Dos meses y medio después de las elecciones autonómicas, el presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del partido de extrema derecha Vox en Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, escenificaron este miércoles en el vestíbulo de las Cortes el acuerdo de Gobierno alcanzado in extremis en las últimas horas entre ambas formaciones. El pacto, cerrado 80 días después de los comicios, consta de “19 ejes, 324 medidas y 62 páginas” y, aseveran, “garantiza la estabilidad del Ejecutivo autonómico durante los próximos cuatro años”.

Mañueco defendió que se trata de “un día bueno para Castilla y León” porque el acuerdo, afirmó, responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por los ciudadanos el pasado 15 de marzo y “piensa en el futuro de las personas de nuestra tierra”. Según explicó, el documento aborda cuestiones relacionadas con el crecimiento económico, el empleo, el apoyo a jóvenes, mayores y familias, así como medidas vinculadas al medio rural, la agricultura y la ganadería. El candidato 'popular' adelantó además que el debate de investidura se celebrará, previsiblemente, la próxima semana.

Por su parte, Pollán celebró el entendimiento alcanzado con el PP que devuelve a Vox al Gobierno de la institución autonómica y aseguró que supondrá “un gran impulso” para las políticas de la Comunidad. Destacó especialmente las medidas relacionadas con vivienda, ayudas sociales, simplificación administrativa y el denominado “plan de choque” contra las políticas migratorias del Gobierno central. El líder de Vox incidió además en la denominada “prioridad nacional”, que plantea una asignación preferente de recursos públicos para las personas con “arraigo real, verificable y efectivo”.

El acuerdo contempla una Vicepresidencia Primera para Vox, que esta vez tendrá cartera, y tres Consejerías. El partido de extrema derecha asumirá de nuevo las áreas de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte, y suma una nueva, de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. La Vicepresidencia Segunda recaerá en el PP, que además asumirá competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

El resto de carteras, que gestionará el PP, serán la Consejería de la Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda; la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio; la Consejería de Sanidad y Bienestar Social; la Consejería de Educación; la Consejería de Medio Ambiente y Energía; y la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Durante la comparecencia, tanto Mañueco como Pollán intercambiaron elogios por el desarrollo de las negociaciones. El dirigente de Vox agradeció reiteradamente la “predisposición al diálogo” del candidato 'popular' y destacó el carácter “cordial” y “fluido” de las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas. Mañueco, por su parte, insistió en que ambas formaciones habían sabido interpretar el mandato de las urnas y alcanzar un acuerdo que proporciona estabilidad a la Comunidad.

Entre las pocas medidas que avanzaron antes de la difusión íntegra del acuerdo figura un “plan de choque contra las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez”, que tampoco especificaron, pero que viene siendo una de las reivindicaciones históricas de Vox y que el partido presentó como uno de los pilares del acuerdo con el PP en Castilla y León y el resto de territorios en los que cogobernarán.

El acuerdo, muy similar al alcanzado en comunidades como Extremadura y Aragón, confirma además la plena asunción por parte del PP de algunos de los planteamientos impulsados por Vox en materia migratoria, un terreno en el que ambas formaciones escenificaron una coincidencia total durante la comparecencia, de manera similar que ocurrió a la presentación del anterior acuerdo del PP con Vox que terminó rompiéndose.

El texto, de más de sesenta páginas, que se envió a los medios de comunicación después de la breve comparecencia de Mañueco y Pollán, solo recoge cuatro veces la palabra “mujer”. Una de ellas como una de las primeras medidas que tomará el Gobierno de coalición PP-Vox, prohibir el “uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar en espacios públicos”, porque, argumentan, “no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”. Las otras tres referencias son sobre beneficios fiscales a “víctimas de violencia contra la mujer” y políticas activas de empleo con otros “colectivos con mayores dificultades de empleabilidad como los jóvenes, personas con discapacidad, parados de larga duración, mayores de 45 años”.

En este pacto, no aparece mención alguna a la equiparación de 'todas las violencias' que machaconamente repetía el anterior líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, si bien tampoco se refieren a la violencia machista como tal.

La palabra igualdad aparece referenciada hasta en una decena de ocasiones, pero no como igualdad entre hombres y mujeres, sino siempre como igualdad “de oportunidades en todo el territorio”, en cuestiones de salud, de agricultura, “de acceso a un servicio básido de la TDT” o a las bonificaciones de uso del transporte público.

¿Cuántas veces has pensado que en León “no hay nada que hacer” y después has descubierto que había un concierto, una obra de teatro, un espectáculo de danza, un recital de poesía, una fiesta en un pueblo o algún plan cultural o deportivo del que no te enteraste pero habrías ido? Precisamente para intentar evitarlo nace WAP - What a Plan!, una aplicación creada por el leonés Jorge Velasco y el portugués afincado en León Luís Pedreira que busca aglutinar en un único lugar toda la actividad cultural, musical, deportiva y social que muchas veces pasa desapercibida. Que si no haces algo sea porque no quieres.

La idea surgió “como surgen las mejores ideas, una tarde tomándonos una caña”, cuentan a ILEÓN. Pedreira, músico vinculado durante años al mundo del ocio y la animación, llevaba tiempo dándole vueltas a una misma reflexión: “Hay muchísimos conciertos y actividades pequeñas de las que la gente no se entera”.

Años después, compartió la idea con Velasco, ingeniero informático leonés especializado en consultoría tecnológica. Lo que comenzó como una conversación entre amigos terminó convirtiéndose en una aplicación real disponible ya para Android, iOS y con web propia, completamente gratuita.

What a Plan! no es solo una idea tecnológica ni una agenda de ocio, es una forma de entender León y la vida en la provincia. Tanto Pedreira como Velasco acabaron asentándose, o regresando, a León en busca de estabilidad familiar y conciliación. Ambos tienen hijos pequeños y reivindican una vida cotidiana que la mayor parte del tiempo pasa por apuntarse a planes cerca, actividades para toda la familia y propuestas culturales que se quedan fuera de los grandes circuitos habituales.

La aplicación que han lanzado no pretende centrarse únicamente en los grandes conciertos o festivales que ya tienen difusión asegurada. El objetivo es mucho más amplio: dar visibilidad a todo ese “ocio pequeño” que normalmente no está en 'el radar'. Desde un recital de alumnos del Conservatorio hasta una charla cultural, una competición deportiva juvenil, una exposición temporal o las fiestas de un pueblo que apenas se anuncian.

Muchas de esas actividades tienen algo en común: apenas tienen difusión fuera de su entorno más cercano. Y precisamente ahí es donde sus creadores creen que todavía existe un enorme margen para conectar a la gente con todo lo que ocurre a su alrededor.

Un mapa para descubrir qué hacer cerca de ti

La filosofía de What a Plan! es sencilla, abrir la aplicación y ver en un mapa qué actividades hay cerca del lugar donde estás. La plataforma permite filtrar por distancia, fecha, precio o tipo de actividad y reúne desde conciertos y festivales hasta exposiciones, teatro, deporte, charlas, recitales de poesía, actividades infantiles o fiestas populares. “No buscamos solo grandes conciertos o eventos masivos. Queremos digitalizar también todo ese ocio pequeño que muchas veces no aparece en ningún sitio”, explican.

Además, frente a otras plataformas saturadas de publicidad o centradas únicamente en grandes citas, WAP apuesta por una interfaz limpia, sencilla y muy visual. Sin banners, sin anuncios y con un funcionamiento muy parecido al de aplicaciones de mapas que cualquier usuario ya conoce. “Hay muchos más planes de los que creemos. El problema es que muchísima gente no sabe que existen”, sostienen.

Una herramienta también para el medio rural

Detrás de la aplicación hay también una reflexión sobre el territorio y la vida rural. Los dos creen que dar visibilidad a actividades pequeñas puede ayudar a generar movimiento económico, atraer visitantes y reforzar el tejido social de muchos pueblos.

“Hay pueblos pequeños que organizan cosas increíbles y muchísima gente ni se entera”, explican. Y ahí es donde consideran que herramientas como What a Plan! pueden tener también una utilidad social más allá del ocio. Porque muchas de esas actividades apenas tienen difusión fuera de su entorno inmediato: se anuncian en carteles, grupos de WhatsApp o por el boca a boca y, salvo que alguien conozca el pueblo o pase casualmente por allí, es muy difícil enterarse. Pero, “si la gente empieza a desplazarse para ir a ciertos eventos, eso puede generar actividad, casas rurales, restaurantes o turismo”, explican.

Ponen como ejemplo el enorme movimiento que generan durante el verano las fiestas de decenas de localidades de la provincia, muchas veces completamente desconocidas para quienes viven en León capital. También recitales culturales, conciertos pequeños, encuentros deportivos, mercados o actividades tradicionales que sobreviven gracias al trabajo de asociaciones y vecinos.

Los creadores de la aplicación han detectado una cierta desconexión entre León capital y el resto de la provincia. Mientras en muchas zonas rurales la gente está acostumbrada a moverse de un pueblo a otro para acudir a actividades o celebraciones, en la capital muchas veces se desconoce todo el movimiento social y cultural que existe a apenas unos kilómetros. “Muchas veces la propia gente de León no sabe lo que hay alrededor”, resumen ambos.

Ahí es donde What a Plan! quiere convertirse también en una herramienta útil para conectar territorios. Porque muchas de las actividades que aparecen en la aplicación no suceden en León capital, sino en pequeños pueblos que mantienen una intensa vida cultural y social, especialmente durante los fines de semana y el verano.

Por eso quieren que la aplicación sirva tanto para un leonés que busca un plan improvisado un sábado como para un turista que llega a la provincia y quiere descubrir qué está ocurriendo cerca de donde se aloja.

De hecho, aunque el proyecto está centrado ahora en León, la aplicación ya cuenta con eventos subidos en distintas zonas de España y Portugal.

“Ya tenía que existir algo así”

Pedreira y Velasco aseguran que hay una frase que se repite constantemente cada vez que enseñan la plataforma: “Esto ya tenía que existir hace tiempo”. Porque el problema, dicen, no es que falten actividades. Más bien ocurre lo contrario, hay tanta información dispersa entre carteles, redes sociales, grupos de WhatsApp o publicaciones aisladas que muchas veces resulta imposible enterarse de todo. La aplicación intenta precisamente simplificar ese caos.

Aunque What a Plan! acaba de arrancar oficialmente hace apenas unas semanas, ya cuenta con cerca de 2.000 descargas y más de 300 usuarios registrados. Además, más de medio centenar de promotores culturales y organizadores ya utilizan la plataforma para subir sus propios eventos. Y ahí aparece otro de los grandes objetivos del proyecto: conectar de la manera más directa posible a quienes organizan actividades con las personas interesadas en acudir a ellas.

Cualquier usuario puede consultar los planes sin necesidad de registrarse y de manera gratuita, aunque quienes crean una cuenta pueden seguir a promotores concretos y recibir notificaciones cuando publiquen nuevos eventos que les pueden interesar.

Sus creadores creen además que muchos pequeños organizadores culturales, asociaciones o colectivos todavía tienen dificultades para llegar al público pese al enorme movimiento de actividades que existe en la provincia. “Hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes, pero muchas veces no tienen herramientas para difundirlas”, explican.

La idea futura pasa además por incorporar nuevas funciones para los organizadores, como sistemas de reserva, estimaciones de asistencia o venta integrada de entradas. Pero, de momento, prefieren crecer poco a poco. “Lo importante ahora es consolidar el contenido y que los promotores pierdan el miedo a utilizarla”, explican. Porque, al final, WAP - What a Plan! aspira a convertirse en algo muy sencillo: una agenda viva y compartida de todo lo que ocurre en León para que no te pierdas ningún plan.

La situación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo suma un nuevo episodio de tensión. La plantilla municipal, formada por unas 300 personas, todavía no ha cobrado este miércoles 27 de mayo la nómina correspondiente al mes de abril, un retraso que ha provocado una sonora protesta de los trabajadores a las puertas del Consistorio.

Funcionarios y personal laboral se concentraron durante la mañana con pancartas, silbatos y gritos de protesta para exigir el pago inmediato de sus salarios después de casi un mes de demora. La movilización obligó incluso a representantes del equipo de Gobierno en minoría de UPL, entre ellos la alcaldesa Ana María Fernádez Caurel, a bajar a la calle para dar explicaciones a los trabajadores.

El malestar en la plantilla es importante porque la situación afecta a la totalidad de los servicios municipales del tercer municipio con más población de la provincia de León. Además, muchos empleados denuncian que el retraso llega en un contexto de creciente desorganización interna y problemas administrativos acumulados desde hace meses.

UPL responsabiliza a Intervención y Tesorería

Tras la protesta, el equipo de Gobierno emitió una nota de prensa en la que pide disculpas por el retraso, aunque al mismo tiempo atribuye la situación a “circunstancias administrativas” relacionadas con el relevo en la Intervención municipal, la habilitación de firmas, un reparo técnico y la necesidad de volver a activar permisos de Tesorería.

El Ayuntamiento sostiene que el decreto y los pagos ya han sido firmados en el banco para completar la tramitación, aunque reconoce que la situación “no es justificable” y lamenta los perjuicios ocasionados a los trabajadores.

Sin embargo, el comunicado municipal ha generado todavía más malestar entre parte de la plantilla y representantes sindicales al considerar que el equipo de Gobierno trata de desplazar la responsabilidad política hacia altos funcionarios municipales, especialmente hacia los departamentos de Intervención y Tesorería.

La situación resulta especialmente delicada porque el mes de mayo está prácticamente finalizado y sigue sin concretarse cuándo se abonará finalmente la nómina pendiente de abril. Tampoco existe por el momento una fecha clara para el pago de la nómina correspondiente a mayo, que debería cobrarse en apenas unos días.

La Audiencia Provincial de León juzgará este noviembre, durante ocho sesiones, uno de los mayores presuntos fraudes alimentarios y vinícolas destapados en España en los últimos años. La Fiscalía solicita penas de hasta 21 años de cárcel para los principales integrantes de una trama empresarial asentada entre Ourense y El Bierzo, acusada de adulterar vino de baja calidad, falsificar etiquetas y venderlo como si perteneciera a denominaciones de origen protegidas como Bierzo, La Mancha o Vino de la Tierra de Castilla y León.

