Acoso
El suicidio de la joven Sandra tras sufrir dos años de acoso en el colegio (sin que, al parecer, la Dirección del mismo activara el así llamado protocolo 'anti-bullying') ha producido consternación en la sociedad y llenado las portadas de los medios, provocando una reacción que, más que nada, se parece a la pataleta de la impotencia. Como si ya nos hubiéramos resignado a lo inevitable y la pregunta no fuera cómo podemos solucionarlo, sino más bien cuánto tardará en producirse el próximo caso. Porque, si de algo podemos estar seguros, tal y como van las cosas, es de que lo habrá.
El bullying no es, ni mucho menos, un fenómeno de nuestro tiempo (aunque quede muy bien utilizar el palabro inglés, se trata en realidad del acoso escolar de toda la vida), pero sí es cierto que en los últimos años ha crecido su intensidad, como también lo ha hecho el número de suicidios causados por él. En los titulares de otra noticia de otro telediario se dice que hay cada vez un mayor problema de indisciplina en los centros educativos y que un alto porcentaje del profesorado sufre ansiedad y se siente desmoralizado. En nuestra opinión, no se deberían analizar los dos temas por separado, puesto que ambos obedecen a una misma causa: la pérdida de autoridad del profesorado ha dado pie a un incremento de la violencia y del acoso entre iguales. Más o menos se podría simplificar así el funcionamiento de la mente de un acosador: si por faltarle al respeto a un profesor no me va a pasar nada, por meterme con un compañero, menos aún que nada. Las soluciones que ofrecen las administraciones educativas (a menudo asesoradas por 'expertos' que nunca han pisado un aula) son peregrinas y a todas luces se han revelados ineficaces. Entre ellas, la solución estrella es la de ofrecer «cursos de pedagogía» a los profesores para que sepan manejar a los alumnos disruptivos. Ya se lleva poniendo en práctica este remedio sin que sirva de nada y, por ese motivo, conviene abordar el problema desde otro ángulo si de verdad queremos conseguir resultados. He aquí alguna de las propuestas que, a nuestro juicio, deberían plantearse con carácter de urgencia:
- Reforzar la autoridad del profesor con hechos, y no con palabras o meras declaraciones de intenciones en el BOE que, las más de las veces, se quedan en papel mojado. Desobedecer la orden de un profesor (no digamos ya amenazarlo, insultarlo o agredirlo, como habitualmente ocurre en los centros educativos, aunque se silencie) debe de tener las mismas consecuencias penales que el hacer lo propio con un representante de la ley. Ello implica consolidar plenamente el ejercicio de la presunción de autoridad.
- En relación con este último punto, y ante el aumento de los comportamientos agresivos por parte de alumnos disruptores, fruto de la creciente sensación de impunidad a la que aludíamos, debe implementarse la presencia de personal de seguridad en los centros, especialmente en los más conflictivos, del mismo modo en que se cuenta con este tipo de personal en las oficinas de la administración para salvaguardar la integridad física de sus altos cargos (creemos, incluso, que en este caso la necesidad sería mayor).
- Simplificar los trámites legales para incoar expediente disciplinario a un alumno disruptivo y endurecer las sanciones contra estos, sobre todo en caso de reincidencia. El derecho a la educación debe ir acompañado de la exigencia en el cumplimiento de una serie de obligaciones (tal y como viene recogido en la Carta de Derechos y Deberes de los alumnos, ni más ni menos) y el quebrantamiento reiterado de estas últimas debe conllevar la expulsión inapelable del alumno del centro por acumulación de faltas graves, tal y como ocurriría en cualquier otro ámbito laboral o social.
- No son los profesores, sino los alumnos disruptores los que deben comprometerse a hacer cursos de reinserción escolar, impartidos por expertos, si aquellos no desean verse privados de su escolarización, tal y como detallábamos en el punto anterior. También se debe ampliar y diversificar la oferta educativa, adecuándola a los intereses de cierto tipo de alumnado que, además, coincide con los intereses reales de la sociedad. En cualquier caso, debe evitarse a toda costa el confundir un derecho con una obligación, situación que ha llevado a muchos alumnos conflictivos a serlo en respuesta a un sistema que les obliga a estar allí “a la fuerza”.
Para finalizar, queda por contestar la pregunta de si estas medidas contribuirían más eficazmente a contrarrestar el problema del bullying, con sus trágicas consecuencias. Creemos que sí porque, aunque seamos conscientes de que no existen las varitas mágicas, sí que opinamos que es importante atajar la sensación de indefensión a la que se encuentran sometidos una buena parte del profesorado y del alumnado. A menudo nos olvidamos de que los alumnos buenos y responsables, los que aceptan las reglas del juego, en definitiva, también tienen derecho a la educación. Y también consideramos que el problema es lo suficientemente grave como para exigir soluciones drásticas, frente a leyes garantistas y protocolos inútiles, a menudo dictados por burócratas desde la comodidad de sus despachos, y que no hacen otra cosa que reforzar la sensación de impunidad en quienes se saltan las normas. Los políticos no deberían preocuparse tanto por el qué dirán y ser un poco valientes, que, a lo mejor, los votos que puedan perder por un lado, los ganarían por otro.
