Gumersindo de Azcárate, el leonés que impulsó la Ley de Usura que el Gobierno actualiza tras casi 120 años de vigencia

Gumersindo Azcárate y Menéndez nació en León en 1840, donde pasó su infancia y comenzó su singular andadura intelectual. Con nueve años dio el salto de la escuela a los estudios secundarios en el recién estrenado Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de León. Dan fe de ello unos cuadernillos cosidos a mano, donde figuran sus notas y las comunicaciones dirigidas por el secretario del centro al padre del alumno, Patricio de Azcárate Corral.

Cursó seis años en el Instituto Provincial de León (de 1949 a 1855) obteniendo –con la excepción del primer curso– muy buenas notas. Por aquellos años, Patricio escribía ensayos sobre filosofía moderna, dedicados a la juventud que estudiaba, a fin de ofrecerles un modelo patriótico plagado de ejemplares personajes. En 1854 cambió el ensayo por la política, siendo nombrado gobernador civil de León.

A este erudito padre, los planes educativos oficiales, en general, y los del centro leonés, en particular, “no le parecían suficientes para una correcta formación de los jóvenes”. Patricio consideraba muy deficientes los estudios sobre filosofía, “sin elevación y sin dignidad”, motivo por el que escribió un opúsculo titulado Veladas sobre filosofía moderna. En esas páginas criticaba los libros de texto, convertidos –decía– en objeto de especulación mercantil, mientras apostaba por la libertad de conciencia en la educación (libertad religiosa y de cátedra, se entiende). También expresaba el deseo de que su hijo Gumersindo fuera filósofo, formación académica y personal que consideraba la base fundamental del saber. Patricio ejercía por aquellos años de socio correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y de la Academia de la Historia. 

Con estos precedentes familiares, no resulta difícil entender a un joven Gumersindo Azcárate atraído por el saber y la cultura, encontrando acomodo intelectual en los planes de estudio de la Universidad de Madrid. Atrás quedaba la formación inicial en León y tres años universitarios en Oviedo. Con su graduación en Filosofía y Letras y su carrera de Derecho, fue nombrado profesor auxiliar de la Universidad Central, entidad en la que obtuvo una cátedra cuatro años después, y a la que siempre estaría vinculado.

El intelectual y el político

Perteneciente a una larga saga enraizada en Navarra, Santander, Huelva y León –además de en Gijón por parte materna–, alcanzará pronto relevancia intelectual en el panorama político, jurídico y educativo de finales del siglo XIX. Fue la suya una saga unida a la Institución Libre de Enseñanza, representación directa del impulso renovador y crítico que el krausismo había traído a España, convirtiéndose en el movimiento educativo no oficial más importante de aquellas décadas. Pronto despuntó en el ideario de Gumersindo un pensamiento internacionalista y una faceta de articulista en revista de calado crítico e intelectual: La Voz del Siglo, Revista Europea, La Lectura, Revista General de Jurisprudencia, Revista de la Universidad de Madrid. A medida que crecía su prestigio y fama, fue acogido por otros organismos culturales: la Academia de la Historia, el Ateneo Científico y Literario de Madrid y la Academia de Ciencia Morales y Política. También fue miembro de la leonesa Fundación Sierra-Pambley y presidente del Instituto de Reformas Sociales desde 1904. 

En calidad de diputado, Gumersindo de Azcárate legisló una curiosa ley sobre la usura. La Ley de Represión de la Usura, que data de 1908, constituye un hito singular como norma vigente por su duración –hasta nuestros días–, convirtiéndose en una de las más longevas del Derecho español. Su objetivo era humanista, además de solidario con las clases más desfavorecidas, al tratar de evitar situaciones de precariedad económica en las capas más pobres. El texto legal se debe en exclusiva al leonés, a la sazón letrado, diputado, catedrático y académico. La ley suponía un expresión de su pensamiento ético, de matiz altruista y compromiso social: poner coto a prácticas abusivas de la banca y de otras entidades de préstamo. 