La investigación arrancó en 2018 gracias a una denuncia presentada por responsables de la Denominación de Origen Bierzo tras detectar irregularidades en una bodega de Cabañas Raras. Aquella alerta llevó al Seprona de la Guardia Civil a descubrir una estructura empresarial mucho más amplia que, según el Ministerio Público, llevaba años operando de forma fraudulenta desde instalaciones en las provincias de León y Ourense.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este medio, la trama estaba encabezada por un matrimonio ourensano y su hijo de la familia de los Caride, considerados por la Fiscalía los máximos responsables de varias sociedades vinícolas como Compañía Europea Exportadora de Vinos SL, Compañía Vinícola del Sur de Europa SL, Bodegas Luis Caride SL o Ana Lamas SL. Para poder operar bajo el sello Bierzo y la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León habrían creado además la sociedad Compañía Exportadora Vinícola del Bierzo SL, instalada en Cabañas Raras, utilizada presuntamente como “puerta de entrada” al mercado berciano.

La Fiscalía sostiene que desde esas instalaciones se compraron masivamente vinos procedentes de Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y La Rioja para después embotellarlos y comercializarlos con etiquetados falsos o utilizando contraetiquetas oficiales de forma fraudulenta. Solo entre 2014 y 2019, el escrito cifra en más de 1,6 millones las botellas presuntamente comercializadas de manera irregular.

La Fiscalía sostiene que no era vino, sino un “sucedáneo”

La acusación describe hasta siete grandes modalidades de fraude: vinos embotellados por encima de las cantidades autorizadas, marcas que nunca tuvieron permiso para usar denominaciones protegidas, utilización ilegítima de tirillas oficiales en botellas distintas, uso indebido de la marca Tierra de Sabor y comercialización de vinos con falsas referencias a la DO La Mancha. Entre las marcas investigadas aparecen nombres como Cruz de Hierro, Viña Castelao, Bacelo, Castillo del Rey o Tuco y Nala.

Pero la parte más grave de la acusación no se limita al fraude comercial. El Ministerio Público sostiene que el producto final ni siquiera podía considerarse legalmente vino, sino un “sucedáneo”, tras ser manipulado mediante mezclas y añadidos prohibidos. Dos enólogos procesados habrían participado, según el escrito, en la transformación del producto utilizando agua, colorantes, aromas, azúcares no vínicos, alcoholes ajenos al vino y otros compuestos destinados a modificar artificialmente sabor, color o graduación.

Durante los registros realizados en mayo de 2019 se encontraron, según la investigación, edulcorantes, colorantes, ácidos y más de un kilo de natamicina, un antibiótico antifúngico cuyo uso está permitido únicamente en determinados quesos y embutidos, pero prohibido en vino. La Fiscalía considera especialmente grave la utilización de esta sustancia porque, aunque no provocaría intoxicaciones agudas inmediatas, sí podría generar resistencias a antibióticos en consumidores habituales.

Los investigadores advierten además del enorme daño reputacional que un caso así podría provocar en el sector vitivinícola español, especialmente en mercados internacionales. Parte del vino se exportaba al extranjero y las pesquisas detectaron una compleja red de etiquetado y distribución que daba apariencia de legalidad y trazabilidad a productos que, según la acusación, incumplían completamente las normas de origen y calidad.

La causa también señala a un impresor de Ourense, administrador de Gráficas Galegas SL, acusado de fabricar etiquetas, contraetiquetas y tirillas presuntamente falsas para las distintas marcas investigadas. Junto a él figura además un empresario lucense vinculado a Prior de Pantón SL, acusado de colaborar en la comercialización irregular de varias marcas de vino utilizando registros embotelladores y autorizaciones que no le correspondían.

La Junta de Castilla y León llegó incluso a ordenar el cierre y clausura de la actividad en las instalaciones de Cabañas Raras en 2017 por irregularidades sanitarias y de seguridad alimentaria, aunque, según la Fiscalía, la actividad continuó pese a la resolución administrativa.

En total, el Ministerio Fiscal acusa a los procesados de organización criminal, estafa agravada, falsificación continuada de certificados, delito contra la salud pública y delitos contra la propiedad industrial. Para los tres principales acusados solicita penas que suman 21 años de prisión, mientras que para el resto reclama condenas de entre cinco y 17 años, según el grado de participación atribuido a cada uno.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama indemnizaciones millonarias para las entidades perjudicadas: más de 284.000 euros para la DO Bierzo, 180.000 euros para la DO La Mancha y más de un millón de euros para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), calculadas a razón de un euro por cada botella presuntamente fraudulenta puesta en el mercado.

La investigación permitió también inmovilizar más de 26.000 botellas distribuidas en supermercados y cadenas comerciales de toda España, entre ellas Carrefour, Alcampo, Eroski, Gadisa o E.Leclerc.

El juicio oral, uno de los procedimientos penales más complejos instruidos en los últimos años en Ponferrada, llega ahora a su fase decisiva después de más de cinco años de investigación y trámites judiciales. La vista analizará si detrás de la aparente comercialización de vino con sellos de calidad se escondía realmente una red organizada dedicada a adulterar productos y falsificar su origen para venderlos masivamente dentro y fuera de España.

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo está sumida en el caos. En un par de meses se cumplirá un año de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León que anuló la convocatoria de la plaza de Subinspector del 2022, el jefe del cuerpo, pero esta todavía está ejecutada solo a medias.

El cuerpo policial permanece descabezado desde el mes de septiembre del año pasado, pero el equipo de Gobierno en minoría de UPL todavía no ha iniciado los trámites para volver a sacar la plaza a concurso. Mientras tanto, crece el descontento. Los agentes, como el resto de funcionarios del tercer Consistorio en número de habitantes de la provincia de León, todavía no han cobrado la nómina del mes de abril, no perciben las horas extra desde noviembre, denuncian falta de medios, tienen una pistola 'desaparecida' desde hace meses y, recientemente, les han robado las cuatro ruedas y el interior de un vehículo del depósito municipal. Pero tampoco se ha aplicado, por el momento, medida de seguridad alguna.

La sentencia del mes de julio del tribunal leonés, que es firme porque no fue recurrida por ninguna de las partes, obligó a cesar al subinspector unos meses después. En paralelo, también exigía al Ayuntamiento de San Andrés a negociar unas nuevas bases para convocar otra vez la plaza y conformar un tribunal evaluador de los aspirantes, pero esta parte sigue sin llevarse a cabo.

Sin subinspector, la normativa obliga al policía de mayor rango a asumir las funciones de jefe de Policía. De los 38 agentes locales de San Andrés, tan solo uno tiene categoría de oficial, pero se ha negado por escrito a desempeñar esas funciones. La solución que ha adoptado la alcaldesa leonesista, Ana María Fernández Caurel, fue designar “temporalmente” a uno de los 37 agentes 'rasos', a pesar de un informe en contra de Secretaría.

Estas dos circunstancias, la demora en ejecutar una sentencia firme que está retrasando cubrir la plaza de subinspector bajo el principio de igualdad y parchear esta falta de mando con la elección 'libre' de un jefe “temporal” con vínculos con UPL que ya lleva ocho meses en el puesto, ponen sobre la mesa un posible recurso ante la Justicia.

Fuentes consultadas por este medio denuncian, además, el retraso reiterado del cobro de las nóminas, por ejemplo a la redacción de esta información todavía no han percibido la nómina del mes de abril, suman ya medio año sin cobrar las horas extra, y, lo que a su juicio es aún peor, una seria falta de medios.

La situación del cuerpo policial de San Andrés tiene además otros elementos que ponen en cuestión su funcionamiento normal. El fin de semana tan solo hay una patrulla de dos agentes para cubrir todo el municipio, y el cuerpo no tiene vehículos con mampara para el traslado de detenidos. Ello ha obligado a que hasta en dos intervenciones, graves, señalan fuentes del cuerpo, tuvieron que recurrir a la Policía Local de León porque estuvieron veinte días sin etilómetro. Además ,desde el año pasado no se están cumpliendo las obligatorias pruebas de tiro, hay problemas con la tramitación de las multas y con el funcionamiento del servicio de grúa, prácticamente inexistente.

Una pistola sustraída

El pasado mes de febrero ocurría un suceso que ha dejado huella en el cuerpo, la 'desaparición' de una pistola de la Policía Local, un hecho grave denunciado y que investigan la Policía Nacional. A fecha actual la pistola no ha aparecido, pese a la investigación en curso con sospechas sobre un miembro del propio cuerpo que habría sustraído el arma del armero municipal, sin que se haya resuelto qué ha hecho con ella.

A los robos de material defensivo se suma otros sucesos como la sustracción de las cuatro ruedas y el interior de un vehículo que permanecía bajo custodia en el depósito municipal. Fuentes consultadas denuncian que pese a todos estos sucesos no se han puesto las medidas preventivas necesarias para evitar que vuelvan a suceder.

ILEÓN preguntó al equipo de Gobierno de UPL de San Andrés del Rabanedo el miércoles sobre todas estas cuestiones, aunque no ha respondido, y solo a algunas de ellas, hasta después de la publicación de la información, este viernes a media mañana.

En primera instancia, reconocen que los funcionarios no han cobrado todavía la nómina de abril, si bien el argumento es que es “debido a cuestiones administrativas y técnicas, no por falta de voluntad política ni por problemas económicos”. Sin entrar a cuáles son esas cuestiones 'administrativas y técnicas', añaden que “desde el equipo de Gobierno se han mantenido distintas reuniones con los representantes sindicales, el comité de empresa y con los técnicos municipales para abordar la situación y avanzar en el pago de las nóminas”, a punto de terminar mayo.

En cuanto a la situación del cuerpo de Policía Local, aseguran que “el equipo de Gobierno ya ha convocado una mesa de negociación y actualmente se están negociando las nuevas bases para proceder a la convocatoria” y, así, dar cumplimiento a una sentencia judicial de hace casi un año. No obstante, y según varios grupos de la oposición, la mesa de negociación está convocada para el día 1 de junio y actualmente no se está negociando nada, porque no se ha elevado todavía propuesta alguna.

Mientras tanto, y según UPL, la Policía Local sigue capitaneada por un jefe “temporal” que, dicen, se eligió por méritos de entre “varios candidatos”, sin tener en cuenta “la adscripción política de nadie”. No aclaran si el elegido tiene o no vinculación directa con el partido leonesista y si la decisión se tomó o no en contra de un informe de Secretaría.

En todo caso, subrayan que el cuerpo “continúa tramitando, atendiendo incidencias y prestando servicio con los recursos disponibles”, eludiendo responder a la falta de recursos que denuncian. “Las carencias materiales o de personal que pueda arrastrar el servicio no son una situación nueva ni exclusiva, sino una problemática estructural que viene de años atrás y que afecta a numerosos cuerpos policiales. Pese a ello, los agentes continúan desarrollando una labor imprescindible para el municipio”, agregan.

Por último, respecto al arma que lleva meses desaparecida, se han limitado a manifestar que “se trata de una cuestión judicializada sobre la que no harán valoraciones”.

El juicio contra los empresarios y directivos mineros de León acusados de fraude masivo ha quedado este martes visto para sentencia, después de cinco días de testificales. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, únicas acusaciones de la causa, consideran probado que los cinco empresarios juzgados por tres delitos contra la Hacienda Pública hicieron pasar mineral de exterior, de cielo abierto, por carbón de mina de interior para cobrar una subvención cinco veces mayor de forma “deliberada y pactada”, y han cifrado en 2,1 millones la cantidad defraudada en los tres años investigados.

Este martes, en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de León, tanto el Ministerio Fiscal como el representante legal de la Agobacía del Estado han pedido sentencia condenatoria contra los dos miembros de la familia franquista Del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, un directivo de la Vasco y dos responsables de subcontratas con las que operaban, al entender que había “un concurso” entre los acusados, que trabajaban con una “relación triangular” a través de las empresas Hullera Vasco-Leonesa y Transportes Peal y Restauraciones Mineras para defraudar a Hacienda.

La Fiscalía ha mantenido su petición de pena de prisión para los cinco acusados por tres delitos contra la Hacienda Pública cada uno. En el caso de Antonio del Valle y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco-Leonesa, y de Mario Calvo Herce, en su momento director general de esa empresa, la Fiscalía ha pedido cuatro, tres y cinco años de prisión por cada delito, es decir, un total de doce años de cárcel para cada acusado como autores de la defraudación.

Para José Manuel Alonso, administrador único del Grupo Peal, y Francisco Javier Luengo, el director general de esa empresa y máximo responsable del cielo abierto de Santa Lucía, la Fiscalía ha pedido siete años y medio de prisión para cada uno como “cooperadores necesarios” para defraudar a Hacienda.

Los hechos enjuiciados corresponden a los años 2011, 2012 y 2013, cuando se apreció por parte de un perito de la inspección de la Agencia Tributaria una diferencia entre lo real y lo facturado en un 21 por ciento el primer año, en un 17 por ciento el segundo y en un 28 por ciento el tercero, porcentajes a los que ha aludido la fiscal durante el juicio. En concreto, ha detallado que el fraude fue de 734.981,28 euros en 2011, de 510.463,37 euros en 2012 y de 868.931,61 en 2013, que eleva la cuantía total por encima de los 2,1 millones de euros.

“Todos conocían los hechos y tomaban decisiones en común, tal y como se ve en los correos electrónicos aportados a la causa y que demuestran este concierto”, ha manifestado la fiscal, quien ha insistido en que la Hullera Vasco-Leonesa deducía de esas cuentas un IVA que no se correspondía con las actividades legales y eludía de modo consciente y deliberado sus obligaciones tributarias.

“Cobrar subvenciones de carbón de exterior como si fuera carbón de interior, que es cinco veces más. Esa es la esencia de la confabulación. Era necesario compensar a Transportes Peal con sobrefacturación para que no se opusiese a facturar carbón de exterior como carbón de interior de la Hullera Vasco-Leonesa. Lo que pagaba toda la fiesta era el cielo abierto”, ha detallado el abogado del Estado, quien, como la Fiscalía, ha reiterado que lo que se llevaba a cabo era “una sobrefacturación de mineral estéril y una infrafacturación de carbón”.

La sobrefacturación por el estéril se hacía “mediante la facturación de muchos metros cúbicos de ese material que, en realidad, no se habían movido y se compensaba con la infrafacturación del carbón para deducir cuotas de IVA por unos trabajos nunca practicados”, ha detallado el abogado del Estado.

En esta misma causa había otro acusado, José Manuel Alonso, conocido como Manolo Peal, quien falleció el pasado marzo a los 87 años. Por su parte Emilio Amor, uno de los responsables del cielo abierto cuyas iniciales aparecían en el señalamiento de esta vista como acusado, ha salido del procedimiento al retirarle la fiscal esa condición.

En el momento de su declaración los acusados negaron la trama y sus abogados defensores han pedido en todos los casos la libre absolución al considerar que el juicio “no se tenía que haber celebrado”, reclaman la nulidad de las pruebas por haberse obtenido, dicen, de manera “ilícita”, y la inexistencia de evidencias incriminatorias contra los acusados.

