La Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de grisú el 28 de octubre de 2013. La Sala desestima el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron las familias de las víctimas, que reclamaban anular la sentencia absolutoria y repetir el juicio ante un juez distinto. La resolución, dictada esta misma semana y a la que ha tenido acceso ILEÓN, confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de León y declara de oficio las costas.

La decisión llega cuando están a punto de cumplirse 13 años del accidente en el que murieron seis trabajadores y otros ocho resultaron heridos. El escape se produjo sobre las 13.24 horas en un taller de la séptima planta del ala Este del Macizo séptimo del Pozo Emilio del Valle, en Tabliza, en la zona de Santa Lucía de Gordón. La emisión brusca y masiva de metano superó el 5% de grisú y redujo inmediatamente el oxígeno hasta el 1%, provocando la muerte de los seis trabajadores que se encontraban en el taller.

La Fiscalía sostenía en su recurso que la sentencia de primera instancia había valorado de forma irracional las pruebas y había dado una credibilidad excesiva a los acusados y a los peritos de las defensas frente a los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. Señalaba, entre otras cuestiones, posibles deficiencias en la autorización de la explotación, la ventilación, el contacto con los minados superiores, la existencia de una bóveda, un supuesto error topográfico y la estructura de prevención de riesgos de la empresa. Las acusaciones defendían que esas circunstancias podían haber contribuido al accidente y reclamaban que se celebrase un nuevo juicio.

La Audiencia, sin embargo, considera que la sentencia de primera instancia sí explica de manera razonada por qué da mayor valor a unas pruebas que a otras y que las discrepancias planteadas por Fiscalía no permiten hablar de una valoración arbitraria o manifiestamente irracional. La Sala recuerda además una limitación fundamental de una segunda instancia frente a una sentencia absolutoria: el tribunal que juzgó el caso tuvo contacto directo con los testigos, acusados y peritos durante los casi dos meses de juicio, mientras que los magistrados de la apelación no tuvieron esa misma inmediación. Por ello, no basta con proponer una interpretación diferente de las declaraciones para anular la absolución.

Un fenómeno que la Audiencia considera imprevisible

Uno de los puntos centrales de la resolución es la causa del escape de grisú. La Audiencia asume la conclusión de la sentencia recurrida de que se produjo un desprendimiento instantáneo de gas procedente de la zona del postaller que fue extraordinario e imprevisible, tanto por el momento en que ocurrió como por su magnitud y sus consecuencias.

La sentencia considera que la Hullera Vasco-Leonesa había aplicado las medidas de prevención previstas para una explotación de estas características. La mina estaba catalogada como de tercera categoría por sus concentraciones de metano y, por tanto, existía riesgo de fenómenos dinámicos, pero la Sala recoge que se habían utilizado los métodos disponibles para reducir ese riesgo y que no se ha acreditado qué otra medida concreta, diferente de las que ya se aplicaban, habría evitado el accidente. Ese elemento resulta determinante para la absolución, ya que no basta con acreditar que existía un riesgo, sino que debe demostrarse una infracción de las obligaciones de seguridad y su relación causal con el resultado.

La Sala da por buena también la conclusión de que la ventilación del taller era conforme a la normativa y que los electroventiladores estaban correctamente situados. La sentencia de primera instancia había rechazado que una prolongación del funcionamiento de los ventiladores después del escape hubiese salvado a los trabajadores, ya que la cantidad de metano liberada habría sido muy superior al volumen de aire aportado. También considera acreditado que cambiar la ubicación de los ventiladores no habría evitado las consecuencias del accidente.

El contacto con los minados superiores, otro punto clave

Otro de los argumentos de la Fiscalía era que no se había producido el contacto necesario con las labores superiores para permitir la salida del gas. La Audiencia vuelve a rechazar esta interpretación. Según la resolución, existen documentos y testimonios que apuntan a que el contacto con la planta superior, concretamente con el culatón de la sexta, ya se había producido antes del accidente.

La Sala destaca que por esa zona salió también gas hacia la sexta planta y que el propio perito judicial admitió durante el juicio que se había producido contacto con la planta superior, aunque fuera pequeño. Los magistrados consideran además significativo que las concentraciones de metano hubieran descendido durante los días anteriores al accidente, algo compatible con la comunicación entre ambas plantas y la migración del gas hacia arriba.

La Audiencia tampoco aprecia el supuesto error topográfico que planteaba la acusación. La resolución considera que lo que pudo existir fue una diferencia en la representación cartográfica, pero no se acreditó que la explotación se hubiera ejecutado físicamente en un lugar incorrecto. En minería subterránea, explica la sentencia, la galería sigue la capa de carbón y la representación topográfica se va actualizando conforme avanza la explotación.

La bóveda no demuestra por sí sola una situación de riesgo

La existencia de una bóveda en la zona de explotación también había sido utilizada por Fiscalía como indicio de que la actividad debería haberse detenido. La Audiencia considera que la existencia de esa bóveda era normal en esa fase de la explotación y que no se ha acreditado que se continuase con el sutiraje vulnerando las limitaciones de seguridad.

La resolución distingue entre la bóveda del postaller, propia del sistema de explotación, y la que pudiera aparecer sobre el propio taller. Y señala que cuando se detectó una bóveda sobre el taller los días 14, 22 y 24 de octubre no se realizó sutiraje en esas zonas.

Tampoco ve acreditada una falta de prevención

La Audiencia considera igualmente que la sentencia recurrida examinó de forma suficiente la estructura preventiva de la empresa, los planes de labores, el sistema de seguridad y las evaluaciones de riesgos. La Fiscalía cuestionaba que la empresa hubiera evaluado adecuadamente el riesgo de una invasión masiva e intempestiva de metano.

Pero para la Sala el problema vuelve a ser que no se ha identificado una medida de seguridad concreta que fuera exigible y cuya aplicación hubiera evitado el accidente. La sentencia de primera instancia consideró acreditado que la empresa había empleado los métodos de prevención dirigidos a los riesgos conocidos y que no se había demostrado la existencia de otra medida capaz de impedir el siniestro.

La Audiencia también entra en las declaraciones de los trabajadores que la Fiscalía consideraba relevantes. La sentencia de primera instancia había detectado contradicciones entre algunas declaraciones realizadas inmediatamente después del accidente y las efectuadas posteriormente durante la instrucción y el juicio, así como afirmaciones que aparecieron de forma tardía. Para la Sala, esa valoración de la prueba personal corresponde especialmente al juez que presenció directamente el juicio y no puede ser sustituida en apelación simplemente porque la acusación proponga otra interpretación.

Fiscalía y las familias querían volver a empezar

La resolución supone el rechazo de la petición de Fiscalía de anular tanto la sentencia como el juicio oral y celebrar un nuevo juicio ante un magistrado distinto. El Ministerio Público había invocado la doctrina constitucional que permite anular una sentencia absolutoria cuando su motivación es arbitraria o manifiestamente irrazonable, pero la Audiencia concluye que esas circunstancias no se dan en este caso.

El tribunal considera que la sentencia de primera instancia podrá ser discutida o que pueden existir interpretaciones diferentes sobre determinadas pruebas, pero no aprecia el error manifiesto, la falta de racionalidad en la motivación ni la omisión de pruebas relevantes que permitirían anular una absolución. En palabras de la propia resolución, lo que existe es una valoración de la prueba diferente a la que propone el recurrente, pero no una valoración irracional.

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de Fiscalía, al que se habían adherido las acusaciones particulares, y confirma la absolución de los 16 acusados entre los que se encuentran tres miembros de la familia Del Valle. La resolución declara además de oficio las costas del recurso.

Aunque la vía de apelación sí ha terminado, no necesariamente el proceso judicial. La propia sentencia informa a las partes de que contra ella todavía pueden interponer recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo. Un hecho que las familias no descartan, aunque valoran que “es pronto para decir nada”.

La segunda absolución a los Del Valle que se conoce este mes

La resolución sobre el accidente minero llega además después de que este mismo mes de septiembre la Audiencia Provincial de León haya dictado otra absolución relacionada con la antigua Hullera Vasco-Leonesa, en este caso la de los empresarios Antonio y Arturo Del Valle y otros responsables de empresas vinculadas a la compañía por un presunto fraude de 2,1 millones de euros en las ayudas al carbón. En aquel procedimiento, la Sala no llegó a entrar a valorar si existió o no el fraude que sostenían Fiscalía y Abogacía del Estado porque consideró ilícitas las entradas y registros de la Agencia Tributaria que habían dado origen a buena parte de la investigación.

La Audiencia extendió esa nulidad al resto de pruebas obtenidas a partir de aquellos registros, aplicando la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', y concluyó que, una vez excluida esa documentación, no quedaban elementos suficientes para acreditar el delito fiscal ni la falsedad documental. Ficalía, en este caso, pedía 12 años de cárcel para ellos.

La Audiencia Provincial de León juzgará el próximo lunes y martes, 28 y 29 de septiembre, a cuatro personas acusadas por la Fiscalía de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación de la prostitución ajena, favorecimiento de la inmigración irregular, tenencia ilícita de armas y abuso sexual. El procedimiento tiene como víctima a una mujer que figura como testigo protegido y cuya identidad permanece reservada.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a 2019, cuando la mujer, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica y personal, contactó a través de Facebook con una de las personas procesadas. La Fiscalía sostiene que fue captada con la promesa de obtener ingresos elevados e inmediatos en España a través de la prostitución y poder enviar dinero a su país, donde su madre, enferma, estaba siguiendo un tratamiento médico para el que no contaba con suficientes recursos.

La acusación sostiene que los investigados organizaron su viaje y le proporcionaron documentación y dinero para que pudiera entrar en España como turista. Una vez aquí, siempre según el relato de Fiscalía, la mujer quedó en una situación de especial vulnerabilidad al encontrarse lejos de su entorno, sin apoyo familiar y en situación irregular. La acusación mantiene que fue trasladada posteriormente a un club, de la comarca de La Bañeza, donde empezó a ser prostituida para devolver el dinero que, según el escrito, había adelantado para facilitar su llegada.

El Ministerio Fiscal sostiene además que, antes de llegar al club, uno de los acusados la obligó a mantener relaciones sexuales con él pese a que ella manifestó que no se encontraba bien y pidió aplazar el encuentro. El escrito califica estos hechos como un delito de abuso sexual con acceso carnal, conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos.

Tres meses de explotación sexual para saldar una deuda

La Fiscalía describe un sistema en el que la mujer habría estado sometida a unas condiciones económicas y laborales fijadas por una de las acusadas. Según el escrito, por cada 'pase' se cobraban 50 euros, de los que 40 quedaban para el establecimiento en concepto de alojamiento y manutención y otros 10 para el preservativo. Además, el club se quedaba con cinco euros por cada copa y la mujer debía pagar 100 euros si quería salir del establecimiento. El horario, señalado por la acusación, era de 18.00 a 04.00 horas.

La mujer permaneció en este régimen de explotación aproximadamente tres meses, según el relato de la Fiscalía, sin percibir ingresos más allá de lo necesario para sus necesidades mientras saldaba la deuda contraída. Uno de los acusados, además, la habría presionado para devolver el dinero utilizado para facilitar su llegada a España y habría utilizado su situación irregular como elemento de presión.

El caso se conoce además en una semana marcada por el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Prostitución y la Trata de Mujeres y Menores, que se conmemora el 23 de septiembre. En León, la Plataforma Feminista Abolicionista se concentró en la plaza de Botines para denunciar la explotación sexual y la trata y reclamar la abolición de la prostitución. Las organizaciones convocantes vinculan estas prácticas con situaciones de desigualdad, pobreza, exclusión y violencia sexual.

El Ministerio Fiscal atribuye a los cuatro acusados distintos grados de participación en la captación y explotación de la mujer. Según el escrito, uno de ellos ejercía funciones de dirección y control del establecimiento, incluida la decisión sobre qué mujeres eran explotadas allí y los precios de los 'servicios'; otra de las acusadas se encargaba del local y de la captación de mujeres de su misma nacionalidad, así como del control de los pagos y de la actividad de prostitución.

Seis años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con otro de explotación de la prostitución ajena, además de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, otro de tenencia ilícita de armas y el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Para una de las personas acusadas solicita seis años de prisión por trata y explotación de la prostitución. Para otra reclama un año y medio por tenencia ilícita de armas y otros seis años por trata y explotación de la prostitución. Para las otras dos personas procesadas solicita también seis años de prisión para cada una por trata y explotación de la prostitución.

La vista se celebrará ante la Audiencia Provincial de León los días 28 y 29 de septiembre, a partir de las 9.45 horas.

Las familias de los seis mineros que murieron en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa siguen pendientes de una respuesta judicial. La Audiencia Provincial de León tiene ya sobre la mesa los recursos contra la sentencia que absolvió a los 16 acusados por el accidente, entre ellos tres miembros de la familia Del Valle, y debe decidir ahora si confirma el fallo o estima las peticiones de las acusaciones. La Fiscalía fue la primera en exigir que se repitiera el juicio y las acusaciones particulares se han adherido a su recurso, según ha podido conocer este medio. El trámite de apelación ya ha concluido y los autos están en manos de los magistrados de la Audiencia.

Han pasado casi 13 años desde el 28 de octubre de 2013, cuando un escape de grisú en el Grupo Tabliza de Llombera, en La Pola de Gordón, acabó con la vida de Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, José Luis Arias, Roberto Álvarez y Orlando González y dejó heridos a otros ocho trabajadores de distinta gravedad. Desde entonces, sus familias no han hecho otra cosa que esperar. Primero la investigación, después a un juicio que se celebró a la segunda, a una sentencia que llegó más de una década después de la tragedia y dos años y medio después de que se terminase el juicio, absolviendo a todos los acusados, y ahora un recurso.

La causa vuelve a estar pendiente de los tribunales. La Fiscalía considera que la sentencia hizo una valoración incorrecta de las pruebas y pidió a la Audiencia Provincial que la anule, también el juicio, y que el caso vuelva a juzgarse otra vez de nuevo. Las acusaciones se han adherido a ese recurso y exigen que se depuren las responsabilidades por un accidente que siguen pensando que se podía haber evitado.

El Ministerio Público sostiene que la sentencia llevó a cabo una valoración “irracional” de los informes técnicos y los testimonios a lo largo de los casi dos meses de maratonianas sesiones judiciales, y cuestiona que se diera mayor credibilidad a las pruebas aportadas por las defensas que a los informes de los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. La Fiscalía entiende que el procedimiento no debía limitarse a determinar la causa inmediata del escape de gas, sino también a establecer si la tragedia podía haberse evitado con unas medidas de seguridad más adecuadas.

En su recurso, el Ministerio Público puso el foco en cuestiones como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa por la presencia de grisú. También cuestionó que determinados trabajos se hubieran iniciado sin contar, según su interpretación, con todas las autorizaciones exigidas por la autoridad minera y recordó la obligación de los responsables de la explotación de garantizar la seguridad de los trabajadores.

La Audiencia Provincial tendrá ahora que decidir si mantiene la absolución o estima los recursos. No existe un plazo concreto para resolver, por lo que las familias tendrán que seguir esperando sin saber cuándo llegará la decisión. Según ha explicado a ILEÓN uno de los abogados de las acusaciones, ya se han presentado las adhesiones de las acusaciones y las impugnaciones de las defensas y el procedimiento está pendiente de la resolución de la Audiencia.

Los Del Valle acaban de ser absueltos también de un fraude fiscal de 2,1 millones de euros relacionado con las ayudas al carbón de la Hullera Vasco-Leonesa. La Audiencia Provincial de León anuló las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlos ilícitos y extendió esa nulidad a todas las pruebas obtenidas en esas actuaciones, al aplicar la doctrina del 'fruto del árbol envenenado'. La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para Antonio y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Vasco, al considerar probado que, junto a otros directivos y responsables de empresas subcontratadas, habían hecho pasar carbón de cielo abierto por carbón de interior para acceder a unas ayudas cinco veces superiores. El tribunal concluyó que, una vez excluidas esas pruebas, no quedaban elementos suficientes para acreditar el fraude ni para desvirtuar la presunción de inocencia.

