Una jueza, un fiscal, una decena de abogados de la acusación y otros tantos de la defensa, más de 50 testigos y 25 testigos peritos. Son algunas de las cifras del juicio que desde principios de febrero acogió el juzgado de lo Penal número 2 de León por la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco-Leonesa, a causa de la acción del grisú, el 28 de octubre de 2013 y que se dio por concluido después de que los 16 acusados de homicidios y lesiones imprudentes rechazaran hacer uso de su derecho a la última palabra, a la espera de sentencia.
Las ocho semanas de vista oral, con largas y densas sesiones, han discurrido con el objetivo de determinar las responsabilidades sobre la última gran tragedia de la minería del carbón en la provincia leonesa, de la que también son víctimas -además de los lesionados supervivientes- los padres, hijos, parejas y amigos a los que ese fatídico día la pérdida de las vidas de sus seres queridos les cambió las suyas para siempre.
Rosas, velas, pedazos de carbón, un casco de minero y carteles con mensajes de petición de justicia y reparación o de reproche a algunas organizaciones sindicales han acompañado, desde el exterior, las jornadas de declaraciones y presentación de pruebas e informes, e incluso se llegó a hacer presentes a los muertos este miércoles, con la colocación de un ataúd y cinco cuerpos cubiertos con sábanas a escasos metros del lugar por el que accedían a la sede judicial algunos de los acusados.
La sucesión de los interrogatorios puso de manifiesto la escasa familiaridad de parte de los letrados del caso con una mina de carbón y con las labores y el lenguaje específico del sector, lo que provocó que algunos testigos pusiesen en evidencia ese desconocimiento con preguntas, gestos e incluso alguna interpelación. “¿Usted ha estado en una mina?”, se escuchó en varias oportunidades a los declarantes.
El envío de mensajes o la entrega de notas fue frecuente entre los acusados que acudieron a todas las sesiones y sus abogados y la jueza tuvo que llamar la atención en varias ocasiones a los letrados y a los comparecientes, alguna de ellas para reprocharles el uso de palabras malsonantes y en otras para recordar que ante la gravedad de los hechos juzgados no procedían las sonrisas que se pudieron ver en determinados momentos.
“Si pudiera dejar de mascar el chicle para la declaración”, dijo la magistrada en una ocasión a un testigo y otra señaló: “Se requiere respeto a todos. Los comentarios se hacen una vez que salgan de aquí. No creo que a estas alturas de celebración lo tenga que recordar”.
Entre los lapsus registrados en las intervenciones de los letrados figuran los que implicaron un ‘rebautismo’ de la compañía minera, a la que llegaron a nombrar como Hulleras Vasco Leonesas o Hullera Vasco Leonera.
Las extensas sesiones, iniciadas sistemáticamente con retraso sobre la hora anunciada por la magistrada, dejaron también entre las ‘perlas’ reseñables como las aportadas por los letrados “Yo no soy ingeniero, ni lo quiero ser”, “Como se llame, yo soy asturiano” o “Voy a bajar directamente al cotilleo”. También la música se hizo hueco y una abogada citó la canción ‘La planta 14’ de Víctor Manuel al señalar: “Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida”, al igual que las citas a juristas romanos como Gayo y su máxima “Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt” (en los casos dudosos se ha de preferir siempre lo más benigno).
Pero ni las anécdotas, los momentos de tensión, las lágrimas, los testimonios emocionados, los intentos de descalificación, las disertaciones encendidas, las exposiciones técnicas, las opiniones, las pruebas y las argumentaciones sucedidas en sede judicial, ni la sentencia que de ellas se derive podrán remediar la pérdida de José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure, que aquel lunes aciago encontraron la muerte a casi 700 metros de profundidad.
Las últimas conclusiones de las defensas
Antes de que el procedimiento quedase visto para sentencia se completó la presentación de las conclusiones definitivas de las defensas, que inició la abogada de los dos vigilantes de seguridad acusados. “No sabemos qué acciones u omisiones se les atribuye”, dijo antes de señalar que solamente las había concretado el Ministerio Público, que en sus conclusiones decidió retirar la acusación, por lo que las considera desaparecidas.
Añadió que “ni un solo testigo les ha imputado nada a los vigilantes de seguridad. Tampoco se ha hablado de ningún comportamiento digno de desaprobación, salvo un perito aportado por las acusaciones” de cuyo informe cuestionó su objetividad, al tiempo que señaló que los letrados de las acusaciones “andaban como pollo sin cabeza” en ocasiones. Además, se refirió a la comparecencia de los técnicos de Minas de la Junta, de las que destacó “falta de recato” entre otras circunstancias que, dijo, “no le pasarán desapercibidas a su señoría”.
“Ni son todos los que están ni están todos los que son. Se ha traído al procedimiento de forma caprichosa”, aseguró antes de considerar que no se ha atendido de forma coherente a las competencia de unos y otros. “Voy a bajar directamente al cotilleo”, avanzó para señalar que considera “increíble” que algunos de los testigos que relataron que las condiciones de seguridad del trabajo no eran las adecuadas en ese caso no se lo transmitieran a familiares que podían hacer algo al respecto por sus cargos.