La Restauración fue el marco político en el que se desarrolló su pensamiento y obra, etapa histórica cuyo fundamento era contrario a las ideas de este leonés, que no dudó en criticar abiertamente la compra de votos, la práctica del caciquismo, el fraude electoral, los pucherazos y la escasa representación que tenían en la sociedad los partidos dinásticos de Cánovas y Sagasta. Así se lo expresaba a un amigo: Entre la monarquía de don Alfonso o de don Carlos y la República, no es dudosa la elección para un liberal radical, y yo opto por la última, a la que creo indisolublemente unida la causa de la libertad”. 

Filósofo krausista y político

Fue expulsado de la Universidad por desobedecer preceptos oficiales, junto a intelectuales como Nicolás Salmerón y Francisco Giner de los Ríos. Todos ellos chocaron contra los postulados de una política conservadora, especialmente la que llevó a cabo el ministro de Fomento –en el que estaba incluido la educación– Manuel Orovio. El Plan Orovio impuso la confesionalidad del Estado y suprimió la libertad de cátedra, expulsando a los profesores que se negaron a acatarlo. El mismo Emilio Castelar se solidarizó con los afectados y dimitió de su cargo universitario. Con esos antecedentes, resulta comprensible que los represaliados crearan la Institución Libre de Enseñanza, institución educativa progresista, laica y mixta, una ventana abierta al aire fresco, con vistas al krausismo, corriente pedagógica puntera que se estaba extendiendo por Europa. Finalmente, Orovio fue destituido por Sagasta en 1881 y Azcárate se reincorporó a su cátedra.

Su carrera política había comenzado pronto, en 1869, en pleno Sexenio Democrático, presentándose a las elecciones por el Comité Democrático-Monárquico de León, la corriente más disidente de todas, pero tuvo poco éxito y renunció a su candidatura al año siguiente. Retomará esta faceta pública en 1886, continuándola de forma casi ininterrumpida hasta 1916. Tanto es así que, a partir de 1886, el suyo fue un ejemplo de distrito en propiedad, o sea, único diputado durante varias legislaturas, pues se impuso su prestigiosa figura en la circunscripción de León, obligando a políticos como Fernando Merino y Antonio Molleda a buscarse espacio electoral en demarcaciones rurales de la provincia. 

Gumersindo de Azcárate hizo política para priorizar la opinión libre sobre la influencia del caciquismo, hasta desembocar en la creación de círculos republicanos y el mantenimiento de un debate sano en ateneos, prensa y tertulias. La República, órgano republicano en león impulsado por él, combatió en León a La Región (periódico conservador) y El Heraldo de León (órgano liberal), arrinconando también a El Porvenir de León, de ideales demócrata-progresistas. Eran varios de los muchísimos periódicos que se publicaron en León en el siglo XIX.

Pero los republicanos estaban divididos y sólo se unían ante las urnas. En León convivían la fracción posibilista de Castelar, presente en Ayuntamiento y Diputación y sostenida por industriales, abogados y periodistas leoneses (Miguel Morán, Wenceslao García, Pedro Hidalgo, los Pallarés) y la fracción de Ruiz Zorrilla, también nutrida por profesionales de la capital principalmente (Eleuterio González, Antonio Arriola, Eduardo Suárez, Diego L. Fierro). Azcárate lideraba la sección de los republicanos de tendencia centralista, que contaba con antiguos progresistas como Nicasio Villapadierna y Julián Llamas, e integró en este grupo a su amigo Francisco Fernández Blanco y Sierra-Pambley, creador de la institución que lleva su apellido, destinada a la educación de jóvenes obreros e hijos de clases pobres, bajo los criterios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza. La base social del republicanismo leonés se localizaba en la burguesía urbana más culta y dinámica, heredera de la tradición liberal progresista.

