Con una gran expectación la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada por los ministros responsables del área económica, Luis de Guindos (Economía y Competitividad) y Cristóbol Montoro (Hacienda y Administraciones Públicas) ha desgranado un nuevo paquete de recortes y reformas englobados en los documentos Programa de Estabilidad y Plan Nacional de Reformas.
Estos documentos, que exige anualmente la Comisión Europea, incluyen un nuevo escenario macroeconómico en el que el Gobierno cree que la economía española caerá este 2013 un 1,3%, frente al 0,5 % inicialmente pronosticado, y que la tasa de paro llegue al 27,1%.
Según estas previsiones, “muy conservadoras” según Guindos, la economía volverá a crecer en el año 2014 a un ritmo del 0,5%. Respecto al paro sitúan la tasa en el 26,2% en el 2014 y tanto ese año como en el 2013 se continuará destruyendo empleo. Para el 2015 esperan que la tasa de paro se sitúe en el 25,8%.
Respecto al déficit público el Gobierno lleva al año 2016 la obligada reducción al 3% que exige la Unión Europea. Estas proyecciones deben tener la autorización de la Comisión Europea. Para el 2013 el déficit público deberá estar en el 7% para el conjunto de las administraciones.
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Subida de impuestos especiales, no del IVA ni IRPF.
Tal y como había avanzado el presidente Rajoy se ha confirmado que, de momento, el IVA ni el IRPF se suben. El ministro Montoro ha señalado que hay margen para hacerlo en los impuestos especiales, aunque ha descartado que se hagan en el que afecta a las gasolinas. Entre los que se crean hay impuestos medioambientales y un impuesto “a los bancos” sobre los depósitos que tienen de sus clientes, aunque se ha avanzado que será un impuesto bajo.
Sobre la actual subida del IRPF que el Gobierno se comprometió a bajar para este año que viene, se prolongará al menos un año más debido a la situación económica y las tasas de recaudación fiscal.
Nuevas reformas de la Administración.
El ministro Montoro ha señalado que la reforma de las Administraciones Públicas ya ha entrado en vigor con los recortes salariales y de plantilla o el aumento de horas, además de otras reformas, aunque ha reconocido que están pendientes varias medidas que deben implantarse.
Se reducirán los convenios que desde el Estado financian servicios que prestan comunidades autónomas y corporaciones locales, al hilo de una nueva Ley reguladora de las Haciendas Locales que limita competencias específicamente y señalan la disponibilidad de financiación para realizar ese servicio público. Se realizará en la negociación con las autonomías sobre los nuevos objetivos de déficit y modelo de financiación.