El letrado que representa al delegado minero inmerso en la causa recalcó que ese cargo no es parte de la estructura de seguridad de la empresa. “No es una figura de la empresa ni actúa por su delegación. Es un representante de los trabajadores, de consulta, colaboración y participación con la empresa, pero no tiene competencias de seguridad”, remarcó y pidió su libre absolución.
“¿Cómo se puede decir que había un ambiente de miedo? Nadie comunicó nada”, subrayó después de mencionar el carácter reivindicativo del sector minero. Sobre el informe presentado por la autoridad minera quiso dejar patente que “no quiso averiguar las causas del accidente, por las razones que sea”, que les costó la vida a los fallecidos por una invasión de grisú. “Nos vamos a ir de la misma manera que entramos en este juicio”, añadió.
También dijo acudir a las sesiones “con una inseguridad total por no saber qué conejo de la chistera se iban a sacar las acusaciones cada día”. “Tengo miedo, aunque tengo la esperanza de que aquí se va a hacer justicia, tengo miedo, porque a mi defendido se les piden condenas de prisión por homicidio y lesiones. La consigna que se ha trasladado de puertas afuera a esta sala era mantener a este señor, a todo coste, en esta causa penal, hacerle pasar por este trance”, esgrimió antes de denunciar lo que considera “evidente mala fe” de las acusaciones hacia su representado, por lo que reclamó la expresa condena en costas. “No puede salir gratis que te sienten en un procedimiento con el que no tienes nada que ver”, concluyó.
Los letrados de las defensas quisieron dejar constancia de que sus mandantes han sufrido durante los años en los que se ha prorrogado el caso “escarnio, insultos, vejaciones”. Tras la presentación de las conclusiones definitivas de las partes, las últimas palabras de los acusados pondrán fin a un juicio que se ha desarrollado durante dos meses, tras casi diez años desde que ocurrieron los hechos, con un retraso del que todos se consideran perjudicados.
El último letrado defensor en comparecer reclamó una sentencia absolutoria y llamó la atención sobre las discrepancias acerca de la causa del accidente y si se produjo por un fenómeno gaseodinámico (Desprendimiento Instantáneo, DI) imprevisible o por el colapso de la bóveda.
“No ha habido una prueba de cargo suficiente para vulnerar el principio de la presunción de inocencia. Si aquí hay algo cierto es que no hay certeza para condenar”, señaló antes se apuntar que lo ocurrido debería dilucidarse en el ámbito civil “del que nunca debería haber salido”.
La representante de la aseguradora Mapfre, que alcanzó un acuerdo indemnizatorio con los afectados -del que existen dos discrepancias que no considera justificadas y para cuyos promotores reclama una condena en costas- destacó en su intervención la existencia de “importantes discrepancias en los informes periciales y a día de hoy no están claras las causa, circunstancias y responsabilidades del accidente”.
El representante de otra aseguradora, Amic Seguros Generales, argumentó la falta de cobertura de la misma sobre el siniestro para el ingeniero al que se le atribuye y reclamó también la imposición de las costas para los demandantes.
En términos similares de falta de cobertura y de reclamación del pago de las costas se manifestó el letrado aportado por la aseguradora HDI Hannover Internacional España, quien aseguró que esperaba la retirada de la reclamación y argumentó que la póliza suscrita por la Hullera Vasco Leonesa con ellos excluye “cualquier reclamación derivada de un accidente de trabajo”.
Por otro lado, expuso que en este caso “no puede haber acuerdos parciales” y que la renuncia de las acusaciones en base al acuerdo alcanzado con una compañía tiene que beneficiar a todas las entidades demandadas “y no crear una situación de indefensión” al resto.
Los familiares y amigos de los fallecidos reclamaron una vez más “justicia” para las víctimas. Que los responsables, dijo la madre de uno de los muertos “no puedan cerrar los ojos en su vida, porque lo que estamos sufriendo -y dicen que ellos sufren lo indecible-... lo que sufrimos solamente lo sabemos nosotros”. También reconoció cansancio y “esperanza” antes de concluir: “La pena nuestra va a estar mientras vivamos”.
Condenas
La Fiscalía pidió en el último momento sentencia absolutoria para cinco de los acusados, los vigilantes de primera de interior o plantillas y los vigilantes de seguridad de la empresa minera, y sentencia condenatoria para los once acusados restantes a los que considera responsables de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
Por su parte, las acusaciones mantienen la petición de condena para todos los hombres que se sientan en el banquillo de los acusados por el accidente mortal al considerarlos responsables del fatídico suceso que acabó con la vida de seis mineros en el tajo.
Y las defensas insisten en la libre absolución de sus defendidos porque el accidente fue “fortuito”, “no se pudo prever ni evitar” y por “falta de pruebas”, condenar en costas a las acusaciones y, “en el caso remoto de haber sentencia condenatoria” que se aplique el atenuante de dilaciones indebidas por juzgar después de una década un accidente mortal que sucedió el 28 de octubre de 2013.