León vuelve a situarse como un espacio, de origen de personas o empresas, clave en un nuevo sumario por presunta corrupción. Esta semana el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha abocado a juicio al exdiputado y exsenador del PP por León, Alfredo Prada, y otras cinco personas, por la gestión de los primeros años de la llamada 'Ciudad de la Justicia de Madrid', un faraónico proyecto del Gobierno de Esperanza Aguirre al que la crisis engulló.
La idea de unir en un único espacio todas las sedes judiciales de Madrid comenzó a pergeñarse en el año 2003 constituyendo la sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A. para llevarlo a cabo. Su primer presidente fue Alfredo Prada, entre los años 2005 y 2008, cuando ejercía de vicepresidente y consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, de la que posteriormente se distanció posicionándose a favor de Mariano Rajoy. Prada fue objeto luego de espionaje político junto al berciano Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, en un caso conocido como 'Gestapillo' pero que concluyó sin condenas.
El juez imputa a Alfredo Prada, Mariano Sanz, Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Félix García y Andrés Gómez Gordo por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).
La investigación judicial por presuntas irregularidades de la 'Ciudad de la Justicia de Madrid' comenzó en 2008 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que llevó a cabo una investigación tras la aparición de presuntas irregularidades en un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que fiscalizaba el proyecto. La entonces presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, urgió una investigación para analizar lo ocurrido.
En abril de este año se conocía, por otra parte, un informe del Tribunal de Cuentas estatal que también analizaba el uso del gasto público pero que no encontraba “supuestos constitutivos de alcance”, lo que motivó que Alfredo Prada pidiera el archivo de la investigación judicial y amenazara con acciones judiciales contra Cifuentes. El juez De la Mata, en cambio, ha seguido con la investigación hasta terminarla, proponiendo juzgar a Prada y otros cinco exdirectivos por presuntas irregularidades.
En el auto judicial el juez señala que los investigados “elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”, ya que en varios de los contratos “se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de Ciudad de la Justicia de Madrid”. Y se apunta a Alfredo Prada como quien en última instancia tomaba todas las decisiones.
Para De la Mata, Alfredo Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”. Eso sí, no les acusa en ningún momento de lucro personal, sino que “la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”
Particularmente la investigación hace hincapié en los contratos de comunicación, publicidad y propaganda de la sociedad promotora, que asegura que “fue manejada directa, personal y exclusivamente por Prada Presa”, ya que “Él tomaba todas las decisiones en este ámbito (que proyectos desarrollar y a quién contratar), él se entrevistaba con los contratistas y fijaba los términos de los servicios a prestar y resultados a obtener, y él adjudicaba directa y personalmente los contratos, que asimismo firmaba”.
¿Y cómo era posible eso? Pues ya que la estructura de la sociedad pública estaba diseñada por el político y a él le respondían directamente todos los directores de área nombrados por cuestiones de afinidad política o personal. Según el juez “Todos los puestos de trabajo de la sociedad (Ciudad de la Justicia de Madrid) se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados. En la primera etapa, todas las contrataciones se realizaron directa y personalmente por Alfredo Prada”. ¿Y cuáles eran esos criterios? Según el auto, específicamente eran “amigos personales, personal de confianza, personas procedentes de León o ligados a Prada Presa por intereses políticos o particulares”.
De la Mata asegura que en la sociedad 'Ciudad de la Justicia de Madrid' “no seguía ningún criterio de racionalidad económico–organizativo en la contratación de personal” y apunta en su primera etapa directamente a Alfredo Prada. Explica que “Presentaba un claro desequilibrio que se manifiesta en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil”, algo que se acrecentó cuando entró en 2008 Francisco Granados a sustituir a Prada. Granados está actualmente imputado y procesado en distintas piezas judiciales al ser considerado uno de los cabecillas de la trama 'Púnica'.
Entre las pruebas para afirmar esto el juez señala un correo electrónico mandado por un asesor al liquidador de la Ciudad de la Justicia de Madrid en la que explica el personal laboral que queda y comentarios sobre sus vidas laborales anteriores y acceso al puesto de trabajo. De las 8 personas mencionadas, en 5 se señala como 'amigo de Prada' como comentario y de ellas tres son leonesas, que también se explicita como comentario, entre las que está el también imputado en la causa y exdirector financiero Alicio de las Heras. En ese listado figuran además dos hijos de los exministros del PP Pedro Morenés y Miguel Arias Cañete.
La vinculación leonesa también es destacada, según el extenso auto judicial de 253 páginas, al analizar los trabajos del exrector de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Historia del Derecho, Rogelio Pérez-Bustamante González, como director científico de dos exposiciones pagadas por la Ciudad de la Justicia de Madrid, de la que los contratos de realización llevados a cabo por la Fundación Arte Viva también se consideran irregulares. Específicamente se señala además a un hijo del catedrático como director de la tesis de Alfredo Prada en la universidad de nombre regio y administrador de una sociedad coincidente en su domicilio social de otras del propio Prada. El catedrático cobró a través de sociedades 92.000 euros por la curatoría de las exposiciones dentro de un conjunto de gastos expositivos que se consideran muy elevados y con justificaciones no acordes a la contratación administrativa.
El contrato del libro de Foster a Everest
Uno de los asuntos específicos que se juzgarán en el caso de la Ciudad de la Justicia de Madrid afecta directamente al extinto grupo editorial leonés Everest, aunque ninguno de sus ejecutivos o dueños ha sido imputado ni encausado. El contrato suscrito por la Editorial Everest con la empresa gestora del Campus de la Justicia de Madrid en 2008 para publicar el proyecto arquitectónico de 'Foster + Partners' es considerado por el juez como irregular, “ya que se ha documentado una apariencia de concurrencia que no se produjo realmente”.