Una parte fundamental de la investigación, y en la que se basaban las acusaciones tanto del Ministerio como de la Abogacía del Estado, ha quedado ya anulada por una sentencia del Tribunal Supremo. Es por eso que Fiscalía ha tenido que rehacer su escrito de acusación y, según ha argumentado, también por esa circunstancia se negaba a facilitar ninguna información a los medios de comunicación.

Ninguno de los acusados ha hecho uso de su derecho a la última palabra en la sesión final de un juicio que ha quedado visto para sentencia. 

El juicio contra los empresarios y directivos mineros de León acusados de fraude masivo de carbón entra en su fase final. Este jueves han declarado la mayoría de los acusados y su defensa se ha basado en desacreditar la causa. Los responsables de la Hullera Vasco-Leonesa, Transportes Peal y su filial Restauraciones Mineras aseguran que el volumen de carbón extraído en las explotaciones, tanto de interior como a cielo abierto, se mide únicamente en unos planos topográficos que no están en la documentación del procedimiento y que la cuenta 'en camiones' que hacen la Fiscalía y la Abogacía del Estado no es válida ni como aproximación.

Lo que el tribunal que preside Carlos Miguélez trata de dirimir desde el lunes es si la Hullera Vasco-Leonesa cometió los delitos de fraude contra la Hacienda Pública y falsedad de documento mercantil por, presuntamente, cobrar el carbón de sus explotaciones a cielo abierto con el plus de las ayudas a la producción de interior, que es cinco veces más alto, entre los años 2011 a 2014. Un fraude que, según publicó el diario El Pais, podría ascender a los 14 millones de euros.

Las empresas acusadas son la histórica y quebrada sociedad minera Hullera Vasco-Leonesa y las de servicios auxiliares Transportes Peal SA y su filial Restauraciones Mineras SA, así como varios de sus directivos como Antonio y Arturo del Valle Alonso, Mario Calvo Herce, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo. El juicio, que quedó suspendido este jueves hasta la próxima semana, previsiblemente terminará el martes 19 de mayo.

Los primeros en prestar declaración como acusados este jueves fueron los hermanos Antonio y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco-Leonesa. Después lo hicieron Juan Manuel Alonso y Franciso Javier Luengo, responsables de Transportes Peal y, por último, Mario Calvo Herce, el que fuera director general de la Vasco. Todos ellos coincidieron en señalar los presuntos planos topográficos como la única forma válida de medir la cantidad de carbón que se sacaba y se vendía tanto en explotaciones a cielo abierto como en minería de interior, y en desacreditar, rotundamente, que un cálculo 'en camiones', como el que hace la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal, sea siquiera útil como aproximación.

Coincidieron también los acusados en criticar la inspección de Hacienda en la que se basa la causa, y en denunciar como inapropiadas las prácticas de los funcionarios de la Agencia Tributaria que la desarrollaron. Antonio del Valle primero y después el resto se negaron rotundamente a responder a cualquier pregunta que tuviera relación con los documentos “que se hayan conseguido a la entrada de las instalaciones” de la Hullera Vasco Leonesa. De esa manera se negó a responder a las cuestiones sobre unos correos electrónicos presuntamente incriminatorios. Todos salvo Mario Calvo Herce que, para sorpresa del Abogado del Estado, manifestó que si esos correos electrónicos se mantenían como obtenidos de manera válida no tenía inconveniente en responder a las preguntas que le hicieran.

El representante de la Abogacía del Estado le preguntó entonces por unos correos que se intercambiaron Mario Calvo Herce y Arturo del Valle, en diciembre de 2013, en los que el vicepresidente de la Hullera y responsable de la venta de carbón de la empresa le manifestaba al director general: “He bajado algo la producción [de carbón] y la diferencia la he aumentado en la broza”. La cuestión que le planteó fue clara: “¿Se estaban manipulando los datos de producción?” A lo que Calvo Herce respondió que: “Estábamos hablando de los presupuestos”. En los archivos adjuntos de esos correos aparecen distintas cantidades de carbón extraídas en explotaciones a cielo abierto y en minas de interior, a las que se alude hacer cambios, pero el director general de la Vasco se mantuvo tajante en que “siempre hablamos de los presupuestos”.

La gran duda que se ha quedado sobre la mesa es por qué si el único método válido para cuantificar las toneladas de carbón extraídas eran los planos topográficos y no el método paralelo que utilizó Fiscalía y la Hacienda Pública de conteo 'en camiones' esos planos topográficos no están en la causa.

La sesión prevista para el lunes no se celebrará y el juicio se retomará el martes dado que solo falta por declarar como acusado el representante legal de la concursal. Después será el turno de las conclusiones finales de las partes y el derecho a la última palabra de los acusados.

Falta por saber si en esas conclusiones finales las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado, hacen públicas las peticiones de condena para los acusados que se han venido negando a facilitar hasta ahora a los medios de comunicación, a pesar de las reiteradas peticiones de ILEÓN.

La Audiencia Provincial de León acoge esta y la próxima semana un juicio contra varias empresas del sector minero y sus responsables, entre ellos miembros de la familia Del Valle, por los presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad de documento mercantil en una trama para cobrar las ayudas al carbón de interior vendiendo falsamente como tal carbón de cielo abierto.

Las empresas acusadas son la histórica y quebrada sociedad minera Hullera Vasco-Leonesa y las de servicios auxiliares Transportes Peal SA y su filial Restauraciones Mineras SA, así como varios de sus directivos como Antonio y Arturo del Valle Alonso, Mario Calvo Herce, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo. El juicio se desarrolla en siete sesiones y los acusados han pedido declarar al final del proceso.

La Fiscalía de León se ha negado a desvelar su petición de penas de cárcel y económicas a los acusados pero el periódico El País ha desvelado que el origen de la causa radica en una denuncia anónima que alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de una trama para cobrar las subvenciones al carbón de interior. Según el denunciante, el fraude podría ascender hasta los 14 millones de euros y se desarrolló en varios años en los que ya se veía el final de la minería en España, entre el 2011 y 2015.

La causa, detalla El País, se originó tras la denuncia anónima de una persona vinculada al entorno empresarial, que entregó a la Agencia Tributaria miles de archivos, fotografías y hojas de cálculo que supuestamente demostraban cómo se alteraban los volúmenes reales de carbón extraído en connivencia entre las tres empresas. A raíz de esa documentación intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigó un sistema diseñado para inflar la producción subvencionada.  

Los investigadores sostienen que las empresas elaboraban informes falsos para incrementar artificialmente hasta un 20% o un 25% la producción declarada y así aumentar la facturación y las ayudas estatales. La documentación aportada incluye tablas internas con apartados diferenciados entre “producción real” y “producción incrementada”, además de fotografías de camiones trasladando material de explotaciones exteriores a minas de interior.  

Este medio ha asistido a la sesión de este miércoles en la que han declarado varios testigo y peritos de las defensas para intentar justificar ese desfase económico, negando las cifras de la Agencia Tributaria. Las pruebas testificales continuarán este jueves, día en el que está previsto que empiecen a declarar los acusados.

La Fiscalía oculta las penas

La acusación pública en el juicio la ejerce la Fiscal Jefe Provincial, Isabel Morán González, que ha ocultado su escrito de acusación en este caso, ante reiteradas peticiones de este y otros medios de comunicación, y cuya divulgación es habitual, pero desde hace un tiempo esta Fiscalía en particular ignora el derecho a la información y el propio estatuto del Ministerio Fiscal y se niega a facilitarlos.

En este caso que afecta a históricos empresarios leoneses la ocultación del escrito de la Fiscalía es tal que incluso se ha advertido a los abogados y procuradores de las partes que no se puede facilitar a los medios de comunicación, según ha confirmado este periódico. La Fiscalía no quiere que se sepa lo que pide de penas a los empresarios, que en todo caso deberá ratificar o modificar en la vista pública antes del fin del juicio que se celebra hasta el miércoles 20 de mayo.

La actitud obstrucionista de la Fiscalía de León con los medios de comunicación es una tónica habitual en todos los procedimientos, llegando incluso al borrado de los nombres de las empresas afectadas en procedimientos bajo la pretendida ley de protección de datos personales, que no afecta a los nombres de las entidades jurídicas. Isabel Morán ocupa el puesto de jefa de la Fiscalía de León desde el año 2017.

El delito contra la Hacienda Pública está tipificado con penas de prisión de dos a seis años y el de falsedad de documento mercantil con penas de prisión de 6 meses a 3 años.

Los Del Valle, absueltos por la muerte de mineros en el Pozo Emilio del Valle

Los Del Valle, una histórica familia empresarial leonesa con vínculos con el franquismo, se vuelven a sentar en el banquillo después de que hace apenas medio año el Juzgado de lo Penal número 2 de León los haya absuelto por la muerte de seis mineros en en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en 2013. La sentencia, que tardó en llegar más de dos años y medio desde que el juicio quedase visto para sentencia, eximió también de responsabilidad civil a la compañía minera, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuir a los procesados delitos de homicidio imprudente, lesiones o vulneración de la seguridad laboral que se les imputaban.

La jueza concluyó que la causa más probable de la explosión fue un desprendimiento instantáneo e imprevisible de grisú y dio mayor validez a los informes técnicos presentados por las defensas frente a las tesis de las acusaciones, que sostenían que existieron fallos de seguridad y deficiencias estructurales en la explotación minera.

La demora provocó protestas y movilizaciones de familiares y compañeros de las víctimas reclamando una resolución judicial que, cuando llegó, dejó incomprensión y desolación. En marzo de 2026, la Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de León la sentencia absolutoria para los Del Valle y los otros 12 acusados por el accidente del pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el que murieron seis y resultaron heridos de distinta consideración otros ocho el 28 de octubre de 2013. El ministerio público solicitó la anulación tanto del fallo como del propio juicio y pidió que el caso volviera a celebrarse al considerar que la jueza realizó una valoración “irracional” e incorrecta de las pruebas técnicas y testimonios practicados durante la vista oral.

En su recurso, Fiscalía defendía que el debate no debía centrarse únicamente en la causa inmediata del escape de grisú, sino en si la tragedia podría haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. Por ello, cuestionaba aspectos como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa, además de reprochar que la sentencia otorgara mayor credibilidad a los informes aportados por las defensas frente a los elaborados por técnicos de la autoridad minera y por el perito judicial.

Quince años después de que la Justicia confirmara que las grietas que aparecían y resquebrajaban las paredes de sus casas tenían origen en la minería, los vecinos de Langre vuelven a mirar con recelo lo que ocurre bajo sus pies y la explotación de sus recursos naturales.

El pequeño pueblo berciano de 70 habitantes, asentado sobre un entramado de galerías subterráneas, en el municipio de Berlanga, revive estos días un miedo que nunca llegó a desaparecer del todo. Entonces era el carbón. Ahora, la amenaza que perciben los vecinos llega por el viento, en forma de aerogeneradores. Pero el origen de la inquietud es el mismo: la estabilidad de un terreno que ya demostró su fragilidad.

Durante años, los vecinos convivieron con la aparición progresiva de grietas en viviendas, bodegas e incluso en la iglesia del pueblo, hasta que la Justicia condenó al culpable y lo obligó a indemnizarlos. Tras más de una década de pleitos contra 'el rey del carbón', en 2011 el Tribunal Supremo cerró el caso confirmando que los daños tenían su origen en la actividad minera desarrollada bajo el pueblo por empresas vinculadas a Uminsa de Victorino Alonso.

La sentencia ratificó que las galerías subterráneas habían provocado subsidencias, hundimientos y desplazamientos del terreno que afectaron directamente a las construcciones en superficie. Aquella resolución obligó a indemnizar con cuantías que iban de los 4.000 a los 80.000 euros a los 28 vecinos que denunciaron los daños en cerca de 40 inmuebles. En total, más de 700.000 euros. Pero el dinero no cerró la herida. Muchos afectados alertaban entonces que las indemnizaciones apenas ayudaban a tapar los desperfectos, y que el problema no había desaparecido. Las grietas siguen apareciendo, porque el terreno sigue moviéndose.

Por eso, cuando dos hombres desconocidos y muy bien vestidos, que resultaron ser trabajadores de una empresa internacional interesada en el viento que sopla sobre sus montes comunales, les propusieron aprobar en concejo instalar dos torres de medición durante 18 meses en las zonas más altas del entorno de la localidad para estudiar la rentabilidad de un parque eólico, hubo quien recordó que Langre no es un pueblo asentado sobre terreno firme. Bajo sus calles existe una red de galerías mineras que condiciona cualquier intervención sobre el territorio.

Esa realidad ha motivado la redacción de un informe elaborado en el propio pueblo, con el objetivo de explicar, de forma sencilla, qué podría suponer la instalación de un parque eólico en su entorno. El documento recuerda que el subsuelo no es compacto, sino un entramado de cavidades que ya han provocado daños en el pasado. Y plantea una pregunta directa: qué ocurriría si se añaden nuevas cargas y vibraciones sobre ese terreno.

Del carbón a los molinos: el mismo suelo, nuevas dudas

El informe, al que ha tenido acceso este medio, introduce un elemento clave en el debate: la diferencia entre el problema que ya vivió el pueblo y el que podría venir. Si entonces fue la extracción de carbón la que fragmentó el terreno, ahora el riesgo estaría en la combinación de peso y vibración de transportar, instalar y la propia actividad de los aerogeneradores.

Según recoge el informe, estas estructuras pueden superar las 400 toneladas, a lo que se suma una base de hormigón de grandes dimensiones. Pero más allá del peso, el foco está en la vibración constante que genera el giro de las palas. El texto advierte de un posible efecto de resonancia entre esas vibraciones y las cavidades subterráneas, lo que podría amplificar el impacto sobre un suelo que ya ha cedido en el pasado. No es una afirmación categórica, pero sí una advertencia que en Langre se ha tomado muy en serio.

El estudio no se queda solo en el terreno. También pone el foco en la vida diaria del pueblo y en cuestiones que preocupan especialmente a los vecinos, como la salud. El documento habla de los infrasonidos, ondas de baja frecuencia que no siempre se perciben con el oído, pero que sí pueden sentirse dentro de las viviendas. Su exposición continuada se relaciona con problemas de sueño, mareos o estrés, en lo que se ha denominado “síndrome del aerogenerador”.

Además, el texto advierte de posibles efectos sobre el entorno más cercano. Señala que la instalación de los molinos podría alterar el microclima local, con consecuencias directas en huertas y frutales, clave en la economía doméstica de muchas familias. También menciona el impacto sobre los insectos polinizadores, esenciales para mantener la producción agrícola.

