha reconocido la propia empresa públicamente, “en total son 244,15 hectáreas de las cuales 47,65 proceden de contratos que no tienen cláusula de reversión y otras 196,5 que sí la tienen”.

“Antes de poner ninguna placa fotovoltaica o apropiarse de ninguna parcela, lo primero que tiene que hacer esta empresa es acordar con los vecinos y las Juntas Vecinales la delimitación de cuáles son aquellas parcelas que sí tienen cláusula de reversión y en las que no puede poner la planta fotovoltaica que pretende iniciar”, han trasladado a través de un comunicado.

Las fincas deben ser devueltas “de forma inmediata”, exigen, puesto que “la restauración con dinero público que se ha realizado” y que debería haber llevado a cabo el propio Victorino Alonso “está a punto de finalizar”. Por eso, “delimitar aquellas fincas que han de ser devueltas es una prioridad y un requisito imprescindible para ver qué terrenos puede utilizar la empresa” para instalar ahora un parque solar.

“La empresa no puede elegir de forma unilateral y sin acordarlo con los vecinos los terrenos donde quiere establecer la planta fotovoltaica sobre la antigua mina a cielo abierto, en los terrenos que tendría que haber devuelto ya después del cierre del sector y que ahora se están restaurando con dinero público de los impuestos de todos, en vez de hacerlo por parte de quien causó el destrozo”, subrayan.

Los vecinos y las Juntas Vecinales exigen “que se llegue de forma inmediata a un acuerdo entre las partes para delimitar las parcelas” y que sus tierras les sean devueltas.

“Tienen que delimitarse tanto las parcelas públicas correspondientes a las Juntas Vecinales, como las parcelas particulares con cláusulas de reversión que deben ser entregadas a sus dueños ya, y las parcelas que corresponden a las 47,65 hectáreas sin cláusula de reversión. Recordando que en total son 244,15 hectáreas, de las cuales 196,5 tienen cláusula de reversión”, según ha reconocido la propia empresa públicamente.

“Por supuesto, será la empresa Promining S.A. quien tendrá que resolver los problemas que ha creado al haber cedido o vendido parte del total de las 244,15 hectáreas a una tercera empresa (que también está vinculada al 'rey del carbón', Victorino Alonso), Genelec Invest S.A., que es la promotora del macropolígono solar, precisamente en esa zona”, apostillan.

En todo caso, “no es responsabilidad de los vecinos y vecinas ni de las Juntas Vecinales la posible ilegalidad que ha cometido Promining S.A. cediendo o vendiendo terrenos que no eran suyos”. Por eso exigen que en el mes de marzo se realice de forma urgente e inmediata la delimitación y la devolución de los terrenos y parcelas a quienes son sus legítimos dueños.

El 'rey del carbón' ha sido noticia de nuevo estas últimas semanas en El Bierzo: por intentar impedir a la empresa Minarsa sacar el carbón del Pozo Alicia de Fabero que compró durante el proceso concursal del Grupo Alonso y que ha obligado a intervenir a la Guardia Civil; porque está involucrado en el intento de apropiación de cientos de fincas en los Ayuntamientos bercianos de Sancedo y Arganza; y porque acaban de autorizar a una empresa vinculada con él a volver a extraer hierro del Coto Wagner en Castropodame y Molinaseca.

La Junta de Castilla y León ha otorgado ya su visto bueno para que una empresa del entorno del grupo del conocido empresario Victorino Alonso construya un parque solar justo al lado de los valiosos restos de patrimonio minero de La Recuelga, en el municipio leonés de Páramo del Sil, conjunto que acaba de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como en la categoría de Conjunto Etnológico. Ambas infraestructuras compartirán espacio, incluso parcelas.

Se trata de una doble tramitación que coincide en el mismo espacio y que en ambos casos depende de la misma administración, la autonómica, recrudeciendo así en la comarca de El Bierzo el conflicto entre la conservación del patrimonio, en este caso industrial y minero, y el desarrollo de proyectos de energías renovables.

Se da la coincidencia de que en el pasado mes de noviembre de 2024 apenas transcurrieron cuatro días entre la aprobación del Bien de Interés Cultural para La Recuelga, que se produjo en Consejo de Gobierno de la Junta el día 7, definiendo así la máxima protección para el antiguo enclave minero, y la resolución del día 11 de ese mismo mes por parte del Servicio de Industria, Comercio y Economía de la Junta en León otorgando autorización administrativa de construcción para la instalación de producción de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos bajo el nombre de 'Páramo'.

La empresa que promueve ese parque fotovoltaico es Genelec Invest SA, del entorno empresarial del magnate minero Victorino Alonso. Esta empresa ha promovido también otra polémica planta fotovoltaica en una antigua mina propiedad de Victorino Alonso, esta vez ubicada en Fabero en terrenos anexos a la Gran Corta, que dos juntas vecinales reclamaban como propios al extinguirse los acuerdos mineros.

La sociedad se vincula al grupo Alonso al haber sido administrador de otra empresa también gestionada por personas de confianza y extrabajadores de Victorino Alonso. Esta empresa se quedó también junto a otra activos de las quiebras de las principales empresas mineras del empresario condenado a prisión por graves daños ambientales por sus minas, intentando apropiarse de terrenos en varios municipios bercianos en medio de una gran controversia.

El nuevo parque solar cuyas obras ya ha autorizado el Servicio de Industria de la Delegación Territorial de León se ubica en el entorno minero conocido como La Recuelga, en una zona bastante accidentada y montañosa de valle profundo, que se ha diseñado para generar una capacidad de producción de 10 megavatios de potencia instalada. Para ello, se prevé instalar hasta 19.000 módulos fotovoltaicos en un despliegue que sumará una superficie total de 180.857 metros cuadrados, tal y como se recoge en la resolución de autorización de obras de la Junta de Castilla y León a la que ha tenido acceso ILEÓN.

Pero además, en las últimas fechas se ha producido una nueva maniobra del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco al introducirse una serie de modificaciones en algunas parcelas y la delimitación de la zona afectada por el Bien de Interés Cultural del complejo minero-industrial de La Recuelga, tres meses después de zanjarse la figura de BIC.

En concreto, este martes 4 de marzo el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye una publicación en la que se asegura que esta modificación “únicamente afecta a la denominación de las parcelas” catastrales pero garantizan que “no supone una modificación del espacio protegido” como BIC hace menos de tres meses. También se indica que información una vez revisada ha sido publicada en la web de la Junta de Castilla y León y en la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad.

En detalle, se especifica que el Lavadero de Victoriano González, junto con sus instalaciones anexas como tolvas, almacenes, oficinas y viviendas, se encuentra dentro de unas determinadas parcelas catastrales que se relacionan con detalle. Este acuerdo ya está fuera de una posible reclamación por vía administrativa y sólo cabría interponer recurso de reposición ante la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

Este cambio en alguna parcela fue objeto de aprobación por la Junta de Castilla y León -pero no aireada públicamente, como se puede comprobar aquí- en el Consejo de Gobierno el pasado 20 de febrero, con la firma de Mañueco y el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja.

Un BIC que deja fuera de protección mucho terreno

El BIC, la figura de protección, no afecta a toda la gran cantidad de terreno de la vieja explotación minera sino que la Junta lo ha ceñido a sólo cinco parcelas muy concretas, y una de ellas parcialmente, sólo aquellas en las que se conserva algo de infraestructura valiosa construida, dejando libre el uso del resto del terreno. Así se puede apreciar en la imagen superior que la parcela más grande, donde en azul está la parte protegida y el resto lo aprovechará la compañía para instalar paneles fotovoltaicos. El cambio respecto a la aprobación del BIC original tiene que ver con una parcela a mayores dentro del llamado Lavadero de Victoriano González.

Más en detalle, el BIC blinda sólo los tres elementos más señalados del conjunto: los lavaderos y edificaciones asociadas de Antracitas de Fabero y de Victoriano González, junto con el caballete y restos del cable aéreo que unen a la estación del Grupo Santa Cruz. 

El proyecto ya había superado el informe de impacto ambiental, originalmente desde enero de 2023, prácticamente al mismo tiempo que la misma administración, la Junta de Castilla y León, pero en este caso desde la Consejería de Cultura, iniciaba el expediente y los trámites para que La Recuelga fuera protegida por su alto valor patrimonial. Un BIC que llevaba tiempo exigiendo el colectivo Club Xeitu, dedicado a la protección del patrimonio en el valle de Ḷaciana y los montes asturiano-leoneses.

Esta simple apertura del expediente de BIC ya debía proteger el lugar. Sin embargo, ya entonces según un informe arqueológico de los terrenos que ocupa el proyecto, determinaba que “la actividad minera preexistente ha eliminado los posibles restos arqueológicos que pudieran existir, quedando como único valor patrimonial el derivado del interés etnográfico de las instalaciones mineras”, por lo que se excluía una protección de la totalidad del lugar, ciñéndose a alguno de los edificios en pie.

Pese a esto, el informe de impacto ambiental, como el propio proyecto, ya había tenido que ser ya cambiado en diversas ocasiones para ajustarse a los requisitos establecidos por la Junta de Castilla y León, incluyendo la supresión de infraestructuras de evacuación de la electricidad generada proyectadas inicialmente y su sustitución por una conexión a la red de la empresa Distribuidora Eléctrica del Sil, entre otros muchos motivos.