Una causa que acumula más de una década

La espera judicial en este caso está siendo especialmente larga. El accidente ocurrió en 2013 y el juicio no comenzó hasta febrero de 2023, después de que algunos de los acusados se acordaran el primer día del juicio, la primera vez que se señaló en 2021, de que tenían seguros de responsabilidad civil que podían responder por ellos en caso de condena. El caso juzgó a 16 acusados y, durante dos meses de sesiones, escuchó a 80 testigos y peritos.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de León tardó en llegar más de dos años y medio después de la finalización del juicio. La resolución fue dictada por la magistrada María Argentina Álvarez Rodríguez, titular de ese juzgado, que había permanecido de baja durante buena parte de la espera y se reincorporó en octubre de 2025 con un refuerzo acordado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León para ayudar a sacar adelante las sentencias pendientes.

Entre los acusados figuraban tres miembros de la familia Del Valle, antigua propietaria de la Hullera Vasco-Leonesa, además de responsables de la compañía, ingenieros, mandos intermedios y vigilantes. Las defensas sostuvieron durante el juicio que el accidente había sido fortuito, imprevisible y no evitable y reclamaron la libre absolución de sus representados.

Seis nombres detrás de una causa que sigue abierta

Mientras la Audiencia decide, las familias continúan esperando casi 13 años después de perder a sus seres queridos. Carlos Pérez, de Las Ventas de Albares, estaba casado y tenía dos hijos. Manuel Moure, de Ciñera de Gordón, tenía 39 años y acababa de ser padre de una niña pocas semanas antes de morir.

Antonio Blanco, de Robles de la Valcueva, tenía 42 años, estaba casado y tenía una hija y esperaba poder prejubilarse. Roberto Álvarez, de Fontanos, era el más joven de los seis, con 35 años, y dejó dos hijos pequeños.

Orlando González, vecino de La Pola de Gordón y natural de Paradilla, llevaba más de una década trabajando en la minería. José Luis Arias, natural de Pola de Lena (Asturias), estaba casado y tenía dos hijos y era el único de los seis fallecidos que no era leonés. El próximo 28 de octubre se cumplirán 13 años del accidente en el que perdieron la vida en el tajo.

La Justicia absuelve otra vez a los empresarios mineros Del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa y a los directivos de las empresas del Grupo Peal, acusados de un fraude millonario por ayudas al carbón. La Audiencia Provincial de León anula las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlas ilícitas y, por ende, todas las demás pruebas que derivaban de esas actuaciones, por lo que concluye que no queda evidencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. La sentencia, dictada el pasado 2 de julio y a la que ha tenido acceso ahora ILEÓN, absuelve a todos los acusados y a las sociedades implicadas de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El procedimiento juzgaba una presunta trama desarrollada entre 2011 y 2013 para hacer pasar carbón de explotaciones a cielo abierto por carbón de interior, que tenía una subvención pública cinco veces mayor. Fiscalía sostuvo durante el juicio que existía un sistema organizado y pactado entre la Hullera Vasco-Leonesa y Transportes Peal y Restauraciones Mineras para alterar las cifras de producción, sobrefacturar determinados trabajos e infravalorar el carbón con el objetivo de reducir las cuotas de IVA. La acusación pública cifró el supuesto fraude en 2.114.376,26 euros: 734.981,28 euros en 2011, 510.463,37 en 2012 y 868.931,61 en 2013. Para los dos empresarios de la familia Del Valle, Antonio y Arturo, y el que fuera director general de la Hullera, Mario Calvo Herce, la Fiscalía llegó a solicitar 12 años de prisión para cada uno, mientras que para los responsables de Transportes Peal reclamó siete años y medio. La Abogacía del Estado formuló peticiones incluso superiores en algunos de los delitos.

La sentencia, sin embargo, no entra siquiera a determinar si existió o no el fraude descrito por las acusaciones porque considera que la forma en que se obtuvo una parte esencial de la prueba estuvo fuera de la ley. La Audiencia recuerda que el Tribunal Supremo ya había declarado nulo el auto de 30 de mayo de 2016 que autorizó la entrada y registro en distintas instalaciones de la Hullera Vasco-Leonesa. Aquella resolución judicial no había realizado, según el tribunal leonés, un verdadero juicio de necesidad y proporcionalidad, sino que había asumido los argumentos de la Administración. La consecuencia fue la nulidad de las actuaciones por vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la tutela judicial efectiva.

Pero la Audiencia va más allá de aquella primera nulidad. También revisa el registro efectuado en las instalaciones de Transportes Peal y concluye que tampoco en este caso quedó justificado de manera suficiente que la entrada fuese necesaria y proporcionada. A ello añade un problema específico con el Centro de Proceso de Datos de La Robla: las instalaciones no pertenecían a la Hullera Vasco-Leonesa sino a una filial, CITSA, y el representante de la administración concursal que permitió la entrada no tenía capacidad para prestar un consentimiento válido en nombre de la sociedad titular.

La resolución aplica así la doctrina conocida como 'fruto del árbol envenenado'. La exclusión no se limita a los documentos que fueron directamente incautados durante los registros, sino que se extiende también al resto de pruebas que depende de esos registros. Los propios inspectores de Hacienda reconocieron durante el juicio que sus informes sobre la supuesta mecánica defraudatoria y los cálculos de las cuotas tributarias se elaboraron esencialmente a partir de la documentación obtenida en aquellos registros. Uno de los inspectores manifestó que, sin la documentación intervenida en Transportes Peal y en el centro de datos de La Robla, no podía mantener sus conclusiones sobre el fraude.

Con todas esas pruebas fuera del procedimiento, la Audiencia analiza qué queda para sostener la acusación y concluye que no es suficiente. Los técnicos y peritos que declararon en el juicio no acreditaron la existencia de una estructura fraudulenta destinada a falsear la producción o generar facturación ficticia. Además, varios expertos vinculados al ámbito minero señalaron que el método técnicamente fiable para determinar los movimientos de estéril y la producción era la medición topográfica, frente al simple recuento de camiones utilizado como referencia en parte de los cálculos acusatorios. La sentencia también recoge informes periciales que cuestionaron la metodología utilizada por Hacienda para calcular las cuotas supuestamente defraudadas y otro que no apreciaba una sobrefacturación significativa.

El tribunal concluye que, una vez eliminadas las pruebas, no existe una base válida que permita determinar la deuda tributaria ni acreditar que se superase el umbral necesario para que existiera delito fiscal. Tampoco considera probado que la Hullera Vasco-Leonesa y las empresas contratistas mantuvieran una doble contabilidad, que alterasen conscientemente la producción real, que se facturasen servicios inexistentes o que hubiese una infravaloración sistemática del carbón de cielo abierto acompañada de una sobrefacturación del estéril.

La sentencia termina absolviendo a Antonio y Arturo Del Valle, Mario Calvo Herce, José Manuel Alonso y Francisco Javier Luengo, así como a Hullera Vasco-Leonesa, Transportes Peal y Restauraciones Mineras, y declara las costas de oficio. Uno de los acusados, cuya capacidad procesal había quedado afectada, ya había sido apartado del procedimiento por fallecimiento.

La absolución se conoce ahora, varios meses después de un juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de León en mayo con muchas trabas a los periodistas, negando incluso al principio la Fiscal Jefe de León, Isabel Morán González, que llevaba el caso de forma personal, que se pudieran conocer la solicitud de cárcel hasta la finalización del mismo y tras quejas de los profesionales de la información. Este medio solicitó desde hace meses la sentencia a la Fiscalía y TSJ, la última la semana pasada, sin que haya sido remitida como es habitual pese a haber sido notificada en el mes de julio.

Fiscalía y Abogacía del Estado mantuvieron hasta el final que existió una operación concertada para hacer pasar carbón de exterior por carbón de interior y reclamaron penas de prisión de hasta 12 años para los principales responsables. Los acusados, por su parte, negaron la trama y sus defensas sostuvieron desde el inicio que las pruebas habían sido obtenidas ilícitamente.

Y esta resolución adquiere especial relevancia por el otro procedimiento que sigue abierto contra la familia Del Valle, la absolución por el fraude de carbón se produce mientras continúa pendiente el recurso de Fiscalía contra la sentencia que absolvió a los acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en octubre de 2013. Son dos procedimientos distintos, pero ambos coinciden en absolver a los empresarios de su gestión empresarial.

El primer juicio de la temporada en la Audiencia Provincial de León tratará de resolver una historia de hace veinte años y en la que aparece uno de los nombres más conocidos de la minería leonesa: Victorino Alonso, el ‘rey del carbón’. Pero no será el empresario minero quien se siente en el banquillo, sino quien fuera alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por Alonso.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación. El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.

La Fiscalía considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y acusa a Benéitez en calidad de autor. En su escrito, presentado en 2017, solicita para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, aunque aprecia como circunstancia atenuante las dilaciones indebidas acumuladas durante la tramitación del procedimiento que suman ya dos décadas.

El juicio está señalado para el lunes 21 y martes 22 y jueves 24 de septiembre, ante un Tribunal del Jurado, después de una investigación judicial que se ha prolongado sobremanera. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio. El exalcalde siempre ha defendido que los 36.000 euros tuvieron un destino municipal y los vinculó a unas obras, pero su versión no ha evitado que finalmente responda por ello en la sala de justicia.

Un pago de la empresa de Victorino Alonso

El dinero que está en el centro del procedimiento salía de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la compañía quebrada que compró y explotó hasta su extinción el empresario minero Victorino Alonso. El pago estaba relacionado con Nueva Julia, una explotación a cielo abierto que acabaría convirtiéndose en uno de los principales episodios judiciales de la trayectoria empresarial del conocido como ‘rey del carbón'.

Alonso fue condenado por la explotación ilegal de Nueva Julia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El Tribunal Supremo confirmó una pena de cuatro años de prisión para él y una responsabilidad civil superior a 24 millones de euros por los daños ocasionados, una condena que terminó llevando al empresario a prisión en 2023. Posteriormente obtuvo el tercer grado y, este 2026, la libertad condicional por su edad.

La causa por la que ahora se juzga al que fuera alcalde de Cabrillanes es, por tanto, distinta de la condena medioambiental de Alonso, aunque ambas tienen como escenario la misma explotación minera y parten de acontecimientos ocurridos en aquellos años de actividad de Nueva Julia.

Una historia que empezó hace 20 años

El caso llega al juicio casi veinte años después de los hechos investigados. Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo tras un acuerdo entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.

La defensa del exregidor sostuvo durante la instrucción que el dinero se había destinado a unas obras de construcción de muros de escollera y hormigón en el municipio. Sin embargo, las resoluciones judiciales que permitieron continuar con el procedimiento cuestionaron la existencia de documentación municipal que acreditase tanto el encargo como la fiscalización de aquellas obras y señalaron que las cantidades facturadas no permitían justificar el destino del dinero.

Ahora será el Tribunal del Jurado el que tendrá que determinar qué ocurrió con aquellos 36.000 euros. Fiscalía ve malversación y pide para el acusado 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, con el atenuante de dilaciones indebidas de dos décadas.

Un agente de la Policía Nacional destinado en la comisaría de Ponferrada se sentará en el banquillo de los acusados por haber accedido sin justificación profesional a información reservada de un particular almacenada en bases de datos policiales, imprimirla y dársela posteriormente “a una vecina, que se la entregó a su sobrina” después de las elecciones municipales de mayo del 2023. El Tribunal de Instancia de Ponferrada ha acordado la apertura de juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos cometido por funcionario público. El caso será juzgado por el Juzgado de lo Penal de Ponferrada.

El procedimiento supera la fase de instrucción y avanza hacia el juicio, después de que la Audiencia Provincial de León haya apreciado “indicios racionales de criminalidad” suficientes para ser juzgados.

Según el relato recogido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el agente trabajaba en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Ponferrada cuando, el 29 de abril de 2021 a las 15.23 horas, un usuario policial vinculado al investigado accedió de forma voluntaria a información sobre el perjudicado contenida en las bases de datos policiales. La Audiencia sostiene, de acuerdo con los indicios obtenidos durante la investigación, que esos datos fueron consultados sin justificación laboral, impresos y entregados a una vecina.

La documentación judicial añade un elemento temporal relevante: la mujer vecina del policía habría entregado posteriormente esa información a una sobrina después de las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023. Por tanto, el auto sitúa el acceso a los datos dos años antes de las elecciones, pero su difusión después de los comicios, por lo que se intuye un fin político sobre el que este medio ha preguntado a diversas fuentes sin obtener respuesta.

La defensa del policía intentó frenar el avance del procedimiento mediante un recurso de apelación. Su principal argumento era que los hechos investigados, en caso de acreditarse, deberían tener consecuencias en el ámbito disciplinario y no en el penal. Tanto el Ministerio Fiscal como la representación del perjudicado pidieron que se rechazase el recurso y que continuase la causa. La Audiencia Provincial de León terminó desestimando la apelación el pasado 25 de marzo y confirmó la decisión de seguir adelante por los trámites del procedimiento abreviado.

La Audiencia considera que la investigación ha permitido concretar suficientemente tanto el supuesto acceso a las bases policiales como la impresión de la información y su entrega fuera del ámbito profesional. Tras esa decisión, el Tribunal de Instancia de Ponferrada dictó el 5 de mayo de 2026 el auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía acusa al policía de un delito de revelación de secretos de un particular cometido por funcionario público. Según recoge literalmente la resolución, solicita tres años de prisión, 15 meses de multa con una cuota de 12 euros diarios, dos años de suspensión de empleo o cargo público, las correspondientes penas accesorias y el pago de las costas. Reclama además 800 euros para el perjudicado por daños morales.

La acusación particular va más allá. Atribuye al agente delitos de los artículos 415 y 417 del Código Penal, sobre la custoria de secretos y documentos, y solicita, por el primero, diez meses de multa a razón de diez euros diarios y dos años de inhabilitación para empleo o cargo público. Por el segundo reclama tres años de prisión, 16 meses de multa a diez euros diarios y tres años de suspensión de empleo o cargo público. En materia de responsabilidad civil eleva su reclamación hasta los 30.000 euros por el perjuicio moral que asegura haber sufrido el afectado.

Entre las pruebas propuestas para el juicio figuran el interrogatorio del acusado, la declaración del perjudicado y de varias personas relacionadas con los hechos, además de diversos agentes de la Policía Nacional.

El juez ha acordado que el acusado preste fianza para garantizar las responsabilidades civiles que se le reclaman y ha señalado expresamente al Juzgado de lo Penal de Ponferrada como órgano competente para celebrar el juicio y dictar sentencia. El auto de apertura de juicio oral ya no puede recurrirse, salvo en aquellos aspectos que afecten a la situación personal del acusado.

Por el momento no ha trascendido oficialmente la fecha en la que se celebrará la vista. Pese a la relevancia de una causa que afecta a un funcionario policial acusado de utilizar información obtenida por razón de su cargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha facilitado a este medio más información sobre el procedimiento. La abogada de la acusación particular tampoco ha querido precisar cuándo se celebrará el juicio y, al ser preguntada al respecto, se ha amparado en su secreto profesional.

El Tribunal Supremo zanja definitivamente el caso del coto de caza de Fonfría, el pequeño pueblo de cinco habitantes del municipio de Torre del Bierzo, y confirma la condena al que fuera presidente de la Junta Vecinal desde 2003 a mayo de 2012 por gestionar el aprovechamiento cinegético y utilizar los ingresos que generaba sin autorización de los vecinos, aunque le rebaja la pena.

La Sala de lo Penal ha decidido mantener la condena por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, pero reduce ligeramente la pena impuesta por la Audiencia Provincial de León y ordena recalcular el dinero que deberá devolver. El alto tribunal confirma así que el que fuera presidente de la Junta Vecinal se excedió en sus competencias y gestionó un bien comunal como si fuera suyo.

El conflicto empezó en 2009. La Junta Vecinal de Fonfría había acordado adjudicar el aprovechamiento del coto de caza de la localidad a un tercero por 8.395 euros. Sin embargo, según consideran probado los tribunales, apenas un día después el presidente decidió revocar esa adjudicación por su cuenta, sin contar con el resto de vecinos.

A partir de ese momento, el condenado pasó a controlar personalmente la explotación del coto. La sentencia recoge que gestionó el aprovechamiento cinegético al margen de la Junta Vecinal y que recibió en cuentas bancarias a su disposición los pagos realizados por cazadores durante las temporadas 2010/2011 y 2011/2012. Parte de esas cantidades no se destinaron a la entidad propietaria del coto, según concluyeron los tribunales.

La defensa sostuvo durante el procedimiento que no había actuado ilegalmente, sino que se había producido una renuncia a gestionar el coto y, entonces, lo hacía él. El argumento no convenció al Supremo, que considera que el problema no fue solo la decisión de revocar la adjudicación, sino que el presidente asumió funciones que correspondían a la Junta Vecinal y gestionó el coto como si fuera suyo, a pesar de que es un bien que pertenece a la entidad pública local.