Muy unido a Nicolás Salmerón

El escaño de Gumersindo fue más que un puñado testimonial de votos, pues desarrolló en las Cortes una labor encomiable, con intervenciones brillantes y un intenso trabajo en comisiones. Se ganaba su sueldo. En 1908 su partido sufrió una escisión y comenzó una etapa aciaga para el republicanismo. Gumersindo siempre estuvo muy unido a Nicolás Salmerón, compartiendo con aquel la autoridad moral sobre el partido republicano. No hay una biografía política completa de este republicano un tanto heterodoxo, portador de ideas propias más que de partido, defensor del antimonarquismo, la ética pública y la libertad. 

Su tierra natal premió su coherencia interna, de hecho, fue elegido diputado por León durante casi treinta años, frente de lucha que mantuvo hasta 1916, un año antes de su fallecimiento. En 1916 le había arrebatado el escaño –con malas artes– Fernando Merino, en una maniobra conocida como “el escándalo del bacalao”, porque fue con tarteras de este producto como Merino sobornó y compró votos de la circunscripción, ademas de repartir vino en abundancia y billetes de transporte para que “todos los trashumantes leoneses” pudieran regresar a su lugar de origen y votar.

La raíz profunda de su pensamiento crítico

Según sus estudiosos, el pensamiento de Gumersindo de Azcárate es de marcado carácter eticista, además de estar contagiado por un robusto sentimiento religioso, al menos en su primera etapa, que duró hasta la muerte de su primera mujer. Como es sabido, el eticismo fue denominador común de los pensadores krausistas, corriente a la que perteneció. En cuanto a la tradición católica, había sido educado en ella a conciencia desde su niñez. Sin duda, su caso fue uno de esos que intentó armonizar la metafísica con la religión, llegando a lo que podríamos denominar un cristianismo liberal. Azcárate creía en un Dios personal y providente y llevó a su religión la misma nota de equilibrio, ética y razón que impregnaba su carácter.

 La política tenía para él un punto de encuentro entre la historia y la filosofía, no en la realidad de su tiempo, sino en la conciencia del 'deber ser', pudiendo así tratar los principios generales antes que los particulares. Nunca mermó su capacidad crítica; sabemos que analizó los problemas de su momento y trató de encontrar soluciones prácticas. Criticó especialmente lo que él denominaba 'monarquía doctrinaria', la de los Borbones de la Restauración, ataque común del pensamiento libre y de tendencia demócrata y republicana. Por eso no creyó en el modelo canovista de 1875 del Turnismo, ya que lo consideraba un régimen incapaz de resolver los problemas sociales y políticos de aquellos años, mientras declaraba que sólo la República estaba llamada a dar esas soluciones globales. 

¿En qué república creía? No en una república estrecha de miras, ni revolucionaria, ni desorganizada, sino en una república reformista y conservadora, descentralizada y a la vez unida, o sea, un verdadero régimen representativo, democrático, sin obstáculos ni rémoras del pasado, dando por amortizada la dinastía de los Borbones en España. Proponía un régimen parlamentario más representativo, siguiendo el modelo inglés, dispuesto a respetar siempre el principio de soberanía nacional. Para Azcárate, la Revolución Francesa había traído el individualismo exclusivo, la libertad abstracta y el atomismo inorgánico, por eso proponía asociaciones naturales como municipios, provincias, parroquias, iglesias y universidades, para resolver problemas comunes y superar de una vez por todas la separación real del Estado con sus ciudadanos. 

Presidente del Instituto de Reformas Sociales

Fue hombre de acción y de reflexión, maestro en plena formación y sujeto moral. Además de diputado al Congreso por León, presidió durante catorce años el Instituto de Reformas Sociales, organismo oficial que estudiaba y proponía leyes para mejorar la vida y condiciones laborales de las clases obreras españolas, asumiendo las funciones que en otros países europeos correspondían al Ministerio de Trabajo. Más que un pensador creador fue un hombre comprensivo y empático, con respuestas para las cuestiones y problemas de su época. En el Instituto de Reformas Sociales fue inspirador y motor de la llamada 'cuestión social' y su personalidad reformadora facilitó una ordenación de las relaciones obrero-patrón en España, en ámbitos como vivienda, educación y salud. 

