La memoria democrática sigue sin tener una presencia efectiva en el sistema educativo español, a pesar de que la Ley 20/2022 establece su inclusión obligatoria en los contenidos curriculares. Así lo concluye un estudio publicado en 'Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico', obra de los investigadores Enrique Javier Díez Gutiérrez y Jonatan Rodrigues López, de la Universidad de León (ULE), que analiza críticamente la legislación educativa vigente y su aplicación en las comunidades autónomas.
El trabajo, titulado 'Políticas educativas de memoria democrática', advierte de una “retórica curricular vacía” que menciona la memoria histórica sin desarrollarla de forma concreta, ni garantizar su implementación en las aulas.
A través de un análisis crítico del discurso (ACD) de la LOMLOE y los decretos curriculares, los autores constatan que los contenidos sobre la represión franquista, la lucha antifranquista y los mecanismos de justicia transicional están prácticamente ausentes o diluidos en formulaciones ambiguas.
“La memoria democrática aparece en los textos legales como un concepto genérico, sin referencias claras a la dictadura, la represión o las víctimas del franquismo”, señalan y lamentan. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por ejemplo, solo se menciona en cinco ocasiones, y en Bachillerato, en otras tantas, muchas veces en contextos despolitizados o equiparando el franquismo con otros fenómenos como el terrorismo.
Fuerte disparidad territorial
El estudio también analiza las políticas autonómicas, revelando una fuerte disparidad territorial. Mientras comunidades como La Rioja o Asturias han desarrollado marcos normativos más ambiciosos, otras como Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria o Extremadura han hecho lo contrario, incluso derogado sus leyes de memoria democrática. Han sido sustituidas por normativas de “concordia” que, según los autores, “eluden el reconocimiento de las víctimas del franquismo y promueven una visión equidistante del pasado”.
En el caso de Aragón, la nueva Ley 1/2024 elimina instrumentos como el Censo de Memoria Democrática o las Rutas de la Memoria, y evita cualquier mención al franquismo, la guerra civil o la Segunda República. Naciones Unidas ha calificado estas medidas como contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, y el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente su aplicación.
“Manipulación mediática y auge del neofascismo”
Los investigadores denuncian que esta tendencia supone un retroceso en la construcción de una ciudadanía crítica y democrática: “La omisión escolar sobre la represión franquista genera generaciones vulnerables a la manipulación mediática y al auge del neofascismo”.
El artículo concluye que España mantiene una “deuda histórica” en materia de justicia transicional y educación en derechos humanos. A diferencia de países como Alemania, Argentina o Sudáfrica, donde existen políticas educativas consolidadas sobre memoria, el caso español se caracteriza por la ambigüedad legal, la falta de formación docente y la ausencia de mecanismos de evaluación e implementación.
Entre las propuestas del estudio se incluye la incorporación obligatoria de unidades didácticas sobre represión y resistencia antifranquista, la formación del profesorado en justicia transicional y el desarrollo de proyectos interdisciplinares que conecten la memoria local con marcos globales. “La memoria democrática no es un lujo ni una opción ideológica: es un derecho de las nuevas generaciones y una condición para la defensa de la democracia”, concluyen los autores.