La Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones acordaron hoy dotar de una especie de “anillos de seguridad” o “cortafuegos” a todos los municipios para evitar que en el caso de que se produzca un incendio forestal, las llamas lleguen a las casas y se genere una situación de peligro como ha ocurrido en numerosas localidades, por ejemplo de la provincia de León, en algunos de los peores incendios forestales de la historia de la Comunidad.
Para ello, el Ejecutivo autonómico se compromete a financiar al 100 por 100 la compra de maquinaria por parte de las instituciones provinciales, así como a subvencionar la elaboración de planes municipales de prevención y evacuación, así como la revisión de infraestructuras como hidrantes o bocas de riego.
Este viernes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, planteó estas medidas recogidas en una especie de “mini” plan estratégico en una reunión con todos los presidentes de las diputaciones de la Comunidad en la que además se comprometió a convocar otra reunión técnica en la Consejería de Medio Ambiente para estudiar las fórmulas que permitan facilitar y flexibilizar la normativa con el fin de permitir la intervención de los ayuntamientos en la limpieza y cuidado de sus entornos.
714 municipios en alto riesgo
En concreto, Fernández Mañueco ofreció financiar desde la Junta “sin límite, dentro de la racionalidad”, la compra de la maquinaria pesada -bulldózer, retroexcavadora o motoniveladora- que se precise, con el compromiso de las diputaciones de ponerla a disposición de los servicios autonómicos en los periodos de riesgo de incendios. El objetivo del presidente es desarrollar estas medidas antes del próximo verano, si bien comenzarán por los 714 municipios que presentan un alto riesgo de incendios. No se han especificado por provincias.
Así lo trasladaron en una comparecencia conjunta el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén. Ambos trasladaron que el eje de estas medidas son la seguridad y la protección y salvaguarda de la vida de las personas, así como la escucha a los municipios y los vecinos del territorio tras la emergencia extraordinaria vivida este verano con los incendios.
De esta forma, González Gago explicó que el presidente planteó la conveniencia de realizar un “aislamiento parcial” de todos núcleos población respecto situaciones de peligro, a través de un “anillo de protección y reserva de cada núcleo”. Para ello, la Comunidad ofrece las ayudas directas que sean precisas para que se adquiera maquinaria para poder hacer esos perímetros de seguridad o “circunvalación”, así como su mantenimiento durante el año.
Precisamente, el consejero añadió que la creación de estos anillos, que afectarán a todos los titulares de terrenos, públicos y privados, es una de las medidas que deben incluir los planes municipales de evacuación en situaciones de emergencia, que la Junta ayudará a redactar a los ayuntamientos con una subvención del 50 pro ciento del coste, mientras la otra parte tendrá que ser sufragada por el propio consistorio o en su caso por la diputación correspondiente.
En concreto, señaló que el plan Infocal de Castilla y León identifica a 714 municipios en situación de riesgo, que recordó deben de contar con estos planes de prevención de acuerdo a la normativa básica de 2013. González Gago admitió que algunos pequeños ayuntamientos tienen dificultades para hacerlo, por lo que la Junta se ofrece a colaborar en un 50% de lo que cueste diseñar estos protocolos o guías.
De la misma forma, el titular de la Presidencia señaló que la Junta también compromete una ayuda del 50% para financiar la elaboración de estudios técnicos sobres los hidrantes o bocas de riego existentes y su funcionalidad, puesto que además pueden haberse visto afectados. Al respecto, Ángeles Armisén explicó que las diputaciones elaboran ya encuestas de estas infraestructuras, de competencia municipal, con el fin de contar con datos e informes nuevos.
En la reunión se habló también de seguridad laboral: la Junta aportará 2 millones de euros para una edición extraordinaria en 2025 del programa ‘Montel Seguro’ que, además, por su carácter bienal, no habría sido convocado hasta el año 2026, destinado a mejorar las condiciones de trabajo y protección de brigadistas, voluntarios y personal municipal. Esta inversión facilitará la adquisición de equipos de protección individual homologados, maquinaria moderna, herramientas avanzadas y sistemas de comunicación unificada.
Menos burocracia y una “mejor” gestión forestal
La Junta incorpora a las principales organizaciones agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) a un grupo de trabajo para diseñar medidas que permitan “minimizar” los riegos de los incendios forestales en el futuro y ser “más eficientes”, con un modelo basado en una mayor agilidad en los trámites administrativos, una menor burocracia y una “mejor” gestión de los montes. Además, los representantes del campo pidieron un “cambio radical” y que se refuercen prácticas como las quemas controladas, los desbroces y los cortafuegos.
Este viernes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo un encuentro con responsables de Asaja, la Unión de Campesinos de Castilla y León, así como de la alianza UPA-COAG y las cooperativas, en la que se repasaron las ayudas puestas en marchas y que saldrán próximamente para ayudar a los afectados por los incendios, como las referidas al suministro de alimento y agua, los 5.500 euros para cubrir daños o las nuevas subvenciones sobre cercados.