La Audiencia Provincial de León había fijado inicialmente en 15.259 euros el perjuicio económico de su gestión. Esa cantidad incluía distintos conceptos relacionados con la explotación del coto, como los ingresos que habría obtenido por su adjudicación, los gastos asociados y las cantidades percibidas durante las temporadas de caza.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera ahora, según reclamó el condenado, que esa cantidad incluía conceptos que no podían sumarse porque supondría contabilizar dos veces parte del mismo perjuicio. Es por eso que ha ordenado volver a calcular la indemnización definitiva.

El alto tribunal acepta parcialmente también otro recurso de la defensa. El condenado ya ingresó 3.470 euros en la cuenta del juzgado antes del juicio, que la justicia considera como una reparación parcial del daño y le aplica el atenuante de “reconocimiento de culpa, aflicción o arrepentimiento”.

La pena queda finalmente fijada en un año y siete meses de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos locales y otros cargos electivos. La condena inicial de la Audiencia Provincial era de un año y once meses de cárcel y una inhabilitación superior. Fiscalía pedía para él cinco años de cárcel, 13 de inhabilitación y devolver casi 39.000 euros de los 42.000 que se calcula que dejó de percibir la Junta Vecinal por su gestión.

Un segundo acusado queda absuelto

El procedimiento también incluía en un inicio a otra persona relacionada con la adjudicación del coto, pero tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo consideran que no existen pruebas suficientes para atribuirle los delitos por los que fue acusada. Por ello, queda absuelta.

La sentencia concluye que el antiguo presidente de la Junta Vecinal actuó atribuyéndose competencias que no le correspondían, sin autorización de la Junta Vecinal y sin respetar los trámites administrativos necesarios. El Supremo mantiene así su responsabilidad penal, aunque le rebaja unos meses la duración de la pena y pide que se vuelva a calcular la indemnización económica que deberá pagar por ello.

La Junta de Castilla y León abre la puerta a ampliar “progresivamente” las ayudas públicas para el alumnado de centros de educación concertada tras la recomendación del Procurador del Común, que pidió eliminar las diferencias existentes en servicios como comedor, transporte escolar o programas de conciliación cuando las familias tengan circunstancias económicas y sociales equivalentes.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que la intención de la Junta es avanzar hacia una mayor equiparación entre los beneficios que reciben los estudiantes de centros públicos y concertados, aunque remarcó que la principal responsabilidad de la Administración autonómica sigue siendo garantizar la calidad de la red pública.

“Nuestra idea es poder ir equiparando progresivamente los beneficios de los centros públicos y de los centros concertados”, afirmó Carriedo al ser preguntado por este medio por la resolución del Procurador del Común. El portavoz autonómico no concretó qué medidas podrían adoptarse ni si la Consejería de Educación aceptará formalmente todas las recomendaciones planteadas por la institución, pero defendió como algo positivo que Castilla y León es una de las Comunidades “con más igualdad” entre ambas redes educativas.

“Es verdad que nuestra principal responsabilidad es la gestión de los centros públicos, es donde nos tenemos que centrar, garantizar la calidad de los centros públicos, pero también es verdad que Castilla y León es de las Comunidades Autónomas de más igualdad entre los centros públicos y los centros concertados”, señaló.

La resolución del Procurador del Común cuestiona que determinadas ayudas financiadas con fondos públicos estén condicionadas por la titularidad del centro educativo. La institución considera que no debe existir una diferencia de trato entre familias con una situación económica o social similar únicamente porque sus hijos estén matriculados en un colegio público o en un centro privado concertado sostenido con fondos públicos.

Entre los servicios analizados figuran las ayudas de comedor y transporte escolar, así como los programas de conciliación ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’, actualmente vinculados principalmente al alumnado de centros públicos. El Procurador del Común sostiene que la capacidad económica de las familias y sus circunstancias personales deben ser los criterios determinantes para acceder a estos recursos.

Hasta ahora, la Junta ha defendido que estos servicios complementarios tienen una regulación diferenciada y que los conciertos educativos no incluyen necesariamente estas prestaciones. No obstante, la respuesta de Carriedo abre ahora la puerta a una modificación progresiva de estas ayudas, si bien deja pendiente qué alcance concreto podría tener esa equiparación y cuándo se aplicaría. La Consejería de Educación tiene de plazo hasta octubre para comunicar si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.

La Junta de Castilla y León ha negado este jueves que exista una infrafinanciación de la Universidad de León y ha defendido que las aportaciones económicas a la ULE han aumentado en los últimos años, en pleno conflicto por el 'Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030' aprobado por el Rectorado y que ha provocado el rechazo de los sindicatos por las medidas de ajuste que suponen.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido a las preguntas de ILEÓN durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre la situación económica que atraviesa la institución leonesa y las protestas anunciadas por UGT, CCOO y CSIF contra algunas de las medidas incluidas en el plan. Carriedo ha defendido que “de ningún modo ha habido reducción” de la financiación autonómica a la ULE y ha asegurado que los fondos destinados a la universidad han aumentado un 28,6% desde 2019, año de llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta.

La respuesta llega después de que la Universidad de León haya situado precisamente la reclamación de una mayor financiación autonómica como “eje central” de su plan de ajuste. La institución académica aprobó en julio una hoja de ruta hasta 2030 para corregir su desequilibrio económico, después de cerrar 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y advertir de que sus gastos ordinarios superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos.

El Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional contempla medidas de contención del gasto, especialmente en personal, además de la revisión de la oferta académica para estudiar la viabilidad de titulaciones con baja demanda. El documento abrió un conflicto con los sindicatos, que han anunciado movilizaciones desde el inicio del curso al considerar que el ajuste descarga sobre la plantilla parte del problema económico de la Universidad.

Ante esa situación, Carriedo ha insistido en que la Junta respeta “la negociación colectiva y la autonomía universitaria” y ha señalado que corresponde a la propia Universidad gestionar las relaciones laborales con sus trabajadores. “Nosotros nos encargamos de la financiación”, ha resumido el portavoz autonómico, que ha defendido que el Ejecutivo autonómico trabaja para “incrementar los fondos disponibles” para las universidades.

El conflicto se produce además en un contexto marcado por la ausencia de presupuestos autonómicos para este ejercicio. Castilla y León funciona este 2026 con las cuentas prorrogadas, una circunstancia que condiciona la planificación de nuevas partidas y que coincide con la petición de la ULE de disponer de mayores recursos para garantizar su equilibrio financiero.

Carriedo ha asegurado que el Ejecutivo autonómico es consciente de “las necesidades” del sistema universitario y ha apuntado que la Comunidad afronta un escenario de crecimiento de alumnado, con una mayor capacidad de atracción de estudiantes procedentes de fuera de Castilla y León y con medidas como la gratuidad de las tasas universitarias para los alumnos de primer curso.

En ese sentido, la “idea” de la Junta es continuar incrementando los fondos para el sistema público universitario. “Vamos en la dirección de más recursos y más fondos”, pero, añadió, “no siempre se puede disponer de los fondos que a cada Consejería le gustaría porque hay que distribuir recursos escasos entre necesidades que siempre son mucho mayores”.

El Tribunal Supremo cierra definitivamente una de las mayores causas por fraude de IVA vinculadas al negocio de los hidrocarburos en la que Ponferrada ocupó un lugar relevante. Tres de las cuatro empresas consideradas “trucha” dentro del entramado estaban vinculadas a la capital berciana y por sus cuentas circularon decenas de millones de euros dentro de un complejo sistema creado para reducir artificialmente el IVA que las compañías dedicadas a la venta de carburantes tenían que ingresar a Hacienda.

El fraude del IVA en los hidrocarburos sigue siendo, de hecho, uno de los grandes focos de actuación de la Agencia Tributaria. Hacienda mantiene abiertas actualmente 35 investigaciones por posibles irregularidades en el sector, después de detectar un auge de estas prácticas, mientras que las empresas relacionadas con este tipo de fraude incluidas en su lista de morosos acumulan una deuda cercana a los 1.500 millones de euros. El mecanismo suele apoyarse en sociedades instrumentales que compran y venden carburante, cobran el IVA y desaparecen o se vacían antes de ingresar el impuesto, aunque la trama ahora sentenciada utilizó un sistema mucho más elaborado para conseguir el mismo objetivo.

La Sala de lo Penal ha rechazado todos los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional y confirma las condenas por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. La causa terminó con 20 personas físicas y dos empresas condenadas, aunque los acusados fueron absueltos del delito de pertenencia a organización criminal después de que la Fiscalía retirase esa acusación.

El origen de todo estaba en un negocio real: la compra y venta de gasolina y gasóleo. Las empresas valenciana y catalana Ital Refining, y posteriormente Meridium Petroleum, adquirían carburante dentro de depósitos fiscales. Cuando el combustible salía de estos recintos y era vendido se generaban importantes cantidades de IVA que las empresas tenían que declarar e ingresar a Hacienda.

Para reducir esa factura fiscal, según los hechos considerados probados, los responsables montaron un segundo negocio ficticio. Una extensa cadena de empresas españolas y portuguesas simulaba compraventas de metales preciosos por decenas de millones de euros. Esas facturas permitían a las compañías de hidrocarburos aparentar que habían pagado enormes cantidades de IVA en otras operaciones y utilizarlas para compensar el impuesto generado por la venta de carburantes.

Las empresas “trucha” de Ponferrada

Una pieza fundamental del mecanismo eran las denominadas empresas “trucha”, sociedades que compraban supuestamente los metales a Portugal sin IVA por tratarse de operaciones intracomunitarias. Después los revendían a otras empresas españolas cobrando IVA, pero ese impuesto que recibían nunca terminaba en Hacienda.

Tres de las cuatro sociedades identificadas en la sentencia con esa función estaban domiciliadas en Ponferrada: Maxitrade SL, Solaris Technik SL y Cation Spain SL. La cuarta era Metales Preciosos Escarlen, en Ourense. Después aparecían diferentes empresas “pantalla”, que iban facturándose entre sí los supuestos metales hasta que la mercancía volvía a Ital Refining.

El círculo quedaba así cerrado. Las empresas “truchas” bercianas acumulaban la obligación de ingresar el IVA que habían cobrado, mientras el dinero era retirado rápidamente de sus cuentas y enviado de nuevo hacia Portugal. Al mismo tiempo, Ital Refining podía descontarse como IVA soportado el que figuraba en las facturas de compra de los falsos metales y reducir de esta manera la enorme cantidad que debía pagar por sus ventas de combustible.

Las cifras reflejan la dimensión del montaje. Desde las empresas pantalla se transfirieron, según la sentencia, 64,65 millones de euros a las cuatro sociedades “trucha”. De ellos, 11,75 millones pasaron por la calle Antolín López Peláez a través de Maxitrade; 20,57 millones por la avenida Porgular por Solaris Technik y 15,53 millones por avenida España de la mano de Cation Spain. Es decir, casi 48 millones de euros pasaron por las tres sociedades vinculadas a Ponferrada. Desde el conjunto de las cuentas de las cuatro “truchas” salieron después cerca de 90 millones hacia tres empresas portuguesas.

Solaris Technik ejemplifica el funcionamiento. Una de sus cuentas se abrió en diciembre de 2015 con apenas 2.000 euros y, cuando comenzaron a llegar millones procedentes de las empresas pantalla, prácticamente todo el dinero era enviado a Portugal el mismo día. En determinadas operaciones, las “truchas” retenían alrededor de un 10% antes de que el resto del dinero continuase su recorrido.

Sal, especias o hierro por metales preciosos

Para sostener el engaño no solo crearon facturas y movieron dinero. También se esforazaron en aparentar que existía un movimiento de mercancía detrás de las operaciones millonarias. Por eso enviaban cajas entre Valencia, Portugal, Galicia y Ponferrada que supuestamente contenían metales preciosos.

Los investigadores siguieron los paquetes, los sometieron a rayos X y algunos fueron abiertos judicialmente, pero en vez de los metales preciosos que aparecían en las facturas encontraron sal, cúrcuma, manganeso, hierro, cromo, níquel, cobre o zinc.

Las mismas cajas se utilizaban además repetidamente. Los paquetes llegaban desde Portugal a las empresas de Ponferrada, donde se sustituían las etiquetas para volver a enviarlos hacia Valencia y comenzar de nuevo el circuito. Dos trabajadoras declararon durante la investigación que realizaban esos cambios de etiquetas siguiendo instrucciones.

La investigación acreditó también operaciones con oro auténtico. Las cuentas de las cuatro empresas “trucha” fueron utilizadas para transferir al menos 3,5 millones de euros a una sociedad italiana para comprar oro. Entre abril y agosto de 2016 se documentaron 15 envíos desde Milán con 18 paquetes que sumaban 87,4 kilos.

Más de 22 millones de IVA sin pagar

La Agencia Tributaria calculó que Ital Refining dejó de ingresar 2,45 millones de euros de IVA en 2015 y otros 19,54 millones durante los diez meses de 2016 investigados. A estas cantidades se añaden otros 718.711 euros correspondientes al fraude atribuido a Meridium Petroleum.

El mecanismo de facturas ficticias permitía transformar unas compraventas de metales aparentemente ruinosas en un negocio rentable gracias al ahorro fiscal. La sentencia cifra en unos 18 millones de euros el beneficio tributario generado por la operativa y señala que el resultado positivo del montaje podía superar los diez millones.

La Audiencia Nacional condenó finalmente a 20 personas físicas y a dos empresas, Ital Refining y Meridium Petroleum. Las penas varían en función de la participación de cada acusado y alcanzan, para algunos de los principales responsables, cerca de cuatro años de prisión y multas que superan conjuntamente los 24 millones de euros. Varios de ellos reconocieron los hechos, circunstancia por la que el tribunal les aplicó una atenuante muy cualificada y redujo las penas que les correspondían. Otros participantes fueron condenados como cooperadores necesarios de los delitos fiscales y, en determinados casos, también por blanqueo.

Las sociedades recibieron igualmente fuertes sanciones. Ital Refining fue multada con 2,5 millones por el fraude de 2015 y 25 millones por el de 2016, además de la sanción de cinco años sin recibir ayudas o beneficios fiscales y con su actividad suspendida.

A las condenas se añade la obligación de indemnizar solidariamente a Hacienda por las cantidades defraudadas: 2.457.835 euros correspondientes a 2015 y 19.548.781 euros por 2016 en el caso de Ital Refining, además de 718.711 euros por Meridium Petroleum. También se mantiene el decomiso de dinero, cuentas bancarias y otros bienes intervenidos, entre ellos una gasolinera situada en Castellón de la Plana.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado las condenas de la Audiencia Nacional y ha rechazado todos los recursos y considera que la Audiencia Nacional contó con suficientes pruebas personales, documentales y periciales para considerar acreditado el mecanismo. El Supremo avala también que se pueda levantar el denominado “velo” de las sociedades instrumentales. Es decir, que una empresa creada únicamente como fachada para esconder a los verdaderos responsables o sus ganancias no puede utilizarse como protección para evitar el decomiso del dinero y los bienes procedentes del delito.

Una de las empresas pioneras de la biotecnología leonesa cambiará de manos después de casi tres décadas de actividad y una crisis económica que terminó arrastrándola al concurso de acreedores. Instituto Biomar, fundada en León en 1996 y asentada desde hace años en el Parque Tecnológico, quedará bajo el control del grupo inversor murciano Nostrum Simul si acepta la oferta que presentó en el proceso concursal, después de quedar descartada otra de una segunda empresa. La compañía leonesa no logró superar el desplome de su facturación y las dificultades financieras que acumulaba desde 2023 y ultima la negociación de su venta.

La adquisición se está articulando a través de NS Biomar SLU, una sociedad constituida expresamente en Murcia en abril de este año para hacerse con la unidad productiva de Instituto Biomar y participada al 100% por Nostrum Simul. Detrás del grupo está el empresario murciano Jesús Juárez Molina, cofundador de Symborg, compañía de biotecnología agrícola vendida en 2023 a la multinacional estadounidense Corteva.

La operación tiene un valor total de 2.850.029,80 euros, aunque la concursal solo cobraría 750.000 euros. Los otros 2,1 millones corresponden a la asunción de deudas y obligaciones de pago que tenía la empresa leonesa, tales como préstamos hipotecarios, obligaciones laborales de la plantilla que permanece y suministros pendientes que superan, en total, los 9 millones y medio.

