CCOO, UGT y CSIF cerraron con el Ministerio de Hacienda y Función Pública el acuerdo para crear empleo neto en las administraciones públicas y elevar el salario hasta el 8,79 pr ciento en tres años. Se trata de un acuerdo plurianual sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la Función Pública que asegura una subida del 6,1 por ciento fijo hasta 2020 y del 6,9 por ciento para distintos colectivos a través de fondos adicionales.
El incremento salarial alcanzaría el 8,79 por ciento si se cumplen varias previsiones económicas que son el crecimiento del PIB en 2019 y 2020 y el cumplimiento de déficit. En 2019, los empleados públicos podrán llegar a percibir un 2,75 por ciento más en sus nóminas y el siguiente año la subida salarial se podría situar en 3,85 por ciento. Al final del acuerdo, los empleados públicos tendrían una subida de 8,79 por ciento de salario, lo que permitiría recuperar casi cinco puntos y medio del poder de compra perdido durante los años de crisis, precisó UGT en un comunicado.
Además, el acuerdo permitirá, mediante la negociación en cada ámbito concreto, acordar calendarios laborales que maticen y flexibilicen las 37,30 horas. Además posibilita, mediante negociación colectiva, que los empleados públicos puedan acumular un 5 por ciento de su jornada anual -con carácter recuperable- para tareas de conciliación destinada al cuidado de familiares. También el posible establecimiento de una jornada continua especial cuando se tienen a cargo a menores o discapacitados.
Mediante la negociación, se podrá volver a negociar y restituir el 100 por 100 de las retribuciones cuando se está en situación de incapacidad temporal. Para logralo se podrá negociar en cada Administración un complemento retributivo sobre la prestación de la Seguridad Social en materia de IT, hasta alcanzar el 100 por 100 de las retribuciones que se perciben habitualmente, siempre que se justifique la ausencia mediante el correspondiente parte de baja o establecer catálogos de contingencias.
El acuerdo con el Gobierno supone crear nuevo empleo público y devolver la capacidad de negociación y gestión a las administraciones autonómicas y locales. El proceso de estabilización -reducción de un 90 por ciento la temporalidad- se universaliza, al extenderse a todos colectivos y sectores de las Administraciones Públicas, así como a su sector público (agencias, organismos autónomos, etc.)
Tasas de reposición
El acuerdo permitirá a las administraciones públicas que cumplen el objetivo de déficit, la regla de gasto y deuda pública cubrir las bajas que se produzcan en todos los sectores, funciones y servicios, sean o no prioritarios. En estos casos, se podrá aprobar una tasa adicional de ocho por ciento sobre la tasa general en los sectores que se consideren necesario. Para aquellas administraciones que no cumplan los requisitos, la tasa de reposición será del 100 por 100 en los sectores prioritarios -llegarán a veinte- y del 75 por ciento en el resto, un 25 por ciento más que el año anterior. Adicionalmente podrán fijar una tasa del 5 por ciento si lo necesitan.
Las entidades locales que han cumplido los objetivos señalados tendrán el 100 de tasa de reposición en todos los sectores, evitando la disminución de plantillas. Además podrán aprobar una tasa del 10 por ciento sobre el general en aquellos sectores que determinen. Si no han alcanzado el objetivo de déficit, regla de gasto y deuda pública podrán cubrir el 100 por 100 de las bajas que se produzcan en sectores prioritario, el 75 por ciento en los no prioritaros y un 5 por ciento más sobre la tasa que se corresponda si lo considera necesario.
Además, cualquier entidad local que en los últimos cinco años haya aumentado más de un 20 por ciento su censo de población dispondrá de un 5 por ciento más de tasa de reposicion. Esta cuota permitirá una cobertura adecuada de los nuevos servicios públicos que los ayuntamientos deben prestar conforme a la ley de bases del régimen local.
Finalmente, el acuerdo fija una tasa del 115 por ciento para los cuerpos de policía autonómicas y locales. Estos datos permiten la creación de empleo neto y facilita la implementación del Real Decreto sobre jubilación anticipada de la policía local. Esta medida puede afectar este años a cerca de 3.200 policías locales que ya tienen más de 60 años y en los próximos años a otros 4.000 tienen entre los 55 y 60 años. Actualmente hay un total de 70.000 efectivos en las policías locales.