Hoy el día D del futuro de los pueblos de la provincia leonesa. Desde las once de la mañana se ha puesto en marcha el debate sobre el polémico Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que impulsa el Gobierno del PP. Un texto que se votará previsiblemente hoy mismo en la Cámara Alta y que será ratificado, por la mayoría más que holgada del PP, en el Congreso de los Diputados.
Una celeridad que significará que sus importantes novedades entrarán en vigor en cuestión de semanas, este inminente próximo año 2014. La Ley se diseccionará y votará hoy en el Senado y el jueves en el Congreso de los Diputados. Los días están contados.
La duda está en saber si la nueva realidad de la administración pública más cercana al ciudadano será el mazazo definitivo que denuncian todos los grupos de oposición y las organizaciones que aglutinan a las juntas vecinales o si, por el contrario, será la fórmula de modernización y ahorro que defiende a ultranza el PP.
En el caso más cercano en León, la alerta más preocupante del efecto de la Ley de Reforma Local se refiere a las juntas vecinales. Unos organismos que, según denuncia el Concejo General de León (que aglutina a buena parte de las pedanías leonesas) serán el fin de los gobiernos municipales más cercanos a los vecinos, más antiguos y con la democracia más auténtica.
“Un mazazo a 10 siglos de historia”, resumían los portavoces de estos organismos, advirtiendo de que el artículo artículo 24. Bis “con carácter general señala que las entidades de ámbito inferior al municipal dejarán de tener personalidad jurídica y pasarán a ser meros órganos dentro del Ayuntamiento”; o sea, que no podrán gestionar ni ser propietarias de ningún bien público, ni monte, ni pasto, ni coto ni nada.
Pero los senadores del PP defienden justo lo contrario. Luis Aznar y Silvia Franco insisten en que las 27 enmiendas presentadas en el Senado mejoran y perfeccionan la Ley, porque “salvan y garantizan el futuro de las entidades menores en la provincia de León, que dependerán de sí mismas y del cumplimiento de sus propias obligaciones legales, y no en exclusiva de la situación financiera del ayuntamiento matriz”.
Los parlamentarios leoneses, en plena consonancia con el Gobierno, repidiento palabras que ayer mismo destacó Montoro en el Senado, defienden que “el Gobierno del Partido Popular ha sido el único Gobierno valiente ya que se ha atrevido a tramitar una ley esperada, necesaria y deseada en 30 años, que fortalecerá a las corporaciones locales, garantizando, por primera vez, el 100% de la financiación de los servicios públicos”. Así, reiteran que “se trata de una Ley que clarifica las competencias, garantiza el mantenimiento de todas las prestaciones, el empleo y los servicios sociales de todos los ciudadanos”.
En el otro lado, el PSOE lanza dardos y más tardos. Y el escenario nuevamente es León. Fue aquí donde el número 3 del PSOE a nivel nacional, Óscar López, ha criticado este fin de semana con más dureza una reforma que a juicio de los socialistas “va contra la autonomía municipal y supone un recorte democrático y de servicios que desaparecerán o serán privatizados, en el mejor de los casos”.
La verdadera preocupación está en saber si la Junta de Castilla y Leójn podrá mantener las inversiones ahora municipales en servicios muy cercanos y muy esenciales para los habitantes del mundo rural leonés, léase Sanidad (consultorios médicos), Educación (mantenimiento de escuelas) o Bienestar Social. López ya avanzó que no habrá pacto con el presidente de la Junta respecto a la Ley de Ordenación del Territorio consensuada con el PP si el PP no se suma a la lucha para frenar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local. Una nueva jugada para tratar de desactivarla, antes de que, como ya se anuncia, haya que recurrir a un recurso al Constitucional contra esta polémica Ley.