Castilla y León se escuda en el Gobierno para no actualizar desde 2010 el registro de médicos objetores del aborto
La Junta de Castilla y León seguirá incumpliendo la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como Ley del Aborto, al no poner al día el obligatorio registro que debe censar con detalle qué médicos concretos del sistema público de salud objetan para practicar las interrupciones del embarazo, un registro que en la Comunidad sólo se hizo en el año 2010 y jamás se ha puesto al día, obligando a mucha mujeres a tener que salir incluso fuera de la Comunidad para ejercer su derecho. En el caso de León, concretamente a Valladolid o Madrid, en centros con quienes acaban de firmarse los nuevos contratos.
El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, se escudó hoy en el Gobierno central para justificar que después de 14 años no se ponga al día el censo en Castilla y León, una actualización que es obligatoria desde la modificación de la Ley que entró en vigor en 2023 y que ya han impulsado autonomías tanto gobernadas por el Partido Popular (PP) como por el PSOE.
Carriedo, sin embargo, insistió en que la puesta en marcha de la normativa es una competencia “de ámbito nacional” y acusó al Gobierno de que “no se ha desarrollado la normativa” en el ámbito interterritorial, por lo que aseguró que la Junta de Castilla y León está “a la expectativa de que se pueda regular por parte del Gobierno”.
Carriedo no quiso aclarar, a preguntas de los periodistas, si mantendrá y desarrollará hasta imponerlo el llamado 'protocolo anti-aborto' que pactó cuando el PP cogobernaba con Vox en la Comunidad, con la obligación de hacer escuchar a la gestante el latido fetal antes de poner en marcha el proceso de interrupción del embarazo.
Pero sí insistió en que el actual Gobierno ya sólo popular conjugará el cumplimiento de todos los derechos que concurren en estas situaciones. Y por eso, afirmó que respetan “todas las posiciones” ante el aborto ya que “todas están amparadas por la Ley”, tanto el derecho de las mujeres a ejercer la interrupción voluntaria de su embarazo como el de los profesionales sanitarios de ejercer su objeción de conciencia. Aunque no se sepa cuántos ni quiénes desde 2010.