El cambio de propietario permitirá mantener en funcionamiento parte de la empresa, pero con una dimensión muy inferior a la que llegó a alcanzar Biomar al comprar solo la unidad productiva y no la totalidad de la compañía leonesa. La nueva sociedad se quedaría inicialmente con seis trabajadores ya que la oferta que valora el juzgado mercantil de León excluye expresamente la subrogación de los contratos y las obligaciones laborales del resto de la plantilla.

Este sería el desenlace, al menos empresarial, de una crisis que durante los últimos años fue reduciendo drásticamente una compañía que llegó a rondar los 40 profesionales cualificados. En septiembre de 2025 todavía mantenía 21 trabajadores después de haber prescindido aproximadamente de la mitad de su plantilla mediante un expediente de regulación de empleo y de haber pasado previamente por dos ERTE.

Instituto Biomar había solicitado el concurso voluntario de acreedores en 2025 con la intención inicial de reorganizar sus cuentas y continuar funcionando. El Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León declaró formalmente el concurso el 29 de julio de 2025. Sin embargo, los intentos de reconducir la situación no fueron suficientes y el 12 de marzo de este año el procedimiento entró ya en fase de liquidación, con las facultades de administración de la empresa en manos de la concursal. Dos meses después apareció la oferta del grupo inversor murciano. En el proceso una segunda oferta ha quedado descartada, según ha podido conocer este medio, por lo que solo quedaría por formalizar la adquisición de la unidad productiva por los primeros interesados.

La crisis del Instituto Biomar se inició en el 2023, cuando sufrió una fuerte caída que se agudizó en 2024 y 2025, ya que perdió los ingresos de alquileres de parte de sus instalaciones en el Parque Teconlógico y sufrió el fracaso de un importante proyecto de investigación al que Biomar había destinado recursos económicos y humanos y que finalmente no obtuvo la financiación prevista por un defecto formal en la documentación técnica presentada.

Cuando la empresa acudió al concurso voluntario de acreedores, la dirección seguía defendiendo que su objetivo era mantener la actividad y encontrar nuevas líneas de negocio pero el proyecto ha acabado en manos de nuevos inversores.

750.000 euros en efectivo y más de dos millones por deuda

El importe total de la compra ascendería a 2,85 millones de euros, pero de los que Nostrum Simul solo realizaría un pago de 750.000 euros y otros 2.100.029,80 euros corresponden a deudas y obligaciones que asumiría el nuevo propietario, entre ellas hipotecas asociadas a su sede en el Parque Tecnológico de León.

El inventario incorporado a la propuesta de venta cifra en 1,64 millones de euros tres préstamos hipotecarios, además de algo más de 7.300 euros correspondientes a IBI y otros tributos municipales. A ello se añaden determinadas cantidades pendientes relacionadas con los seis empleados que continúan y con los suministros necesarios para mantener operativas las instalaciones.

La compra incluiría el edificio del Parque Tecnológico de León, una finca en Vega de Infanzones, maquinaria, laboratorios, fermentadores y otros equipos de producción, existencias y, especialmente, el conocimiento y los desarrollos tecnológicos acumulados por Biomar durante sus casi treinta años de existencia. También entrarían en la operación sus licencias y autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad.

Entre los intangibles figuran proyectos de investigación relacionados con biopesticidas, antifúngicos, nematicidas o microbioma, además del conocimiento técnico acumulado, aplicaciones informáticas y desarrollos históricos de la empresa. Es precisamente esa combinación de instalaciones, equipamiento, microorganismos y experiencia investigadora la que convierte a Biomar en algo más que unos inmuebles adquiridos dentro de un concurso.

De casi 40 trabajadores a seis

Instituto Biomar llegó a contar con alrededor de 40 trabajadores y todavía tenía 21 en septiembre de 2025 cuando presentó el concurso de acreedores, después de un ERE que había reducido prácticamente a la mitad la plantilla. La oferta presentada por Nostrum Simul contempla únicamente la continuidad de seis contratos laborales. Para esos trabajadores, el comprador se compromete a mantener las condiciones reconocidas en sus contratos y en el convenio correspondiente y a hacerse cargo de los salarios y cotizaciones pendientes en los términos recogidos en la operación. Para los demás empleados y exempleados, la propuesta excluye cualquier obligación laboral derivada de la sucesión de empresa.

El plan financiero de Nostrum Simul presentado ante la administración concursal diseña una nueva Biomar orientada fundamentalmente a bioinsumos para agricultura, como bioestimulantes o productos de control biológico, y a aprovechar la planta de León para fabricar productos para otras compañías. Nostrum Simul proyecta crear empleo en León hasta alcanzar 19 puestos técnicos durante el primer año, a los que añade cuatro responsables funcionales y un director general. También calcula una inversión acumulada de cuatro millones de euros en instalaciones y equipos durante cinco años.

El grupo compromete hasta ocho millones de euros de capital para desarrollar el proyecto, incluyendo el desembolso inicial de la compra y financiación para cubrir las necesidades de tesorería. Sus previsiones contemplan unos ingresos de 750.000 euros durante el primer ejercicio, 2,37 millones en el segundo y 5,18 millones en el tercero. El negocio seguiría perdiendo dinero inicialmente y, según el escenario elaborado por el propio comprador, alcanzaría un resultado operativo positivo durante ese tercer año.

En la compra Nostrum Simul se compromete además a mantener la actividad de la unidad productiva durante un mínimo de tres años.

Una pionera nacida de PharmaMar

El cambio de manos tiene especial significado por la trayectoria de Instituto Biomar, la primera compañía biofarmaceútica leonesa salida del perímetro de las históricas Laboratorios Abelló-Antibióticos, Syva o Laboratorios Ovejero. La compañía nació en 1996 a partir de la investigación de José Luis Fernández en el Departamento de Microbiología de PharmaMar, filial del grupo Zeltia. Sus primeros pasos fueron modestos, en un chalé convertido en laboratorio, antes de instalarse en el Centro Europeo de Empresas e Innovación y, finalmente, dar el salto al Parque Tecnológico de León con un edificio propio.

Durante casi tres décadas, Biomar se especializó en la búsqueda y explotación de microorganismos marinos y los compuestos naturales que producen. Su actividad se movió entre la investigación farmacéutica, la agricultura, la alimentación y la cosmética, con proyectos que iban desde la búsqueda de moléculas con potencial contra el cáncer hasta biopesticidas, bioestimulantes o ingredientes de origen natural.

La propia empresa se define como especializada en microbiología marina y química de productos naturales, con una colección de microorganismos que constituye uno de los activos principales de su actividad investigadora. Durante años desarrolló proyectos por contrato para otras compañías y buscó convertir sus propios hallazgos científicos en productos industriales.

Biomar llegó incluso a formar parte del denominado entorno premercado de BME Growth, creado para preparar a empresas con aspiraciones de acceder al mercado bursátil. PharmaMar mantenía además una participación minoritaria en la compañía.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la ampliación de su capacidad industrial en León mediante una inversión de unos tres millones de euros en una planta de fermentación de alrededor de 750 metros cuadrados, equipada con tanques de hasta 3.000 litros. Aquellas instalaciones, pensadas para dar un salto en la fabricación biotecnológica, forman ahora parte de los activos que recibiría el nuevo propietario.

A las dificultades propias de Biomar se sumó otro revés. Parte de sus instalaciones había sido ocupada desde 2016 por Bacthera, compañía especializada en fabricación por contrato de productos biofarmacéuticos vivos que llegó a obtener certificaciones de la Agencia Española de Medicamentos. El proyecto provocó inversiones y permitió sostener actividad y empleo cualificado en León, pero sus multinacionales propietarias acabaron decidiendo cerrar los laboratorios de Bacthera a escala internacional en el año 2024, incluido el leonés. Biomar presentó una alternativa para mantener la actividad y una plantilla cercana al medio centenar de trabajadores, pero la propuesta no prosperó.

La compañía perdió así otra fuente de actividad justo cuando comenzaba a sufrir una caída de facturación que terminaría desembocando en el concurso.

¿Quién está detrás del posible comprador?

El posible comprador forma parte del conglomerado empresarial de Jesús Juárez Molina, empresario murciano con más de dos décadas de experiencia y uno de los fundadores de Symborg, especializada en tecnología aplicada a la agricultura. Tras vender esa compañía en 2023, Juárez reforzó Nostrum Simul como vehículo para ordenar y desarrollar nuevas inversiones.

La documentación presentada para comprar Biomar define Nostrum Simul como la sociedad cabecera de un grupo empresarial familiar que emplea a más de 60 personas y participa en compañías dedicadas, entre otras actividades, a fertilizantes y bioestimulantes, adhesivos industriales, inversiones inmobiliarias y capital riesgo. El grupo declara un patrimonio neto de aproximadamente 244 millones de euros a cierre de 2024.

Nostrum Biosul declara tener intereses muy próximos a algunos de los mercados hacia los que pretende orientar la nueva Biomar. Entre sus sociedades figura Nawter Tech, dedicada en Murcia a fabricar y comercializar bioestimulantes y fertilizantes de alto valor, además de Noxun, centrada en adhesivos de origen natural. La presentación corporativa aportada al concurso incorpora ya a NS Biomar dentro de la estructura de Nostrum Simul como su compañía de “investigación biotecnológica”.

ILEÓN se ha puesto en contacto con Nostrum Simul para conocer sus planes concretos para la compañía y el futuro de sus instalaciones en León, pero han declinado responder hasta que la operación esté cerrada. La decisión la tomará el juez de lo Mercantil de León.

Un mes después del incendio de Veguellina, en San Pedro de Olleros todavía huele a quemado. Las llamas llegaron este verano, literalmente, a las puertas de este pequeño pueblo de Vega de Espinareda de unos 90 habitantes en el que la bodega Banzao de Silvia Marrao es la única industria. Buena parte de las viñas que lleva una década luchando por recuperar se han visto afectadas. En algunas ha entrado el fuego claramente, otras están abrasadas por la convección y, sin saber por qué ni cómo, otras parece que no han sufrido daños. Este año será su vendimia más difícil entre cenizas.

“¿Y el año que viene qué va a pasar?”, pregunta de manera retórica a este medio. ElBierzo.elDiario.es ha recorrido con ella un terreno que un día fue verde y ahora está teñido de negro, con un nuevo miedo más allá de las llamas, y es el de que las lluvias arrastren el suelo, se lleven el sustento de las cepas y contaminen un agua que ya sale marrón por los grifos y no se puede utilizar ni para beber ni para lavar las barricas en las que elaborar un vino que apuesta por un medio rural que se siente permanentemente amenazado.

Son las diez y media de la mañana y Silvia Marrao se afana en la bodega para tener todo listo al inicio de la inminente vendimia. Da unas cuantas instrucciones a sus ayudantes y nos subimos a un todoterreno. Quiere pisar una vez más el suelo ardido, para mostrar qué significa que un incendio forestal haya atravesado un paisaje de viñedo hace apenas unas semanas. En cuanto el asfalto deja paso a la tierra, todo es negrura. Ya no hay maleza, los árboles están quemados hasta la raíz y las laderas están desnudas. “Nunca pensé que el fuego fuese a llegar hasta las viñas. Pero llegó, llegó”, dice mientras conduce por las pistas que comunican las pequeñas parcelas que trabaja alrededor del pueblo.

Una bodega que empieza en la viña

Para entender lo que el fuego se ha cobrado hay que conocer primero qué es Banzao: “No es hacer vino y ya está”. Madrileña de origen, Silvia Marrao llegó profesionalmente a El Bierzo en 2009, después de haberse formado y trabajado dentro y fuera de España. Fue durante su etapa en una bodega de Cacabelos cuando probó las uvas de San Pedro de Olleros y se acercó a visitar unas viñas que terminarían formando parte de su proyecto personal. Le gustaron la altitud de las parcelas, entre 750 y 800 metros, y la maduración más lenta y la frescura y acidez de las uvas.

Muchos de aquellos viñedos estaban entonces en manos de propietarios que se hacían mayores, sin hijos que quisieran seguir trabajándolos, y corrían el riesgo de quedar abandonados. Marrao vio ahí el lugar ideal donde iniciar su nueva andadura: hacer vino recuperando esas viñas. En 2017 empezó trabajando dos hectáreas, que le daban una producción de alrededor de 3.500 botellas. Poco a poco, casi una década después tiene algo más del doble de cepas viejas en las que conviven variedades como mencía, godello, doña blanca, garnacha tintorera y jerez.

Banzao creció con las viñas que siempre habían estado ahí. Marrao las poda, decide los tratamientos y sigue la evolución de cada parcela hasta determinar a qué vino destinará las uvas. Sus elaboraciones buscan precisamente expresar las diferencias entre cada paraje. Por eso, comprar uva para compensar lo perdido por el incendio no es una opción.

“Yo me vine aquí a San Pedro porque me gustaba el viñedo y la uva de esta zona”, explica. “No me vale cualquier uva”. Y remacha: “No hay otro sentido en el proyecto que hacerlo con la uva de aquí”. Y esa uva, la de esas viñas que lleva casi una década tratando de evitar que desaparezcan, es la que ahora lucha por sobrevivir entre las cenizas.

El fuego sí entra en las viñas

La primera parada permite comprobarlo. Una viña trabajada puede frenar el avance de un incendio, pero no siempre consigue detenerlo. Las cepas están separadas y el suelo tiene menos combustible que el monte que las rodea, pero cuando las llamas llegan con la intensidad con la que entraron en San Pedro de Olleros, esa protección tiene un límite. “Esto es el campo, no puede estar todo como un jardín. Puedes desbrozar un perímetro de dos o tres metros pero, ya ves... da igual”, lamenta Marrao mientras recorremos las parcelas. “Da impotencia porque no puedes hacer nada”.

Almorelle es la prueba más evidente. Allí el fuego entró de lleno y una de las viñas quedó completamente quemada. También ardió Lama de Quintá. En otras parcelas las llamas se detuvieron junto a las vallas, pero ni siquiera hizo falta que alcanzaran las cepas porque el calor las abrasó. Las primeras filas aparecen quemadas por convección y hay plantas que, sin estar aparentemente negras, están secas. Marrao calcula que entre un 30% y un 40% de las cuatro hectáreas y media que trabaja están afectadas en mayor o menor medida.

Una cepa puede permanecer en pie, conservar incluso los racimos y dar la impresión de haber sobrevivido. Pero si el calor secó sus hojas, también puede haber acabado con la posibilidad de recoger esa uva. “Cada racimo necesita entre 15 y 20 hojas para madurar. Aunque algunas cepas se vean medio bien, no se pueden vendimiar”, explica Marrao. Y si se miran los racimos de esas cepas de cerca, la mayoría están pasificados.

Después está lo que no se ve a simple vista. Durante días siguió saliendo humo del suelo ya quemado y ahora habrá que comprobar qué ocurre cuando las uvas supervivientes entren en la bodega. Uno de los temores de Marrao es que aparezcan aromas asociados al humo durante la elaboración, por lo que extremará las precauciones y seguirá la evolución de cada vino. Si alguno presenta esos problemas, asegura, no terminará embotellado como Banzao.

El recorrido deja también imágenes difíciles de explicar. A pocos metros de una viña arrasada puede aparecer otra verde. La Cruz y Penedón se salvaron por apenas 20 metros. Eras La Ermita libró por estar al otro lado del pueblo. El godello ha escapado de las llamas y la mencía que permanece intacta presenta un aspecto excelente.

“La uva está espectacular. Muy sanita”, dice Marrao. Y quizá por eso duele un poco más. La cosecha de 2026 iba a ser escasa, pero prometedora. Había llovido abundantemente durante el invierno, el verano estaba siendo seco y caluroso y las enfermedades apenas habían dado problemas. Las uvas que han sobrevivido lo demuestran. “Estaba muy contenta, con muchas ganas. Era una añada muy buena”. Hasta que llegó el fuego.

Doce días de incendio y consecuencias aún impredecibles

El miércoles 29 de julio empezó la pesadilla. Las llamas se desataron en Veguellina, en el vecino municipio de Villafranca del Bierzo, pero acabó saltando hasta Vega de Espinareda. Alcanzó un Índice de Gravedad Potencial 2 y obligó a evacuar cinco pueblos. Uno de ellos fue San Pedro de Olleros, donde las llamas llegaron a amenazar directamente las viviendas y se quedaron a escasos metros de algunas casas.