Oposición y exigencias de revisión

El informe ambiental concluyó finalmente que el proyecto de Genelec Invest SA no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se respetaran medidas protectoras como el soterramiento de la línea de evacuación, la protección de cauces y la restauración del entorno.

En el largo proceso administrativo, por un lado se produjeron numerosas alegaciones y quejas por el gran impacto que la planta tendría sobre La Recuelga y, por otro, la compañía promotora incluso intentó con alegaciones la anulación del procedimiento de declaración del BIC. Esta declaración finalmente se produjo, a principios del noviembre del pasado año 2024, una gran celeridad, teniendo en cuenta que hay expedientes BIC en la Consejería de Cultura que acumulan más de 40 años de retraso.

Para sacar adelante el proyecto solar, que pese a compartir una finca con el BIC ha sido autorizado, la empresa renunció a tirar parte del lavadero ahora protegido, en un acuerdo anunciado con el Ayuntamiento de Páramo del Sil en el año 2022. “Una vez descartado el derribo de los lavaderos (...), las partes entienden que el proyecto es perfectamente compatible con el del ferrocarril turístico Ponferrada-Villablino. Desde el punto de vista visual, al conservarse los lavaderos citados creará -junto con la nueva planta fotovoltaica-, un conjunto industrial cuya estampa bien podría aprovecharse turísticamente como representación de la evolución de la producción de energía con el paso del tiempo”, señalaron.

Diferentes colectivos han expresado su preocupación por el impacto del parque fotovoltaico en la zona, no solo desde el punto de vista ambiental sino también patrimonial. La Asociación Club Xeitu había pedido la paralización del procedimiento administrativo al considerar que la resolución del BIC ha superado los plazos legales. También solicitó mayor transparencia en la tramitación y acceso a la documentación del proyecto.

El plazo para la ejecución de la instalación y la posterior petición a la Junta de que autorice el inicio de su funcionamiento y explotación se fijó en doce meses, un año, contados desde noviembre del pasado año, cuando se resolvió la autorización de la construcción, la cual no ha sido publicada en los boletines oficiales.

El mayor empresario minero de la historia de España, Victorino Alonso, condenado e incluso encarcelado por delitos medioambientales en varias de sus explotaciones, es conocido como 'el rey del carbón' pero también es un poco 'mago'. Lleva décadas haciendo aparecer y desaparecer toneladas del mineral. La última polémica se vive estos días en El Bierzo. La primera de la que haya registros fue en 2012 y le supuso una millonaria sentencia en contra.

La Guardia Civil ha tenido que intervenir este martes para posibilitar la salida de carbón de las instalaciones que el llamado Grupo Alonso tiene en el Pozo Alicia de Fabero. Desde hace días varios operarios han intentado impedir que la empresa Minarse se lleve de allí varias miles de toneladas de carbón almacenado que se adjudicaron en el proceso de quiebra de Uminsa, una de las empresas de Victorino Alonso que acabó en concurso de acreedores tras el cierre de las minas. En teoría tendrían que ser 75.000 toneladas pero la empresa adjudicataria estima que solo hay 40.000 toneladas. Y no es la primera vez que a Victorino Alonso se le evaporan miles de toneladas de carbón o es condenado por la baja calidad del mismo.

Cuando el fin de la minería todavía no era una realidad pero ya se palpaba en las cuencas mineras, la empresa pública Hunosa denunció la desaparición de 578.000 toneladas del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC) en instalaciones del grupo empresarial de Victorino Alonso. El AETC fue una iniciativa adoptada en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ante la falta de compras por parte de las centrales térmicas y que encomendó a la empresa pública Hunosa la compra y almacenamiento de mineral para ayudar a la supervivencia de las empresas privadas.

El magnate esgrimió muchos y variopintos argumentos a la empresa pública española para justificar la desaparición del mineral, desde que había llovido mucho y había hecho mucho viento que se lo habría llevado, hasta reconocer que a lo mejor lo había movido para ajustar calidades y mezclas. Lo que siempre negó fue que lo hubiese vendido dos veces.

Ni unos ni otros acabaron de convencer a Hulleras del Norte SA, que llevó el misterio a los tribunales. Después de años de sentencias cruzadas, la Justicia terminó condenando a las dos principales empresas de Alonso -Uminsa y Coto Miner Cantábrico- a indemnizar a Hunosa con 46 millones de euros, 38 millones por el valor del carbón desaparecido en sus instalaciones y 8 más por intereses y costas.

El fallo judicial apuntaba que el carbón desaparecido “bien fue utilizado o vendido” por parte de las empresas Uminsa y CMC del grupo Victorino Alonso, que “incumplieron con las obligaciones de guarda y custodia del depósito, así como con la prohibición de uso del carbón adquirido y depositado por Hunosa”. Pero previamente a esta desaparición de carbón Victorino Alonso y alguna de sus empresas fueron condenados en firme en el 2010 por suministrar carbón de baja calidad a Unión Fenosa en la década de los años 90, por el que tuvo que pagar 14 millones de euros. Cuando estas historias habían quedado ya en el imaginario colectivo, se ha vuelto a repetir.

El carbón que queda

La asturiana Minarsa compró junto a la catalana García Munté el año pasado 275.000 toneladas del carbón liquidado de la quebrada Uminsa, que estarían almacenadas entre el Pozo Alicia de Fabero y Alinos en Toreno, pero, al ir a sacarlos, los operarios y maquinaria del Grupo Alonso se lo pusieron muy difícil. El 'rey del carbón' entiende que, en tanto en cuanto sigue teniendo la titularidad de las minas, el carbón es suyo y que, además, es valioso, ya que estima que podría estar valorado en unos 20 millones de euros.

Durante días, la tensión fue aumentando, mientras el carbón iba saliendo a cuentagotas, y el asunto terminó por saltar a la esfera política. La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, aseguró en un primer momento al Diario de León que las empresas habían pedido la licencia pertinente para retirar el mineral “y la tenían concedida”, por lo que no debía haber ningún problema en su retirada.

En cambio, a los pocos días, el teniente de alcalde de la localidad berciana, Pedro Monasterio, manifestó al mismo medio que Minarsa y García Munté podían “reanudar” la retirada del carbón del Pozo Alicia “después de que este miércoles [19 de febrero] hayan hecho efectivo el pago de casi 13.000 euros al Ayuntamiento en concepto de fianza por los daños que pueda causar el trasiego de camiones por las calles de la localidad y como licencia municipal”, como si quien hubiese evitado que se lo llevase fuese el Ayuntamiento y no la empresa de Victorino Alonso.

Y es que en este totum revolutum en el que se confunden el quién y el porqué, la alcaldesa ha explicado a ILEÓN que mover ahora tanto carbón en la cuenca minera con las minas cerradas desde 2018 les iba a dejar el pueblo hecho un desastre. Por eso, han obligado a Minarsa y García Munté a pagar 900 euros de tasa para obtener la licencia de “movimiento de terrenos” y “12.000 euros de aval”, además de a “tapar” el mineral en los camiones debidamente y “limpiarlo” todo.

Hasta la fecha solo han salido una veinteina de camiones cargados de carbón de los “dos mil y pico” que harían falta para mover las “más de 70.000 toneladas” que han comprado a Victorino Alonso y que este se ha empeñado en bloquear. De momento la Guardia Civil ha tenido que desbloquear este martes la salida de los camiones ante las presiones de los trabajadores vinculados al empresario.

La polémica persigue sin cesar al empresario, que cumple en tercer grado sus condenas de cárcel por los destrozos ambientales de sus minas en Laciana y Babia. Pese a que en 2017 quebraron sus principales empresas, Uminsa y Coto Minero Cantábrico (heredera de la histórica Minero Siderúrgica de Ponferrada), Alonso se ha adjudicado buena parte de los activos que éstas tenían en el proceso concursal. Por eso ha reclamado cientos de fincas como propias en El Bierzo, reconociendo hasta excesos, y sigue interesado en la minería, ahora pasando del carbón al wolframio.

La Guardia Civil vigila desde primera hora de la mañana de este martes el Pozo Alicia de Fabero para que los trabajadores de Victorino Alonso no impidan a la empresa Minarsa, que ha adquirido todo el mineral almacenado en esta antigua explotación, que lo saque.

Los agentes permanecen vigilantes para evitar altercados, después de que varios todoterrenos hayan vuelto a bloquear el acceso a la mina para impedir que Minarsa se lleve el mineral, tal y como ya sucedió la semana pasada. 

Se repite así la situación vivida días atrás, cuando varios camiones bloquearon la entrada del pozo para que los operarios de Minarsa no pudieran sacar el carbón que han adquirido. De momento, este martes Minarsa ya ha cargado y sacado varios camiones con mineral y sigue trabajando bajo la vigilancia de los agentes. 

El conflicto es fruto del desencuentro entre la empresa Uminsa, propiedad de Victorino Alonso, que asegura que los terrenos donde se encuentra almacenado el carbón le pertenecen, y la compañía asturiana Minarsa, que compró ese mineral durante el proceso concursal del Grupo Alonso. 

En virtud del concurso de acreedores de la empresa minera Uminsa, del Grupo Alonso, propiedad del empresario Victorino Alonso, la firma Minarsa se alzó con las 275.000 toneladas de carbón liquidadas que permanecían durante años almacenadas en terrenos del Pozo Alicia en el municipio de Fabero, en la comarca de El Bierzo, así como en Alinos, en Toreno.