Redactó cuestionarios de necesidades de las clases obreras, propuso leyes laborales más justas, creó asociaciones de ahorro y previsión, trató de limitar las horas de trabajo en empresa y en funcionarios públicos, implantó instituciones de previsión, crédito, seguro y beneficencia. Gumersindo apostaba por un intervencionismo más social que estatal, por eso abordó en la Comisión todas las cuestiones relacionadas con la clase obrera: aparcerías, uso comunal de montes y bienes, emigración, jurados mixtos, invalidez laboral, salarios… Bajo su dirección, la Comisión de Reformas Sociales seguía cuatro pasos para aumentar la efectividad, primero estudio del problema, luego propuestas laborales, más tarde velar por el cumplimiento de las normas y finalmente proponer mejoras. Se consiguió así el descanso dominical (1904), los tribunales industriales (1908), la conciliación laboral y el arbitraje (1908), el Instituto Nacional de Previsión (1908), el derecho de huelga (1909), contratos de aprendizaje (1911) y una larga lista más. 

Historicismo mejor que materialismo histórico

Pudiera pensarse que a principios del siglo XX, el pensamiento que mejor defendía la causa obrera era el marxismo, pero Azcárate rebatió esa argumentación. Fueron varias las intervenciones del ilustre jurista para abordar el tema de la metodología marxista. Sabemos de una en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1905, contestando al discurso de Felipe Sánchez Román en relación con el materialismo histórico y las principales instituciones civiles del derecho privado.

En sesión de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de 25 de febrero de 1904, el presidente de la institución recordó en voz alta una magistral intervención de Azcárate para examinar la influencia del materialismo histórico de Karl Marx en la Historia, rogando al jurista leonés que expusiera su opinión al respecto. ¿Fue un acto espontáneo o se había sugerido previamente? No lo sabemos. Solo podemos imaginar al ilustre leonés poniéndose de pie frente a aquella notable asamblea y ensayando su discurso. Gumersindo rechazó de plano los postulados metodológicos del marxismo a la hora de analizar la sociedad y su evolución, inclinándose por la corriente del historicismo. La intervención oral constituye una pieza indiscutible de su erudición.

Los hechos históricos resultan únicos e irrepetibles y la Historia los estudia como una forma de evolución del mundo. Eso pensaba Azcárate, pues entendía que el hombre era capaz de analizar y comprender la Historia como proceso, por tanto, todo afectaba al análisis de la sociedad: la religión, la política, la ciencia, el pensamiento, y demás disciplinas relacionadas. La economía, variable que explica la lucha de clases según el marxismo, sólo era para Azcárate una forma más de analizar la sociedad, no la prioritaria. Ese era el principal error marxista a juicio de Gumersindo.

El texto, recogido en una publicación de dicha academia fechada en 1917, incluye en sus páginas extractos de discusiones que tuvieron lugar en su seno. Para este pensador la Iglesia y el Estado formaban las columnas de la sociedad occidental desde la época romana. En el Renacimiento predominó la ciencia y en el siglo XIX el impulso económico, por eso se equivoca el marxismo –sostiene–cuando analiza la historia de la humanidad bajo premisas de materialismo histórico, pues esas ideas son aplicables a ciertos momentos y ciertos pueblos, no exclusivas ni prioritarias. Importa más para Azcárate que las naciones influyeran unas en las otras al extraer su impronta particular, enriqueciendo con esa transmisión a la humanidad entera. Hoy lo llamaríamos multilateralismo. Mediante el ejercicio de oratoria, Azcárate rebatió a Marx con solidez, pero también con la honestidad intelectual del hombre que nunca cesó de reflexionar acerca de la realidad y la historia.