El incendio no se dio oficialmente por extinguido hasta el 9 de agosto, doce días después de comenzar. El balance de la Junta de Castilla y León cifra en alrededor de 1.300 hectáreas la superficie arrasada, unas 300 de arbolado y aproximadamente un millar de matorral. Pero 1.300 hectáreas dicen muy poco de lo que realmente quemó ese incendio forestal.

Dentro de ese perímetro había bosques autóctonos, pueblos, patrimonio arqueológico, castaños, colmenas... Las llamas atravesaron La Leitosa, una de las grandes explotaciones auríferas romanas del noroeste peninsular, y afectaron también a las minas de El Couso y Lameira Rubia, a canales de la antigua red hidráulica y al castro de San Pedro de Olleros. Todo ello en un territorio integrado en la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. Y dentro de esas 1.300 hectáreas estaba también el sustento de personas como Silvia.

Ella recuerda perfectamente el momento en el que tomó conciencia de que el incendio podía alcanzarla. “Cuando me avisaron de que ya estaba el fuego 'en el cruce de los caminos' dije: ‘Olvídate’”. El viento soplaba con mucha fuerza y las llamas avanzaban por varios frentes. “Era muy difícil que no se quemara nada. El fuego entró por muchos sitios. Algo me iba a tocar”. Y le tocó.

Al día siguiente del incendio pasó alrededor de dos horas caminando por sus viñas para averiguar cuánto. La tierra todavía estaba caliente. Comprobó qué parcelas habían ardido, cuáles habían quedado aparentemente intactas y dónde el fuego se había detenido por unos pocos metros. Pero hubo algo que aquel paseo no podía decirle y que, un mes después, sigue sin saber: cuántas de esas cepas volverán a brotar. “Por suerte no hubo daños personales”, resalta, comprendiendo perfectamente que “lo primero siempre tienen que ser las personas”.

“¿Cuánto tiempo se puede aguantar así?”

El incendio de Veguellina no fue la primera vez que Marrao vio las llamas acercarse a sus viñas. El verano pasado, otro fuego declarado en Prado (Villafranca del Bierzo) ya puso en alerta a San Pedro de Olleros. Entonces no llegó a entrar en las parcelas de Banzao, pero el humo estuvo lo suficientemente cerca como para obligar a extremar las precauciones durante la vendimia y vigilar después la evolución de sus vinos.

Aquella vez libró. Este año no. Y el problema ya no es únicamente calcular cuántos kilos de uva perderá esta vendimia o cuánto tardarán las cepas en recuperarse. Es asumir la posibilidad de que un nuevo incendio llegue el próximo verano a otro paraje, o al siguiente a otro distinto. “Este año te ha tocado estas viñas, se te han quemado, vale. Lloras, lo asimilas, te recompones y dentro de lo que cabe el año que viene esperemos que brote bien”, explica. “Pero claro, ¿y si el próximo año se te quema otro viñedo, otro paraje, otra zona? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar así?”

El campo siempre ha obligado a convivir con la incertidumbre. Puede llegar una helada tardía, una granizada, una enfermedad o una sequía. Son riesgos que forman parte de la agricultura. Lo que cuesta asumir es que el incendio se convierta también en una amenaza recurrente.

“Todos los años ahora parece que no hay verano sin incendio y, por desgracia, en algún momento me iba a tocar”. Y ahí está quizá la parte más difícil de cuantificar de todo lo ocurrido en San Pedro de Olleros. El fuego puede medirse en hectáreas, en kilos de uva perdidos, en cepas dañadas o en euros. El miedo a que vuelva, no.El incendio se apaga, los medios abandonan el terreno y los vecinos regresan a sus casas, pero para quienes viven de lo que ha ardido empieza entonces otra fase, la de averiguar qué se ha perdido realmente, cuánto tardará en recuperarse y si será posible seguir adelante.

Vendimia entre cenizas y con el agua del grifo marrón

A pocos días de empezar a vendimiar, Marrao todavía no sabe cuánta uva podrá recoger. Banzao suele cosechar entre 12.000 y 15.000 kilos, 20.000 en los mejores años. Este verano calcula que quizá entren en su bodega unos 8.000 o 9.000. “Quizá menos. Será una vendimia más cortita. Y lo que salga...”

Una de las parcelas completamente quemadas era de doña blanca, una variedad que necesita para elaborar su vino Las Galochas. En otras tendrá que decidir todavía qué racimos pueden recogerse y cuáles tendrán que quedarse en las cepas. Y vigilar mucho todo el proceso.

Y a todas esas incógnitas se ha sumado un problema mucho más básico. Después del incendio comenzaron las dificultades con el abastecimiento de San Pedro de Olleros y el agua sale marrón de los grifos. “No tenemos agua limpia para lavar las barricas”, denuncia Marrao: “Necesito que lo arreglen. Estoy muy enfadada”.

En una bodega no tener agua no es un contratiempo menor. Durante la vendimia hay que lavar continuamente depósitos, barricas, cajas, mangueras y maquinaria. Y el trabajo de todo un año en la viña no puede esperar indefinidamente a que se resuelva el abastecimiento: el momento de empezar lo marca la maduración de la uva y ya está madura.

Y el agua preocupa también cuando cae del cielo. Durante el recorrido comienzan a llover y Marrao mira hacia las laderas quemadas y desnudas. En cualquier otro final de verano el cambio de tiempo sería bienvenido. Ahora inquieta, y más después de las riadas vistas este verano en el valle del Oza, el Cúa o el Meruelo un año después de los gravísimos incendios de 2025.

Pero, a pesar de las dificultades con el agua y con más o menos uva, habrá Banzao 2026. Y Marrao tiene claro que mantendrá la misma exigencia de siempre con lo que salga de la bodega. Hay vino de añadas anteriores y la caída general de las ventas permitirá amortiguar en parte una cosecha más pequeña, sin perder de vista las ayudas que puedan llegar por el impacto de los incendios.

La única industria de un pueblo de 90 habitantes

Lo que le ocurra a Banzao importa también en San Pedro de Olleros. Es la única industria de un pueblo de unos 90 habitantes, con muy poca actividad económica más allá de un bar que ya no abre todos los días. Cuando llega la vendimia, llegan también trabajadores, coches que entran y salen y movimiento alrededor de la bodega. Y compradores de vino y visitantes a la bodega a lo largo del año.

Pero si Banzao aporta vida al pueblo, el pueblo también hizo posible Banzao. Marrao habla con especial cariño de Amador, su 'casero' de bodega que con los años se ha convertido en su particular “hado madrino”, como ella misma lo define, pero también de los vecinos que le arrendaron las viñas, le facilitaron los tediosos trámites administrativos para hacerlo, le transmitieron todo lo que sabían del campo y se ofrecen a ayudar en lo que haga falta en los momentos de más trabajo como la vendimia. “La gente del pueblo me ha ayudado mucho. Sin ellos no existiría Banzao”.

Reconstruirse, como los banzaos

Antes de marcharnos atravesamos otra vez las laderas quemadas. Un mes después todavía huele a incendio, pero empiezan a aparecer pequeños, muy pequeños, brotes verdes que dan esperanza.

En unos días empezará la vendimia. Llegarán también los padres de Silvia para echarle una mano con su hijo, de apenas un año, mientras ella se vuelca en la bodega. Recogerán la uva que haya sobrevivido, descartarán lo que no sirva y comenzarán otra cosecha en el antiguo almacén de castañas donde desde hace casi una década se hace el Banzao.

Después llegará el invierno. Marrao podará las cepas afectadas, dejará algunas yemas más de las que dejaría en una poda normal y esperará a la primavera para descubrir cuáles son capaces de volver a brotar. Para entonces, el incendio de Veguellina llevará muchos meses oficialmente extinguido. Para ella, quizá todavía no.

El nombre que eligió para su proyecto habla precisamente de ese reconstruirse. Un banzao es una pequeña presa construida tradicionalmente con madera y piedra para elevar el nivel del agua de ríos y arroyos y derivarla hacia los canales de riego para su uso agrícola y ganadero. Eran estructuras efímeras: las primeras lluvias del otoño acababan llevándoselas y al año siguiente había que levantarlas de nuevo.

Para Marrao, el banzao representa ese ciclo natural, como la propia vid, que se poda cada invierno para volver a brotar en primavera. Este año el fuego ha interrumpido el ciclo. Silvia todavía no sabe cuántas cepas sobrevivirán. Antes tendrá que llegar el invierno, podar y esperar. Y en primavera, como cada año con los viejos banzaos, tocará reconstruirse.

Manzanedo de Valdueza empieza a limpiar los restos de la devastadora riada que este sábado arrasó parte de la localidad y dejó dos mujeres muertas y varios heridos, entre ellos y bebé de tres meses, un niño de cuatro años y su madre de unos 30. Las imágenes de la mañana siguiente muestran la magnitud del episodio: calles cubiertas de barro y piedras, acumulaciones de ramas y materiales arrastrados por el agua, vehículos afectados y vecinos trabajando para despejar los accesos a sus viviendas.

La tromba de agua golpeó además un territorio marcado por los graves incendios forestales del verano de 2025, que dejaron laderas sin buena parte de la vegetación que contribuía a sujetar el terreno. Vecinos, servicios de emergencias y operarios trabajan ahora sobre el terreno para retirar los materiales y recuperar los accesos, mientras las administraciones comienzan a evaluar el alcance de los daños provocados por una riada que ha dejado a Manzanedo sumido en el luto.

Todas las imágenes son de la fotógrafa Ana F. Barredo, de la Agencia EFE.

Las consecuencias de la fortísima tormenta que este sábado golpeó varios pueblos del municipio de Ponferrada continúan este domingo. Tres carreteras permanecen cortadas al tráfico por los daños ocasionados por las riadas y los arrastres de los incendios del verano pasado: la de Carracedo de Compludo, la de Peñalba de Santiago y el acceso a Manzanedo de Valdueza, según la última y brevísima información facilitada por el Ayuntamiento ponferradino. Los cortes mantienen incomunicados por carretera a varios núcleos mientras los servicios municipales trabajan para recuperar los accesos.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha adoptado además este domingo nuevas medidas cautelares ante la magnitud de los daños. El alcalde, Marco Morala, ha decretado la contratación por vía de emergencia de los trabajos de desbroce y limpieza de las vías públicas afectadas por la avalancha de agua, lodo y piedras en Manzanedo de Valdueza y Bouzas, al concluir los técnicos municipales que el Consistorio carece de medios materiales y personales suficientes para afrontar de forma inmediata estos trabajos. El Ayuntamiento ha solicitado además la colaboración de la Junta de Castilla y León para las labores de limpieza y desescombro y recuperar cuanto antes las infraestructuras y servicios afectados.

La tromba de agua tuvo consecuencias especialmente trágicas en Manzanedo de Valdueza, donde dos mujeres de unos 60 años murieron después de que el agua y los materiales que arrastraba irrumpieran en el pueblo. Dos menores, un bebé de tres meses y un niño de cuatro años, resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital, mientras que cuatro personas adultas necesitaron también asistencia sanitaria. Un octogenario que llegó a figurar como desaparecido fue finalmente localizado ileso.

Pero el episodio no quedó circunscrito a Manzanedo. Las fuertes precipitaciones provocaron riadas y arrastres en todo el valle del Oza. El agua bajó cargada de ceniza, tierra, piedras y madera quemada procedentes de los montes arrasados por los terribles incendios forestales del verano de 2025, agravando los daños en caminos y carreteras. La tormenta golpeó así un territorio que todavía arrastra las consecuencias de aquellos fuegos.

El Ayuntamiento de Ponferrada decreta tres días de luto oficial y convoca un minuto de silencio el lunes a las 12 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Tres carreteras cortadas

El Ayuntamiento de Ponferrada ha confirmado este domingo que permanecen cerradas la carretera de Carracedo de Compludo, la carretera de Peñalba de Santiago y el acceso a Manzanedo de Valdueza. La Policía Municipal se encuentra regulando los accesos, mientras que la Brigada de Obras trabaja sobre el terreno para intentar solucionar las incidencias y recuperar las comunicaciones cuanto antes.

El nuevo decreto municipal restringe expresamente el acceso rodado a Manzanedo de Valdueza y Bouzas. Solo podrán acceder los residentes, el personal encargado de las obras, los servicios de emergencia y las personas expresamente autorizadas por el Ayuntamiento. La Policía Municipal tiene orden de cortar y señalizar las carreteras que comunican el Morredero con Manzanedo y Bouzas.

El informe elaborado este domingo por los servicios municipales de Bomberos, Policía Municipal e Ingeniería concluye, tras una inspección de la zona, que en estos momentos no existe un riesgo para la población que haga necesaria la activación del Plan Municipal de Protección Civil. Sí considera urgente, en cambio, acometer las operaciones de limpieza y desescombro. La ingeniera municipal María del Mar Pardo Sánchez ha sido designada responsable de coordinar estos trabajos.

La situación resulta especialmente complicada en Carracedo de Compludo, cuyo acceso quedó completamente inutilizado por los arrastres. También la carretera que conduce a Peñalba de Santiago, una vía que históricamente ha sufrido problemas por desprendimientos después del grave incendio de 2017, presenta importantes daños tras la tormenta y los incendios del verano pasado. A ellos se suma el acceso a Manzanedo, epicentro de la tragedia de este sábado.

Las precipitaciones afectaron igualmente a Bouzas, donde otra tromba de agua provocó importantes arrastres y llegó a desplazar varios vehículos. La magnitud del episodio quedó reflejada en las imágenes de agua, lodo y materiales acumulados en las calles y accesos de los pueblos afectados.

El fuego de 2025 vuelve con las lluvias

Las riadas ponen de nuevo sobre la mesa las consecuencias que permanecen en el territorio después de los grandes incendios. La pérdida de vegetación y la presencia sobre las laderas de tierra, cenizas y restos calcinados favorecen los arrastres cuando se producen precipitaciones de gran intensidad, un riesgo especialmente delicado en zonas de fuerte pendiente como las afectadas este fin de semana.

En este caso, los arrastres de materiales procedentes de los montes quemados el pasado verano se sumaron al enorme volumen de agua caída durante la tormenta. Un año después de los incendios que castigaron con especial dureza El Bierzo, sus consecuencias vuelven así a hacerse visibles, esta vez empujadas montaña abajo por las lluvias.

La tormenta se produjo además en una jornada en la que toda la provincia de León se encontraba bajo avisos meteorológicos. La cordillera cantábrica y la Meseta leonesa tenían activado el aviso naranja por fuertes precipitaciones, mientras que El Bierzo se encontraba en aviso amarillo, un nivel inferior de peligrosidad prevista pese a que finalmente fue en esta comarca donde se produjo el episodio con consecuencias más graves.

El Ayuntamiento pide a la población que respete las restricciones y colabore con los servicios desplegados sobre el terreno. Mientras continúan los trabajos para recuperar las carreteras y evaluar los daños, el Consistorio mantiene restringido el acceso a Manzanedo y Bouzas y ha recurrido a la contratación de emergencia para acelerar la retirada del barro, las piedras y los materiales acumulados por las riadas.

Estado de la carretera de Carracedo de Compludo en imágenes

Manzanedo amanece de luto y cubierto de barro y piedras

Manzanedo de Valdueza ha amanecido este domingo de luto por la muerte de dos de sus vecinas, de unos 60 años, y con sus habitantes tratando de recuperar unas calles cubiertas de barro, piedras, ramas y otros materiales arrastrados por la riada. Los vecinos trabajan desde primera hora con palas y cepillos para despejar los accesos a las viviendas y comprobar el alcance de unos daños que describen como nunca vistos en la localidad.

Las dos mujeres se encontraban en Manzanedo con motivo de las fiestas de verano y estaban junto a otras cuatro personas en una bodega cuando la corriente irrumpió en el inmueble. “Era imparable, no podíamos hacer nada”, relatan a EFE los vecinos, todavía conmocionados por una tromba de agua que en apenas unos minutos transformó por completo el pueblo. La tragedia dejó además heridos a dos menores y otras personas que se encontraban en el lugar.

“El año pasado fue el fuego, ahora esto”

Entre los habitantes de Manzanedo se repite este domingo la relación entre lo sucedido y la situación en la que quedaron los montes después de los incendios forestales. “El año pasado tuvimos que defendernos del fuego y ahora esto”, lamenta uno de los vecinos a EFE. Las laderas han perdido parte de la vegetación que contribuía a sujetar el terreno y la intensa precipitación encontró un suelo especialmente vulnerable a los arrastres.