En ese contexto, la respuesta vecinal al macroproyecto energético, después de unos días de reflexión, fue tajante. El pasado 18 de abril, Langre votó en concejo y casi de forma unánime en contra de la instalación de las dos torres de medición que proponía Galileo, una plataforma internacional de energías renovables creada en 2020 para desarrollar proyectos en distintos países europeos.

La decisión no cierra definitivamente la puerta al proyecto de la compañía, impulsada por el gestor Morrison y respaldada por grandes inversores de Nueva Zelanda y Australia, entre ellos el fondo soberano neozelandés, Infratil o la Commonwealth Superannuation Corporation.

Galileo podría seguir adelante con su intención de instalar un parque eólico de hasta 11 aerogeneradores, pero el pueblo ya ha dejado clara su posición. Los vecinos no solo piden explicaciones, exigen garantías económicas. Sobre la mesa, una cifra: un aval de hasta 45 millones de euros para cubrir posibles daños.

Un pasado que condiciona el futuro

El caso de Langre vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa buena parte de El Bierzo: cómo gestionar el nuevo ciclo energético en un territorio marcado por décadas de explotación de sus recursos.

La diferencia, en este caso, es que aquí el pasado sigue muy presente. Atraviesa de grietas sus paredes. Las casas reparadas una y otra vez. Y está muy vivo en la memoria de un pueblo que ya sabe lo que ocurre cuando la tierra se mueve bajo los pies. Por eso, cuando ahora se habla de molinos, en Langre no solo miran al viento. También miran al suelo que pisan. Y empiezan a organizarse.

El informe elaborado en el propio pueblo no solo enumera riesgos, también plantea cómo responder si el proyecto sigue adelante en su contra. Los vecinos reclaman estudios independientes que analicen el impacto real en la salud, la agricultura y la estabilidad del terreno. Y, ante cualquier duda, apelan a aplicar el principio de precaución. Si no se puede garantizar con certeza que no habrá daños, entienden que el proyecto no debería ejecutarse.

En paralelo, plantean medidas concretas para defenderse. Desde solicitar a la Junta los planos de las galerías mineras que atraviesan los cimientos del pueblo para conocer con exactitud qué hay bajo las zonas donde se quieren instalar los aerogeneradores. También proponen revisar la sentencia de 2011 contra Victorino Alonso como prueba de que el terreno ya está reconocido oficialmente como una zona de riesgo. Y, además, proponen crear un grupo de seguimiento vecinal que vigile cualquier movimiento administrativo o de maquinaria y les permita reaccionar a tiempo ante cualquier avance.

Porque en Langre, más que un debate energético, lo que está en juego vuelve a ser lo mismo de siempre: la seguridad de sus casas, la estabilidad de su tierra y la forma de vida de quienes siguen viviendo sobre ella.

Más de 200.000 personas en España han leído ya ‘Hamnet’ en castellano, la mayoría sin reparar que en realidad no estaban leyendo a Maggie O’Farrell sino a Concha Cardeñoso Sáenz de Miera. La traductora leonesa que nació en León capital hace casi siete décadas, creció entre libros y viajó a Londres con apenas 17 años para aprender inglés y vivir una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. A su vuelta, estudió Magisterio para enseñar lo que sabía a otros, se mudó a Barcelona por amor y tuvo dos hijas y, allí, empezó a dedicarse primero al teatro y a la danza y después a la traducción, un poco por la poesía y un poco por una amiga, pero su raíz leonesa sigue intacta.

El suyo es un oficio esencial casi siempre invisible. Este 23 de abril, Día del Libro, es un buen momento para mirar las estanterías de bibliotecas y librerías de otra manera. Para entender que entre el autor y el lector hay muchas veces alguien más. Que la ley reconoce a los traductores como autores de obra derivada desde 1983, pero que el reconocimiento social todavía no llega. Y que sin ellos, buena parte de lo que leemos simplemente no existiría en nuestra lengua.

Su historia empieza en una casa donde el lenguaje era casi uno más de la familia. Su madre, maestra, tenía como libro de cabecera el diccionario de la Real Academia Española y crió a sus hijas y un hijo entre correcciones para que hablasen bien. Su padre era un lector voraz, que llenó la casa de libros y cada noche les contaba cuentos antes de acostarse. Y en ese ambiente se crió una niña que empezó muy pronto a fijarse en cómo suenan las palabras, en cómo se escriben y en lo que significan.

Décadas después, esa niña es la traductora que ha puesto voz en castellano a algunas de las obras más leídas de los últimos años. El éxito de ‘Hamnet’ la ha hecho más visible. Pero su trayectoria, larga, exigente y sostenida en el tiempo, pertenece a ese territorio silencioso en el que se construye la literatura que leemos. Desde ahí, aprovecha ahora el foco para reivindicar su oficio, denunciar la precariedad del sector y advertir del impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial generativa.

Una infancia en León entre palabras, correcciones y libros

Concha nació en León en 1956 y vivió en la ciudad leonesa hasta los 17 años, que se fue de au pair a la capital del Reino Unido para mejorar su inglés. Aprendió a hablar correctamente gracias a una madre maestra preocupada que “nos corregía constantemente cuando decíamos cosas que no estaban bien o que eran demasiado, no sé, vulgares o chabacanas”. “A mí me entró en vena”, cuenta a ILEÓN, recordando orgullosa que su libro de cabecera era “el diccionario de la Real Academia Española, ¡imagínate!”

Su padre, “un lector consumado, abonado al Círculo de Lectores”, creó en casa su propia biblioteca, “con sus libros, ordenaditos”, y convirtió la lectura en un hábito cotidiano. Por las noches, les contaba cuentos como ‘El libro de la selva’ o ‘Colmillo Blanco’, de memoria, un capítulo cada noche.

La escuela fue el espacio donde empezó a fijarse en los detalles del lenguaje. Recuerda con nitidez y mucho cariño a varias de sus maestras que inculcaron en ella otra forma de mirar las palabras. Como “doña Teresina, ¡cuánto la quise!”, que les ponía ejercicios en la pizarra en los que tenían que descubrir qué tenían en común una serie de palabras. “Yo lo veía enseguida”, explica, con una intuición casi innata para detectar patrones, letras y sonidos, para entender la lógica interna del idioma.

“Una anécdota graciosa, antes de ir con doña Teresina, fui a una escuela que había en el parque de San Francisco, donde la Escuela de Comercio, y un día volví a casa diciendo: 'Mami, tengo una maestra que habla muy raro. Dice valle y lluvia, con la ll'”. Ese día aprendió una pronunciación del leonés y que la lengua no es única ni uniforme, que cambia según el lugar, que tiene matices, acentos y formas distintas de nombrar lo mismo.

León, Londres, Barcelona: irse, volver y volver a irse

Al terminar COU, en el instituto Juan del Enzina, tocaba decidir qué estudiar, con algunos condicionantes. Una de sus hermanas ya se estaba formando fuera de la ciudad y la economía familiar no podía permitirse que otra lo hiciera al mismo tiempo. Por eso, su padre le pidió que eligiese alguna titulación que se impartía en la capital leonesa. “En aquella época había Filosofía, Minas, Veterinaria y poco más”, así que eligió Magisterio, “porque estaba claro que yo era de letras”. Pero antes de empezar, decidió irse.

Tenía otra hermana en Londres y ganas de cambiar de aires. “No fue una huida”, aclara, pero sí una necesidad de probar cosas nuevas. Y allí encontró algo que no esperaba del todo: una sensación de libertad difícil de describir. “Podía salir a la calle, no me conocía nadie ni yo conocía a nadie. Podía ir donde quisiera”.

Londres era entonces “la gran ciudad”. “Era asombroso ver la cantidad de gentes diferentes que había. De culturas, de estilos de vestir, y tenía un glamur especial. Llamaba mucho la atención”. Su vida era tranquila, casi rutinaria, entre la casa donde trabajaba como au pair, la escuela “y algunos otros trabajos que hice”, pero el impacto fue profundo. No solo estaba perfeccionando un idioma, estaba ampliando su forma de mirar.

Después, volvió a León y retomó el plan previsto: estudió Magisterio y se preparó para enseñar. Pero la vida le tenía preparada otra vez la maleta, esta vez por amor. Se mudó a Barcelona y allí ha construido su vida y continúa. Siguió formándose, tuvo a sus dos hijas y lo que empezó como un entretenimiento terminó por convertirse en su profesión, la traducción.

Ese irse, volver y volver a irse no ha supuesto, como pasa muchas veces, una ruptura con León. La raíz sigue aquí, intacta: “No se rompe ni se seca”, y la trae de vuelta al menos un par de veces al año.

De un juego entre amigos a toda una vida traduciendo

Antes de que se diera cuenta, Concha ya estaba traduciendo. En Londres cayó en sus manos un libro que le llamó especialmente la atención. “Era de R. D. Laing, 'Knots', que quiere decir nudos. Estaba vinculado a aquel movimiento que se llamaba la antipsiquiatría, y eran como poemitas con un estilo que me hizo mucha gracia. Eran juegos de palabras”, de esos que obligan a pensar cómo trasladar un idioma a otro sin perder significado por el camino.

Le gustó tanto que empezó a traducirlo, “a máquina o incluso a mano”. Lo encuadernaba ella misma para regalárselo a algunos de sus amigos. Una de ellas, que trabajaba como correctora de textos, le dio un consejo que lo cambió todo: presentarse a las editoriales directamente como traductora. Aquel inicio, casi doméstico, fue el comienzo de una carrera que ya suma décadas.

Los primeros encargos fueron llegando poco a poco. Traducciones pequeñas, trabajos diversos, textos que iban abriendo camino. Hasta que llegó el primer libro publicado. “Recuerdo estar traduciéndolo en un camping de Asturias”, mientras su familia se bañaba y ella alternaba ratos de descanso con horas de trabajo, “a la sombra o al sol, según quisiera”, recuerda divertida.

Empezó a trabajar con editoriales como Timun Mas, en una etapa en la que encadenó cuentos, literatura juvenil y novelas, algunas de ellas extensas sagas de ciencia ficción. Con el tiempo llegaron otros sellos como Alba, Libros del Asteroide o Destino, y autores de mayor proyección. Entre ellos, nombres como Robertson Davies, Irene Solà, Jaume Cabré o Daphne du Maurier.

Su carrera no ha sido lineal, pero sí constante. Ha traducido de todo: novela, ensayo, clásicos, literatura contemporánea, autores vivos con los que puede dialogar y otros ya desaparecidos. Y siempre igual de “puntillosa”, porque sabe que la exigencia del trabajo que hace “es grande y la responsabilidad también”.

“Me esfuerzo al máximo con todos los textos que traduzco, sean buenos o malos”, explica. Para ella, cada uno merece la misma dedicación. Porque traducir no es solo trasladar palabras de un idioma a otro. Es entender lo que hay detrás: el tono, la intención, el contexto cultural, los matices que no siempre son evidentes. “Tienes que captar la idea. Si no la captas, estás perdida”.

Es un trabajo exigente, muy técnico y profundamente creativo. Pero también, en muchos casos, invisible. El lector rara vez repara en quién ha hecho posible que ese libro exista en su idioma para que pueda leerlo y entenderlo. Y, sin embargo, detrás de cada página hay alguien que ha tenido que reconstruirla.

Un best seller tras décadas de oficio 'invisible'

La ley reconoce a los traductores como autores de obra derivada desde 1983, con la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual. En la práctica, sin embargo, la sociedad parece ir todavía más lenta. Durante décadas, el nombre de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera estuvo relegado al lugar en el que suelen estar los traductores: en la letra pequeña, en la página de créditos, muy lejos de la conversación sobre este o aquel libro.

El reconocimiento le llegó después de muchos años de trabajo, y de manera inesperada. ‘Hamnet’, de Maggie O’Farrell, la puso en la portada de un best seller. “Ha sido sorprendente”, admite: “Me han escrito personas que no conozco de nada, lectoras del otro lado del charco, y me hace muy feliz, me llena de alegría”. Pero, además, la novela le permitió algo poco habitual en su profesión: percibir derechos de autor “dignos” durante varios años y una cierta holgura económica. “He podido vivir más tranquila en la vida diaria y ayudar un poco a mis hijas también”, resume.

No obstante, la realidad de fondo sigue siendo la misma. “La fama, entre comillas, va a durar un día”, subraya, porque la traducción literaria sigue siendo, en sus palabras, “la hermana pobre” del sector. “No se puede vivir de esto si tienes una familia”, explica. “Las tarifas son bajas y ni siquiera se actualizan al IPC”, y el trabajo llega como llega: no se elige, se acepta todo lo que encaja en los plazos y las condiciones de las editoriales. Un continuo juego de malabares entre vocación y supervivencia.

Aun así, su trayectoria está llena de grandes nombres y obras relevantes, desde clásicos hasta autores contemporáneos, “cada vez más mujeres”, en inglés y, sobre todo, en catalán, que reconoce, “cuesta más que entre en castellano”. Un trabajo amplio, exigente y sostenido en el tiempo que cuesta que trascienda al lector.

La invisibilidad de los traductores sigue siendo el talón de Aquiles del oficio, porque, entre otras cosas, conlleva una falta de reconocimiento que redunda en las tarifas directa y negativamente. “La gente no es consciente de que muchas veces lo que está leyendo ha pasado por un filtro”, señala. Entre los autores que escriben en cualquier otra lengua que no sea el castellano y el lector hay, necesariamente, alguien que ha reconstruido ese texto para su comprensión. Y, sin embargo, su nombre sigue sin tener la repercusión que merece.

De ahí su insistencia en cambiar la mirada. En fijarse en quién traduce, en entender que el lenguaje que nos llega no siempre es el del autor original. “Si no te gusta un libro, igual no es el autor quien no te gusta, quizá sea la traducción”, apunta. Y sugiere algo poco habitual: buscar otras versiones, otros traductores, y hacer el ejercicio de leer comparando y siendo más exigente.

En ese contexto, la irrupción de la inteligencia artificial generativa añade una nueva preocupación. Cardeñoso habla abiertamente de la “hecatombe” que está suponiendo ya en el sector editorial. “Algunas editoriales ya están sustituyendo la traducción humana por sistemas automáticos y relegando a los profesionales a las tareas de corrección de la IAG”.

