Los funcionarios de la Diputación ignoran cómo adjudicaron 100.000 euros de publicidad a Madiva en la Púnica

La jornada del lunes del juicio en la Audiencia Nacional de la trama Púnica en León se ha centrado en las declaraciones de los técnicos de la Diputación Provincial de León durante el final del mandato de Isabel Carrasco y el breve de Marcos Martínez Barazón, que la sustituyó tras su asesinato hasta que terminó en la cárcel meses después.

El primero en contestar a las preguntas de la Fiscalía fue el jefe de contratación Lucio Ricardo Martínez, que durante su declaración no hizo más que confirmar, y reiterar, que por su departamento “no habían pasado las facturas del reparto de la publicidad institucional”, dejando además bastante claro que mucho menos de las de Madiva y Eico, a la que la Diputación Provincial abonó más de cien mil euros.

“¿Ha visto estas facturas?” le preguntaba la fiscal. “No”, contestaba el testigo. “No hicimos nada de Reputación Digital. Nunca tuvimos esos expedientes. Al menos que yo sea consciente, no. Y si superan el gasto de 6.000 euros tenía que haber pasado por mi servicio”, explicaba el funcionario de contratación.

“No se puede contratar por interés personal”

Además, Lucio Ricardo Martínez recordó a toda la sala que “se puede contratar todo lo que sea competencia de la Diputación, siempre y cuando sea de interés provincial”. Es decir, que sea de interés público porque “no debería contratarse nada por interés personal”, que es lo que hacía Alejandro de Pedro cobrando de la Diputación al introducir noticias positivas de Isabel Carrasco en periódicos zombis para posicionarlas y evitar así que se viera en la primera página de Google sus asuntos de corrupción. Y es lo que pretendía contratar Marcos Martínez Barazón, a modo de gabinete de relaciones públicas personal pagado con dinero público, cuando para eso está el Gabinete de Comunicación de la propia institución.

Finalmente expuso, ante las preguntas de la defensa del expresidente de la Diputación sobre si se seguía repartiendo la publicidad sin el concurso del Servicio de Contratación, que “ya no se hace así” y también reconoció que “la urgencia de los pagos debe estar avalada siempre”, pero que no podía decir nada más porque a él no le no llegaban los expedientes de publicad ni nada relacionado con ella“.

“Desde entonces, con lo que ocurrió, hay un plan de comunicación que lo aprueba el Pleno” y pese a que le preguntaron si conocía la sentencia de ILEÓN (en la que se condenó a la Diputación Provincial por discriminación en ese reparto de la publicidad), dijo que no le constaba.

Contratos en San Isidro

También le preguntaron a Lucio Martínez sobre los contratos de la cafetería El Rebeco y el hostal-cafetería Pico Agujas en Salencias. Y de resultas de una enrevesado interrogatorio se pudo dilucidar que sólo se llegaron a hacer propuestas de licitación, que se incluyeron in extremis a un particular y dos empresas para participar en el mismo, pero que nunca se llegó a aprobar el pliego de condiciones.

Al final, para poner en servicio las cafeterías se terminó realizando después la adjudicación de la primera (puesto que la segunda quedó desierta) “mediante un procedimiento de adjudicación automática”, explicó.

ILC y Productos de León, sin constancia de esos gastos publicitarios

La siguiente testigo fue despachada con relativa rapidez. La Jefa de la Unidad Administrativa del Instituto Leonés de Cultura, Marta Amparo Núñez Gutiérrez, compareció para asegurar que “no le sonaba nada” la publicidad en los periódicos digitales de Madiva Editorial pese a que el ILC “tiene presupuesto propio para estas cosas”.

Se le mostró una publicidad en uno de los diarios digitales zombis de Madiva con el 'Libro de las Horas' que posee el ILC y se le preguntó si la había visto alguna vez. “No me suena de nada”, reiteró.

Ante la pregunta de si fue Marcos Martínez Barazón quien ordenó que se pusiera la publicidad del ILC en esos digitales, o la idea partió del propio Instituto Leonés de Cultura, Núñez Gutiérrez reconoció, eso sí, que “a veces la contratamos nosotros con otros medios de comunicación”; pero se reiteró que desconocía de dónde había salido la orden de pagar esos banners digitales.