La compañía entiende, por lo tanto, que se trata de un carbón que es ahora de su propiedad y además valioso, ya que estima que el mineral podría estar valorado en unos 20 millones de euros.

Incluso la Junta de Castilla y León ha instado, a través de un requerimiento emitido ya en junio del año pasado 2024, la retirada inmediata de esa ingente cantidad de carbón para evitar daños ambientales e incluso el posible peligro que supone su presencia, peligro que incluso podría amenazar a las personas.

Y sin embargo, Vitorino Alonso lleva días ejerciendo fuerza en los terrenos del Pozo Alicia para impedir ese traslado, tal y como recoge Efe. Pero Victorino Alonso considera que sigue ostentando la propiedad de las minas donde se asienta el mineral y que, por tanto, el carbón no entra en ese concurso de acreedores.

Eso ha hecho que el magnate minero haya adoptado medidas para defenderse de esa retirada y lo ha hecho por la fuerza, cruzando los vehículos pesados en Fabero, en las instalaciones del Pozo Alicia, para impedir que sea sacado de allí por Minarsa. Son varios los días en los que la tensión ha aumentado.

Pero este lunes, Minarsa han conseguido acceder e incluso cargar once camiones, hasta llevarse unas 200 toneladas, pero lo han hecho en medio de un conflicto que hace que el traslado sea inseguro para los conductores, motivo por el que nuevamente ha desistido de continuar con la extracción.

Esa tensión y el bloqueo físico de la zona por parte del empresario Vitorino Alonso ha hecho que Minarsa bosque ahora poder continuar con los trabajos iniciados de retirada a través de una subcontrata, pero la situación permanece bloqueada.

La Junta de Castilla y León le da el visto bueno ambiental a una empresa vinculada a Victorino Alonso para volver a extraer hierro de la histórica explotación Coto Wagner en El Bierzo.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, con la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto minero de Intauxma en los términos municipales de Castropodame y Molinaseca, que se lleva pidiendo desde 2017.

La concesión minera de Coto Wagner data de 1919, si bien la explotación de la mina no empezó hasta 1948. Durante décadas, hasta 1982, la MSP (Minero Siderúrgica de Ponferrada) extrajo hierro para abastecer, principalmente, a los altos hornos del País Vasco y la Empresa Nacional Siderúrgica (Ensidesa) de Avilés.

Cuando la MSP quebró, en los años 90, pasó a manos del condenado empresario minero Victorino Alonso, que entró en prisión por varios delitos medioambientales en minas de carbón en Laciana y Babia. Los bienes de la MSP pasaron a Coto Minero Cantábrico (CMC) y, cuando esta también quebró, parte de sus permisos de explotación minera se transfirieron a la sociedad Intauxman, que ahora reclama volver a sacar hierro de Coto Wagner.

En Intauxman figuran como administrador único Miguel Martínez Miguélez y como apoderado Jonathan Pérez Díaz. Ambos figuran a su vez en empresas vinculadas a Victorino Alonso como Ferpi, Antracitas de Lumajo o Distribución Eléctrica del Sil.

El proyecto actual consiste en la explotación de interior del yacimiento de hierro, que podría emplear a 190 personas, con un presupuesto de 58 millones de euros y un coste operativo estimado en 51 euros/tonelada producida.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa “favorablemente”, a los efectos ambientales, el desarrollo del proyecto, “siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en las declaración de impacto ambiental, las medidas protectoras y correctoras del proyecto, el estudio de impacto ambiental, el programa de vigilancia ambiental, y la documentación complementaria presentada, y ”sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas o de cualquier otro tipo, que puedan impedir o condicionar su realización“.

El proyecto, según la información consultada por la Agencia Ical, consiste en la explotación de interior a lo largo de 12 años con una media de alimentación anual de 2,5 Mt (tonelada métrica), con dos años de preparación y tres de cierre, lo que supone un total de 17 años de explotación.

Durante el primer año de operación se contempla el retratamiento del mineral vertido en la zona de La Repierta (en la localidad de Calamocos, perteneciente al término municipal de Castropodame), área sobre la que se ha solicitado su clasificación como recurso de la Sección B, asumiendo un 50 por ciento de la alimentación con este material con el 50 por ciento restante procedente de las labores de desarrollo transversal en zona mineralizada. El procesamiento de los materiales sitos en La Repierta liberará, a su vez, un área esencial para las infraestructuras que se han desarrollado en el documento presentado.

El mineral transportado desde el interior de la mina será descargado en un área de acopio denominada ROM stockpile y con 6.000 metros cuadrados de superficie. Este área de acopio tendrá diferentes zonas asignadas a los sub-tipos de mineral que se clasifiquen según el control de leyes pactado entre los departamentos de minería y de metalurgia. Se estima que se puedan acopiar hasta unas 10.000 toneladas de minerales. Para el beneficio del mineral se ha diseñado una planta de tratamiento con una capacidad nominal de 340 toneladas a la hora en la que el mineral es sometido a machaqueo, molienda, flotación y separación magnética, espesado y filtrado del concentrado. Los lodos de tratamiento serán espesados, filtrados y cementados, y utilizados para el relleno de labores de interior. A nivel de proyecto se considera necesaria la ejecución de una instalación en superficie para la gestión de los residuos de proceso, así como para el manejo de los residuos generados por la actividad extractiva.

La zona se corresponde, según Ical, con la denominada La Repierta, donde se encuentran los acopios de mineral acumulados de antiguas explotaciones. De hecho, Intauxma lleva desde 2019 reaprovechando las escombreras que había dejado la antigua explotación. El procesamiento de los minerales acumulados permitirá ajustar el proceso y regenerar un área actualmente afectada por los acopios y que será acondicionada como instalación de gestión de residuos adecuándose a la actual normativa de aplicación. Además, en relación con la gestión del agua, se propone una captación y dos vertidos, uno de aguas residuales domésticas y otro de aguas residuales de proceso industrial, la construcción de dos balsas, una de agua fresca y otra de proceso, y de una planta de tratamiento de aguas (PTA).

Onamio se hunde por el Coto Wagner

La pequeña localidad de Onamio (Molinaseca) “flota” sobre cuatro kilómetros de galerías y convive con decenas de hundimientos y socavones, algunos con hasta ocho metros de diámetro, por la explotación del Coto Wagner, tal y como publicó hace ya más de una década Vanessa Silván en un reportaje para la Agencia ICAL.

En el mismo se ponía de manifiesto el riesgo de hundimiento del terreno, recogido en varios informes realizados por la Junta y por la empresa CMC, que reconocían la existencia de una serie de oquedades a distintas profundidades que tarde o temprano van a ser nuevos hundimientos y deberían estar vigiladas.

Un simple paseo por el monte de Onamio demuestra la magnitud que tuvo la explotación del Coto Wagner, unos de los pilares del sueño de Julio Lazúrtegui de convertir al Bierzo en una segunda Vizcaya. El filón de hierro, que viene desde Galicia y llega hasta la zona de Astorga, cruza el pueblo y es visible en varios puntos, como si fuera un desfiladero, un corte vertical de gran profundidad y que también constituye un riesgo, ya que nada alerta de que el terreno acabe tan abruptamente.

Entre pinos y robles se descubren partes de la mina que se han hundido y que dejan a la vista las cámaras de dónde se extraía el hierro -entre lo que se denomina techo y el muro de la capa-, en cuyas paredes todavía se pueden observar los agujeros o galerías que servían para pasar de una cámara de otra, atravesando el 'macizo' que las separaba.

Hoy en día, Onamio todavía guarda en sus entrañas unas importantes reservas de hierro que, según algunos sondeos, serían de unos 400 millones de toneladas de este mineral que ahora se podrían volver a explotar.

“Es un libro que no es amable con nadie. No somos magnánimos con nadie, ni con los propios mineros”. Es la consideración que la periodista leonesa Cristina Fanjul adelanta sobre el contenido del libro del que es coautora junto a Víctor del Reguero, ‘Don Vito Una historia de mafia, política y carbón’, y que presentan este viernes, a las 20 horas, en la librería Literatessen de la capital leonesa, ubicada en la calle Santiesteban y Osorio, 4, con entrada libre hasta completar el aforo.

La trayectoria del empresario minero Victorino Alonso centra una obra que, según destacan desde Ediciones Arkaln “narra la historia cruda del carbón, sin el sirope de la nostalgia con el que se ha ocultado la verdad y, por supuesto, con todo el conjunto de ilegalidades que, con la cooperación necesaria de políticos, sindicalistas y otros allegados al poder, llevó a la ruina de toda una sociedad”.

Sus páginas, añaden, desvelan “cómo se fraguó el imperio de alguien que, a día de hoy, es el gran desconocido del país, pese a figurar en el olimpo de los grandes nombres empresariales de obra civil, cotos de caza y otros variopintos negocios tanto a nivel nacional como internacional” y abordan, con una nutrida aportación de testimonios y datos, el recorrido de los planes destinados a poner fin a la minería del carbón.