Lejos de facilitar el trabajo, lo aumenta. “Es el doble”, explica. Revisar lo que hace una máquina, volver al original y rehacer el texto. Más horas, más esfuerzo y menos reconocimiento y dinero. Para ella, el riesgo no es solo laboral, “porque las tarifas se caen al suelo”, sino también cultural, perder matices, precisión y calidad en algo tan delicado como trasladar una obra de una lengua a otra. Por eso insiste en ir asumiendo algo en realidad muy sencillo: reconocer a los autores y también a los traductores, y eso pasa por empezar a mirar los libros de otra manera.

“Mil páginas” para traducir antes de final de año y una jubilación para estudiar leonés

Después del éxito, y de la visibilidad inesperada de los últimos años, Concha no ha bajado el ritmo. Sigue trabajando como siempre: con plazos ajustados y con la misma autoexigencia de toda la vida. Sobre su mesa tiene más de 1.000 páginas pendientes de traducción antes de que termine el año: “Sin vacaciones, sin derecho al paro”. Queda mucho suyo por leer.

Si piensa en la jubilación, se imagina estudiando leonés, para acercarse a su historia y a su riqueza. A esa manera distinta de nombrar el mundo que ya intuyó de niña. Y para recuperar, “un poco, el gran reino que fue el Reino de León en su día”. También quiere recuperar textos de autoras olvidadas, mujeres desde la Edad Media hasta la actualidad. Rescatarlas del silencio y devolverlas a la literatura. Seguir trabajando con las palabras, pero también con la memoria.

Porque, en el fondo, todo responde a una misma lógica. Durante décadas, ha hecho posible que miles de lectores lean obras escritas en otras lenguas. Ha puesto palabras donde antes había distancia. Ha traducido no solo textos, sino mundos. Y, quizá por eso, no ceja en el empeño y, aprovechando la visibilidad que ha ganado en los últimos tiempos, exige algo sencillo: que quien lea recuerde que entre el autor y el lector hay alguien más. Alguien como ella, que comprende, reinterpreta y hace posible que las historias lleguen.

Este 23 de abril, Día del Libro, es también una invitación a eso. A mirar los libros de otra manera. A fijarse no solo en las portadas bonitas y los títulos grandes, sino también en los nombres que aparecen en pequeño. Y a entender que, sin ellos, muchas de las historias que leemos simplemente no existirían.

Los incendios del pasado verano de 2025 arrasaron 130.000 hectáreas de monte, hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico, pueblos, explotaciones agrícolas y ganaderas, un Patrimonio de la Humanidad como Las Médulas, y se cobraron cuatro vidas en la provincia de León, pero también afectaron de manera notable al norte de Zamora. Su impacto ambiental y económico fue visible desde el primer momento. La parte menos evidente, la que no se ve en las imágenes aéreas ni en las hectáreas arrasadas, es la que ahora quiere estudiar un equipo de investigadores de la Universidad de León y del Hospital El Bierzo de Ponferrada: la huella que el fuego dejó en la salud mental de la población.

Ese es el objetivo de un proyecto de investigación que surgió de un especialista en Psiquiatría del hospital berciano y profesor asociado de la ULE, José María Pelayo, y ya está en marcha para analizar si los grandes incendios del pasado verano han derivado en síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño o estrés postraumático entre vecinos y profesionales que los vivieron de cerca. El estudio está impulsado por el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo y el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León, y cuenta además con la colaboración de dos grupos CIBER del Instituto de Salud Carlos III, uno de Salud Mental y otro de Epidemiología y Salud Pública.

La investigación no se limita a quienes perdieron su casa o tuvieron que evacuar a prisa su pueblo. Quiere medir en qué grado afectó aquella experiencia a toda la población expuesta, de forma directa o indirecta, y también a quienes participaron en la extinción. El estudio plantea comparar síntomas según el grado de exposición a los incendios y tratar de identificar qué factores hacen a unas personas más vulnerables y a otras más resistentes, con la vista puesta en futuras estrategias de prevención y atención.

Vicente Martín Sánchez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULE, explica que la idea nace de una evidencia cada vez más clara en la literatura científica internacional: grandes catástrofes como los incendios forestales pueden dejar secuelas psicológicas duraderas. Ya se ha estudiado en países como Canadá, Estados Unidos, Australia o Sudáfrica. Ahora quieren saber qué ha ocurrido aquí, tras unos fuegos “de nueva generación” que en León llegaron a entrar en pueblos, arrasar viviendas y obligar a evacuar a miles de personas.

Los investigadores quieren medir algo muy concreto, la posible incidencia de estrés postraumático crónico, uno de los trastornos más asociados a situaciones extremas como las vividas en los meses de agosto y septiembre a consecuencia de los incendios forestales. También buscan saber si han aumentado otros problemas de salud mental y cómo influyen factores como la cercanía al fuego, las pérdidas sufridas, la situación social o el sentimiento de abandono que, según relatan los médicos de familia que trabajan sobre el terreno, aparece con frecuencia entre quienes vivieron aquellos días en primera persona.

Ese es uno de los puntos más delicados de la investigación. Porque el incendio no termina cuando se apagan las llamas. Quedan el miedo, la sensación de vulnerabilidad, la alerta constante ante una tormenta, un rayo o un nuevo verano seco después de un invierno lluvioso. Queda también la impresión de que algo cambió para siempre. Y eso, subraya Martín Sánchez, no afecta igual a todo el mundo: “Golpea con más fuerza a las personas más vulnerables, a quienes ya partían de una situación más precaria o a quienes tenían menos recursos para recomponerse”.

El estudio quiere precisamente medir esa parte invisible del desastre. Según la documentación que se entrega a quienes aceptan participar en la encuesta, los incendios de 2025 no solo supusieron un riesgo inmediato para la vida, el patrimonio o los medios de subsistencia, sino que pudieron desencadenar síntomas persistentes de miedo, inseguridad, ansiedad, depresión, insomnio o trastorno de estrés postraumático, con un impacto directo en la calidad de vida.

La investigación se llevará a cabo durante un año. Incluye una primera evaluación amplia y otras dos posteriores, más breves, para observar la evolución de los síntomas a medio plazo. Los cuestionarios que se utilizan no diagnostican por sí solos, pero permiten hacer un cribado para detectar personas con mayor riesgo y conocer la incidencia real de estos problemas en la población.

Los formularios recogen información sociodemográfica, nivel de exposición a los incendios y cuestionarios estandarizados sobre estrés postraumático, ansiedad, depresión, calidad del sueño, discapacidad o autoeficacia. El objetivo es obtener una fotografía lo más completa posible de lo ocurrido y de sus efectos meses después.

A diferencia de otros estudios cerrados a un perfil muy concreto, aquí la puerta está abierta a un abanico amplio de personas. Pueden participar residentes de la provincia de León y del norte de Zamora que se vieron afectados directa o indirectamente, así como profesionales implicados en la extinción, como bomberos forestales o efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En la hoja informativa del estudio se deja claro además que también es relevante participar aunque no se resida en uno de los municipios más golpeados por el fuego, precisamente para poder comparar niveles distintos de exposición.

Ese punto es importante para entender el alcance del proyecto. En un primer momento se planteó que la investigación se centrase en El Bierzo, Laciana y Cabrera, las comarcas más afectadas por las llamas en la provinciade León, pero el equipo decidió ampliarla a toda la provincia y al norte zamorano con la idea de no dejar fuera otras zonas que también sufrieron de forma muy directa los incendios forestales este pasado verano, y poder construir una imagen más fiel del impacto global.

El propio equipo reconoce que no es fácil medir el impacto. Por un lado, porque la salud mental sigue siendo un tema rodeado de silencios, estigmas y muchas zonas grises. Por otro, porque existe el riesgo de confundir reacciones humanas normales tras una catástrofe con cuadros que requieren atención específica. De ahí la importancia de estudiar con método, con cuestionarios validados y con seguimiento en el tiempo.

Martín Sánchez insiste en que no se busca “medicalizar” cualquier tristeza o cualquier miedo. Lo que se quiere saber es cuándo una vivencia traumática deja de ser una reacción comprensible y pasa a convertirse en un problema que necesita atención. Y, sobre todo, cuántas personas están en esa situación y qué recursos harían falta para atenderlas. En términos de salud pública, resume, “ahora solo se ve la punta del iceberg”.

La investigación tiene además una clara vocación práctica. No persigue solo publicar resultados científicos, sino ayudar a comprender qué necesidades existen ya en las comarcas afectadas y qué medidas deberían activarse en futuras emergencias. La hoja informativa que se facilita a los participantes subraya que conocer qué factores aumentan o reducen el riesgo puede servir para diseñar mejores estrategias de abordaje y prevención.

También busca dar una respuesta desde la universidad a un problema real del territorio. En eso insiste el catedrático leonés: “La Universidad de León tiene un compromiso con la sociedad a la que pertenece y no puede mirar hacia otro lado cuando lo ocurrido afecta de forma tan intensa a la población de la provincia y del entorno”.

Para que el estudio tenga solidez, los investigadores esperan reunir al menos varios cientos de cuestionarios. La cifra orientativa que manejan ronda las 500 o 600 encuestas. Cuanta más gente participe, más completa será la imagen de lo ocurrido y más útiles podrán ser las conclusiones, previstas para final de año.

La participación es voluntaria, la encuesta es anónima y los datos serán tratados con absoluta confidencialidad, con anonimización de la información personal y sin difusión de datos identificativos en posibles publicaciones científicas.

El cuestionario puede completarse online y también existe la posibilidad de hacerlo en papel, solicitándolo en los centros de Atención Primaria a los médicos de familia. Según explican los responsables del estudio, responder lleva alrededor de media hora, porque incluye una recogida amplia de información.

En la práctica, el mensaje del equipo investigador es sencillo: no hace falta sentirse mal para participar. De hecho, interesa tanto la respuesta de quienes creen haber quedado marcados por aquellos incendios como la de quienes piensan que no. Solo así podrán compararse situaciones y entender mejor qué huella dejó el fuego y en quién la dejó con más intensidad.

Porque eso es precisamente lo que está en juego en esta investigación: poner cifras, contexto y conocimiento a una herida que muchas veces no se ve, pero sigue ahí. La de un verano en el que el fuego llegó demasiado lejos y cuyo impacto, meses después, puede seguir vivo en la cabeza de mucha gente.

Cómo participar en el estudio

Pueden participar personas residentes en la provincia de León o en el norte de Zamora que se vieran afectadas directa o indirectamente por el fuego, así como profesionales implicados en las labores de extinción. La encuesta puede completarse online en el formulario habilitado por el equipo investigador y también existe la opción de solicitarla en papel a través de los profesionales médicos de los centros de salud. Se puede contactar a través del correo bierzoonfire@saludcastillayleon.onmicrosoft.com o en los teléfonos 987 44 20 56 y 987 44 15 11, marcando la extensión 44111.

Este medio solicitó información sobre el proyecto al servicio de Comunicación del Hospital El Bierzo, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que declinó ofrecer detalles antes de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. Más de un mes después de los comicios, no ha facilitado tampoco información sobre una investigación llamada a medir una de las huellas más invisibles, y menos atendidas, de los incendios de 2025.

Langre, un pequeño pueblo del municipio berciano de Berlanga, se sostiene, y sus grietas le cuesta a las casas de sus vecinos, sobre un entramado de galerías de minas. A pocos metros de su letrero, empieza a crecer la vegetación entre los escombros del cielo abierto sin restaurar que durante años explotó el 'rey del carbón' Victorino Alonso. El sector bajó la persiana definitivamente en 2018 en la provincia de León, pero la comarca sigue en el punto de mira de proyectos que buscan explotar sus recursos para generar riqueza. La nueva oleada de proyectos energéticos, ahora renovables, llegó en sábado y en plena Semana Santa.

El 4 de abril, el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro, del PSOE, convocó un concejo al que llegó acompañado por dos hombres desconocidos y muy bien vestidos, que resultaron ser trabajadores de una empresa internacional interesada en el viento que sopla sobre sus montes comunales.

En una sesión con pocos datos, pero muchas prisas y promesas económicas sobre la mesa, pedían a los vecinos su autorización para instalar dos torres de medición durante 18 meses en las zonas más altas del entorno de la localidad. El objetivo, medir el recurso eólico y determinar si resultaría rentable desarrollar allí un parque eólico. Pero en El Bierzo hace tiempo que los vecinos han aprendido que casi ningún macroproyecto empieza llamándose así, y menos por parte de sus promotores.

La respuesta del pueblo fue prudente. Lejos de dar un sí inmediato, los asistentes al concejo optaron por pedir documentación detallada, meditar la información y aplazar la decisión. Quieren estudiar las condiciones, debatirlas con calma y, luego, “¡ya veremos!”, trasladan a este medio. Ese momento llegará este sábado 18 de abril, en una nueva reunión que se prevé clave para el futuro de la localidad.

Promesas económicas jugosas, entre incógnitas

Según lo trasladado, vagamente, a los vecinos, el proyecto que se plantea a medio plazo incluiría la instalación de 11 molinos, sobre terrenos comunales. A cambio, la empresa ofrece unos ingresos anuales de alrededor de 55.000 euros, actualizados conforme al IPC, además de compromisos genéricos de actuaciones en el pueblo, como desbroces o pequeñas mejoras sin concretar.

También se menciona la posibilidad de incluir una cláusulas de reversibilidad en los contratos, un elemento que suele utilizarse como garantía en este tipo de operaciones. Sin embargo, más allá de la oferta económica y la posibilidad de dar marcha atrás en cualquier momento, el resto de aspectos clave del proyecto son difusos.

No se ha presentado, por ahora, un estudio de impacto ambiental del entorno de Langre. Tampoco se han ofrecido garantías claras sobre la creación de empleo local, más allá de menciones genéricas habituales en este tipo de iniciativas. Y el propio proyecto, en su fase actual, se limita oficialmente a la instalación de dos torres de medición, paso previo a cualquier desarrollo posterior.

En otras palabras, la parte mejor definida de la propuesta es el dinero, tentador, que recibiría una junta vecinal con pocos vecinos, escasos recursos y muchas necesidades. La más relevante, su impacto real sobre el territorio, sigue siendo una incógnita.

Una empresa internacional, con interés en un pueblo diminuto

Detrás de esta primera toma de contacto está Galileo, una plataforma internacional de energías renovables creada en 2020 para desarrollar proyectos en distintos países europeos. La compañía está impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y cuenta con el respaldo financiero de grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia, entre ellos el fondo soberano neozelandés, Infratil o la Commonwealth Superannuation Corporation.

Su modelo de negocio es global: identificar ubicaciones con potencial energético, desarrollar proyectos competitivos y operar dentro de grandes carteras de inversión en renovables. Según lo trasladado en el concejo, el de Langre, un pueblo con alrededor de 70 vecinos, podría ser su primer proyecto en España.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa para conocer con mayor detalle el alcance de la propuesta, sus previsiones de empleo, el modelo contractual o las compensaciones para el territorio, sin haber obtenido respuesta.

