Excusas de la Junta
La consejera de Familia, Isabel Blanco “miente con los datos de las residencias”
Rubio incidió en que “la Junta mintió porque pretendía ocultar lo que hoy ya sabemos, que había una estrecha relación entre el número de fallecidos y la recomendación de no trasladar a las personas mayores que vivían en los centros residenciales a los centros hospitalarios.”
Por otra parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró hoy en Palancia que los datos publicados ayer sobre el número de fallecidos en residencias a causa del COVID-19, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, reproducen las “mismas cifras que se comunicaron desde el principio de la pandemia” y puntualizó a Ical que “ya eran conocidos”, dado que se daban al inicio de la crisis sanitaria.
“Nosotros siempre dijimos lo mismo y es lo que dicen los informes elaborados y en las distintas comparecencias que se han producido en las Cortes, porque el virus no entendía de estatus social ni de centros privados o públicos”, apuntó durante la presentación del V Plan Estratégico de Juventud en Palencia.
Sin embargo, la propia Blanco firmó las respuestas negando los datos por cada residencia privada, la mayoría de las setecientas en las dos regiones de la comunidad, incluyendo una supuesta defensa del Derecho al Honor de las empresas que las gestionaban cuando ni siquiera se había hablado de ellas; además de una protección al secreto comercial que el propio TSJ desmontó completamente.
Blanco siguió, sin embargo, subrayando que el centro donde entraba el virus, en mayor medida durante la primera ola, al ser la “más difícil”, fallecían entre el 20 y el 30 por ciento de las personas que se contagiaban. “Si cogen los datos, comprobarán que es lo mismo que decíamos y que ocurría lo mismo en centro privados, públicos, religiosos o de otras entidades”, aseveró a la Agencia ICAL.
Esto último es imposible, ya que esos datos, residencia por residencia, ola por ola, no se hicieron públicos hasta ayer en la página de la Junta de Castilla y León. De hecho, el propio Gobierno Autonómico tuvo un cisma administrativo, al declarar en un informe el Director General de Transparencia, Joaquín Meseguer, que esos datos eran “de especial interés público”, algo que confirmó el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, pese a la negativa en redondo de la consejería de Isabel Blanco a hacerlos públicos con el único interés de proteger los intereses económicos de unas empresas concesionarias de un servicio público como el cuidado de los ancianos.