El magistrado señala que “existe un buen conjunto de contratos, por otra parte, en que los investigados se concertaron con distintos grupos empresariales para fijar un precio arbitrario a los servicios y conseguir su adjudicación a la empresa arbitrariamente elegida mediante el ardid de presentar presupuestos por parte de sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, de modo que la competencia y libre concurrencia no existía”.
El contrato consistía en la edición de un libro que recogiera el proyecto arquitectónico del Campus de la Justicia diseñado por el estudio del reconocido Norman Foster. Pero, según el auto judicial, “No consta la existencia de un expediente de contratación: únicamente el contrato y la presentación de tres presupuestos sin ninguna explicación de cómo fueron seleccionadas las empresas invitadas a presentar oferta”. Y esas tres ofertas eran todas de empresas del Grupo Everest.
Así, se apunta que el entonces consejero Alfredo Prada “se puso de acuerdo con representantes del Grupo Everest (el dueño José Antonio López Martínez y su hija Alejandra López Varela), y al que concurrieron Aizkorri Argitaletxea SL, Editorial Everest SA y Ediciones Gaviota SL, empresas vinculadas entre sí, al pertenecer todas las sociedades concurrentes al contrato a la sociedad Grupo Everest de Comunicación SL, con sede en León”.
Finalmente Editorial Everest se hizo con el contrato por un importe global de 38.958,95 euros en febrero de 2018, que consistía en editar 3.058 ejmplares a un precio de producción de 12,25 euros/unidad. A mayores, Everest se llevaba el 65% del precio neto del libro en concepto de distribución nacional e internacional del libro, que se vendía a 25 euros (IVA ya incluido).
Entre las presuntas irregularidades que habla el auto que aboca a juicio oral sobre esta contratación es que no consta como tal un procedimiento, figurando además por ejemplo dos fechas distintas en el presupuesto presentado por la empresa adjudicataria, Editorial Everest, aunque todas tenían vinculación societaria entre sí. Además en la documentación analizada “no consta contrato de edición firmado”, sino únicamente la factura presentada por la empresa adjudicataria. Tampoco aparece documentación que acredite la existencia de un expediente donde debe dejarse constancia de las invitaciones concursadas. Ni tampoco hay escrito que justique haber adjudicado a la sociedad Editorial Everest como la oferta más ventajosa del presunto concurso.
Se considera incluso que el presupuesto aceptado finalmente, de 38.958,95 euros, “se habría firmado y posiblemente presentado posteriormente al 29.02.2008, fecha en la que dicha sociedad ya figuraba como adjudicataria en el contrato de distribución del libro”. Por todo ello, el juez asegura que en relación con esta adjudicación “se ha documentado una apariencia de concurrencia que no se produjo realmente”.
La millonaria primera piedra
El 31 de enero de 2007 el solar que iba a acoger la proyectada Ciudad de la Justicia de Madrid se llenó de coches oficiales y políticos para asistir al acto inaugural del proyecto, con la colocación de la primera piedra por la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre.
El primer gran contrato de la Ciudad de la Justicia, de de obras de urbanización de la Fase 1, recayó en la UTE Aldesa-Begar por importe de 55.428.929,61 euros, adjudicado en diciembre de 2006 por el Gobierno regional. Begar era la sociedad hólding de construcción y servicios fundada en Ponferrada por el empresario José Luis Ulibarrio en los años 80. Hoy en día la empresa está en liquidación y el empresario procesado en dos piezas separada por presunta corrupción en la trama Gürtel, e investigado en otras de las tramas Enredadera y Púnica.
El coste de ese acto de primera piedra fue nada menos que de 1,2 millones de euros, que asumió la UTE Begar-Aldesa como parte del presupuesto al tener que gastar hasta el 1,5% del total en asuntos publicitarios. El gasto era asumido por las empresas vía contrato pero autorizado por la sociedad pública promotora, que certificaba así su cumplimiento. Ese dinero se fue mayoritariamente en montar el acto, subcontratado a la productora Telson por más de 900.000 euros. La propia obra civil de la primera piedra, que hizo Begar, costó 263.840 euros. A mayores otros casi 100.000 euros se gastaron en visitas previas para prepararlo.
Pero la Ciudad de la Justicia pagó a mayores 127.450 euros para publicitar el acto de la primera piedra en varios medios de comunicación. Este gasto se apunta nuevamente como irregular ya que “no existió concurrencia real, sin que siquiera las mínimas formas se respetaran: los presupuestos ni siquiera cubrían todos los servicios a prestar, y la empresa enviaba su factura por el servicio ya prestado y, al mismo tiempo, enviaba los tres presupuestos ficticios”. Según el auto “en la documentación no consta justificación de la necesidad del acto”.
En el proceso judicial que sigue ahora, deberá informar la Fiscalía y las defensas sobre el auto y su propuesta de juicio o no, momento en que se deberá resolver y oficializar el encausamiento y fijar fecha de juicio oral. Actualmente la Ciudad de la Justicia sigue parada con un solo edificio construído aunque no en funcionamiento, el Instituto de Medicina Legal que se usó como improvisada morgue en la primera ola de la pandemia. En sus inmediaciones se ha levantado en tiempor récord el hospital de pandemias de Madrid, denominado oficialmente hospital Enfermera Isabel Zendal.