Trabajadores de Alsa piden a la Junta que medie para evitar la huelga en “una empresa que vive de concesiones públicas”
El comité de empresa que convoca para este miércoles y viernes sendas jornadas de huelga en Autocares Castilla y León y Transportes Adaptados Regionales, ambas empresas del grupo Alsa, pidió este martes “el auxilio de la Junta para que nos ayude, medie y ponga freno a las injusticias realizadas por una empresa que vive de concesiones públicas; es decir, de los impuestos del ciudadano”.
Uno de los motivos de la convocatoria, señalan en un comunicado, es la presencia de DriveCam en los autobuses, con dos cámaras -una apuntando al exterior y otra al interior en mitad de la luna- que monitorean constantemente la actividad dentro y fuera del autobús con inteligencia artificial capaces de detectar y grabar patrones de conducta, señales de tráfico, cambios de carril o cualquier exceso de velocidad. “Esto no solo afecta a los conductores, afecta a los clientes, al resto de usuarios de la vía y a los menores de edad que llevamos en los transportes escolares”, argumentan.
También exponen, entre otras cuestiones, que la mitad de la plantilla desconoce el horario de entrada y salida de su jornada laboral hasta el día anterior y al resto se les cambia el servicio alterando vehículos, horarios y servicios sobre la marcha. “Todo esto es altamente sorprendente en una empresa en la que su modelo de negocio son las concesiones de líneas regulares (repiten itinerario horario y calendario) y son totalmente predecibles a lo largo del tiempo”, apuntan en un comunicado y añaden que todavía no disponen del cuadrante del mes de mayo a pesar de las reiteradas peticiones hechas.
Mencionan además el “estado lamentable de la flota, que provoca perdida de expediciones, mal servicio e inseguridad que sufren conductores y usuarios” e insiste en reclamar “el auxilio de la Junta, que es dueña de las concesiones de Alsa” y le piden “que intervenga para solucionar esta situación insostenible”.
Por otro lado, consideran que los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital “impiden el derecho fundamental a la huelga” porque implican a una gran parte de trabajadores “teniendo que realizar servicios intercalados entre dos empresas del grupo con distinto convenio”.
