Los peores augurios se han convertido en realidad: salvo que se consiga un acuerdo in extremis, habrá huelga de recogida de basuras en la totalidad de la provincia de León durante 18 días de diciembre y enero que coinciden plenamente con la Navidad.
Así lo ha formalizado ya este jueves el Comité de Empresa de la unión temporal de empresas (UTE) Legio VII, comité que representa a la totalidad de la plantilla de casi 170 personas que trabajan en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) provincial de León, ubicado en San Román de la Vega. La convocatoria formalizada habla ya de huelga entre el miércoles 21 de diciembre al sábado 7 de enero.
Sin embargo, tampoco descartan que si no hay acuerdo el paro de las instalaciones provinciales, que dejaría a los 211 municipios leoneses sin tener donde llevar todos sus residuos, la huelga se pueda transformar en una protesta con carácter indefinido.
La justificación de esta convocatoria, que traslada el presidente del Comité de Empresa del CTR, Fernando Abella, es el “fracaso” de las negociaciones para alcanzar un acuerdo respecto a las reclamaciones salariales de los trabajadores, que exigen la actualización de su sueldo paralizada desde el año 2013 y que las empresas FCC y Urbaser no aplican desde entonces.
Pero al mismo tiempo, las compañías que gestionan todo el sistema externalizado están a su vez intentando forzar así al consorcio provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul), que pilota la Diputación de León, un aumento en el canon económico anual que todos los ayuntamientos pagan en concepto de gestión, transporte y reciclaje de las basuras de la totalidad de la provincia.
Para tratar de desbloquear la situación, e intentar desactivar el conflicto laboral, precisamente ayer Gersul aprobó un gasto que suma 3,8 millones de euros, a pesar de que la cantidad que reclama la UTE se elevaría a 5,8 millones. Esa cifra que el consorcio estaría dispuesta a inyectar se corresponde con 2,2 millones para que se les pueda subir los salarios hasta actualizarlos a todos los trabajadores, y 1,6 más por la revisión al alza del canon de explotación.
La cifra debió parecerle insuficiente a las empresas, ya que pocas horas después el acto de mediación ante el Serla concluyó sin acuerdo entre las partes. Un desencuentro que hoy motiva la convocatoria formal de la huelga que amenaza uno de los momentos más delicados en la gestión de los residuos en todo el año.
También al Comité de Empresa le parece poca la cantidad ofrecida por Gersul, ya que estima que “faltan 1,5 millones de euros que suponen los cuatro puestos de trabajo que quieren eliminar desde 2013, así como las horas extras y las vacaciones de los trabajadores temporales que ya ha asumido la empresa”, explica Fernando Abella, del sindicato USO.
Sin embargo, el presidente de Gersul y diputado provincial de Hacienda en la Diputación, Santiago Dorado, aunque no habla de chantaje literalmente, cree que si con la cantidad aprobada no es suficiente, las empresas estarían “poniendo de manifiesto que está utilizando a sus trabajadores y la presión social de la convocatoria de la huelga para tratar de sacar un beneficio al que no le da derecho el contrato que tiene” en vigor.