“No fue una desamortización. Ni siquiera una reconversión. El protocolo para descarbonizar la economía que se proyectó a finales de los años ochenta significaba en realidad desmantelar las cuencas y uno de los gremios más reivindicativos del movimiento obrero. La España productiva comenzó a desmontarse para poner los cimientos de un edificio ligado con la argamasa del neoliberalismo, el nepotismo y la corrupción”, subrayan, y de todo aquello “sólo queda el hierro oxidado de los castilletes, un océano de galerías sumergidas y ruinas de todo tipo, en un territorio de paraísos naturales devastados, una despoblación imparable y una descomposición social sin precedentes. Por el camino, sin embargo, se quedaron miles de millones de euros de dinero público en el reparto de todo tipo de ayudas a las empresas y los planes del carbón”.

Cristina Fanjul detalla que las casi 600 páginas de este intenso trabajo de investigación y documentación desarrollado durante cuatro años, en el que se sumergió a propuesta del historiador Víctor del Reguero y en el que se encontraron numerosos obstáculos no le produce especial satisfacción, pero sí el sentimiento compartido por ambos coautores del deber cumplido. Ambos quisieron cumplir con la “responsabilidad” que sentían con la gente de Asturias, León, Huesca y Palencia que vivieron en primera persona las realidades y consecuencias de las acciones y las complicidades habidas en el sector y, específicamente, las llevadas a cabo por uno de sus máximos referentes.

La periodista no oculta cierto pesimismo sobre las conclusiones que se pueden extraer a la vista de los hechos narrados -con aportaciones relevantes y también ausencias notables-. “Las cosas no cambian. La corrupción está por encima de todos nosotros y hay ocasiones en las que todos somos cómplices, porque nos interesa tapar ocultar o mirar hacia otro lado. Pasa ahora con las renovables. Es un sistema entero el que está metido en todo… un sistema financiero que permite que todo esto siga ocurriendo de manera impune”, lamenta. 

El condenado empresario minero Victorino Alonso reclama como suyas cientos de fincas en los Ayuntamientos bercianos de Sancedo y Arganza como ya hizo en las pedanías de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes de Fabero, donde ha tenido que dar marcha atrás y reconocer que doscientas hectáreas pueden volver a manos de sus antiguos propietarios.

Desde el mes de septiembre empezaron a llegar a cuentagotas a Sancedo cartas del Catastro para una supuesta “subsanación” de datos que en octubre ya eran un auténtico boom. La gente empezó a hablar en el pueblo, porque no eran cartas de discrepancias habituales, y los murmullos iniciales se convirtieron en un alboroto nervioso que acabó por colarse en el Ayuntamiento.

A casa de Patricia, que ha accedido a hablar con este medio, llegaron dos, una a nombre de su madre y otra a nombre de su padre, por fincas que son suyas desde los años 1986 y 1992, y que les daban un plazo de 15 días para justificar su propiedad. Ella fue quien se encargó de acompañarlos a la Gerencia Territorial del Catastro en la provincia, ubicado en León capital, para saber qué estaba pasando. “Si nos llega una carta es porque las fincas son nuestras. Llevan decenas de años a nuestro nombre”, manifiesta soprendida por la situación, y cuestionando “qué ha aportado la empresa” que diga lo contrario.

La empresa cabecera del 'rey del carbón', Comile SA , lo que presentó fue “una escritura sin polígonos ni parcelas” reclamando, a brocha gorda, las fincas que son suyas y las colindantes. “Piden todo lo que pega” a las parcelas que eran titularidad de la que fuera la mayor compañía carbonera privada del país.

Esto es una singularidad porque en El Bierzo es sabido que Sancedo tiene dos particularidades. La primera es que “todo el mundo sabe de quién es cada finca”, y más las de la antigua MSP porque siempre han tenido un guarda propio, y que todas ellas están muy cuidadas y perfectamente delimitadas. La segunda es que “no hubo cambios de polígonos y parcelas”.

Los vecinos sospechan que puede haber entonces dos motivos para reclamar la propiedad de parcelas que Comile sabe, o debería, que no son suyas. Una es porque las fincas de la MSP llevan años pasando de unas empresas a otras, incluso a particulares, siempre manteniendo un vínculo con su último dueño, Victorino Alonso, “y se ha debido traspapelar algo, porque encargaron un informe técnico y a lo mejor se pasaron”. Otra es que el 'rey del carbón' necesite una superficie continua de hectáreas para instalar tres parques fotovoltaicos seguidos uno a continuación del otro y que con las fincas que tenía no fuera suficiente.

Lo que no creen es que sea fruto de la casualidad. “A los vecinos no nos ha gustado y al Catastro tampoco” y temen, en un clima de miedo y enfado, que muchas titularidades se queden por el camino, porque “hay mucha gente de Sancedo que se marchó fuera hace años, muchos están en Argentina”, y los que se quedaron en el pueblo “son gente mayor o muy mayor” que se está viendo obligada a rebuscar papeles “del año de la polca” y trasladarse más de cien kilómetros, hasta León, para justificar que sus propiedades en un pequeño pueblo son suyas desde hace varias generaciones.

“Las direcciones en el Catastro no están actualizadas, pero todas las fincas tienen un titular. Si no se localiza a ese titular deberían pasar al Ayuntamiento, no a una empresa que las reclama sin presentar ninguna documentación”, trasladó el alcalde socialista de Sancedo, Marcos Álvarez, a ElBierzo.elDiario.es, denunciando la “indefensión” e “indignación” que se respira en los dos municipios bercianos desde entonces. “Hay vecinos a los que les han llegado hasta 10 y 15 cartas” y que temen perder fincas que son suyas “de toda la vida”, para que llegue una empresa a quitárselas para poner placas solares“.

La versión de la empresa

La Agrupación Inmobiges es la gestoría, según ella misma, que se está encargando del intento de apropiación de fincas -en Fabero primero y ahora en Sancedo y Arganza-, para las sociedades Comile SA, de Victorino Alonso, y Genelec Invest SA (Geninvest), vinculada al condenado empresario minero. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con ella hasta en dos ocasiones y no ha recibido respuesta alguna antes de la publicación de esta información, ni siquiera la negativa a responder a nuestras preguntas.

Algunas de las cuestiones que solicitábamos aclarar era cómo una empresa puede reclamar como suyas propiedades sin tener contrato de compra de las mismas; por qué reclama al Catastro parcelas sobre plano sin especificar el polígono y la parcela de las mismas, en un municipio perfecta e históricamente organizado por el aprovechamiento maderero que hace de su monte; si una de las fincas que reclaman está edificada con chalés de protección oficial que construyó la Junta de Castilla y León hace más de una década y en la que viven familias; cuál es el fin para las fincas; y si se plantean dar marcha atrás, de la misma manera que hicieron en Fabero.

En el último comunicado que Inmobiges hizo llegar a este periódico, hace unos meses, reconoce que lleva tres años tratando de agenciar propiedades para otras empresas de o con vinculación al 'rey del carbón'. De esta manera, asegura que en 2021 Comile compró 1.178 fincas en Sancedo y Arganza que habían sido de la antigua MSP, “que se corresponden con 643 parcelas catastrales” y, “al no existir coordinación entre Registro y Catastro” se dirige al Catastro con “la escritura de compraventa”.

El Catastro le reconoció de primeras 448 como suyas, pero otras 195 no. Es entonces cuando empiezan a llegar las cartas amenazadoras a los propietarios. En 2022 y 2023 a los vecinos de Sancedo. De 66 parcelas que reclamaban en este municipio, “40 se inscribieron a favor de Comile, tras reconocer sus anteriores propietarios que las habían vendido en su día a la MSP”, pero “10 no se inscribieron por oponerse los actuales titulares catastrales y otras 7 están pendientes de resolverse”, asumen.

En 2024 le tocó el turno a los vecinos de Sancedo, municipio en el que la empresa reivindicaba las 129 parcelas restantes.

Ya en ese comunicado Inmobiges se escudaba en que la escritura es “muy compleja por la gran cantidad de fincas afectadas y, sobre todo, por no existir coordinación entre Catastro y Registro”, por lo que “no siempre es posible delimitar las parcelas con precisión”. Y , en un intento por 'calmar' a los afectados, añadía que “nada tienen que temer los propietarios que no hubiesen vendido en su momento sus terrenos a la MSP”, porque, añade, “será precisamente en el seno de los expedientes del Catastro donde se puedan tratar de aclarar las diferencias con el Registro de la Propiedad”. Lo que no dice, pero se puede leer entre las líneas del mensaje 'tranquilizador', es que serán los propietarios quienes tengan que defender sus parcelas para que no les sean usurpadas.

Intento de apropiación en Fabero y marcha atrás

Una empresa vinculada al condenado 'rey del carbón' Victorino Alonso reconoció a finales del año pasado que se intentó apropiar de 200 hectáreas de fincas privadas en Fabero para que otra, también relacionada con el magnate minero, construyese una planta fotovoltaica sobre una antigua mina a cielo abierto, en unos terrenos que tendría que haber devuelto después del cierre del sector y que se están restaurando con dinero público.

El administrador único y otros apoderados de la empresa en cuestión, Promining S.A., mantienen vínculos con sociedades de Victorino Alonso y su entorno societario. En marzo de 2016 compró a Uminsa, antigua empresa de Victorino Alonso quebrada, las fincas de la mina a cielo abierto conocida como la Gran Corta en las que se estuvo extrayendo carbón hasta dos años después. “En total son 244,15 hectáreas de las cuales 47,65 proceden de contratos que no tienen cláusula de reversión y otras 196,5 que sí la tienen”, asumió.