El Bierzo, otra vez en el mapa energético

El caso de Langre no es un hecho aislado, sino un episodio más dentro de un proceso más amplio que afecta a toda la comarca. Tras más de un siglo marcada por la explotación del carbón y la generación eléctrica en centrales térmicas, El Bierzo vuelve a situarse en el punto de mira de grandes operadores energéticos, esta vez bajo el paraguas de la transición hacia fuentes renovables.

El cambio de modelo, de combustibles fósiles a energía eólica, solar o hidráulica, no ha eliminado, sin embargo, las tensiones de fondo. La pregunta que atraviesa muchos de estos proyectos, como el de Langre, sigue siendo la misma: qué parte del valor generado se queda realmente en el territorio y qué parte se marcha fuera.

Durante décadas, la minería llegó a emplear a decenas de miles de personas en la comarca. Hoy, los grandes proyectos renovables manejan cifras de inversión millonarias y promesas de empleo durante su construcción, pero generan puestos de trabajo muy limitados una vez entran en funcionamiento. El contraste entre el volumen de negocio y el retorno local sigue siendo uno de los puntos más cuestionados.

La experiencia reciente en la provincia de León, y especialmente en El Bierzo y el Alto Sil, añade más elementos para estudiar con cautela el futuro de los montes de Langre. En los últimos años, varios proyectos eólicos de gran envergadura han sido tumbados o modificados de manera importante tras evaluar su impacto ambiental.

El caso más emblemático es el de la Sierra de Gistredo, donde tras más de dos décadas de lucha vecinal y ecologista, diferentes iniciativas eólicas han sido rechazadas por su impacto sobre un territorio de alto valor ambiental, hábitat de especies protegidas como el oso pardo o el urogallo cantábrico. Más recientemente, proyectos impulsados por grandes compañías energéticas también han caído por su afección a espacios sensibles o por la acumulación de impactos en una misma zona.

Otros casos, como el parque eólico de Trabadelo, se han caído debido a los muchos condicionantes e importantes recortes en su planteamiento inicial, como la eliminación de la mitad de los aerogeneradores previstos o la obligación de soterrar infraestructuras para reducir su impacto sobre la fauna y el paisaje. La empresa ha acabado desestimando el proyecto.

Estos antecedentes refuerzan una idea cada vez más presente en la comarca: no se trata de un rechazo genérico a las energías renovables, sino de cómo, dónde y para quién se desarrollan. En ese contexto, propuestas como la de Langre abren un debate que va más allá de un solo pueblo. Los 55.000 euros anuales ofrecidos por el gigante energético pueden suponer un ingreso relevante para una junta vecinal pequeña, pero plantean interrogantes cuando se comparan con el valor económico total que puede generar un parque eólico durante décadas de explotación.

Un territorio bajo presión energética constante

La insistencia de nuevas iniciativas energéticas en la zona refuerza la percepción de que El Bierzo sigue siendo un territorio especialmente atractivo para este tipo de inversiones. No solo por su recurso natural, sino también por la existencia de infraestructuras eléctricas heredadas del pasado industrial y por la disponibilidad de suelo en zonas gravemente afectadas por la despoblación.

Ejemplo de ello son otros proyectos recientes, o en estudio, vinculados a magnates mineros, como la polémica planta fotovoltaica proyectada sobre terrenos en disputa de la antigua mina a cielo abierto de la Gran Corta de Fabero que explotó Victorino Alonso, o iniciativas hidroeléctricas de gran escala del grupo Lamelas Viloria como la que acaba de vender a un grupo suizo en Navaleo, y otra en el entorno del río Cúa. En este último caso, ya en 2018 se tramitó una central depuradora reversible con cientos de megavatios de potencia en los términos de Berlanga del Bierzo, Fabero y Vega de Espinareda, destinada a aprovechar y tratar aguas de origen minero en una compleja infraestructura.

Aunque de naturaleza distinta, todos estos proyectos comparten un mismo trasfondo: la utilización intensiva de los recursos naturales de la comarca en un nuevo ciclo energético que afecta a muchos, pero está en manos de muy pocos.

El sábado, nueva decisión

Mientras tanto, en Langre, el proceso sigue en su fase más inicial. Este sábado 18 de abril, los vecinos volverán a reunirse en concejo para decidir si autorizan o no la instalación de las torres de medición.

La decisión no es menor. Aunque se trate solo de un estudio previo, marcará el inicio, o no, de un camino que otros pueblos de la comarca ya han recorrido antes: el de convertirse en pieza de un modelo energético que, con distintos nombres y discursos, lleva más de un siglo definiendo el futuro de El Bierzo.

Durante décadas, la Gran Corta de Fabero fue una herida en el paisaje de El Bierzo. Un enorme hueco que creció hasta convertirse en una de las explotaciones mineras a cielo abierto más grandes de Europa, símbolo de la era del carbón y del modelo económico que sostuvo durante generaciones a la comarca, la provincia y el país.

Cuando el sector de la minería cerró definitivamente a finales de 2018, lo que quedó no fue solo el silencio de las máquinas y los trabajadores mal llamados excedentes del carbón. Sobre el terreno, más de 700 hectáreas profundamente transformadas: taludes inestables, escombreras, cursos de agua alterados y un ecosistema degradado tras más de un siglo de extracción intensiva.

Un cierre sin restauración

La legislación obligaba a devolver esos terrenos a unas condiciones ambientales seguras. Pero esa restauración nunca llegó por parte de quien debía asumirla. El empresario minero Victorino Alonso, conocido como ‘el rey del carbón’, abandonó la explotación sin ejecutar los trabajos de recuperación ambiental.

Años después, ya fuera de la actividad minera y con antecedentes judiciales por delitos medioambientales en otras explotaciones de la provincia, el agujero de Fabero seguía ahí, intacto. El coste de esa inacción lo asumió finalmente lo público.

En 2021, el Instituto para la Transición Justa y la Junta de Castilla y León firmaron un convenio para restaurar la Gran Corta con fondos del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea. La intervención, con una inversión de más de 38 millones de euros, arrancó en 2022 con un objetivo claro: reconstruir un territorio profundamente alterado. Una intervención millonaria que, en la práctica, vino a cubrir una obligación incumplida por la empresa explotadora, cuyas fianzas resultaron insuficientes para reparar el daño causado.

En 2023, cuando la restauración empezaba a andar, el 'rey del carbón' entraba en prisión para cumplir sus dos condenas firmes por delitos medioambientales en dos explotaciones mineras de Laciana y Babia, El Feixolín y Nueva Julia. Apenas estuvo un año en prisión, a pesar de que fue condenado a 5 años y diez meses de cárcel y al pago de más de 50 millonarias en multas que va pagando con un embargo de su pensión a razón de 500 euros al mes.

Pero hay un elemento añadido que introduce aún más controversia en toda esta historia: parte de esos trabajos financiados con dinero público en la Gran Corta han sido ejecutados por empresas vinculadas al propio entorno empresarial del ‘rey del carbón’, utilizando además su maquinaria.

Millones para rehacer el paisaje, pero no del todo

El proyecto de restauración con dinero público llegaba para plantear una transformación integral del espacio. No solo tratar de cubrir las cicatrices de la actividad minera, sino de redibujar completamente el terreno.

Los trabajos, que ya deberían estar terminados, pero todavía están en ejecución, han supuesto grandes movimientos de tierra, estabilización de taludes, creación de una nueva red hidrográfica y la recuperación de la vegetación con la plantación de cientos de miles de árboles. En paralelo, se han diseñado nuevos usos para el espacio: zonas recreativas, miradores, rutas peatonales y equipamientos vinculados a la interpretación ambiental y minera.

A eso se suman actuaciones de carácter divulgativo, como la instalación de cartelería temática, elementos interpretativos o incluso réplicas paleobotánicas de gran formato, con un contrato que ronda los 60.000 euros.

La imagen que se quiere proyectar ahora de la Gran Corta es la de un espacio que deja atrás su pasado industrial para convertirse en un entorno recuperado, visitable y con nuevos usos. Pero este relato no está aún completo.

Pero no toda la Gran Corta forma parte del proyecto financiado con fondos públicos. Dos áreas quedaron fuera del perímetro de actuación. Y es precisamente en esos espacios donde hoy se concentran algunos de los principales conflictos sobre el futuro del enclave.

Del carbón al negocio del Sol

En una de esas zonas que quedaron fuera del plan de restauración, el pasado vuelve a abrirse paso para explotar los recursos naturales, aunque de otra manera: a través de la energía solar.

Allí, empresas vinculadas al entorno societario de Victorino Alonso impulsan la construcción de una planta solar fotovoltaica sobre 26,5 hectáreas de la antigua explotación minera, con unos 26.000 paneles previstos. El proyecto ha contado con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que lo eximió de someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y lo tramitó posteriormente de forma acelerada.

No es un movimiento aislado ni improvisado. Antes incluso de su entrada en prisión, el empresario minero ya había comenzado a reorientar su actividad hacia las energías renovables utilizando suelo de sus antiguas minas, muchas de ellas aún sin restaurar.

Pero la controversia va aún más allá del modelo energético o del impacto ambiental. El conflicto de fondo es la propiedad de esos terrenos.

La mayoría de las fincas en las que está proyectada la planta solar fueron cedidas en los años noventa por particulares mediante contratos que incluían cláusulas de reversión. Es decir, debían volver a sus dueños originales pasados 25 años. Ese plazo ya se ha cumplido. Sin embargo, los terrenos no han sido devueltos.

Una empresa vinculada al antiguo entramado minero ha reconocido que más de 200 hectáreas están sujetas a esa obligación de retorno. Aun así, el proyecto fotovoltaico sigue avanzando sobre esos suelos, lo que ha provocado la reacción de los propietarios.

Vecinos de pedanías como Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes se han organizado en una plataforma para reclamar lo que consideran suyo. El conflicto ha llegado hasta el Defensor del Pueblo y su denuncia resume décadas de historia: tras el carbón, la degradación del territorio y una restauración pagada con dinero público, los terrenos no han vuelto a sus dueños y ahora se proyecta sobre ellos un nuevo negocio. Distinto en apariencia, pero con los mismos protagonistas de fondo.

Otro modelo: uso público y turismo

Frente a ese modelo energético, el Ayuntamiento de Fabero impulsa otro tipo de iniciativas en la zona. Entre ellas, el desarrollo de rutas para bicicletas de montaña y otros usos vinculados al ocio y al turismo activo, en línea con el propio proyecto de restauración.

La idea es integrar la Gran Corta en una estrategia de reconversión del territorio que mire hacia el turismo, la naturaleza y la puesta en valor del patrimonio minero. Dos formas distintas de entender el futuro de un mismo espacio.

Recientemente, se acaba de adjudicar el contrato para la construcción de senderos técnicos BTT y Pump Tracks, dos modalidades distintas dentro del ciclismo de montaña, con una inversión que supera los 760.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que deberían estar listas para el mes de julio.

Cicatrizar no es olvidar

La Gran Corta de Fabero empieza, por fin, a dejar de ser solo una herida. El paisaje se empieza a recomponer gracias al dinero público. La mina que fue símbolo del carbón quiere convertirse ahora en espacio de vida, de memoria y de nuevas oportunidades. Pero no todo ha cambiado.

Una parte de ese pasado sigue ahí, reapareciendo bajo otras formas: en los conflictos por la propiedad de la tierra, en los proyectos energéticos impulsados por el mismo entorno que explotó el carbón, en decisiones que vuelven a poner en cuestión quién controla el territorio.

Al mismo tiempo, otra mirada intenta abrirse paso. La de quienes ven en la Gran Corta un lugar para reconstruir, para recorrer, para darle un uso distinto que no pase por extraer, sino por habitar.

Entre lo que fue, lo que aún permanece y lo que está por venir, Fabero vuelve a enfrentarse a la misma pregunta de fondo. Qué hacer con su pasado. Y, sobre todo, quién decide su futuro.

El histórico exalcalde de Fabero y candidato del PSOE en las últimas elecciones municipales de 2023, Demetrio Alfonso Canedo, se queda solo en la causa por prevaricación que se juzga este lunes y martes en la Audiencia Provincial de León. En la primera sesión del juicio, Demetrio ha reconocido la falsedad en documento público que se le imputa por adjudicar unas obras un día y firmar su recepción al día siguiente, pero asegurando que los trabajos sí se acometieron, aunque habría sido meses después.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando Alfonso era regidor del municipio minero. Por los mismos, se sentaron junto a él en el banquillo de los acusados el ingeniero de quien dependía la obra y el contratista. No obstante, estos terminaron declarando como testigos y no como acusados, después de que sus defensas solicitasen para ellos la absolución, sin objeción de la Fiscalía.

La defensa de Alfonso también pidió en las cuestiones previas al juicio la nulidad del procedimiento, la prescripción de los hechos y la absolución del exregidor, pero en su caso Fiscalía desmontó los argumentos jurídicos de su abogado y continuó con la acusación. El Ministerio Fiscal adujo que “no concurre ninguna causa ni para la nulidad ni para la prescripción” como defendía el representante legal de Demetrio “de manera sesgada”.

Demetrio Alfonso llegó a la Audiencia Provincial de León acompañado por su hijo y accedió a atender a los medios antes de comparecer en sala. A preguntas de los medios manifestó su intención de “decir la verdad”, a pesar de sus mentiras acerca del momento de su imputación.

Alfonso, que fue regidor de Fabero por el PSOE durante 24 años, de 1987 a 2011, dejó la primera línea política después de una sentencia en primera instancia por prevaricación por la autorización al 'rey del carbón' Victorino Alonso de la famosa, polémica y nunca realizada fábrica de ruedas, si bien la Audiencia Provincial de León lo terminó absolviendo. Lo sustituyó en las listas una edil que ya en 2007 iba en sus listas municipales, Mari Paz Martínez, que recuperó la Alcaldía para el PSOE en el municipio minero en 2015, después de un breve Gobierno del PP, IU y el MASS, durante el que se denunciaron los hechos ahora enjuiciados.

Una vez absuelto por la fábrica de ruedas, Demetrio Alfonso quiso volver como número uno de las listas del PSOE en Fabero, pero había un problema, seguía Mari Paz. El partido tomó entonces una controvertida decisión, apartar a Martínez esgrimiendo el argumento de que esta estaba imputada por prevaricación en una causa que arrastraba desde hacía tantos años que ya estaba abierta cuando se presentó como número uno en los comicios municipales del 2015 en los que cogió el testigo de Demetrio. En ese momento Alfonso también estaba imputado, algo que él ha negado, falsamente, a las puertas de la Audiencia Provincial de León este lunes.