El historicismo era la corriente adecuada para analizar la Historia, según este leonés. La realidad humana y social sólo se explica a través del desarrollo histórico y no a través de la exclusiva lucha de clases. Para Gumersindo, la religión y el derecho han dado base al Estado desde el mundo romano, junto al cristianismo y su Iglesia. No es la economía del marxismo la que hace crecer el racionalismo de Descartes o la renovación de la ciencia en el siglo XVIII. No es el materialismo histórico el que puso la religión como influjo predominante de Oriente, por eso Marx se equivoca al atribuir en exclusiva todas las civilizaciones a un fin particular como la economía. En Grecia predominó la Filosofía y el Arte, en Roma el Derecho. Y causas naturales como la bondad del río Nilo hizo próspera la civilización egipcia. Lo mismo ocurre con Fenicia, colonizadora y navegante por estar a orillas del Mediterráneo, con montes para labrar la madera de su barcos. El determinismo geográfico hizo que prosperaran en Grecia las ciudades-estado, sin capacidad para construir un Estado único, hasta que llegó la espada conquistadora de Alejandro Magno. Tampoco la Revolución Francesa fue un fenómeno exclusivamente económico, pues influyeron de forma decisiva las ideas de los ilustrados. Para este intelectual, el fin económico puede ser predominante en ciertos momentos y pueblos, pero no la explicación única. De hecho, el medio social manejaba leyes materiales, a veces para contrarrestar el efecto pernicioso de los vicios que se apoderan de un sistema político. 

Después de combatir el marxismo, Gumersindo se queda con la esencia de su mensaje: la clase obrera y trabajadora, a la que nunca abandonó en su pensamiento crítico:

“¿Pero en qué consiste el problema social y, dentro de él, el problema obrero? Éste puede decirse que es lo que hay de jurídico y económico en aquel; de jurídico porque él es condición para todo lo demás, y de económico porque el mal de que se quiere rescatar al proletariado es el hambre, la inanición y la muerte”.

Su huella resulta profunda porque pensó y trabajó por el bien común. Su nutrida biblioteca reposa hoy en la Fundación Sierra-Pambley de León. Y existe un Premio Gumersindo Azcárate creado por el Colegio de Registradores, concedido a hombres públicos como Enrique Múgica, Mario Vargas Llosa y Fernando Cardoso. La poliédrica obra de este singular leonés exigiría un estudio muy pormenorizado en una labor de décadas.

ANÁLISIS

El nuevo paradigma de la usura en España que anuncia el Gobierno aplicando la 'prevención objetiva' con límites definidos a los intereses y plazos de los créditos

Redacción ILEÓN.– Tras más de un siglo de vigencia, la norma impulsada por el leonés Gumersindo de Azcárate dejará de ser el mecanismo principal para definir los préstamos abusivos, cediendo su lugar a un sistema de límites objetivos basados en la Tasa Anual Equivalente (TAE) y bajo la supervisión directa del Banco de España.

El Gobierno lo anunció el 7 de enero casi como regalo de Reyes Magos. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa presentó un anteproyecto de ley para regular los créditos al consumo que, además, transpone dos directivas europeas. El texto saldrá de manera inmediata a audiencia pública, junto con un Real Decreto que lo desarrolla.

Con la reforma prevista para este año 2026 marca un punto de inflexión fundamental en la regulación financiera española al desplazar la histórica Ley de Represión de la Usura de 1908 a un papel secundario, sin derogarla totalmente porque conservará su espíritu (así de bien diseñada estuvo desde un principio) y continuará en vigor, pero más afinada al ser complementada por otra norma titulada 'Ley de contratos de crédito al consumo', buscando “controlar los intereses de los microcréditos, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos en plataformas digitales”, elevando así “la protección financiera de las familias”.