¿Por qué reclamaba entonces fincas que no eran suyas? Porque Promining había cedido o vendido parte de esas 244,15 hectáreas, de las cuales 200 hectáreas eran de particulares y no suyas, a una tercera empresa que también está vinculada al rey del carbón, Genelec Invest SA, “promotora de un parque solar” precisamente en esa zona.

El 'rey del carbón' condenado, pero en semilibertad

El empresario minero Victorino Alonso, el nexo de unión de toda esta pugna, fue condenado por el Tribunal Supremo a casi seis años de cárcel por dos delitos medioambientales. Las ilegalidades cometidas en sus minas de carbón 'El Feixolín' en Laciana y 'Nueva Julia' en Babia lo llevaron a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real, de la que salió apenas un año después cuando la Justicia le concedió el tercer grado.

Ahora mismo está disfrutando de una situación de semilibertad, según el periódico Diario de León, que este medio no ha podido confirmar porque todas las fuentes consultadas adujeron que informar sobre si el mayor empresario de la minería de carbón de España estaba cumpliendo su condena o tenía beneficios penitenciarios violaba la Ley de Protección de Datos.

Lo que todavía arrastra el rey del carbón es el impago de 50 millones de euros de multas, que va amortizando con un pequeño embargo de su pensión de jubilación como minero porque la Justicia lo declaró insolvente en un juicio por el pago de pensiones alimenticias de sus hijos. Hace unos años una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) consiguió identificar al magnate minero en varias sociedades opacas en refugios fiscales, que se publicó en los Papeles de Pandora en El País.

Una empresa vinculada al condenado 'rey del carbón' Victorino Alonso reconoce que se intentó apropiar de 200 hectáreas de fincas privadas para que otra, también relacionada con el magnate minero, construyese una planta fotovoltaica sobre una antigua mina a cielo abierto, en unos terrenos que tendría que haber devuelto después del cierre del sector y que se están restaurando con dinero público.

Promining S.A., cuyo administrador único y otros de sus apoderados mantienen vínculos con sociedades de Victorino Alonso y su entorno societario, ha enviado una nota de prensa a los medios para “animar”, ahora, a los propietarios de las fincas a pedir que se las devuelvan.

Este medio ha tenido acceso a la carta que la misma empresa, Promining S.A., envió al Ayuntamiento de Fabero y en la que asume que en marzo de 2016 compró a Uminsa, antigua empresa de Victorino Alonso quebrada, las fincas de la Gran Corta en las que se estuvo extrayendo carbón a cielo abierto hasta dos años después. “En total son 244,15 hectáreas de las cuales 47,65 proceden de contratos que no tienen cláusula de reversión y otras 196,5 que sí la tienen”, dice textualmente.

Dicha cláusula de reversión que incluían la mayoría de los contratos que los particulares firmaron a principios de los años 90 con el rey del carbón recoge que: “El comprador [a saber la empresa minera de Victorino Alonso] establece a favor de la vendedora o de sus causa-habientes un derecho de reversión de la finca comprada que no podrá ejercitarse hasta que no transcurran veinticinco años desde la fecha de compra”. Al cabo de esos 25 años, los terrenos deberían haber retornado a los dueños o a sus derecho habientes, más teniendo en cuenta que ni siquiera continuaba la actividad extractiva para la que se habían cedido al empresario minero.

“A los 25 años de la firma de los contratos todo estaba hecho un desastre. La gente no pidió la devolución de las rocas, barrancos y escombreras que dejó. Los terrenos se tienen que devolver restaurados”, cuenta uno de los afectados a elbierzo.eldiario.es

En el escrito que la empresa ha hecho llegar a los medios de comunicación asegura que ya ha iniciado el proceso de la devolución de las fincas, aunque advierte que no la hará efectiva hasta el año que viene, cuando está previsto que acaben los millonarios trabajos de restauración que se están llevando a cabo en la zona, que debería haber ejecutado Alonso, condenado a casi seis años de prisión por delitos medioambientales, y que finalmente se está llevando a cabo con dinero público proveniente de fondos europeos y de la Junta de Castilla y León. Y esa reversión la efectuará si existe reclamación por los firmantes de aquellos contratos o sus herederos en el plazo dado por la empresa.

Casualmente, otras empresas también vinculadas al magnate minero han sido las que han obtenido los contratos para realizar los trabajos de restauración de la Gran Corta, que Victorino Alonso dejó sin hacer a pesar de tener la obligación de llevarlos a cabo antes de abandonar la explotación.

Una fotovoltaica sobre una antigua mina de carbón

¿Por qué tienen relevancia ahora estos terrenos? Porque Promining asume también que ha cedido o vendido parte de las 244,15 hectáreas que le había comprado a Uminsa, 200 hectáreas de particulares y no suyas, a una tercera empresa que también está vinculada al rey del carbón, Genelec Invest SA, “promotora de un parque solar” precisamente en esa zona.

Promining acusa a los propietarios de las fincas que reclaman su titularidad de “tratar de boicotear un proyecto de planta solar para, posteriormente, tratar de apropiarse del mismo”, motivo por el que, dice, “están obstaculizando y poniendo el riesgo en proceso”. No obstante, “anima a todos los propietarios a remitir sus solicitudes para poder planificar adecuadamente la devolución de los terrenos”.

Los propietarios de fincas en la Gran Corta de Fabero con contrato con cláusula de reversión tienen hasta final de mes para enviar un correo a la dirección electrónica miguelrinmobiges@gmail.com con la siguiente documentación para reclamarlas:

Visto bueno de la Junta a la fotovoltaica, sin evaluación ambiental

La Junta de Castilla y León dio el visto bueno a la empresa vinculada a Victorino Alonso que promueve la instalación de dicha planta solar en la antigua mina de carbón de la Gran Corta, sin someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria y sin comprobar que los terrenos debían haber revertido a sus legítimos propietarios.

La planta solar que tomará el nombre del municipio en el que se va a instalar, Fabero, ocupará una superficie de 26,5 hectáreas de la explotación a cielo abierto, de terrenos en disputa. La administración autonómica decidió suspender el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada teniendo en cuenta únicamente la documentación aportada por el promotor. Además de añadir que se ubica en una zona calificada como de sensibilidad ambiental “baja” para instalaciones de renovables, tanto eólicas como fotovoltaicas, según la zonificación ambiental elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Eso sí, el análisis técnico del proyecto deja patente que se trata de una zona con presencia de especies protegidas como el oso pardo, varios anfibios, reptiles, aves y otros mamíferos.

Dos Bienes de Interés Cultural afectados

El proyecto se plantea muy próximo a la zona de afección del Bien de Interés Cultural 'Cuenca minera de Fabero' y al recientemente reconocido como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Etnológico de La Recuelga.

En ese sentido, la administración autonómica consideró en su momento que la explotación cultural y patrimonial e industrial de la zona es compatible siempre y cuando la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Castilla y León, o si es el caso, la Dirección General den su visto bueno. Hasta esta fecha no se conoce que hayan dicho lo contrario.

Los propietarios, en pie de guerra

Después de que la Junta de Castilla y León diese su visto bueno a construir la planta fotovoltaica, los propietarios de las fincas, vecinos de las juntas vecinales de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes, se pusieron en pie de guerra y crearon una plataforma vecinal para reclamar lo que consideran que es suyo. El Defensor del Pueblo llegó a abrir un expediente relacionado con su reclamación.

Según el relato de los vecinos, la intención de Victorino Alonso es volver a apropiarse de los terrenos “después de años de expolio” del carbón y la restauración millonaria con dinero público para ahora “cobrar nuevamente subvenciones públicas” por levantar la instalación fotovoltaica “expoliando de nuevo el patrimonio de los pueblos”. Contra este proyecto ya presentó en su día alegaciones la plataforma Bierzo Aire Limpio.

El rey del carbón condenado, pero en semilibertad

El empresario minero Victorino Alonso, el nexo de unión de toda esta pugna, fue condenado por el Tribunal Supremo a casi seis años de cárcel por dos delitos medioambientales. Las ilegalidades cometidas en sus minas de carbón 'El Feixolín' en Laciana y 'Nueva Julia' en Babia lo llevaron a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real, de la que salió apenas un año después cuando la Justicia le concedió el tercer grado.

Ahora mismo está disfrutando de una situación de semilibertad, según el periódico Diario de León, que este medio no ha podido confirmar porque todas las fuentes consultadas adujeron que informar sobre si el mayor empresario de la minería de carbón de España estaba cumpliendo su condena o tenía beneficios penitenciarios violaba la Ley de Protección de Datos.

Lo que todavía arrastra el rey del carbón es el impago de 50 millones de euros de multas, que va amortizando con un pequeño embargo de su pensión de jubilación como minero porque la Justicia lo declaró insolvente en un juicio por el pago de pensiones alimenticias de sus hijos. Hace unos años una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) consiguió identificar al magnate minero en varias sociedades opacas en refugios fiscales, que se publicó en los Papeles de Pandora en El País.

El Ayuntamiento de Sancedo intenta parar el intento de una empresa administrada por el 'rey del carbón' Victorino Alonso para quedarse un millar de fincas rurales en el municipio. Sancedo ha remitido un escrito al Catastro solicitando que paralice los expedientes y cualquier cambio de titularidad de inmuebles promovido por la empresa Comile S.A., “intercediendo así en una proceso que ha suscitado entre los vecinos gran preocupación por el temor a la pérdida de las parcelas de las que son propietarios”.