También el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, que se ha desplazado hasta los pueblos afectados, ha reconocido que existe una “gran preocupación” y ha vinculado en parte lo ocurrido con el estado de los terrenos afectados por los graves incendios del pasado año y la pérdida de vegetación que sujetaba la tierra. Los daños se extienden a otros puntos como San Clemente y Bouzas, mientras que en Molinaseca el río Meruelo volvió a bajar cargado de palos, barro y otros materiales y puso en alerta la zona de baño ante el riesgo de desbordamiento.

Estado en el que ha amanecido la playa fluvial de Molina, tras la riada y los arrastres

Tres días de luto oficial y minuto de silencio el lunes

El Ayuntamiento de Ponferrada ha decretado tres días de luto oficial por la tragedia de Manzanedo de Valdueza, desde las 00.00 horas de este domingo 16 de agosto hasta las 24.00 horas del martes 18, “en recuerdo y homenaje a las dos víctimas, heridos y vecinos” de Manzanedo y Bouzas. Durante este periodo quedan además suspendidos todos los actos lúdicos y festivos promovidos por el Ayuntamiento.

El alcalde, Marco Morala, ha trasladado en nombre del municipio sus condolencias a las familias de las dos mujeres fallecidas y ha deseado la pronta recuperación de los heridos. En el decreto, el regidor pone además a disposición de los vecinos de Manzanedo y Bouzas “todos los medios públicos” municipales para reparar los daños sufridos en bienes e infraestructuras y agradece el trabajo desarrollado por los servicios de emergencias, Policía Municipal, Policía Nacional, bomberos y servicios sanitarios.

El Consistorio ha convocado además un minuto de silencio para este lunes 17 de agosto, a las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, al que llama a sumarse tanto a los representantes públicos como a la ciudadanía. Media hora antes, a las 11.30 horas, se celebrará una Junta de Portavoces extraordinaria para redactar y, en su caso, aprobar una declaración institucional de condolencia y apoyo a las familias, amigos y vecinos de Manzanedo y Bouzas.

Mañueco expresa su “profundo dolor” por las víctimas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su “profundo dolor” por la muerte de las dos mujeres. “Día de profundo dolor en Manzanedo de Valdueza. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a las familias y seres queridos”, ha trasladado a través de las redes sociales. “No hay palabras para una tragedia así. Todo nuestro afecto y cercanía”, ha añadido Mañueco.

Alaiz apunta a la pérdida de vegetación y pide analizar las causas

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, junto a otros representantes políticos, se ha desplazado este domingo hasta Manzanedo de Valdueza y ha reconocido que la situación en la que quedaron los montes tras los incendios forestales del verano pasado puede haber influido en la magnitud de los arrastres. Aunque ha precisado que deberán ser los técnicos quienes determinen si existe una relación directa, ha señalado que la pérdida de vegetación puede favorecer las escorrentías y el arrastre de tierra y otros materiales hacia los pueblos situados en el fondo de los valles.

Alaiz ha recordado además que esta zona ardió precisamente hace un año y ha defendido que las administraciones y organismos competentes deberán analizar ahora lo sucedido para determinar las causas y adoptar medidas que eviten que un episodio similar vuelva a repetirse. Un técnico de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil se ha desplazado ya hasta la zona, aunque por el momento no existe un dato concreto sobre la cantidad de agua descargada durante la tormenta.

El representante del Gobierno ha enmarcado también lo ocurrido en una realidad climática cada vez más extrema. «Hay un cambio climático», ha afirmado, aludiendo tanto a las características de los incendios como a la combinación de veranos cada vez más cálidos y episodios de tormentas de gran intensidad. A corto plazo, ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar la normalidad, atender a las familias afectadas y coordinar una respuesta entre todas las administraciones.

Alaiz ha trasladado las condolencias del Gobierno a las familias de las dos mujeres fallecidas y ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas, con especial atención a los dos menores trasladados al Hospital El Bierzo. “Es un día muy triste para el municipio, para Ponferrada, para El Bierzo y para la provincia de León”, ha señalado el subdelegado, que ha agradecido además el trabajo de la Policía Nacional, Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y del resto de efectivos y personas que están colaborando sobre el terreno para atender a los afectados y recuperar cuanto antes cierta normalidad en la zona.

Los vecinos exigen “tomar nota y no olvidar” para evitar otra tragedia

Los vecinos de Manzanedo de Valdueza han aprovechado este domingo la visita de los representantes institucionales para reclamar que la tragedia no caiga en el olvido y se adopten medidas que impidan que vuelva a repetirse. El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, ha asumido parte de esa crítica al reconocer que “no hemos estado a la altura” y advertir de que, si los grandes incendios no se afrontan “como un problema principal de país”, seguirán provocando “muerte y destrucción y dolor”.

Ramón ha reclamado una gestión integral del territorio que vaya más allá de intervenir después de cada emergencia, con actuaciones sobre el paisaje, discontinuidades forestales, recuperación de la ganadería y la agricultura, quemas controladas y grandes inversiones planificadas. En la misma línea, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha relacionado la gravedad de los arrastres con la pérdida de vegetación provocada por los incendios: “Cuando la masa forestal deja de sostener el terreno tenemos que desarrollar políticas para conseguir ese sustento del suelo y que no se repita esto”.

Courel ha puesto como ejemplo la carretera de Peñalba de Santiago, donde la Diputación ha destinado importantes cantidades a reparaciones que pueden resultar inútiles si no se actúa también sobre la estabilidad de las laderas. “La Diputación intenta reparar con cantidades ingentes y se van al garete porque no hay una política de sujeción del terreno”, ha lamentado. Por ello, ha reclamado una respuesta coordinada: “Es el momento de comprometernos todas las administraciones juntas y dejarnos de reproches”.

Un precedente al inicio del verano: la riada que bajó desde Faro por el Cúa

Lo ocurrido ahora en los pueblos de Ponferrada no es el primer episodio de estas características que vive El Bierzo este verano. A mediados del mes de junio, una fuerte tormenta descargó monte arriba de Faro, en el valle de Fornela, precisamente sobre terrenos arrasados por los incendios de 2025. La enorme cantidad de agua caída en pocos minutos arrastró ceniza, barro, piedras, ramas y grandes troncos quemados, que fueron a parar a los cauces y generaron una violenta riada.

La fuerza del agua llegó a arrancar parte de un puente, socavar la carretera LE-4212 y dejar incomunicado durante varios días el valle de Fornela. Pero los efectos continuaron aguas abajo: en Bárcena de la Abadía, en Fabero, la corriente arrancó las pesadas compuertas de la playa fluvial, mientras que en Vega de Espinareda el Ayuntamiento pudo retirar una de las suyas después de recibir el aviso desde Fornela. El agua, cargada de lodo y restos quemados, siguió después su recorrido por el Cúa hacia Cacabelos.

Aquel episodio ya puso de manifiesto el riesgo que las tormentas intensas suponen sobre los montes afectados por los grandes incendios de 2025. El alcalde de Vega de Espinareda, Javier Salgado, advertía entonces de que el terreno no se había estabilizado y temía que el problema se repitiera con nuevas tormentas. Apenas unas semanas después, las riadas y los arrastres han vuelto a producirse, esta vez en el municipio de Ponferrada y con consecuencias trágicas.

Una riada acompañada de un deslizamiento de tierra ha provocado una grave emergencia este sábado por la tarde en Manzanedo de Valdueza, localidad del municipio de Ponferrada. Dos mujeres, de unos 60 años, han muerto, dos bebés de tres meses y cuatro años han resultado heridos leves, un octogenario que estaba desaparecido ha sido encontrado ileso y otros dos hombres de entre 60 y 70 años y una mujer de 30 años han resultado también heridos, según la última información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno en León.

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió a las 19.38 horas varias llamadas que alertaban de la riada y del movimiento de tierras registrado en la localidad berciana. Ante la gravedad de la situación se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda, rescate y asistencia sanitaria.

Hasta Manzanedo de Valdueza se han movilizado los Bomberos de Ponferrada, Policía Nacional, Policía Municipal de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE). Los equipos de emergencia se encuentran trabajando sobre el terreno para localizar a las personas que permanecen desaparecidas y atender a los heridos.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil ha activado además el helicóptero de rescate para desplazarse hasta la zona y participar en el operativo. Emergencias Sanitarias de Sacyl ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico, una unidad de soporte vital avanzado y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) para atender a las víctimas.

La última hora es que el suceso ha dejado dos mujeres muertas, de unos 60 años, y dos menores y al menos cuatro adultos heridos. Un bebé de tres meses y un niño de cuatro años tuvieron que ser trasladados al Hospital El Bierzo de Ponferrada. Además, un octogenario que estaba desaparecido ha sido encontrado ileso y otros dos hombres de entre 60 y 70 años y una mujer de 30 resultaron heridos, recibiendo el alta in situ el hombre de unos 70 años si bien el de 60 necesitó y la mujer de 30 tuvieron que ser trasladados también al hospital ponferradino. Según han trasladado fuentes oficiales a este medio, las personas muertas son dos mujeres adultas que en el momento de la riada se encontraban en una bodega junto a los dos menores que han resultado heridos leves y otras dos personas.

Toda la provincia de León estaba en alerta este sábado por tormentas. La cordillera catábrica leonesa y la Meseta de León tenían activada la alerta naranja por lluvias torrenciales, pero en la comarca de El Bierzo la alerta era amarilla, lo que hacía prever menor peligrosidad.

La tromba de agua mortal, que arrastró no solo agua sino también tierra, piedras y los restos calcinados de los gravísimos incendios forestales del pasado verano, afectó a todo el valle del Oza. De hecho, las imágenes que acompañan esta información no son de Manzanedo de Valdueza sino del pueblo ponferradino de Bouzas. Según ha podido conocer este medio, Carracedo de Compludo, también de Ponferrada, ha quedado incomunicado porque los arrastres han inhabilitado por completo el uso de la carretera. De la misma manera, habría sufrido importantes daños también la carretera de Peñalba de Santiago.

Exactamente un año separa dos imágenes que deberían obligar a replantearse la relación entre los incendios forestales y la protección del extraordinario patrimonio arqueológico de El Bierzo. El 10 de agosto de 2025 las llamas del incendio de Yeres entraron en Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, arrasaron buena parte de su entorno, destruyeron infraestructuras turísticas y alcanzaron viviendas. Este domingo 9 de agosto de 2026, apenas unas horas antes de cumplirse aquel aniversario, la Junta de Castilla y León daba por extinguido otro gran incendio, el de Veguellina, después de que el fuego volviera a alcanzar un paisaje modelado hace dos mil años por la minería romana del oro.

Esta vez ha sido La Leitosa, conocida popularmente en El Bierzo como 'Las Medulillas', pero no solamente ella. A falta de una evaluación pública y detallada de los daños patrimoniales, las imágenes difundidas durante la visita de la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, y de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, permitían comprobar la afección del fuego a este yacimiento aurífero romano situado en el entorno de Paradaseca, en Villafranca del Bierzo.

El balance oficial conocido hasta ahora del incendio se limita fundamentalmente a una cifra: alrededor de 1.300 hectáreas quemadas, aproximadamente 1.000 de matorral y 300 arboladas. Pero bajo esas hectáreas no había solamente árboles y monte. Había patrimonio histórico y arqueológico, estructuras mineras romanas, canales y asentamientos que forman parte de un paisaje cultural excepcional y que el fuego ha vuelto a poner en evidencia que apenas se conoce y protege.

Quien ha tratado de averiguar qué se ha quemado es Javier Sánchez-Palencia, arqueólogo, profesor vinculado ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y uno de los mayores especialistas en Las Médulas y en la minería aurífera romana del noroeste peninsular. Ante la ausencia de una radiografía oficial, ha recurrido a las imágenes del satélite europeo Copernicus para superponer el perímetro quemado con los yacimientos conocidos. Y el resultado amplía considerablemente la dimensión patrimonial del incendio.

Mucho más que La Leitosa

En una primera valoración, Javier Sánchez-Palencia lo tiene claro. La Leitosa, considerada la tercera gran mina romana berciana, está afectada, pero también se ven calcinadas las explotaciones romanas de El Couso y Lameira Rubia. “Entre Moreda, Paradiña y San Pedro de Olleros, en esa especie de triángulo, hay una zona muy interesante”, que se ha quemado. De la misma manera que han ardido canales de la red hidráulica asociada a La Leitosa y el castro de San Pedro de Olleros habría quedado completamente arrasado. “Se ve perfectamente. Lo puede ver cualquiera”, explica.

En La Leitosa se ha repetido además una circunstancia similar a la ocurrida hace un año en Las Médulas. La parte que mejor ha resistido el avance del fuego es precisamente el terreno más abrupto correspondiente a la explotación mediante ruina montium, mientras buena parte del resto del espacio ha ardido.

Afortunadamente, se han salvado de las llamas, en este caso del incendio de Pradela, Los Cáscaros, considerada por él la segunda gran mina romana de este territorio después de Las Médulas y por delante de La Leitosa, con más de dos kilómetros de longitud. El alcalde de Trabadelo, Ricardo González, reconoce a este medio que “gracias a Dios no se quemó. Ardió hacia el otro lado. Fue un paraje distinto”, que puso en jaque al operativo de incendios y obligó a confinar al pueblo de Cela, que quedó rodeado por las llamas.

La sucesión de incendios empieza a mostrar un problema que trasciende a cada yacimiento individual. “En El Bierzo donde haya un incendio forestal hay una gran probabilidad de que se queme una mina romana”, asevera Sánchez-Palencia. No es una exageración retórica. El territorio está sembrado de explotaciones auríferas de época romana, muchas de ellas prácticamente desconocidas fuera del ámbito científico. Las hay en El Bierzo, Laciana, Omaña y otros territorios de la provincia. Y algunas poseen dimensiones monumentales.

El propio incendio declarado este verano en La Utrera estuvo cerca de alcanzar Las Miédolas de las Omañas, otro extraordinario conjunto minero caracterizado por grandes surcos convergentes excavados en el terreno. Hace un año fue Las Médulas. Ahora han sido La Leitosa, El Couso, Lameira Rubia y el castro de San Pedro de Olleros.

La importancia de estos restos tampoco puede medirse únicamente de forma local. Sánchez-Palencia recuerda que La Leitosa constituye “una de las grandes minas del noroeste de la Península y del Imperio romano” y que la propia declaración de Las Médulas como Patrimonio Mundial se explica dentro de un sistema mucho mayor: existen más de 800 explotaciones auríferas antiguas en el norte peninsular.

Las Médulas son Patrimonio de la Humanidad precisamente porque representan a escala mundial la tecnología minera romana que comparten todas ellas. Su estudio y el de los yacimientos relacionados con ella ha trascendido hace décadas las fronteras bercianas y españolas.

La oportunidad que deja una catástrofe

El fuego provoca ahora otro peligro. Una vez desaparecida la cubierta vegetal, el suelo queda expuesto a la erosión y a las lluvias torrenciales, capaces de deteriorar estructuras arqueológicas que han permanecido durante siglos protegidas. Las consecuencias ya se han comprobado en Las Médulas, donde Sánchez-Palencia apunta que ya se han producido derrumbes después de los incendios de 2025.

Pero precisamente la desaparición de la vegetación ofrece, dentro de la desgracia, una oportunidad excepcional para conocer un patrimonio habitualmente oculto bajo el monte. “Ahora que están limpias, sin maleza, esas estructuras se ven, quemadas pero se ven”, señala el arqueólogo.

Su propuesta no pasa por excavar ni alterar los yacimientos, sino por documentarlos inmediatamente mediante técnicas no destructivas. Entre ellas plantea vuelos LiDAR —tecnología láser aerotransportada capaz de reconstruir con enorme precisión la topografía incluso en paisajes forestales—, prospecciones superficiales y un inventario detallado de las estructuras que han quedado al descubierto.

Después bastaría, sostiene, con mantener libre de vegetación una pequeña parte de esos espacios, señalizarla e interpretarla para incorporarla al patrimonio visitable. No se trataría de mantener 'limpio' todo lo quemado, sino de seleccionar aquellos puntos más representativos. “Con mantener una trigésima parte de lo quemado para enseñarle ese patrimonio a la gente y que lo pueda ver sería suficiente”, plantea.

El problema previo parece todavía más básico: para proteger ese patrimonio hay que conocer que existe. “En Medio Ambiente y en Cultura tienen que saber lo que tienen entre manos. Tenían que saberlo todos los alcaldes, lo que tienen en su pueblo. Y eso es labor fundamental de la Junta, pero no tiene personal para atender estas cosas”, advierte Sánchez-Palencia.

