Los grupos Popular y Socialista no se pusieron de acuerdo este miércoles en el pleno de las Cortes para el estudio y la revisión de la reforma local por si hubiera una incompatibilidad entre los textos estatal y autonómico, que para el primero no afecta en “nada” a lo aprobado en las Cortes, y para el segundo no son compatibles tal y como está en este momento en su tramitación en el Senado.
La mayoría popular rechazó así la proposición no de ley socialista, que sí contó con el apoyo del Grupo Mixto, en la que se pedía el estudio de las posibles incompatibilidades de la aplicación de las normas legislativas estatal y autonómica, como planteó la procuradora Teresa López, también alcaldesa de Medina del Campo.
El popular Jesús Ángel Peregrina, que defendió la compatibilidad de ambos textos, ofreció en una enmienda que el estudio se realice cuando la ley este aprobada y publicada en el BOE para ver si se ajusta al ámbito estatal o invade competencias autonómicas, pero recordó que todos los textos del Ejecutivo central se analizan en los órganos correspondientes de la Junta.
López no asumió la enmienda al entender que no se puede esperar a “hechos consumados” y que debe hacerse antes de que “se desmantelen los servicios sociales” que ahora gestionan los ayuntamientos y que pasarán a las autonomías. “Está bien que se estudie cuando sea aprobada, pero qué pasa con las competencias que se quitan a los municipios”, aseveró.
La reforma local, como el resto de leyes, se analizará cuando sea aprobada, reiteró Peregrina, que defendió que la Junta y su presidente, Juan Vicente Herrera, han sido beligerantes y exigentes en la defensa de los intereses de los municipios y de los servicios de Castilla y León.
Desde esa defensa, explicó el seguimiento realizado desde que se presentó el anteproyecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la presentación de alegaciones y después de enmiendas para su incorporación a la ley en su tramitación en el Congreso y Senado, de las que recordó que se ha aceptado un 90 por ciento de las demandas de la Junta.
“Se ha trabajado para que ambos textos sean compatibles”, afirmó el procurador del PP, que no vio nada que afecte al mapa de unidades básicas de ordenación de los servicios, a la asociación voluntaria en mancomunidades de interés general, a la cohesión social y a la cooperación de las administraciones autonómica y local.
En la presentación de la propuesta, la socialista Teresa López recordó que los objetivos de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio son el respeto a las singularidades de la Comunidad, la garantía de igualdad de todos los castellanos y leoneses a los servicios públicos autonómicos y locales y la defensa de la autonomía municipal.
López expresó el temor de que estos principios se vean “comprometidos” si se aprueba la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en sus términos actuales, de manera que pidió que se estudien posibles incompatibilidades de las dos leyes y que se defienda el modelo de cooperación entre las administraciones para mantener los servicios públicos de proximidad establecido en la norma autonómica.
En toda su intervención, la procuradora incidió en que el texto del Gobierno no es compatible con la ley que acaban de aprobar las Cortes y subrayó la pérdida de servicios de proximidad por parte de los ayuntamientos al pasar a las comunidades autónomas.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, respondió ayer al socialista Óscar López que se sentarán para analizar ambos textos cuando esté aprobada la ley del Gobierno, prevista en el próximo pleno del Senado.