“Ante las quejas de los vecinos y vecinas de Sancedo, que han recibido cartas del catastro solicitándoles que justifiquen la titularidad de sus fincas, y ante el temor por perderlas a favor de la empresa Comile S.A. si no presentan la documentación requerida en un plazo de 15 días, hemos decidido interceder enviando un escrito al catastro para que frene este proceso, además de solicitarle que remita los títulos de propiedad aportados por la empresa para reclamar dichos terrenos”, ha explicado el alcalde de Sancedo, Marcos Álvarez.

Según explica el ayuntamiento decenas de propietarios de fincas rústicas del municipio de Sancedo han recibido cartas procedentes del Catastro reclamándoles que justifiquen su titularidad, todo ello motivado por un expediente instado por la empresa Comile SA, que demanda la propiedad de los terrenos ubicados en los montes donde se encontraban los pinares de la antigua Minero Siderúrgica de Ponferrada. “El problema surge porque, además de las fincas que les corresponden (que pertenecían luego a Coto Minero del Cantábrico, pasaron a ser de la Mercantil Maderas Bodelón y ahora de Comile en virtud de un título de compraventa), la empresa también está reclamando fincas que pertenecen a particulares, y ahora estos se ven en la tesitura de tener que justificar que son suyas, cuando entendemos que debería ser al revés: quien reclama las fincas debe demostrar que pertenecen a la empresa”, ha afirmado el alcalde de Sancedo, Marcos Álvarez.

Comile SA, sociedad de cabecera de Victorino Alonso

Comile SA es una empresa administrada por el 'rey del carbón' Victorino Alonso según los registros públicos. Es un de sus sociedades de cabecera que usó dentro del minero Grupo Alonso incluso para lanzar una OPA sobre la empresa minera asturiana Hullas del Coto Cortés en el 2006. Creada en 1993, en ella figura también como apoderado el abogado del empresario minero, César Garnelo.

Victorino Alonso se encuentra en situación de tercer grado penitenciario tras las dos condenas de cárcel confirmadas por el Supremo por las agresiones contra el medio ambiente en explotaciones mineras de las comarcas de Laciana y Babia. Alonso ingresó en prisión en septiembre de 2024 para cumplir 5 años y 10 meses de cárcel y según Diario de León logró el tercer grado el pasado mes de julio. Reconocido insolvente por la Justicia tras ser condenado en el caso del destrozo al yacimiento neolítico aragonés de Chaves, Alonso no ha pagado ni un euro de los más de 50 millones de euros en multas a los que ha sido condenado en los últimos años. El 'insolvente' empresario está jubilado de la minería desde el año 2009 y va descontando sus deudas con la justicia a razón del embargo máximo que permite la ley en su caso, menos de 500 euros al mes.

El Grupo Alonso se vino abajo en la crisis minera de la segunda década de los años 2000. En el 2013 pidió el concurso de Coto Minero Cantábrico (hasta entonces principal empresa minera de España y heredera de la mítica Minero Siderúrgica de Ponferrada). En 2017 quebró su otra gran sociedad, Unión Minera del Norte (Uminsa). Victorino Alonso sigue figurando como administrados de una decena de sociedades que van de la minería a actividades de construcción e inversión.

Fincas con titularidad en cuestión

El Ayuntamiento de Sancedo pide a Catastro que aclare, además, “si se ha llevado a cabo algún cambio de titularidad a favor de Comile por la no presentación de alegaciones por parte de los propietarios de las fincas”. Según el consistorio las fincas que originalmente pertenecían a la Minero Siderúrgica de Ponferrada pasaron a Coto Minero del Cantábrico, que las vendió a Maderas Bodelón, otra sociedad de Victorino Alonso, que a su vez lo hizo a Comile.

“En muchos casos los vecinos carecen de la documentación que justifique su titularidad, al ser propiedades que han heredado, que siempre han pertenecido a su familia o por haber perdido dichos papeles con el paso del tiempo, además de que muchos de los requeridos son personas de edad avanzada que quizá no la han visto o no saben cómo proceder”, señala el alcalde, aconsejando a los vecinos “que presenten alegaciones, mientras se aclara todo el asunto y el catastro responde al escrito remitido por el Ayuntamiento, para evitar que pierdan sus fincas por silencio administrativo y Comile se convierta en propietaria de lo que no le pertenece”.

El Ayuntamiento de Sancedo esperará a recibir la documentación reclamada a Comile para continuar con la elaboración de un informe técnico que determine si está justificada esta maniobra de reclamación, “porque tendría un pase que reclamasen alguna finca por dudas en la delimitación o similar, pero más de 1.000 fincas es imposible que estén en duda”.

Tras el último visto bueno de la Junta de Castilla y León a la instalación de una planta solar en una antigua mina de carbón a cielo abierto de Victorino Alonso, vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes (localidades del municipio de Fabero en los que se enclavaba la explotación conocida como la Gran Corta) han recurrido con alegaciones al Defensor del Pueblo para frenar la iniciativa. Lo hacen apelando al derecho de reversión de los terrenos que hace 25 años fueron “expropiados” y “comprados bajo amenaza de expropiación” en los años noventa por el empresario minero, actualmente en prisión por un delito medioambiental y al que acusan de estar detrás de este nuevo proyecto a través de “testaferros”.

El Defensor del Pueblo ya ha abierto un expediente relacionado con la reclamación presentada por los vecinos de Lillo y Otero de Naraguantes sobre unos terrenos en los que se explotó carbón a cielo abierto hasta noviembre de 2018 y sobre los que ahora se pretende construir la instalación de las infraestructuras de evacuación de la planta solar denominada 'Fabero'. Los promotores son las sociedades Geninvest y Distribuidora Eléctrica del Sil, a las que tachan de “testaferros” de Alonso.

Según el relato de los vecinos, estas empresas aseguran que los terrenos fueron pagados en los noventa “muy por encima de su valor de mercado”, algo que rechaza este frente de oposición al proyecto, que pone el grito en el cielo al denunciar la intención de Victorino Alonso de volver a apropiarse de la parcela tras ser restaurada de su uso anterior “con dinero público” para ahora “cobrar nuevamente subvenciones públicas” por levantar la instalación fotovoltaica “expoliando de nuevo el patrimonio de los pueblos”. Contra este proyecto ya presentó en su día alegaciones la plataforma Bierzo Aire Limpio.

La documentación requerida por el Defensor del Pueblo demuestra, a juicio de los vecinos, que “la persona solicitante de las autorizaciones administrativas de la instalación de producción” no ha pedido acreditar la propiedad de los parcelas dado que una parte “ocupa y pasa por terrenos con derecho a reversión” hacia habitantes y juntas vecinales de Lillo y Otero una vez transcurridos 25 años de la compraventa de las fincas por parte de Uminsa (Unión Minera del Sil), empresa que formaba parte del conglomerado del Grupo Alonso.

En cambio, los vecinos sí aseguran haber aportado los contratos de compraventa en los que se especifica esa cláusula de reversión de los terrenos en los que ahora se pretende instalar una planta fotovoltaica de 10 megavatios de potencia y que ocuparía una superficie de 26,5 hectáreas. Y advierten de que esta iniciativa choca con la voluntad de formar una comunidad energética autogestionada en Lillo del Bierzo,, modelo que contraponen al de “macroempresas buitres” con ramificaciones en la cuenca minera berciana “que vienen a re-explotar en el siglo XXI lo que ya fue expoliado en el siglo XX con el carbón”.

Ahora recurren al Defensor del Pueblo tras denunciar que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta en León ha autorizado la construcción del parque fotovoltaico “sin haber exigido previamente que se cumplan los acuerdos y contratos firmados con los interesados y haber contado antes con ellos”. “Los pueblos exigen a la Junta de Castilla y León que sea garante de los derechos de quienes les eligen y no de las empresas que vienen de fuera a expoliar el patrimonio de los pueblos”, señalan.

La Junta da el último visto bueno a la planta solar en una antigua mina a cielo abierto en Fabero del encarcelado Victorino Alonso, que casualmente promueve una empresa relacionada con 'el rey del carbón'. El Boletín Oficial de Castilla y León publica en su edición de este jueves la autorización administrativa previa y de construcción para la instalación del centro de maniobra y medida y de la línea de evacuación de la fotovoltaica.

La línea de evacuación de la energía que generen las placas solares deberá ir en una parte soterrada, mientras que la otra puede ser aérea. De nada han servido las alegaciones que la plataforma ecologista Bierzo Aire Limpio presentó en noviembre del año pasado para intentar que la administración autonómica le denegase el permiso.

El proyecto inició su andadura administrativa con todas las facilidades. La Junta de Castilla y León decidió en abril de 2023 eximir a la fotovoltaica, que prevé plantar 26,5 hectáreas de placas solares en La Gran Corta de Fabero, de tener que someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Apenas cuatro meses después le concedió la autorización de construcción, en terrenos en disputa entre los pueblos de Otero de Naraguantes y Lillo del Bierzo.