“No se aprendió nada”

El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, utiliza el aniversario para establecer una comparación todavía más directa. “Hoy hace un año que varias casas ardían en Médulas. Fue un verano terrible, allí y en muchos otros sitios, y un año más tarde se ha quemado el paraje de La Leitosa, unas pequeñas Médulas”, lamenta.

Su conclusión es contundente: “No se aprendió nada el año pasado”. Ramón reclama una política que vaya mucho más allá de disponer de medios cuando el incendio ya se ha declarado. Habla de prevención, gestión del paisaje, creación de discontinuidades entre masas forestales, recuperación de usos tradicionales y planificación ante unos grandes incendios cada vez más favorecidos por las condiciones derivadas del cambio climático.

Reconoce que durante este año se han desarrollado actuaciones puntuales, especialmente en Las Médulas, pero considera que no existe una estrategia general capaz de enfrentarse al nuevo escenario. También critica que los trabajos preventivos de las brigadas arrancaran en junio. “Si no se toma como una prioridad y con una planificación exhaustiva y con mucha inversión, los incendios se van a repetir año tras año y va a haber muertos, propiedades destrozadas y montes que pierdan su vida”, advierte.

Una Reserva de la Biosfera con 3.300 hectáreas quemadas

La preocupación se extiende igualmente al enorme daño ambiental. Susana Abad, gerente de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, reclama que la actuación comience ya y que no vuelva a repetirse lo sucedido después de los incendios del pasado verano.

“Necesitamos ya medidas postincendio. Ya teníamos que haberlas tenido el año pasado”, resume. Según sus cálculos, los incendios han afectado este verano a más de 3.300 hectáreas dentro del ámbito de Ancares, una superficie enorme para un territorio reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera.

Han ardido robles, castaños, encinas y otras frondosas autóctonas. Por eso reclama que cualquier restauración futura apueste por bosques diversos y no reproduzca políticas basadas exclusivamente en coníferas.

“Vivimos del turismo sostenible, de los ríos, de los valles, de los pueblos”, subraya. Por eso, la Reserva tiene ya en marcha un estudio para cuantificar las consecuencias ambientales, económicas y sanitarias de los incendios. Porque el daño tampoco termina en las hectáreas quemadas. Abad asegura que están recibiendo numerosas consultas y cancelaciones turísticas y que las quemadas han perdido visitantes precisamente durante los meses decisivos para la economía de estos valles.

Para Abad, el incendio ha vuelto a poner sobre la mesa otro problema histórico: “La Leitosa es la gran olvidada”. Su potencial lleva años siendo reivindicado. Instituciones bercianas han creado rutas y miradores, colocado carteles, editado material divulgativo y presentado el enclave en ferias turísticas como una alternativa y complemento a Las Médulas. Sin embargo, llegar hasta el yacimiento continúa siendo complicado y parte de ese paisaje acaba ahora de arder.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, coincide en reclamar que la Junta asuma el liderazgo tanto en la evaluación de La Leitosa como en Las Médulas. “La administración competente es la Junta, es quien tiene que ponerse al mando y ver de qué manera se puede reconstruir”, sostiene.

Courel considera que durante el último año se ha hecho “nada o casi nada” de lo necesario en Las Médulas más allá de algunas actuaciones, entre ellas la reconstrucción del Mirador de Orellán, y recupera una reivindicación anterior incluso al incendio: una gestión única para todo el espacio declarado Patrimonio Mundial.

En 2027 se cumplirán 30 años de la declaración de la Unesco y, según recuerda, todavía es posible recorrer gran parte del paraje sin que exista un sistema homogéneo de acceso, conservación, financiación y vigilancia. “Pido a la Junta que de una vez por todas tome las riendas en Las Médulas y en La Leitosa”, reclama, ofreciendo la colaboración de la Diputación.

Un año entre dos incendios

La coincidencia resulta especialmente amarga. El fuego de Veguellina ha quedado oficialmente extinguido prácticamente cuando se cumplía un año exacto desde que el incendio de Yeres atravesó Las Médulas.

Entre ambos han transcurrido doce meses de reclamaciones de prevención, debates sobre el operativo de extinción y promesas de recuperación. Y El Bierzo llega al aniversario con otro paisaje arqueológico romano calcinado y sin conocer todavía públicamente con precisión qué patrimonio ha resultado afectado.

La comparación tampoco termina en La Leitosa. El incendio ha alcanzado un territorio en el que arqueología, paisaje, biodiversidad y economía rural resultan imposibles de separar. Allí están las minas romanas y sus canales, pero también los bosques autóctonos, los pueblos, una Reserva de la Biosfera y una economía turística que vuelve a afrontar cancelaciones después de dos veranos consecutivos marcados por el fuego.

La cuestión ahora no es solamente reconstruir lo quemado. Sánchez-Palencia plantea aprovechar la desgracia para documentar un patrimonio que el propio incendio ha dejado excepcionalmente visible. Abad reclama estudiar inmediatamente los daños y actuar sobre los suelos antes de que llegue la erosión. Ramón pide transformar la gestión del paisaje para evitar que cada verano vuelva a convertirse en una emergencia. Courel reclama que la Junta ejerza sus competencias y asuma una gestión integral.

Todos confluyen, desde perspectivas distintas, en una misma idea: primero hay que saber qué se ha quemado. Porque detrás de las 1.300 hectáreas que figuran en el balance del incendio de Veguellina hay mucho más que 300 hectáreas de arbolado y un millar de matorral. Hay una de las grandes explotaciones auríferas del Imperio romano, otras minas prácticamente desconocidas, una red hidráulica de hace dos mil años, un castro, bosques autóctonos y parte de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.

Hace un año, Las Médulas demostraron de la peor manera posible que el patrimonio arqueológico tampoco está a salvo de los grandes incendios forestales. Doce meses después, La Leitosa vuelve a lanzar la misma advertencia. Y esta vez ya no cabe alegar que nadie sabía que podía ocurrir.

El alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, del PP, lo único que ha querido referir a este medio es que “está estudiando” con la Junta de Castilla y León “los daños” y “las líneas de ayudas que tenemos que reclamar”, sin valorar el alcance de un fuego que estuvo activo en su municipio durante 12 días.

Este domingo vuelve a celebrarse el Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), una cita tradicional que reúne cada verano en Gijón a representantes políticos, institucionales y empresariales de ambos lados de la cordillera. Pero esta edición llega marcada por una fecha imposible de separar ya del programa festivo: se cumple un año del comienzo de la peor oleada de incendios forestales que se recordaba en la provincia de León hasta el agosto de 2025 y de una imagen que acabó simbolizando la respuesta política al desastre.

Mientras León ardía, el entonces consejero de Medio Ambiente y máximo responsable político del operativo autonómico contra incendios, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, participaba en el acto institucional y en la posterior comida del Día de León en Gijón, como publicó ILEÓN. Lo acompañaban el presidente de las Cortes autonómicas, el ahora vicepresidente autonómico por el partido de extrema derecha Vox, Carlos Pollán; el presidente de la Diputación del PSOE, Gerardo Álvarez Courel; el vicepresidente provincial de UPL, Roberto Aller; el diputado de Turismo, Octavio González; la entonces consejera de Industria, Leticia García, y otros representantes públicos.

La presencia institucional leonesa en FIDMA no era excepcional ni improvisada. La relación de la Cámara de Comercio de León con la Feria de Asturias es histórica: forma parte del consorcio que gestiona el recinto desde su constitución en 1966 y cuenta con un representante en su Junta de Gobierno. Esa vinculación explica que cada año se celebre un Día de León con recepción, visita institucional, discursos y comida de autoridades. Lo extraordinario era lo que estaba sucediendo en nuestro territorio.

León ya ardía antes de la comida

La situación de los incendios se había desbordado desde el sábado. A primera hora del domingo, la provincia acumulaba cerca de una decena de fuegos activos, cinco de ellos graves y varios con riesgo directo para pueblos, carreteras, infraestructuras y espacios naturales protegidos. El operativo se encontraba repartido entre Laciana, Omaña, El Bierzo y Cabrera y fuentes internas reconocían que la simultaneidad de emergencias lo había llevado al límite.

Los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera alcanzaron el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial. Las llamas amenazaban ya Las Médulas y se aproximaban a poblaciones mientras los fuegos de Fasgar y Orallo mantenían también un elevado nivel de gravedad. A ellos se sumaron durante la jornada nuevos focos, como el de Villaverde de los Cestos, que obligó a cortar carreteras, interrumpir temporalmente el ferrocarril entre León y Ponferrada y evacuar viviendas.

El Cecopi provincial había sido activado durante la noche. La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, las brigadas forestales del Gobierno, los bomberos provinciales y otros medios estatales se incorporaban a unas labores que ya exigían desalojos y medidas extraordinarias de protección civil.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, cuya presencia estaba inicialmente anunciada en Gijón, renunció a acudir para participar en las reuniones de coordinación. Suárez-Quiñones, como máximo responsable político de la Consejería competente en prevención y extinción de incendios, sí mantuvo su asistencia.

A media tarde, el cambio del viento convirtió una situación muy grave en una catástrofe.

Las Médulas, pueblos y viviendas bajo las llamas

El incendio iniciado en Yeres entró en Las Médulas, Patrimonio Mundial de la Unesco, y obligó a evacuar los pueblos de Las Médulas, Orellán, Voces, Carucedo, Montes de Valdueza y otras localidades de la zona. Centenares de vecinos tuvieron que abandonar sus casas mientras las llamas avanzaban sobre montes, explotaciones, infraestructuras turísticas y viviendas.

“Esto es horrible”, repetía entonces el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, mientras la Guardia Civil le obligaba a abandonar una zona por el riesgo para su vida. Los propios equipos de extinción tuvieron que replegarse en algunos puntos ante un incendio que durante horas quedó fuera de capacidad de extinción.

El paraje de Las Médulas quedó marcado por el fuego. El Mirador de Orellán apareció ennegrecido, con estructuras destruidas, maderas carbonizadas y carteles derretidos por las temperaturas. Varias viviendas resultaron afectadas en Las Médulas, Orellán y otras localidades cercanas. También ardieron naves, vehículos, cultivos y montes de enorme valor ambiental.

Aquel fue únicamente el comienzo de una oleada que se prolongó durante prácticamente tres semanas y dejó un balance devastador: más de 130.000 hectáreas calcinadas en la provincia, cuatro personas fallecidas, viviendas y explotaciones destruidas y daños de enorme magnitud en espacios protegidos y hábitats de especies amenazadas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.

La provincia vivió desalojos masivos, pueblos rodeados por las llamas y jornadas con varios grandes incendios simultáneos. Un año después, los trabajos de restauración ambiental siguen sin haber cerrado las heridas del desastre.

“Tenemos la mala costumbre de comer”

La fotografía política del domingo en Gijón adquirió todavía más peso al día siguiente, cuando Suárez-Quiñones fue preguntado por este medio por qué había permanecido en el acto y en la comida mientras la provincia estaba en una situación de extrema gravedad.

“Tenemos la mala costumbre de comer”, respondió. Después añadió que “comer es una obligación para estar en condiciones” y defendió que se había mantenido operativo por teléfono. Según su versión, cuando el incendio de Las Médulas cambió de comportamiento emprendió el regreso hacia Ponferrada para incorporarse a las reuniones institucionales.

El PSOE lo señaló como “máximo responsable” de una política que había debilitado el dispositivo de prevención y extinción. UPL denunció que estuviera “de feria en Gijón mientras ardía la provincia leonesa”. CCOO exigió un operativo permanente, profesional y completamente público. CSIF afirmó que el dispositivo había colapsado mientras el consejero “se iba de vinos” y recordó que trabajadores que estaban de vacaciones se incorporaron voluntariamente para combatir las llamas.

Plataformas sociales y organizaciones políticas reclamaron su dimisión o su cese inmediato. Recordaron las advertencias acumuladas durante años sobre la temporalidad, la privatización de cuadrillas, las torres de vigilancia cerradas, la falta de personal y la ausencia de una verdadera política preventiva.

La respuesta del entonces y ahora presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco fue protegerlo. El presidente de la Junta sostuvo que tanto él como su consejero estuvieron “siempre al pie del cañón”, justificó la asistencia al acto de Gijón y descartó asumir responsabilidades políticas pese a la magnitud de la tragedia. No obstante, estuvieron meses sin apenas coincidir en actos públicos.

Veintiocho días de silencio y ninguna dimisión

Tras aquellas primeras comparecencias, Suárez-Quiñones permaneció 28 días sin afrontar públicamente preguntas sobre su responsabilidad en la gestión de los incendios. Durante ese tiempo aumentaron las protestas, las peticiones de dimisión y la presión parlamentaria.

Cuando regresó a las Cortes autonómicas, la oposición convirtió el pleno en un examen político al consejero. Hubo preguntas, intentos de reprobación y exigencias para que Mañueco revocara su nombramiento. Nada cambió. El Partido Popular cerró filas y el consejero conservó el cargo.

Meses después reconoció que su respuesta sobre la comida había sido una “chulería”, una “sobradez” y un “error estúpido”. Se arrepintió de la frase, pero no de su gestión. Al contrario, defendió que su actuación había sido “rápida y eficaz” y remató: “De momento estoy yo en la Consejería”.

La tragedia tampoco tuvo el cierre informativo que debería. Meses después del verano más devastador de la historia autonómica la Junta seguía sin dar a conocer todos los datos oficiales definitivos sobre superficie quemada, daños y desarrollo del operativo. El tradicional balance final de campaña quedó sustituido por un apagón informativo que dificultó incluso fijar la dimensión exacta de la catástrofe.

Del Medio Ambiente a Universidades

Suárez-Quiñones no abandonó el Gobierno autonómico ni quedó apartado de la primera línea política. Tras la formación del nuevo Ejecutivo PP-Vox dejó Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y asumió la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

El cambio le permitió desprenderse políticamente de la gestión directa de los incendios sin asumir el coste de lo ocurrido. Lejos de ser cesado, recibió un departamento amplio y estratégico que reúne competencias económicas, laborales y universitarias.

Pero su cambio de cartera no lo ha dejado exento de controversia. La Universidad de León acaba de denunciar que la financiación aportada por la Junta resulta insuficiente y ha anunciado un plan de ajuste, de modo que el antiguo responsable de la política autonómica contra incendios sigue señalado, aunque ahora por distinta temática.

La paradoja es difícil de ignorar: el consejero que no dejó el cargo después de los peores incendios de la historia de León gestiona ahora las universidades públicas mientras la institución académica leonesa denuncia un presupuesto deficitario por parte del Gobierno autonómico.

Un año después, León vuelve a arder

El aniversario no llega con la provincia recuperada ni con las causas políticas resueltas. Apenas ha comenzado agosto y León ha sufrido ya dos oleadas muy graves de incendios forestales y marca este mes de julio como el peor de los últimos años.

La primera se desencadenó durante la noche de San Juan por una tormenta eléctrica, que provocó numerosos focos simultáneos y volvió a tensionar el operativo. La segunda comenzó a finales de julio y ha dejado incendios de máxima gravedad, centenares de personas evacuadas, viviendas afectadas, cortes de carreteras, pueblos sin suministro eléctrico y miles de hectáreas nuevamente arrasadas.

Murias de Ponjos, Castropodame, Veguellina, San Cipriano del Condado, La Utrera, Valdelaloba y otros fuegos han obligado a movilizar medios autonómicos, estatales e internacionales. La provincia ha llegado a concentrar más grandes incendios que ninguna otra de España durante este verano y a registrar en unas semanas cifras muy superiores a las del mismo periodo del ya catastrófico año anterior.

La historia se repite mientras continúan las mismas preguntas sobre prevención, medios, planificación, profesionalización del operativo y responsabilidad política. También permanece la incertidumbre sobre qué tendría que suceder para que la Junta asumiera que un desastre forestal no puede resolverse únicamente cuando comienzan las llamas.

El mismo domingo, la misma feria

Este domingo, 9 de agosto, la Feria Internacional de Muestras de Asturias volverá a celebrar el Día de León. El programa comenzará a las 11.00 horas con la recepción de autoridades y una visita por el recinto; continuará a las 12.00 horas en el expositor ‘León para volver siempre’ y culminará a las 12.30 horas con el acto institucional en el Tendayu del Pueblo de Asturias.