Un cambio de concepto que implica una redacción proactiva limitando los intereses y los plazos con lo que, por primera vez en casi 120 años, la usura dejará de definirse casi exclusivamente en los tribunales para prevenirse desde el propio diseño del mercado. El objetivo es evitar “situaciones de sobreendeudamiento y aumenta la transparencia y la rendición de cuentas en este segmento del mercado de créditos”, según la información facilitada por La Moncloa. 

El agotamiento del modelo subjetivo de 1908

Históricamente, la ley de 1908 no establecía un tipo de interés máximo numérico, sino que se fundamentaba en conceptos jurídicos abiertos. Según las fuentes, se declaraba nulo aquel préstamo con un interés “notablemente superior al normal del dinero” o “manifiestamente desproporcionado”, especialmente si el deudor actuaba bajo angustia económica, inexperiencia o engañado por el usurero.

Esta ambigüedad permitió la expansión de la denominada “usura moderna”, como las tarjetas revolving y los microcréditos rápidos, donde la combinación de intereses compuestos y comisiones elevadas podía llevar al consumidor a deber más del doble del capital solicitado. Durante años, el orden llegó a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en 2023 fijó que un crédito es usurario si supera en seis puntos porcentuales la media del mercado para ese producto específico.

Cambio de filosofía en 2026: prevención frente a castigo

El cambio más radical de la nueva reforma es el paso de un modelo reactivo, que castigaba la usura una vez producida en los tribunales, a uno preventivo que establece techos de precio y reglas de conducta de antemano. Las fuentes indican que la TAE máxima se calculará sumando un margen al tipo medio de mercado publicado por el Banco de España, con variaciones según el importe y la duración del préstamo.

Mientras se desarrolla este reglamento (que todavía está por ver que la Ley pase la aprobación del Congreso, pero ya sería extraño que algún partido se opusiera por lo impopular de la medida), se aplicará un techo transitorio del 22% TAE para todos los créditos al consumo, lo que obligará a reducir el coste de aproximadamente una de cada cuatro tarjetas revolving actuales. Además, se introduce un periodo de reflexión de 24 horas y se prohíbe el uso de “la inmediatez” como reclamo publicitario.

Nuevas reglas para el crédito de alto coste

La regulación se vuelve especialmente estricta con los microcréditos, transformando productos que antes eran opresivos en contratos más equilibrados. Bajo el nuevo marco, estos préstamos tendrán un interés máximo del 4% mensual y una comisión de apertura limitada al 5%, con un tope de 30 euros, además de prohibirse el pago único inmediato y exigir al menos tres cuotas mensuales. Un ejemplo clarificador proporcionado por las fuentes muestra que un microcrédito de 300 euros que hoy cuesta 103 euros pasaría a costar un máximo de 40 euros con la nueva ley. Este sistema desplaza el foco desde la situación subjetiva del deudor hacia parámetros objetivos de mercado, aportando mayor seguridad jurídica a ambas partes.

Así, “se establece un régimen general de limitación de costes, de tal forma que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo. El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo al que se le añade un margen que se establece por tramos de importe del crédito en el desarrollo reglamentario”, explica el Gobierno en una nota de prensa.

Los segmentos y márgenes previstos en los textos sometidos a Audiencia Pública y el tipo de interés resultante (considerando el tipo TAE medio de crédito de octubre de 2025) serían:

  • Para importes iguales o inferiores a 1.500 euros, 15 puntos porcentuales.
  • Para importes superiores a 1.500 e inferiores a 6.000 euros, 10 puntos porcentuales.
  • Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento inferior a 8 años, 8 puntos porcentuales.
  • Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento superior a 8 años, 6 puntos porcentuales.

Los límites se actualizarán y publicarán trimestralmente por el Banco de España y de forma anticipada al trimestre de aplicación.