Ese terreno autorizado por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta en la provincia de León, es una parte de la antigua explotación de dimensiones impresionantes que durante años Victorino Alonso voló pero que ahora se queda fuera del multimillonario plan de restauración que debería haber ejecutado el empresario minero cuando cesó la actividad extractiva. Sin embargo, ahora esa restauración se pagará con una ingente cantidad de dinero públicos, 70 millones de euros, provenientes de Europa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En los terrenos sobrantes es donde se plantea ejecutar ahora la macroplanta fotovoltaica, que instalará 26.000 módulos solares. La parcela en detalle es la número 10822, dentro del polígono 7, y se trata de un terreno arrendado en marzo de 2021 por espacio de 40 años.

Se trata de un amplio terreno que ahora mismo permanece en disputa entre Unión Minera del Norte (Uminsa), empresa propiedad de Victorino Alonso, y las juntas vecinales de Otero de Naraguantes y de Lillo del Bierzo, según explican fuentes municipales, conscientes del litigio para decidir quién tiene los derechos del suelo, si la firma privada del conocido empresario o las administraciones locales menores del municipio de Fabero.

'El rey del carbón', en la cárcel

Victorino Alonso, Alonso, conocido como 'El rey del carbón', está cumpliendo en la cárcel de Soto del Real en Madrid sus condenas por delitos medioambientales en las explotaciones de dos minas ilegales en la provincia de León, Nueva Julia en Cabrillanes y El Feixolín en Villablino, que recurrió hasta el Tribunal Supremo y perdió.

En concreto, cuatro años de cárcel y una multa de 24,3 millones de euros por Nueva Julia en Cabrillanes y un año y diez meses de prisión, multa de 10 meses con cuota diaria de 15 euros y la inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de mineras durante un año y cinco meses por la mina a cielo abierto de El Feixolín en Villablino.

Dos condenas firmes que se podrían ver traducidas, en la práctica, en hasta siete años de prisión si 'el rey del carbón' no paga las millonarias indemnizaciones, puesto que a ojos de la Justicia es 'insolvente' y que las cuotas no satisfechas de responsabilidad civil se convierten en días de privación de libertad.

La plataforma Bierzo Aire Limpio ha presentado alegaciones contra la línea de evacuación de la macroplanta solar proyectada en terrenos de la Gran Corta, la antigua mina a cielo abierto explotada por el empresario Victorino Alonso en el municipio de Fabero. Lo hace al entender que disociar esta infraestructura en el trámite de información pública “supone una clara fragmentación” de un proyecto que ya nació con controversia. Y es que la iniciativa parte de una compañía vinculada al industrial minero, que se encuentra en prisión desde el pasado mes de septiembre por delitos contra el medio ambiente. La Junta de Castilla y León ya 'bendijo' su construcción el pasado mes de agosto.

Bierzo Aire Limpio enfatiza que la zona donde se pretende instalar la planta fotovoltaica denominada ‘Fabero’, de 10 megavatios de potencia y que ocuparía una superficie de 26,5 hectáreas, “ha soportado las consecuencias de la intensa actividad minera, que conllevaba el compromiso legal de recuperar los terrenos una vez finalizada la explotación”. La Gran Corta cesó su actividad hace precisamente ahora cinco años, en noviembre de 2018, para poner el punto final junto al cierre del Pozo Salgueiro en Santa Cruz de Montes (Torre del Bierzo) a la historia de la minería del carbón en la comarca berciana.

Alonso explotó este cielo abierto a través de Uminsa (Unión Minera del Norte). La propiedad del terreno está en disputa entre la compañía y las juntas vecinales de Otero de Naraguantes y Lillo del Bierzo. Y ahora una empresa con vínculos con el magnate minero promueve una planta fotovoltaica en este solar cuya restauración se afronta ahora con hasta 70 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

“Nuestras alegaciones se centran en velar que se cumplan las garantías medioambientales y de salud pública, y por ello invitamos a la ciudadanía a unirse a nuestra asociación en este esfuerzo, participando activamente en el trámite de información pública presentando alegaciones”, señala Bierzo Aire Limpio, que pone a disposición de la sociedad en enlace para formalizar las reclamaciones. El plazo de presentación de alegaciones concluye este miércoles 22 de noviembre.

Aire Limpio, que dirige sus alegaciones al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta en León, no obvia tampoco que el conflicto por la propiedad de las fincas podría tener “consecuencias extremadamente graves” antes de incidir en la idea de que someter a información pública por separado la línea de evacuación “dificulta sobremanera la comprensión del conjunto de impactos en el medio ambiente”. “La evaluación de impacto ambiental”, remacha, “debe realizarse sobre todo el conjunto de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento”. 

La entrada en la prisión de Soto del Real (Madrid) del empresario minero Victorino Alonso García, para cumplir la sentencia de cuatro años por los delitos ambientales y urbanísticos de la explotación a cielo abierto de Nueva Julia, aunque sin pagar los más de 50 millones de multas por sus condenas, ha dejado un reguero de silencios muy significativos, casi estruendosos, en la clase política provincial, autonómica y nacional, que ponen en evidencia sus conexiones con esos sectores públicos.

ILEON ha contactado con las personas que en Laciana han sido más activas en la lucha contra las tropelías del empresario minero en sus explotaciones a cielo abierto en la comarca y limítrofes, que finalmente le han llevado a la cárcel. No fueron muy numerosos, tan solo dos, el empresario de hostelería hoy jubilado Antonio Arias Tronco y la asociación conservacionista Filón Verde.

Antonio Arias Tronco fue el primero en denunciar las actividades ilegales de la explotación de El Feixolín en 1995, cuando Victorino Alonso estaba considerado a nivel general como el gran salvador de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y su poder e influencia en la comarca lacianiega era realmente abrumador.

En solitario mantuvo su lucha hasta que hace cuatro años la Audiencia Provincial condenó a Victorino Alonso a dos años y medio de cárcel y una multa de 8.500 euros. Posteriores recursos terminaron por reducir la condena a menos de dos años que tendrá que sumar a su condena por Nueva Julia.

Muchos años después entra en prisión, “él, que me quiso meter a mí en la cárcel”, asegura Arias Tronco, “ahora está donde se merece, por sinvergüenza, chulo y delincuente confeso”. Cree que sus largos y prolongados litigios han sido importantes para dar por finalizado un proceso, que en varios momentos estuvo cargado de fuertes tensiones. Y piensa que “Victorino Alonso ahora ya está amortizado, después de 28 años hay que dejarlo de lado, hay que seguir y buscar otros alicientes”.

Sobre el silencio de los partidos políticos y sindicatos ante la entrada en prisión de quien fue el más poderoso empresario minero de España y con el que mantuvieron estrechas relaciones, ponen el foco los miembros de la asociación Filón Verde, que de forma unánime aseguran “que debería de estar acompañado de todos aquellos que le autorizaron, permitieron y ayudaron a hacer lo que hizo”.

El colectivo por boca de su presidente José Francisco Fernández Gatón explicó a ILEON “que no nos produce alegría que haya entrado en prisión, más bien un poco de decepción que lo haya hecho solo y no acompañado de algunos secuaces”.

Filón Verde presentó en 2009 una denuncia ante la Fiscalía de Área de Ponferrada por las irregularidades que se estaban cometiendo en la explotación de Nueva Julia. La Fiscalía abrió diligencias de investigación (19/2009), que una vez finalizadas se remitieron al Juzgado de Villablino para abrir diligencias previas (233/2010).

Este es el origen del procedimiento judicial que finalmente ha terminado con la condena de cuatro años y sanción de más de 24 millones de euros en conceptos de responsabilidad civil y daños, impuesta por la Audiencia Provincial de León y que el Tribunal Supremo confirmó. Posteriormente se rechazaron las peticiones de suspensión de condena, debido a sus antecedentes penales, con otra condena firme de casi dos años por la explotación minera de El Feixolín y no abonar las sanciones impuestas.

Para los miembros de Filón Verde resulta frustrante que solo se condene al autor material, como máximo responsable de la empresa, y los que le ayudaron y permitieron esas actuaciones se libren. Y citan algunos nombres: “la exalcaldesa de Villablino Ana Luisa Duran, el exdirector general de Minas de la Junta, Ricardo Mantero, los senadores nacionales que vivieron a hacerle coro a Villablino, las delegaciones sindicales en Laciana de CCOO y UGT, por nombrar solo a algunos de los que fueron colaboradores necesarios y cómplices por lo tanto”.

Sí quieren mostrar públicamente desde Filón Verde su agradecimiento a la Fiscalía de Área de Ponferrada, en especial en la persona del señor (Jacinto) Fernández Villalvilla, “que siempre atendió nuestras denuncias, unas veces con procedimientos complejos como este de Nueva Julia y en otras ocasiones archivándolas por distintos motivos, siempre hemos confiado en su trabajo y sus criterios”.

También los miembros de Filón Verde vivieron situaciones de mucha tensión, con descalificaciones, amenazas y una agresión a su presidente. O aquel pintoresco espectáculo, que quedó grabado por las cámaras de TVE, cuando un equipo del programa El Escarabajo Verde, acompañado por varios miembros de la asociación, recorría los alrededores de la explotación Nueva Julia en abril de 2009 y fueron agredidos, retenidos e intimidados con chorros de agua de un camión motobomba y montones de tierra sobre el camino. Que luego se pudo ver por toda España en el reportaje titulado Laciana, territorio comanche.