La celebración forma parte de una relación histórica y legítima entre León y Asturias. La Cámara leonesa pertenece al consorcio de la feria, participa en su Junta de Gobierno y contribuye a mantener una cita que sirve de escaparate económico, empresarial y turístico. Pero esta vez el aniversario obliga a mirar más allá de los discursos, las fotografías institucionales y la comida posterior.

Hace un año, mientras las autoridades celebraban en Gijón la relación entre León y Asturias, las llamas avanzaban sobre pueblos, casas y uno de los principales paisajes culturales del país. El consejero responsable regresó después, se disculpó meses más tarde por su frase, resistió todas las peticiones de dimisión y terminó trasladado a otro departamento del mismo Gobierno.

Las Médulas siguen restaurándose. Los montes continúan cubiertos de cicatrices. Cuatro familias recuerdan a quienes perdieron la vida. Y León vuelve a combatir incendios que, otra vez, llevan al límite a vecinos y profesionales.

La FIDMA celebra este domingo otro Día de León. Para que la fotografía de hace un año no se convierta solamente en una anécdota política, conviene recordar qué estaba ocurriendo mientras se pronunciaban discursos y se ocupaban mesas en Gijón. Porque el fuego se apagó, pero ninguna comida, cambio de Consejería ni calendario institucional debería borrar quién tenía la responsabilidad cuando la provincia comenzó a arder.

Los pueblos de Burbia (Vega de Espinareda) y Paradaseca (Villafranca del Bierzo) han estado más de 24 horas sin luz. Una docena más de pequeñas localidades de la zona de la Somoza berciana siguen sin suministro eléctrico desde hace más de 30 horas.

La causa, una orden del Cecopi provincial. ¿Por qué? Porque al parecer la caída de un poste y un cable del alumbrado son los responsables del origen del incendio de Veguellina que ya ha quemado varias casas. También por seguridad para los efectivos de extinción.

“No se puede estar echando agua y tener a la gente apagando el incendio con un cable suelto por ahí”, cuenta a este medio el alcalde de Vega de Espinareda, Javier Salgado. El regidor berciano atendió a ElBierzo.elDiario.es a primera hora de la mañana, cuando se acercaba a comprobar cómo había sido la noche en primera línea de fuego y en qué estado están sus pueblos.

Las llamas, que se declararon en torno a las cinco y media de la tarde del pasado miércoles 29 de julio en el pueblo villafranquino de Veguellina, se propagaron rápidamente y ya han entrado en el municipio vecino de Vega de Espinareda y obligado a desalojar cuatro de sus localidades, además de Prado de Paradiña que pertenece al término municipal de Villafranca. El Valle de Finolledo y San Martín de Moreda son los pueblos más grandes y también los más alejados del incendio por el momento, pero San Pedro de Olleros y Moreda tienen el fuego a las puertas.

“La gente desalojó bien, pero los jóvenes se quedaron y menos mal, porque los medios tardaron en llegar y fueron los que pararon las llamas en las casas rodeadas por el fuego”, relata Salgado. Al menos dos viviendas se han visto afectadas en San Pedro de Olleros. Lo peor habría pasado ya en esta localidad, pero ahora se teme que las llamas se dirijan a Moreda.

“Se trabajó mucho por la noche, con contrafuegos y cortafuegos. Cuando la situación se complicó mucho empezaron a llegar los medios y a echar agua de una balsa de riego que tienen los vecinos, pero el fuego si no le dejan ir hacia un sitio tira para otro. A ver qué pasa a mediodía... Porque con estos calores y el viento que hace es imposible”, cuenta.

Los vecinos de Moreda son los que más están sufriendo esta segunda oleada de incendios en la provincia de León. Un fuego originado ese mismo miércoles a primera hora, minutos antes de las seis de la madrugada, llegó a alcanzar el nivel 1 de peligrosidad y los puso en alerta. A las pocas horas de que la Junta rebajara su peligrosidad, las llamas les llegaban desde Veguellina y los obligaban a dejar sus casas.

“Había olas de fuego de metros. Los helicópteros apuraron ayer hasta casi el último segundo y empiezan a volar a primera hora de la mañana. El temor que tenemos es que los pilotos y las aeronaves acaben las horas de vuelo antes de que se termine el verano”, traslada el alcalde poniéndose en lo peor.

Esta no es la primera vez que Vega de Espinareda sufre los incendios y sus consecuencias esta temporada. Una tormenta y los arrastres de los gravísimos incendios de 2025 inundaron su playa fluvial y cerraron su principal recurso económico en época estival durante semanas. Días después, y tras mucho trabajo, otra tormenta volvió a llenar de ceniza y madera quemada su río. Entre una y otra, un incendio originado en San Vicente (Arganza) entró a su municipio y acechó varias de sus localidades, como Espinareda de Vega y El Espino. “Todos los días pasa algo. Cuando no es una cosa es otra...”

A la redacción de esta información, trabajan para controlar este nuevo gravísimo incendio más de medio centenar de efectivos de la Junta y del Gobierno y, según Copérnicus, podría ser ya el peor incendio de la provincia de León en lo que llevamos de temporada alta de riesgo por número de hectáreas calcinadas. “Medios ahora mismo hay bastantes. El problema va a ser que haya varios incendios a la vez, como pasó el verano pasado”, vaticina Salgado.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) provincial se ha reunido a primera hora de este viernes y mantiene los desalojos, si bien asegura que, “durante la noche, el operativo de extinción ha impedido bastante el avance del incendio”. Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha confirmado a este medio que, tal y como traslada el alcalde de Vega de Espinareda, “ayer se cortó [la luz] por precaución” y “se habló con la empresa para que pusiera generadores”. No eran ni las dos y media de la madrugada del jueves cuando los vecinos de 14 pueblos se quedaron sin electricidad. El corte afectaba a Pobladura de Somoza, Paradiña, Paradaseca, Cela, Ribón, Prado de Paradiña, San Cosme, Veguellina, Villar de Acero, Porcarizas, Tejeira, Aira da Pedra, Penoselo y Burbia.

“Unión Fenosa está trabajando para poner generadores. De momento, tenemos constancia de Burbia y Paradaseca”, informan desde la Junta. Al resto, no. “Lo que pido es que les lleven generadores a todos o que restablezcan el servicio, porque ya son más de 30 horas sin suministro eléctrico”, zanja el regidor berciano.

A punto de terminar el mes de julio, la provincia de León ya suma dos gravísimas oleadas de incendios forestales que han llevado al operativo de extinción al límite, ha obligado el desalojo de cientos de personas y arrasado ya miles de hectáreas. El primer episodio de simultaneidad lo provocó una tormenta eléctrica en la tarde noche de San Juan. Desde este pasado miércoles se vive el segundo, con una decena de incendios activos, hasta tres de máxima gravedad y dos graves, pero en este caso la Junta de Castilla y León 'no sabe' o no explica cómo se ha podido originar.

La mayoría de los incendios que empezaron a arder el miércoles 29 de julio en distintos puntos de la geografía leonesa, pero especialmente en El Bierzo, se iniciaron por causas que “se están investigando”. El portavoz del Gobierno autonómico PP-Vox, Carlos Fernández Carriedo, apunta, no obstante, a “la mano del hombre”: bien por “negligencias” o por considerarlos intencionados, “empezaron en el momento que mayor perjuicio podían ocasionar, en los momentos del día de más calor, de más viento, y con múltiples focos”, ha dicho en rueda de prensa.

El Gobierno de Castilla y León, que inició la temporada alta de incendios con un consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos-Suárez Quiñones, valora el mal arranque de la campaña, una de las peores de la historia en la provincia de León y en la Comunidad, con el peor incendio de la historia de España aún por extinguir, el de Burgohondo, en Ávila, que llegó a Madrid y obligó al Gobierno central a tomar el control.

“No estamos contentos por los incendios, pero nuestro primer objetivo es la seguridad de las personas y, por ahora, no se han detectado daños humanos”, subrayó Carriedo. Sin datos concretos de afecciones y daños económicos ni medioambientales, la Junta insiste en que la administración autonómica que preside Alfonso Fernández Mañueco “no pidió al Gobierno la emergencia de interés nacional”, que “se aplicó de oficio” porque la solicitó la Comunidad de Madrid.

El año pasado, solo en la provincia de León fallecieron cuatro personas a causa de los incendios forestales, ardieron más de 130.000 hectáreas buena parte en zonas protegidas, pueblos enteros, el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas y se desalojaron decenas de pueblos y miles de vecinos. Este año, en lo que llevamos de campaña de incendios, la provincia de León ya ha registrado el peor primer mes de temporada alta con las peores cifras de los últimos años. “¿Qué tiene que pasar para que se dé una situación de nivel 3 en Castilla y León?” ha sido la pregunta que se quedó sobre la mesa, con la única contestación de que tomar esa decisión corresponde a “una decisión técnica” que no especifican.

La previsión para agosto no es alentadora. “A medida que va avanzando el verano aumenta la sequedad. No está lloviendo. Si ya había suficiente combustible en el monte en esta cuarta ola de calor, con nuevas olas de calor aumentan los riesgos. Es muy difícil prever lo que va a pasar, pero estaremos muy atentos”.

Ante esta situación, y después de una inversión de 2 millones de euros, la Junta de Castilla y León “desconoce” o no explica por qué no está operativa la nueva base contra incendios de Oterico, en Riello, que llega cuatro años tarde. “Lo más importante es la colaboración entre administraciones y la Junta está en plena colaboración y coordinación con el Gobierno”, zanjó el portavoz autonómico.

La competencia en materia de prevención y extinción de incendios es autonómica.

El incendio forestal declarado el pasado miércoles en Murias de Ponjos, en el municipio leonés de Valdesamario, ha empeorado de forma notable durante la madrugada de este viernes. La Junta de Castilla y León ha elevado su Índice de Gravedad Potencial (IGR) al nivel 2, al considerar que las llamas representan ya una amenaza seria para la población, una decisión que ha venido acompañada del desalojo preventivo de 37 vecinos de las localidades de Andarraso, Rosales y Folloso. El humo de este incendio, cuya área afectada supera ya las 1.000 hectáreas según Copernicus, es visible incluso desde la capital leonesa.

La evacuación fue ejecutada por la Guardia Civil durante la madrugada, después de que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) acordara la medida tras la declaración del nivel 2. Los vecinos desalojados han pasado la noche en las escuelas de Riello, habilitadas como punto de acogida, y continúan este viernes fuera de sus viviendas mientras el operativo mantiene la vigilancia sobre la evolución del incendio.

La declaración del IGR 2 implica que el incendio puede poner en riesgo a personas y bienes y obliga a adoptar medidas extraordinarias de protección civil. La Junta justifica la decisión por la amenaza seria a poblaciones, una de las circunstancias previstas para activar este nivel de gravedad.

Hasta última hora de este jueves, el incendio permanecía en nivel 1 y la evolución era considerada “no desfavorable”. Durante la jornada trabajaron en su extinción alrededor de 40 medios, entre ellos 10 aéreos, mientras que durante la noche permanecieron desplegados los equipos terrestres, aprovechando el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad para intentar contener el avance de las llamas. Los trabajos nocturnos permitieron mejorar la situación y defender mediante fuegos técnicos y maquinaria la localidad de Andarraso, además de frenar el avance del incendio hacia Rosales y Folloso, donde los equipos tratan de contener el frente en un arroyo próximo a ambos núcleos de población.

A primera hora de este viernes el CECOPI volvió a reunirse en la Delegación Territorial de la Junta en León para coordinar el operativo. Según explicó el delegado territorial, Eduardo Diego, la evolución del incendio es favorable gracias al trabajo desarrollado durante la noche y a la bajada de las temperaturas. En estos momentos más de 80 efectivos trabajan para cerrar el perímetro del fuego y evitar que rebase el arroyo que protege a Rosales y Folloso, además de asegurar el perímetro en Andarraso y los flancos del incendio. En el operativo participan un técnico, cuatro agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, tres autobombas, cuatro bulldóceres, brigadas helitransportadas y medios aéreos de la Junta y del Gobierno central.

La tarde del viernes, cerca de una treintena de medios trabajan en la extinción de este fuego. Los efectivos trabajan desde la carretera que conecta Camposagrado con Torre del Bierzo (LE-460), usándola de línea de control, con el objetivo de cerrar el perímetro y defender la localidad de Ponjos.

El fuego se originó el miércoles y la Junta mantiene como causa más probable un origen accidental, aunque la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del inicio.

Un nivel 3 que marca un precedente

La evolución de los incendios forestales en Castilla y León ha dado además un paso inédito en las últimas horas. Mientras el fuego de Murias de Ponjos escala al nivel 2, el incendio de Burgohondo (Ávila) ha sido declarado este viernes de nivel 3 o emergencia de interés nacional, después de que el Ministerio del Interior asumiera directamente la dirección de las labores de extinción junto a los grandes incendios que afectan también a la Comunidad de Madrid.

La activación del máximo nivel de emergencia supone que la gestión operativa deja de depender de la comunidad autónoma y pasa a estar coordinada por el Estado, al existir una amenaza de extraordinaria gravedad para la población y los bienes. La decisión llega tras la evacuación de unas 11.500 personas en los incendios de Burgohondo, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y convierte a este episodio en uno de los más graves registrados en los últimos años.

La declaración del nivel 3 resulta especialmente significativa en Castilla y León porque ni siquiera durante el verano de 2025, cuando la provincia de León sufrió la peor campaña de incendios de su historia reciente, la Junta llegó a solicitar al Gobierno central la declaración del máximo nivel de emergencia ni la asunción de la dirección de la extinción por parte del Estado.

Aquel verano, León registró más de 130.000 hectáreas calcinadas, cuatro personas fallecidas —entre ellas un bombero forestal que perdió la vida durante las labores de extinción del incendio de Yeres—, la destrucción de viviendas, explotaciones y otros bienes, la amenaza sobre numerosas poblaciones, graves daños en ecosistemas de alto valor ecológico y hábitats de especies protegidas y la afección al entorno del Paisaje Cultural de Las Médulas, Patrimonio Mundial de la Unesco.

Además, la provincia llegó a encadenar varios incendios simultáneos con índices de gravedad potencial 2 y 1, cuyas consecuencias ambientales y económicas todavía siguen requiriendo trabajos de restauración. La decisión adoptada este viernes en Ávila marca así un precedente en la gestión de los grandes incendios forestales de la Comunidad.

Castropodame mejora, pero continúa bajo vigilancia

La evolución es distinta en el incendio declarado el miércoles en Castropodame, que durante la tarde de este jueves rebajó su Índice de Gravedad Potencial de nivel 2 a nivel 1 tras una mejora significativa de la situación. Las llamas obligaron a evacuar de forma preventiva a un centenar de vecinos de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, que fueron trasladados a Matachana, mientras un helicóptero vigilaba la localidad de Matavenero por si llegaba el incendio y unas 125 personas y otros 35 medios aéreos, además de numerosos medios terrestres trabajaban para contener el fuego.

Según explicó el director técnico de extinción, el incendio quedó prácticamente perimetrado en un 90% tras una jornada de intenso trabajo, lo que permitió plantear el regreso de los vecinos evacuados. Finalmente, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) acordó durante la tarde del jueves el realojo de los habitantes de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero al constatar la evolución favorable del incendio.

La mejora de la situación permitió además rebajar oficialmente el incendio a nivel 1 y desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). La Junta mantiene como causa más probable un origen accidental, en una zona donde se desarrollan trabajos relacionados con una nueva línea de alta tensión.

El viento complica la extinción de los otros incendios activos

Otro de los incendios que también preocupan, aunque sigue en el nivel más bajo de riesgo, es otro foco desatado en el municipio de Balboa, en la localidad de Quintela. El incendio, comenzó sobre las 7 horas de la mañana del viernes por unas causas que siguen en investigación.

El viento, con una velocidad de más de 40 kilómetros por hora, está complicando las labores de extinción de este foco en la comarca de El Bierzo, en el que trabajan una veintena de medios, tres de ellos aéreos, entre los que forman parte efectivos del Gobierno.

Por otro lado, a los incendios controlados de la provincia de León se suma el de La Baña, que se inició el pasado 22 de julio tras ser intencionado. Ya no cuenta con medios destinados. Además, se mantiene como controlado el incendio de Caboalles de Arriba, que sigue en perimetración, y ha pasado a estar controlado también el de Requejo y Corus que se declaró el jueves a última hora de la tarde. La Junta considera que el origen de este último ha sido intencionado y evalúa la superficie dañada por el mismo.

Esta noticia puede sufrir cambios porque está en continua actualización, según la evolución de los incendios.