Además, se establece un segundo régimen de limitación de tipos como parte de una regulación integral de los créditos de alto coste. Estos créditos (de bajo importe, plazo de reembolso reducido y tipos elevados) responden a una necesidad de financiación de consumidores que a menudo no son atendidos por otros operadores.

Este régimen de protección del consumidor se complementa con unas mayores obligaciones de conducta a los prestamistas de alto coste. Los prestamistas autorizados a conceder este tipo de créditos estarán obligados a proporcionar una información específica y reforzada con una antelación mínima de 24 horas que permita tomar una decisión plenamente informada, así como mayores requisitos de publicidad de estos créditos, entre otros.

En concreto, en la publicidad, se establece la prohibición de destacar la facilidad o rapidez con la que se puede obtener un crédito de alto coste sobre el resto de sus características esenciales, tales como tipología y coste total del crédito.

Ejemplos de cómo se limita la usura

La diferencia entre el antes y el después se aprecia con claridad en los ejemplos que maneja el propio Ministerio. Hoy, un microcrédito de 300 euros a 30 días tiene un coste medio de 103 euros, de modo que el consumidor devuelve 403 euros en un solo mes.

La regulación propuesta transforma este mercado al establecer un periodo mínimo de reembolso de estos créditos (al menos 3 cuotas mensuales) y reducir el coste total soportado por el consumidor, que se limita a un tipo de interés mensual del 4% y una comisión máxima del 5% sujeta a un máximo de 30 euros. Además, el coste máximo de estos créditos no podrá ser superior al de un crédito a doce meses por el mismo importe bajo el régimen general. Con la entrada en vigor de la normativa el crédito de alto coste deberá ser reembolsado en un mínimo de tres meses con un coste máximo de 40 euros. Si el consumidor decide reembolsar a los 30 días, el coste será de 20 euros.

En el esquema tradicional de la ley de 1908, un préstamo así podía acabar siendo declarado usurario, pero solo tras un pleito y un análisis judicial de la TAE frente a la media del mercado. Con el modelo de 2026, ese producto ni siquiera podrá ofrecerse legalmente.

Desde un punto de vista conceptual, el cambio es doble. Se pasa de un estándar jurídico abierto, basado en la idea de un interés “notablemente superior al normal”, a un sistema de topes numéricos que aporta mayor seguridad antes de contratar. Y se desplaza el foco desde la situación subjetiva del deudor hacia parámetros objetivos de mercado y obligaciones estrictas de transparencia. La Ley de Usura de 1908 no desaparece, pero su papel se transforma: sigue siendo la norma de cierre para sancionar excesos y sanear contratos del pasado, mientras que la protección frente a la usura contemporánea se jugará, sobre todo, en los límites administrativos y en la supervisión bancaria.

Impacto institucional y control de solvencia

La reforma también refuerza el control institucional, dictaminando que solo entidades autorizadas y supervisadas por el Banco de España podrán conceder crédito al consumo. Los contratos firmados con operadores sin licencia serán declarados nulos automáticamente, no solo por sus condiciones económicas sino por la falta de autorización.

Explica el Gobierno que “con el objeto de aumentar la concurrencia y dar entrada a los operadores no regulados hasta la fecha, se crean dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado (EFCAL) y los prestamistas de alto coste autorizados.

Los EFCAL tendrán un régimen simplificado basado en el de los establecimientos financieros de crédito (EFC), sin requerimientos prudenciales, que permita promover la competencia y la innovación en este mercado. Los prestamistas de alto coste autorizados tendrán su actividad limitada a créditos de alto coste. El objetivo es profesionalizar un segmento de crédito no atendido por otras entidades reguladas.

Para reforzar la evaluación de solvencia y prevenir el sobreendeudamiento de los consumidores, se exige la consulta obligatoria del prestamista al historial crediticio del cliente y se prevé que la consulta a bases de datos sea obligatoria atendiendo a la tipología de créditos o importe contratado. Para el caso de créditos de alto coste, se prevé que dicha consulta sea obligatoria.