Un integrante de la directiva de Filón Verde ironiza sobre estos asuntos “yo le rebajaría la condena”, afirma Víctor, “dándole un cuaderno y un bolígrafo, para que fuera contando las distintas aventuras y favores relacionados con todos esos que permitieron, consintieron y apoyaron a este terrorista ambiental”.

Victorino Alonso empieza a saldar sus deudas con la Justicia. El magnate conocido el 'rey del carbón' lleva una semana en la cárcel, cumpliendo su condena a 5 años y diez meses de prisión por los destrozos que causó al medio ambiente en dos minas ilegales a cielo abierto en las comarcas leonesas de Laciana y Babia, mientras que su deuda de más de 50 millones de euros por destrozar el medio ambiente va incrementándose por los intereses acumulados. La condición de 'insolvente' del que fuera el mayor empresario minero de este país le va a acarrear que su estancia entre rejas se alargue por impago y dificulta la concesión de un posible indulto.

La defensa del magnate de la minería de carbón agotó todas las posibilidades para evitar la entrada en la cárcel de Victorino Alonso y trabaja para que su salida sea lo más pronta posible. La Justicia rechazó las alegaciones por edad, enfermedad y situación familiar del 'rey del carbón', que ingresó de manera voluntaria en la prisión madrileña de Soto del Real hace poco más de una semana, conocida por haber dado cobijo a otros 'ilustres' presos como Luis Bárcenas, Ángel María Villar, Ignacio González o Mario Conde. Pero, según ha podido conocer este medio por fuentes jurídicas, está en trámite de solicitud el indulto y el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que admite poco más del 1% de las peticiones.

Cárcel en León, no en Aragón

Las condenas leonesas, por delito medioambiental, a un año y diez meses de cárcel por El Feixolín, en Villablino, y cuatro por Nueva Julia, en Cabrillanes, se tendrán que cumplir entre rejas, pero además van aparejadas a una responsabilidad civil millonaria que se traducirá en días de privación de libertad a mayores si Victorino Alonso no paga.

El 'rey del carbón' debe por El Feixolín 135.631,1 euros al denunciante Antonio Arias Tronco, una multa de 10 meses con una cuota diaria de 15 euros y la restauración del destrozo, valorada en medio millón de euros, en solidaridad con sus empresas en liquidación Minero Siderúrgica de Ponferrada S.A. (MSP) y Coto Minero Cantábrico S.A.(CMC). A eso hay que sumarle los 24,3 millones de euros de la restauración de Nueva Julia, que también puede pagar a medias con las concursales MSP y CMC y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros.

Victorino Alonso arrastra también una condena de 2016 por destruir la cueva de Chaves, un yacimiento neolítico que estaba dentro de un coto de caza propiedad de la sociedad Fimbas S.A. vinculada al empresario, en la localidad de Bastarás, en el municipio de Casba (Aragón), para colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, sin ningún tipo de autorización.

A efectos legales, se considera que cumplió la pena de dos años de cárcel sin pasar ni uno solo por prisión, gracias a la decisión de la Audiencia Provincial de Huesca de suspender su entrada en la cárcel si no delinquía en un periodo de tres años, punto que cumplió porque las condenas firmes del Supremo por las causas que tenía abiertas en León tardaron más tiempo en llegar. Lo que todavía no ha pagado son los 25,5 millones de euros de multa que se le pusieron y que deberá subsanar en principio de solidaridad con la empresa Fimbas. La justicia llegó a emitir un auto de embargo de la finca y los bienes de la empresa pero lo acabó desestimando porque consideró que no valían lo suficiente, por lo que la deuda sigue pendiente y sin que nadie la haya pagado.

El 'insolvente' empresario, como se reconoció en los tribunales aragoneses en este proceso, está jubilado de la minería desde el año 2009 y va descontando sus deudas con la justicia a razón del embargo máximo que permite la ley en su caso, menos de 500 euros al mes.

De 'rey del carbón' a promotor de renovables en antiguas minas sin restaurar

Antes de entrar a la cárcel, el 'rey del carbón', que recibió cientos de millones de euros en ayudas públicas a la extracción del mineral, dio sus primeros pasos como promotor de energías renovables en el suelo de sus antiguas minas que dejó sin restaurar y que se están arreglando con dinero de Europa.

Es el caso de una planta solar de 26,5 hectáreas en la Gran Corta de Fabero, a la que la Junta de Castilla y León eximió primero de tener que someterse al examen de evaluación de impacto ambiental para después darle su visto bueno de forma acelerada en pleno mes de agosto.

Las placas fotovoltaicas, de una sociedad vinculada al empresario, se instalarán en una parte del cielo abierto berciano, en disputa entre su antigua empresa Unión Minera del Norte, S.A. (Uminsa) y los pueblos de Otero de Naraguantes y Lillo del Bierzo, que se ha quedado fuera del plan de restauración de 70 millones de euros provenientes de Europa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un dinero público destinado a restaurar la antigua mina de Alonso ya que las fianzas de la explotación resultaron insuficientes para devolver a su estado el cielo abierto. Empresas vinculadas al magnate minero han sido contratadas, además, para realizar los trabajos en esta mina pagados con dinero público que él no abonó.

'Insolvente' con sociedades opacas en refugios fiscales

Los Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) consiguieron identificar al magnate minero en varias sociedades opacas en refugios fiscales mientras que se sigue considerando 'insolvente' para la justicia.

La primera vez que aparecía el nombre del 'rey del carbón' en los Pandora Papers fue en septiembre del año 1996, cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018.

También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarcaba la investigación. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que formaba parte del amplio Grupo Alonso.

Tampoco fue la única. Hubo otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro, solo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.

Trato especial de la justicia

Victorino Alonso nació en 1952 en el seno de una familia de empresarios mineros, continuando el negocio familiar. Estudió Ingeniería de minas en la Escuela de Minas de Oviedo y llegó a convertirse en el mayor empresario minero de España a base de comprar empresas quebradas. En 1994 se hizo con la empresa privada de explotaciones carboníferas más grande del país, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), que derivaría en otras como Uminsa o Coto Minero Cantábrico (CMC), y en una inabarcable lista de empresas más pequeñas que se daban servicios unas a otras y que formaban un complejísimo conglomerado difícil de controlar. Cuando compró la mayor minera del país Victorino Alonso ya era oficialmente 'insolvente', situación derivada de un juicio por el pago de pensiones alimenticias a sus hijos.

En un momento histórico en el que los cimientos de la economía de la provincia de León se sustentaban en el sector energético del carbón, daba empleo a tantos miles de trabajadores, de manera directa e indirecta porque todo giraba alrededor de la minería, que su nombre llegó tener más influencia que políticos de cualquier signo. Pero le persigue una leyenda tan negra como la del carbón que extraía de sus minas.

En 1997, siendo Secretario de Estado de Industria Nemesio Fernández (PP), expuso ante el Congreso de los Diputados sus sospechas por las actividades económicas de Alonso, a quien acusó de no clarificar contablemente su grupo de empresas, además de valorar como incomprensible que “el grupo de empresas compuesto por catorce sociedades presentara el pasado año (1996) unas pérdidas de 246 millones de pesetas con unas ventas globales de 49.399 millones y unos recursos propios de 10.000 millones y que se mantenga en fase expansiva de negocio”.

Hasta el momento Victorino Alonso tenía condenas por fraude de suministro de carbón o asuntos con Hacienda. En la última Marcha Negra del 2012 instigó a los mineros para que marcharan desde las cuencas mineras hasta Madrid como medida de presión para que se liberaran fondos para subvencionar sus empresas extractivas. Durante los momentos más duros de la pandemia de coronavirus COVID19, se le incautaron en una nave de su propiedad en Ponferrada unas 600.000 mascarillas que el Gobierno había reclamado para evitar contagios.

Después de la primera condena en firme del Supremo, a cuatro años de cárcel y el pago de 24,3 millones de euros por Nueva Julia, en mayo de este año, la Fiscalía solicitó su inmediata entrada en prisión o la retirada del pasaporte para evitar que se fugase. Tras la segunda sentencia del Supremo a principios de junio, la del Feixolín que sumaba un año y 10 meses de cárcel, se volvió a reiterar la necesidad de su entrada en prisión para cumplir sus condenas. La Audiencia Provincial de León nunca resolvió las peticiones fiscales y tardó otros dos meses en rechazar los últimos recursos del 'rey del carbón', a finales de julio.

Los jueces rechazaron los recursos del empresario pero se 'olvidaron' de dar el plazo habitual de 10 días para el ingreso en prisión. Así Victorino Alonso disfrutó del mes de agosto de 'vacaciones' en libertad, con el pasaporte en su poder porque nunca se le retiró. No fue hasta finales de agosto, cuando la Audiencia de León que lleva el caso lo citó para que recogiese el auto de entrada voluntaria en prisión y abrió para él a las ocho menos cinco de la mañana para que pudiese hacerlo sin ser visto ni que lo captasen las cámaras, cuando la apertura al público de la oficina judicial no es hasta las nueve.

El abogado de Victorino Alonso ha declinado atender a este medio para dar su versión de la situación judiciales de su representado y sus multas. Instituciones Penitenciarias y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se niegan a ofrecer datos de su situación por protección de datos o sin la autorización del propio condenado, aunque fuentes consultadas señalan que está “bien” cumpliendo su condena.