La mayoría del PP vetó hoy que las Cortes de Castilla y León presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local del Gobierno, que calificó de “ambiciosa e innovadora”, como pidieron PSOE e IU, para quienes la normativa de Montoro vulnera el Estatuto de Autonomía y vacía a los pueblos ante la falta de servicios. La propuesta rechazada se une a otra que siguió el mismo camino en la que se requería que fuera la Junta la que tomará esa iniciativa.
El debate entre Juan José Sanz Vitorio (PP), Francisco Ramos (PSOE) y José María González (IU) estuvo marcado por los reproches sobre lo que hizo el anterior gobierno y lo que hace el actual, en referencia a que el principal problema de los ayuntamientos es la financiación que ni el uno ni el otro han aprobado. El popular terminó con un ainvitación a ambos, en especial a los socialistas, para mirar el futuro y desarrollar el modelo territorial.
Sanz Vitorió acusó a los socialistas de cumplir con un mandato de Ferraz -sede central del partido- y recriminó que hayan retrasado la propuesta en el orden del día del pleno de las Cortes para el momento en que no hay tiempo de elaborar el recurso por los servicios jurídicos de la Cámara, en referencia a que el plazo termina ya.
En una intervención en tono solemne, el socialista Francisco Ramos equiparó la amenaza de la reforma local para el mundo rural de Castilla y León con la que supone para las autonomías su lengua propia, como una seña de identidad. Ramos argumentó que se debilitan los servicios sociales de los ayuntamientos, se acaba con municipios y entidades menores y se centralizan las funciones en las diputaciones.
El socialista preguntó al PP si va a votar en contra del Estatuto de Autonomía de Castilla y León ante una reforma local que tildó de “virus con efecto diferido para debilitar el Estado social y territorial”. “Los pueblos se van a vaciar ante la falta de futuro. Cada palo que aguante su vela”, sentenció.
La propuesta de acuerdo, último punto del orden del día del plenario, se sustenta en la atribución de competencias a la Comunidad sin un sustento constitucional y en que se vulneran competencias autonómicas en la regulación de las mancomunidades, disolución de entidades de ámbito inferior al municipio, competencias a los ayuntamientos y en la colaboración con las diputaciones, según recordaron el socialista Francisco Ramos y José María González, de IU.
“Se refuerza el poder caciquil de las diputaciones”, estimó González, que recordó que la Constitución “pone tres patas”: la organización central, autonómica y municipal. “Si a una mesa de cuatro patas se quita una, no se cae; pero en una de tres, sí”, afirmó el procurador, que tildó la ley de privatizadora de servicios locales y de recorte de derechos ciudadanos.
El problema de la financiación local no se arregla con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad replicó el popular Juan José Sanz Vitorio, que recriminó al PSOE que inste a la Junta -iniciativa rechazada hace un mes- y a las Cortes ahora a registrar una denuncia para la que los socialistas no han acreditado “ningún informe”. “Ha hecho una intervención ideológica, sin ningún argumento”, señaló a Ramos.
Sanz Vitorio trató de desmontar las “mentiras y engaños” de PSOE e IU cuando se dirigen a los ayuntamientos y subrayó, en esa línea, que no se intervienen ni suprimen ayuntamientos ni entidades locales menores, que no se eliminan concejales, que no se reducen las prestaciones sociales y que no se privatizan los servicios básicos. “Es una ley ambiciosa e innovadora”, defendió.
“Se presentó un informe de compatibilidad entre la ley estatal y autonómica”, recordó el popular, que animó al PSOE a centrarse en el desarrollo de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, desde una actitud “positiva” en vez en la critica hacia la normativa del Gobierno. Sanz Vitorio detalló los logros de la Junta en la mejora de la reforma local y censuró que los socialistas no hayan reconocido que se haya retirado el coste estándar por el efectivo y recogido la peculiaridad de la Comunidad en consultorios médicos o centros educativos rurales.
Ramos recordó que el recurso se ha presentado por casi todas las fuerzas políticas -excepto PP y PNV- y por más de 2000 municipios, al tiempo que señaló que “una cosa es que no recurran la ley y otra que se defienda”. El socialista vaticinó que la ley “no se va a cumplir porque es incumplible” y argumentó que una cosa es la prestación de los servicios por los ayuntamientos y otra la delegación de competencias por otras administraciones. “Lo único que no van a decir a los alcaldes es donde tienen que poner el teléfono”, añadió.
“No han cambiado nada sustancial, los principios de economía de escala y de una competencia una administración, perjudican a Castilla y León, que tiene más municipios pequeños”, aseveró el socialista sobre las enmiendas presentadas por la Junta a la reforma del Gobierno, antes de que la presidenta de las Cortes le cortara el micrófono al no atender a su aviso de que había consumido el tiempo de la intervención.
José María González afirmó que cuando se encuentre con alcaldes del PP les dirá “¡qué pena!” que su grupo en las Cortes haya desestimado interponer un recurso contra la ley del Gobierno. “Invito a trabajar por la Castilla y León del siglo XXI, con el desarrollo de una ley básica”, concluyó Sanz Vitorio.