Mientras, las empresas que vendan otros productos o servicios y quieran ofrecer financiación (concesionarios, grandes almacenes de muebles o electrodomésticos, por ejemplo) lo tendrán que hacer como préstamos sin intereses. También otra de las claves principales de la nueva ley es que los contratos de crédito concedidos por operadores que no cuenten con la debida autorización serán nulos.

Asimismo, se intensifica la evaluación de solvencia mediante consultas obligatorias a bases de datos de historial crediticio para frenar el sobreendeudamiento en un mercado que supera los 114.000 millones de euros.

Más Transparencia

“El anteproyecto también contempla otras medidas adicionales de protección al consumidor: se refuerza la Transparencia en la información que se entrega al consumidor, obligando a que los elementos esenciales de la información precontractual queden destacados en una página y se crea la figura de servicios de asesoramiento de deudas consistente en la prestación de servicios de asesoramiento financiero, asistencia jurídica o psicológica y social para deudores en dificultades. También se refuerzan los derechos del consumidor en casos de reembolso anticipado y en la comercialización de créditos con ventas vinculadas o combinadas de productos financieros, en particular de seguros”, explica la nota de prensa del Consejo de Ministros.

“Por último, el anteproyecto también transpone la directiva de servicios financieros a distancia mediante la modificación del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. A este respecto, las principales novedades que se introducen refuerzan la transparencia y protección del consumidor, destacando la obligación de establecer una función de desistimiento en la interfaz en línea, así como, desarrollar medidas para abordar las dark patterns, que son técnicas de diseño de la interfaz que distorsionan la toma de decisiones de los consumidores”, define el Ejecutivo. Es decir, las trampas visuales en el diseño de las webs [el término significa 'patrones oscuros' en inglés] y el uso de algoritmos para encarecer los precios dependiendo de qué dispositivo se use (es conocido que muchas páginas de internet discriminan entre los iPhone y los móviles de Android, aumentando los precios para los primeros ya que suponen que tienen más dinero que los que usan los celulares más baratos).

La Ley Azcárate, una de las más antiguas de España que seguirá en vigor como 'salvavidas' legislativo

Pese a su longevidad, la ley de Azcárate no es, ni mucho menos, la norma más antigua aún vigente en España. Textos como el Código de Comercio de 1885 o el Código Civil de 1889 siguen siendo pilares del ordenamiento jurídico, y todavía hoy se invocan, de forma puntual, fragmentos de las Siete Partidas de Alfonso X y hay fueros específicos que impactan en el concierto económico del País Vasco y en el Derecho Civil de Cataluña, Aragón y Valencia. También en la gestión de los bienes comunales leoneses perviven artículos de los fueros leoneses.

La singularidad de la ley de 1908 no está tanto en su antigüedad como en haber sobrevivido más de un siglo como referencia frente a los abusos del crédito. Aunque ahora, por primera vez, deja de ser la protagonista para convertirse en el telón de fondo de un nuevo modelo. Sin embargo, quedará vigente para cubrir los huecos legislativos en los juicios que pudieran surgir en circunstancias no previstas por la nueva normativa.

Pese a los retoques económicos, la reforma planteada no eliminará la Ley de Usura de 1908, ya que será de vital importancia para mantenerse como lo que se llama técnicamente en lo legislativo como una 'norma de cierre' para sancionar excesos no previstos o sanear contratos del pasad. Es decir, leyes se mantienen porque proporcionan estabilidad, seguridad jurídica y una estructura base sólida que las nuevas leyes simplemente complementan o actualizan. 

Y es una ley que en 2028 cumplirá 120 años gracias a su gran diseño legislativo por el leonés Gumersindo de Azcárate. Un sabio al que los españoles le deben que no les roben hasta la camisa al prestarles dinero.