Por otra parte, el encargado de la promoción de los Productos de León, José Antonio Álvarez Canal, también indicó que tampoco “tenía constancia de haber hecho nada de publicidad en esos medios”, pero que llegó un momento en el que le presentaron tres facturas “aprovechando que habían incluido unas partidas para publicidad, pequeña, y otra para difusión, con bastante más dinero” en 2014. De esta manera contó cómo le pusieron delante “tres facturas, y en cuanto vívi que podían considerarse troceamiento, lo que es ilegal, dije que no me volvieran a pasar ninguna”.

La cosa debió ponerse tensa, porque Álvarez Canal llegó a contar que se dirigió “por escrito para solicitar que retiraran estas dos partidas de la campaña de Productos de León”. Sin embargo, le llegó otra factura, “no por el medio ordinario sino que me la trajo alguien de presidencia”, expuso, para asegurar que les dijo que no le “volvieran a pasar otra” tras comprobar que no había “llegado a su despacio por el conducto habitual”, señalando a Presidencia y el Gabinete de Prensa.

“Pedro Vicente Sánchez repartía las cantidades a pagar”

Por su parte, el que fuera presidente delegado del Consorcio provincial de las basuras (Gersul), José Antonio Velaso, –también antiguo diputado provincial– tuvo que explicar cómo aparecían facturas a Madiva por 6.000 euros que terminó pagando Ecoembes aprovechando un convenio con Gersul. Una comparecencia que compartía con el gerente del Consorcio, Secundino Prieto, que iba a declarar seguido de él.

En resumen, para Velasco, “el reparto de los pagos a medios de comunicación lo llevaba Isabel (Carrasco), y yo de hecho no conocí estos problemas con estos digitales hasta que pasó lo que pasó” –expuso, refiriéndose a la detención de Marcos Martínez Barazón. “Las decisiones venían dadas de presidencia, algo hecho ya desde la época de Carrasco. No sé cuándo se hizo ese reparto y no sabía nada de Madiva y esos digitales y ni siquiera hablé con Alejandro de Pedro”, manifestó por videoconferencia (como el resto de los testigos) a la Sala. La fiscal le mostró una factura no conformada, de seis mil euros, sobre la que no supo decir qué significaba y si la había visto, y cuando un abogado defensor le preguntó si se había pagado contestó que no lo sabía: “No sé si se pagó, lo desconozco del todo”.

Después de él le tocó a su segundo en Gersul, el gerente Secundio Prieto, que en todo momento no recordaba bien lo que había ocurrido. La fiscal le preguntó cómo podía ser que los periódicos de De Pedro pasaran en 2013 de cobrar 500 a 1.500 euros por la publicidad en 2014. “Llama la atención, pero yo desconozco cómo se evalúan o distribuyen los costos de publicidad”, se defendió Prieto, que señaló que “había urgencia y llamadas del presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón para que recogiera un papel con unos nombres y unos números de teléfono que me daría Pedro Vicente Sánchez, para que llamara por teléfono a una serie de personas de los medios de comunicación; pero yo consideraba que no era ni mi trabajo ni mis funciones. Dos o tres días después, me vuelve a llamar el presidente de la Diputación para preguntar por qué todavía no había llamado”.

Respecto al reparto de los pagos a cada medio de comunicación, indicó que “Pedro Vicente Sánchez se encargaba de repartir las cantidades a pagar”. Además, tuvo que explicar cómo existían facturas de 6.000 euros sin conformar. “¿Quién dio la conformidad a este trabajo que no viene más que con una factura sin capturas de pantalla de los banners o de las páginas? ¿Cuánto tiempo estaba la campaña en cada medio?”, le preguntó la fiscal. Las respuestas de Secundino Prieto consistieron en echar balones fuera con varios “no sé”, otros “no lo recuerdo” o un “desconozco si hubo certificación”, para reconocer a continuación que el pago lo realiza Ecoembes y que cree que no miran si el producto se ha anunciado o no.

El Gerente de Gersul además, aseguró que no se había comunicado nunca con Alejandro de Pedro, pero la fiscal consiguió sacarle un tímido, “bueno, sí cuando tuve que hacer esa serie de llamadas a tantos medios de comunicación” y también le expuso que en el sumario consta un correo electrónico enviado desde su cuenta en Gersul al dueño de Madiva Editorial y Eico. “Si es así es porque le enviaría un email de contestación estándar”, comentó un tanto molesto por la pillada el gerente del Consorcio Provincial de Basuras.