Falsedad documental por unas obras que, ¿se hicieron o no?

El histórico alcalde socialista del municipio minero prestó declaración como único acusado, después de que el ingeniero y el contratista quedaran fuera del procedimiento. El Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León de 2007. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad.

A preguntas de Fiscalía, Demetrio Alfonso reconoció el delito de falsedad documental, asegurando que, como efectivamente lo acusa el Ministerio Público, la memoria para las obras se hizo en un día, se adjudicaron los trabajos y al día siguiente se certificó la recepción de los mismos, sin que estuvieran hechos: “Digamos que no es lo más ético o lo más legal, pero es como se hizo”, dijo.

Por si había alguna duda, aseveró la misma idea en repetidas ocasiones: “Cuando se firmó el final de la obra, la obra no estaba ejecutada”, “cuando se firma la recepción de la obra, la obra no está ejecutada”, y “soy consciente de recibir una obra que no estaba ejecutada”, declaró. Incluso, a la pregunta de su abogado sobre si: “¿estas actuaciones irregulares se han hecho varias veces mientras fue alcalde?; Demetrio contestó que: ”sí, por desgracia muchas veces“.

No obstante, en su defensa sostuvo que lo hizo porque era bueno “para los vecinos y para el municipio” y que la obra sí que se hizo, aunque meses después. En caso de haber algún culpable en el procedimiento, la culpa sería de la Diputación de León por tener que hacer “con tanta premura” el trámite administrativo para que le concediesen la subvención para pagar los trabajos.

Un fleco que quedó en el aire es que el contratista, que declaró como testigo y ya no como acusado, aseguró que hay una factura de pago de los trabajos, firmada por el Ayuntamiento, por el ingeniero y por él mismo como “pagada”, “pero no estaba pagada ni se pagó nunca”.

En añadidura, el ingeniero, que también declaró como testigo y no como acusado, reconoció que redactó la memoria para hacer las obras en apenas 24 horas, por orden del concejal de Fabero, Francisco Robles, y por importe de 40.000 euros que era el dinero de la subvención de la Diputación, sin haber visto qué obras había que hacer. “Si ya estaba hablado con la Diputación, yo era la persona que estaba entre dos administraciones para gastar ese dinero”, declaró.

Entre otros testigos, el que fuera alcalde pedáneo de Fontoria, uno de los pueblos en los que se habrían hecho las obras, y el responsable de aguas del Ayuntamiento en el momento de los hechos, negaron en su comparecencia por videoconferencia desde el Consistorio de Fabero que se hubieran hecho tales trabajos: “No se hizo la obra”, “Ninguna obra”.

El Ministerio Fiscal pide para Demetrio Alfonso tres años y medio de cárcel, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

El histórico exalcalde socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, vuelve a sentarse este lunes y martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por una causa de presunta prevaricación administrativa que se remonta a 2007, pero que conecta directamente con una de las etapas más convulsas de la política reciente del municipio minero.

El caso no solo afecta a la gestión de fondos públicos durante sus más de dos décadas al frente del Ayuntamiento, sino que forma parte del ciclo político que acabó con su salida del poder en 2011, tras un inédito pacto entre PP, IU y MASS para desalojarlo de la Alcaldía. Fue precisamente durante ese mandato 'atípico' en lo ideológico cuando se denunció este expediente por el supuesto pago de una obra que nunca se ejecutó , dando inicio a una investigación que ha tardado más de una década en llegar a juicio.

La figura de Demetrio Alfonso lleva marcando la vida política de Fabero desde hace casi cuarenta años. El que fuera regidor del municipio minero desde 1987 a 2011, fue condenado e inhabilitado en 2020 en primera instancia por otro procedimiento por prevaricación, la famosa y nunca puesta en marcha fábrica de ruedas del 'rey del carbón' Victorino Alonso. Un asunto por el que posteriormente, en 2021, fue absuelto por la Audiencia.

No obstante, esto lo mantuvo fuera de la primera línea. Tras los cuatro años del PP con IU y el MASS, el PSOE decidió poner al frente a su concejala de confianza, Mari Paz Martínez, que recuperó en el 2015 el gobierno para los socialistas faberenses y que continúa como regidora, aunque desde 2023 como independiente.

Una controvertida maniobra del PSOE provincial apartó en 2023 del número uno de la candidatura a la entonces alcaldesa Mari Paz Martínez para devolverle el liderazgo a Demetrio, tío del secretario, Javier Alfonso Cendón. La decisión no solo fracturó el socialismo local en dos bloques enfrentados, una división que aún perdura, sino que además llevó a Martínez a ganar las elecciones con una lista independiente, volviendo a dejar al PSOE fuera del Gobierno cuatro años más.

El argumento que esgrimió el PSOE para justificar la expulsión de Mari Paz Martínez fue que tenía que sentarse en el banquillo de los acusados por una presunta prevaricación administrativa que arrastraba desde hace años, por la contratación de varios trabajadores municipales. Lo que nunca se ha explicado públicamente es por qué no se tuvo en cuenta la imputación de la socialista para relevar en el poder a su tío y mantenerle caliente el asiento hasta su vuelta, ni quiénes son los trabajadores municipales cuestionados y si alguno de ellos tiene una relación familiar con Demetrio Alfonso y el propio Javier Alfonso Cendón, como llegó a denunciar públicamente el que fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fabero y posteriormente edil del PP en el Consistorio minero Andrés Pérez Marote, quien, por cierto, después de dos comicios consecutivos presentándose como candidato ha desaparecido de las listas electorales.

Pero por rizar un poco más el rizo, en ese momento, Demetrio Alfonso también estaba imputado por presunta prevaricación administrativa en la causa que llega ahora a la Audiencia Provincial de León.

La causa

Según el escrito de acusación de la Fiscalía que lleva al banquillo de nuevo al líder del PSOE en Fabero, los hechos se remontan a octubre de 2007, cuando el Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad, con un proyecto redactado por un ingeniero también acusado y adjudicado a una empresa cuyo responsable figura igualmente como investigado.

El Ministerio Público sostiene que todo el expediente se construyó sobre una base irregular. Así, se firmaron actas de replanteo que, según la acusación, no se correspondían con actuaciones reales, con el objetivo de dotar de apariencia de legalidad a una obra que no se había iniciado. El mismo día de la adjudicación, el entonces alcalde, el ingeniero y el empresario habrían suscrito el acta de comprobación de replanteo “a sabiendas de su falsedad”.

El punto clave del caso se sitúa el 31 de octubre de 2007, cuando en un plazo que la Fiscalía considera “materialmente imposible” se firmaron tanto la certificación final como el acta de recepción de la obra, dando por ejecutados unos trabajos que, según la acusación, nunca se realizaron. Pese a ello, Demetrio Alfonso aprobó por decreto la certificación y la factura, lo que permitió tramitar el expediente ante la Diputación y obtener el cobro de la subvención.

La Fiscalía considera que los tres acusados actuaron de forma coordinada para generar documentación que no reflejaba la realidad, con el objetivo de justificar el gasto público. Incluso meses después se habría incorporado a la factura la indicación de “pagada”, sin constar el abono efectivo.

El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada en 2012 por el entonces alcalde del PP, José Ramón Cerezales, tras detectar posibles irregularidades en subvenciones municipales. Informes posteriores apuntaron a la inexistencia de las obras, lo que motivó la intervención de la Fiscalía y la apertura de una causa que, tras años de instrucción, llega ahora a juicio con la atenuante de dilaciones indebidas.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el exalcalde tres años y seis meses de prisión, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años. Para el ingeniero y el empresario, pide siete meses de prisión y multa.

El cambio climático ya está teniendo efectos directos en el oso pardo cantábrico. Un estudio científico impulsado por la Junta de Castilla y León y publicado en la revista ‘Biological Conservation’ concluye que el aumento de las temperaturas limita de forma significativa el movimiento de estos animales, alterando su comportamiento y su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más condicionado por la actividad humana.

La investigación, cuyos principales datos han sido difundidos por la Junta y cuyo contenido completo ha sido analizado por este medio, se basa en más de 70.000 posiciones GPS recogidas en 17 osos adultos. Gracias a sensores instalados en los collares, los científicos han podido medir por primera vez la temperatura real que experimentan los animales y su impacto directo en sus decisiones de movimiento.

El resultado es claro: cuanto más calor hace, menos se mueven los osos. Este efecto es especialmente acusado en los ejemplares de mayor tamaño, que tienen más dificultades para disipar el calor corporal. Como consecuencia, tienden a concentrar su actividad en las horas de menor temperatura, reforzando un comportamiento cada vez más nocturno.

Pero el estudio va más allá y apunta a un efecto especialmente relevante: el calor no solo reduce la actividad, sino que limita la capacidad del oso para adaptarse a otros factores de riesgo, como la presencia humana. En condiciones normales, los osos atraviesan más rápido las zonas humanizadas para minimizar el contacto, pero con altas temperaturas esa estrategia se debilita, lo que podría aumentar su vulnerabilidad en entornos fragmentados.

Además, la investigación revela posibles cambios en la dinámica entre individuos. Los osos más pequeños, hembras y machos subordinados, tienden a evitar la noche para reducir encuentros con grandes machos, pero el aumento del calor está empujando a estos últimos a ser aún más nocturnos, lo que puede alterar ese equilibrio natural.

El impacto no se limita al comportamiento. Los científicos advierten de que la reducción de actividad puede afectar al acceso a zonas de alimentación clave y, en consecuencia, a funciones ecológicas como la dispersión de semillas, con posibles efectos en el conjunto del ecosistema.

Frente a este escenario, el estudio señala el papel clave del bosque como refugio térmico. En zonas arboladas, los osos logran mantener mayor actividad incluso con altas temperaturas, lo que refuerza la importancia de conservar y conectar estos espacios en un contexto de calentamiento global.

Los autores también apuntan que, a largo plazo, el oso pardo podría adaptarse a condiciones más cálidas e incluso expandirse hacia nuevas áreas, siempre que disponga de refugios adecuados como zonas de sombra, agua o vegetación densa.

Este trabajo supone un nuevo paso en la comprensión del impacto del cambio climático sobre la fauna salvaje en la cordillera cantábrica y confirma que sus efectos ya no son una previsión futura, sino una realidad que está modificando el comportamiento de una de sus especies más emblemáticas.

El texto se ha elaborado con datos recogidos entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024, antes de los terribles incendios forestales del verano de 2025.

Genarín, el 'santo pellejero' más irreverente y popular de León, ya no es un icono solo de la capital. Su leyenda y su espíritu canalla han cruzado la provincia y han encontrado acomodo en Moreda, un pequeño pueblo de El Bierzo donde desde hace años sacan de procesión un singular 'Genarín' en Semana Santa en una celebración pintoresca, festiva y muy de pueblo que mezcla tradición, humor y ganas de pasarlo bien.

Allí, en esta localidad del municipio de Vega de Espinareda, la noche del sábado de Semana Santa no solo habrá la tradicional 'fogueira', cena popular y tañer de campanas. También habrá procesión de 'San Genarín'. Con túnicas rojas, velas, romanos improvisados, cruces hechas con cajas de cerveza y hasta una nueva liturgia para nombrar a un cofrade de honor y entregarle simbólicamente las llaves del pueblo. Todo, eso sí, sin solemnidades impostadas y con un objetivo muy claro: disfrutar, mantener viva una costumbre local y recaudar dinero para sostener las fiestas y actividades de un pueblo diminuto que no se resigna a apagarse. La impulsora de esta peculiar celebración es Jovita Fernández, Jovi, una de esas vecinas que hacen de todo para que un pueblo siga latiendo. Pero no es ella sola, cada año son más quienes la ayudan en la organización y celebración de las distintas actividades que llevan a cabo a lo largo del año. En Moreda apenas viven una veintena de personas, pero las ganas de hacer cosas y la imaginación dan para mucho. Entre San Isidro, San Roque, el Moreda Rock, el magosto, y otras tantas cosas que van surgiendo, el calendario se llena de iniciativas que sirven para reunir a los del pueblo, traer a los de fuera y conseguir fondos para que la vida social no desaparezca.

En esa cadena de inventiva colectiva nació también el 'Genarín' berciano. Según cuenta Jovi a este medio, todo parte de una costumbre mucho más antigua: la 'fogueira' que ya hacían sus padres y sus abuelos en Semana Santa. Desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo no se podían tocar las campanas, y era justo al filo de la medianoche del sábado cuando se encendía la hoguera y sonaban de nuevo durante un buen rato. Sobre esa base tradicional, hace unos seis o siete años surgió la idea de añadir una procesión nocturna.

La clave estaba en hacerlo sin molestar a nadie. “Se nos ocurrió hacer una procesión en Semana Santa, pero somos poco de religión y tampoco queríamos ofender a nadie, así que decidimos hacer la procesión de Genarín, que se hace en León y no ofende a nadie”, explica. Así empezó todo: con un tambor, unas túnicas precarias y hasta bolsas de basura para fabricar capirotes improvisados. Luego llegaron las capas rojas, la mascota del Moreda Rock subida al paso y una cruz armada con cajas de cerveza. Con música, humor y complicidad vecinal, la cosa fue creciendo hasta consolidarse como una tradición propia. “Es una parodia, sin faltar el respeto a nadie. Es para disfrutar”, resume.

El resultado es una celebración que bebe claramente del mito leonés del 'santo borrachín', pero adaptada al pulso y a las necesidades de un pueblo pequeño. Porque aquí Genarín no solo sirve para reírse un poco de la liturgia y del exceso, como ya hace desde hace casi un siglo en la capital leonesa. También sirve para juntar a la gente, dar vida a la localidad y recaudar dinero. Este año, por ejemplo, la cita del sábado 4 de abril arrancará a las 21.00 horas con una cena popular en la que habrá potaje de vigilia, empanada de pulpo y postres. A las 23.59 horas se encenderá la 'fogueira' y llegará después la procesión de 'san Genarín', organizada por la Asociación San Roque Moreda. El precio del tique es de 15 euros y el dinero recaudado ayuda a sostener la actividad festiva del pueblo.

No será, además, un año cualquiera. La celebración incorporará una novedad que Jovi describe como una nueva liturgia propia: el nombramiento de una persona que no pertenece al pueblo pero que colabora “como uno más”. Los llamados ‘caballeros de la túnica roja’ le entregarán simbólicamente las llaves de Moreda en señal de agradecimiento, y se leerá un pergamino para proclamar al nuevo cofrade de 'san Genarín'. La idea es repetir ese gesto cada año con alguien distinto que haya ayudado al pueblo.

