El tiempo que tardan las pequeñas y medianas de empresas (pymes) de la Comunidad en cobrar las facturas pendientes ha bajado 19,8 días desde 2009 hasta las 74,4 jornadas. Unos plazos que, pese a superar en casi quince días el límite legal de pago fijado en 60, sitúan a Castilla y León como la segunda región de España que mejor cumple, solo por detrás de Aragón, y una semana menos que la media nacional que está en 80,7 días.
El Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, elaborado por Cepyme y al que ha tenido acceso la Agencia Ical, recoge la evolución del periodo medio de pago por comunidad autónoma del deudor. La tabla de la patronal empresarial permite comprobar que la morosidad en Castilla y León ha pasado de ser de 93,9 días en el segundo trimestre de 2009 a los 74,1 registrados en el mismo periodo de este año. El pago de las facturas pendientes a las pymes ha repuntado en el último trimestre dos días. El dato más bajo de morosidad se registró durante el segundo trimestre de 2014, con 71 días.
En todo caso, el plazo medio de las pymes en cobrar por los productos o los servicios que prestan en España está por encima de la media regional, con 80,7 días y que supone una décima más que el trimestre anterior. Si el porcentaje de bajada de la morosidad empresarial en los últimos seis años se situó en el 21 por ciento en la Comunidad, en el conjunto del país fue del 21,6 por ciento.
Sorprende el caso de Extremadura donde supera con mucho el plazo legal de pago con una morosidad de 101,9 días, un punto por encima de la cifra registrada en 2009 y 24 más que el trimestre pasado. Ningún territorio cumple con la ley y abona sus facturas en los dos meses previstos aunque hay ocho comunidades que superan en más de 20 días el plazo legal. Se trata de Galicia (80,4 días); Valencia (83,2); La Rioja (84,2); Canarias (85,6); Andalucía (85,9); Madrid (86,3); Murcia (88,8) y Extremadura (101,9 días).
El grado de morosidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Castilla y León ha bajado 19,5 días desde 2009. Precisamente, el presidente de CEOE, Juan Rosell, asegura que la economía ha iniciado su salida de la recesión y parte es debido a la mejora de los indicadores de morosidad, tanto en el ámbito público como privado. A su juicio, han influido positivamente los mecanismos extraordinarios de financiación para el pago a proveedores y el marco regulatorio establecido que han mejorado “sustancialmente” la situación actual de las empresas.
Debilidad capacidad competitiva
Rosell aboga por proponer medidas que “desincentiven, reduzcan y eliminen la 'cultura de la morosidad que aún persiste” en los plazos de pago de las empresas y de las empresas públicas. Y es que considera urgente resolver esta debilidad que presenta “nuestra capacidad competitiva”. Cita el documento '15 reformas para consolidar la recuperación: Propuestas empresariales ante las elecciones generales del 20 de diciembre' que incluye medidas para reducir tanto los plazos de cobro de las empresas como el volumen de crédito comercial que se encuentra en mora.
No en vano, el responsable de la patronal nacional sentencia en la presentación del boletín que “no nos podemos permitir” que la morosidad producida por el incumplimiento de los plazos legales establecidos para el pago de las operaciones comerciales introduzca una “mayor presión financiera” en las empresas de menor dimensión como las pymes. A nivel nacional, la distribución alimentaria, el sector agroalimentario y el químico son los que disfrutan de mejores condiciones en el cobro. Por el contrario, el textil y la construcción son los que más sufren las consecuencias de la dilación en los cobros.
El informe de la CEOE recoge que el 44 por ciento de las empresas españolas declara tener facturas pendientes de cobro, un porcentaje que aumenta hasta el 90 por ciento en el caso de las medianas compañías. Además, un 21 por ciento del total de pymes revela tener entre el 5 y el 10 por ciento de la facturación pendiente de cobro mientras que un 11 por ciento de las medianas empresas cree que nunca conseguirá ingresar la décima parte de estos recibos. La carga de la deuda comercial en retraso de pago asciende a 960 millones de euros.