La historia tiene su gracia porque lleva a Genarín a un lugar inesperado, pero también porque revela hasta qué punto el personaje ha dejado de ser solo un mito urbano leonés para convertirse en una referencia cultural mucho más amplia. En León capital, la procesión pagana del Entierro de Genarín congrega cada Jueves Santo a miles de personas y forma ya parte inseparable del imaginario de la ciudad, con su mezcla de sátira, orujo, versos burlescos y devoción canalla alrededor de Jenaro Blanco, el pellejero muerto, atropellado por el primer camión de la basura de la ciudad, en 1929, que acabaría siendo elevado a los altares profanos por sus cuatro ‘evangelistas’. En Moreda, en cambio, el tono es otro: más pequeño, más doméstico, más artesanal y, quizá por eso, especialmente simpático.

No hay aquí multitudes ni tercer cubo de la muralla, pero sí un pueblo de poco más de veinte habitantes empeñado en no dejarse caer. Y en ese esfuerzo encaja perfectamente una procesión paródica que, bajo la apariencia de broma, habla en realidad de algo muy serio: la necesidad de estar unidos, de inventar motivos para reunirse, y en eso también entra la fiesta, y de seguir dando guerra en los pueblos pequeños. Puedes ver cómo se lo pasan en este vídeo del año pasado aquí abajo.

Moreda ha encontrado en Genarín una excusa perfecta para todo eso. Una tradición leonesa pasada por el tamiz berciano, sin dogmas ni pretensiones, pero con mucha inventiva y mucho orgullo local. Porque si en León el 'santo pellejero' es ya una seña de identidad, en este rincón de El Bierzo se ha convertido también en un aliado inesperado contra el olvido y la despoblación.

Vegacervera se reencontró este domingo con una de sus vecinas más simbólicas. A miles de kilómetros, en Chile, pero con la memoria intacta y la emoción a flor de piel, Araceli López participó en el homenaje que su pueblo natal le dedicó con motivo de su 108 cumpleaños, oficiado por el alcalde, Octavio González, y su sobrina nieta Charo López.

El Ayuntamiento acogió un acto en el que decenas de vecinos se reunieron para hablar con ella por videoconferencia, salvar la distancia y devolverla, aunque fuera de forma simbólica, a las calles donde nació. Le cantaron el cumpleaños feliz, le trasladaron el cariño colectivo y le mostraron una placa conmemorativa que le será enviada a Chile y en la que se puede leer: “Araceli López González. Nacida en Vegacervera, forjada en la adversidad. 108 años de dignidad y resistencia. Con todo el cariño de tu pueblo”.

“Muchísimas gracias. Os lo agradezco infinitamente. Quereos mucho, y que lo pasen muy bien”, expresó Araceli, visiblemente emocionada. “Yo ya no podré volver allá, pero me gustaría ir a dar una vuelta por esos caminos lejanos. No se puede, no se puede”, añadió, con la serenidad de quien es consciente del paso del tiempo: “A mí se me está terminando la lechuga”, bromeó.

A sus 108 años, su voz mantiene la claridad de quien ha vivido demasiado y ha olvidado poco. “Estoy muy contenta, muy contenta”, repetía, agradecida por un reconocimiento a su vida y su sufrimiento que, como ella misma apuntó, llega tarde pero llega: “Muchas gracias de que se acuerden ahora. Harto tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena”.

El homenaje se convirtió también en un ejercicio colectivo de memoria. Vecinos del pueblo tomaron la palabra no solo para felicitarla, sino para recordar a sus propios familiares represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura: desaparecidos, encarcelados o fusilados. Historias que, como la de Araceli, siguen marcando a toda una comunidad.

Porque si algo quiso dejar claro durante el acto fue su mensaje: no olvidar. “De lo malo uno se acuerda siempre”, afirmó. Y profundizó en ese recuerdo con una lucidez estremecedora: “En la guerra pasó de todo. Yo me acuerdo de todo lo que hicieron. De lo malo y de lo bueno... de lo bueno poco. No tuvieron mucha compasión”.

Su relato, cargado de dolor, volvió a poner nombre a una historia que durante décadas permaneció en silencio. “Lo que le hicieron a mi padre y a mi madre no se me olvida nunca. Mis hermanos, los pobres, murieron los tres. Los dos más chicos fue un crimen lo que hicieron”, recordó. Y se preguntó en voz alta, como tantas veces antes: “¿Por qué hacían eso? ¿Qué daño les habíamos hecho? Todo el mundo tenía derecho a hablar. Después ya no podíamos ni decir adiós”.

Araceli, que fue detenida juntoa su padre “por ser de izquierdas”, presa en San Marcos, condenada a muerte y trasladada a una cárcel franquista de mujeres en Guipúzcoa, donde permaneció casi seis años. Cuando consiguió el indulto, volvió a Vegacervera, conoció a su marido Manuel, tuvo a sus dos hijos, María Agustina y Arturo, y tras morir su madre, decidió exiliarse a Chile como ya habían hecho sus hermanos. A día de hoy es una de las últimas voces vivas de la represión franquista. Una memoria que no solo habla de su vida, sino de la de toda una generación.

El homenaje de Vegacervera no fue solo una celebración de sus 108 años. Fue, sobre todo, un abrazo colectivo a una mujer que encarna la memoria de un tiempo que no debe repetirse. Y un recordatorio, en sus propias palabras, de que lo vivido nunca puede caer en el olvido.

Las fotos del homenaje

La historia de Araceli

Araceli López González, nacida en Vegacervera en 1918, es una de las últimas voces vivas de la represión franquista vinculada a la cárcel de San Marcos en León. Detenida siendo menor de edad “por ser de izquierdas”, fue condenada a muerte en un consejo de guerra y pasó casi seis años en prisión, primero en San Marcos y después en Saturrarán (Guipúzcoa). Tras salir en libertad, reconstruyó su vida, formó una familia y acabó exiliándose a Chile en 1953, donde ha vivido desde entonces sin desprenderse nunca del recuerdo de lo vivido.

Su historia, marcada por la pérdida de varios de sus hermanos, la cárcel y décadas de silencio, fue recuperada por este medio gracias a las grabaciones familiares conservadas por su sobrina nieta Charo López. A través de una serie de reportajes, ILEÓN reconstruyó no solo su vida, sino también la de toda una familia y un tiempo atravesado por la represión, sacando a la luz una memoria que durante años permaneció oculta y que hoy forma parte de la memoria democrática leonesa, que fue la de tantas personas en la provincia y en España.

Araceli López González, la última voz de la represión de Franco en San Marcos en León, acaba de cumplir 108 años este jueves 26 de marzo. Natural de Vegacervera, nació en 1918, en la enorme y muy humilde familia de quince hijos que conformaron sus padres, Agustina y Tomás. Siendo aún menor de edad, fue detenida, condenada a muerte y encarcelada “por ser de izquierdas”. Tras casi seis años en prisión, consiguió el indulto, fue puesta en libertad, se casó con Manuel y tuvo dos hijos, María Agustina y Arturo, y en 1953 se marcharon a Chile. Allí ha celebrado su cumpleaños rodeada de toda la gente que la quiere. Este próximo domingo, 29 de marzo, el Ayuntamiento leonés le rendirá un merecido homenaje, para poner en valor la memoria de una vida marcada por la guerra, la pérdida, el miedo, el silencio y la supervivencia, que fue la de tantos.

Con motivo de su cumpleaños, ILEÓN recupera algunos de los pasajes más estremecedores y también más humanos de la historia que este medio contó el pasado año en una serie de tres reportajes. En ellos, Araceli aparecía no solo como una superviviente, sino como una de las últimas voces vivas de la represión franquista vinculada a la cárcel de San Marcos.

Araceli fue la pequeña de 15 hermanos. La Guerra Civil y la represión posterior arrasaron a los López: tres de sus hermanos fueron asesinados, varios murieron antes o después en circunstancias durísimas y buena parte de los que sobrevivieron acabaron emigrando a Chile. Ella misma fue detenida junto a su padre “por ser de izquierdas”, según su propio testimonio.

Su relato, recuperado por su sobrina nieta Charo López en unas grabaciones familiares inéditas, permitió a ILEÓN reconstruir una historia de enorme valor memorial y periodístico. Araceli contó cómo fue condenada a muerte en un consejo de guerra franquista, cómo esa pena le fue después conmutada, cómo pasó primero por San Marcos y luego por Saturrarán (Guipúzcoa), y cómo salió de prisión con 24 años, tras haber perdido en la cárcel su juventud.

Uno de los pasajes más sobrecogedores de la serie publicada por este periódico fue el de su vuelta a León tras décadas de exilio y silencio. Ya muerto Franco, Araceli regresó por primera vez a España en 1980. Fue entonces cuando, delante del actual Parador de San Marcos, le confesó a su sobrina nieta que ella había estado presa allí. Charo la había invitado a desayunar en el que se había convertido en uno de los sitios más exclusivos de la ciudad, sin saber que la ponía frente al lugar donde había comenzado su calvario. Aquel momento abrió una grieta en un silencio de casi treinta años.

Ni siquiera sus propios hijos sabían entonces toda la verdad. Araceli había callado durante décadas el peso de la condena a muerte, la cárcel, el asesinato y desaparición de sus hermanos y el dolor de una familia destrozada por la guerra y la dictadura. Fue a partir de aquella escena cuando empezó a poner palabras a una memoria enterrada por el miedo y la vergüenza.

La serie de ILEÓN también profundizó en la dimensión colectiva de aquella tragedia. El tercer reportaje se adentró en la causa militar 529/37, el sumario franquista que sentó en el banquillo a catorce vecinos de Vegacervera y su entorno. Siete fueron condenados a muerte, dos acabaron fusilados y otros recibieron largas penas de cárcel en un proceso sin garantías que ilustra de forma descarnada cómo funcionaba la maquinaria represiva del franquismo.

En esa causa estaban Araceli y su padre, Tomás López. Ella era la más joven de todos los encausados; él, el mayor. La familia ya había sido golpeada por la desaparición y asesinato de Argimiro, Alfredo y Avelino, y aun así el aparato represivo convirtió su casa en foco de sospecha política. A Araceli se la acusó de adhesión a la rebelión y espionaje; a Tomás, de tener hijos “significados de izquierdas”. La sentencia la condenó a muerte. Él quedó finalmente absuelto, ya muy enfermo.

Cuando salió de prisión, todo había cambiado. Volvió a Vegacervera, se casó, tuvo dos hijos y, tras la muerte de su madre, decidió marcharse también. En 1953 embarcó rumbo a Chile con su familia. Allí rehízo su vida. Primero en Lautaro y después en Temuco, levantó un nuevo hogar sin desprenderse nunca del todo de la herida. En Chile la conocen como “la española”. Allí ha formado una extensa familia de hijos, nietos y bisnietos. En España apenas quedan ya unos pocos descendientes de los López.

A sus 108 años, Araceli sigue siendo memoria viva. No solo por lo que sufrió, sino por lo que representa. Su historia resume la de tantas personas anónimas que fueron detenidas, juzgadas sin garantías, encarceladas, despojadas de sus bienes, empujadas al exilio o condenadas al silencio durante décadas. También la de las familias que aún hoy siguen buscando verdad, justicia y reparación.

Con su testimonio, conservado en diarios, documentos y grabaciones familiares, Araceli ha permitido alumbrar una parte de la historia leonesa que durante demasiado tiempo permaneció a oscuras. Y con él, ILEÓN pudo contar no solo la vida de una mujer excepcional, sino también la de toda una familia y la de un tiempo en el que la represión se llevó por delante vidas, nombres y futuros.

Este jueves, Araceli López ha cumplido 108 años arropada por la gente que la quiere. Lo hace lejos de León, pero con la memoria intacta. Y con una historia que ya forma parte, con nombre y voz propia, de la memoria democrática leonesa. El domingo, Vegacervera la reconocerá en un sentido homenaje en el Ayuntamiento.

La Junta de Castilla y León no cuestiona los reconocimientos turísticos de las Semanas Santas de la Comunidad aunque algunas de sus cofradías no cumplan con el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Así lo ha asegurado el portavoz en funciones del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en respuesta a preguntas de ILEÓN, en plena polémica por la discriminación femenina en varias hermandades, al menos cinco leonesas.

El Ejecutivo autonómico se desmarca así de la posición del Gobierno central, que ha abierto la puerta a retirar la declaración de Interés Turístico Nacional a celebraciones como la de Sagunto (Valencia) por excluir a las mujeres de determinadas cofradías.

Carriedo ha afirmado que la Junta “no está pensando” ni en retirar la declaración de interés turístico regional ni en solicitar al Gobierno la retirada de los reconocimientos nacionales o internacionales, pese a que en Castilla y León existen casos similares. “Claramente estamos a favor de la igualdad”, ha señalado, aunque ha añadido que esto no implica “abrir la puerta en este momento” a adoptar medidas contra estas celebraciones.

En este sentido, ha insistido en que las cofradías son entidades con “su propio funcionamiento” y regulación, por lo que ha apelado a que sean ellas mismas las que avancen en igualdad “desde el diálogo” y de acuerdo con sus propias capacidades.

Estas declaraciones llegan apenas un día después de que este medio recordara que cinco cofradías de la Semana Santa de la capital leonesa no permiten la participación igualitaria de hombres y mujeres, una situación que afecta a un tercio de las hermandades existentes y que, aplicando el criterio del Gobierno central, podría poner en riesgo el reconocimiento de Interés Turístico Internacional del que goza la Semana Santa de León desde 2002.

En cuatro de esos casos, las mujeres no pueden participar como cofrades de pleno derecho, mientras que en otro, el de María del Dulce Nombre, son los hombres los que tienen vetada su entrada. Una situación que contraviene el principio constitucional de igualdad y que, sin embargo, se mantiene desde hace años sin que las administraciones hayan intervenido.

El debate ha cobrado fuerza tras el caso de Sagunto, donde una cofradía exclusivamente masculina ha rechazado modificar sus estatutos para admitir mujeres, lo que ha llevado al Ministerio de Industria y Turismo a estudiar la retirada de su reconocimiento. La normativa estatal contempla esta posibilidad cuando una fiesta deja de cumplir requisitos como la participación ciudadana.

Pese a ello, la Junta de Castilla y León mantiene por ahora una posición de no intervención, limitándose a “animar” a las cofradías a adaptarse a los tiempos, pero sin plantear medidas que afecten a sus distinciones turísticas, incluso en casos como el de León, donde la polémica está ya plenamente abierta.