El ‘rey del carbón’ y 36.000 euros en efectivo llevan a juicio a un exalcalde de Cabrillanes 20 años después
El primer juicio de la temporada en la Audiencia Provincial de León tratará de resolver una historia de hace veinte años y en la que aparece uno de los nombres más conocidos de la minería leonesa: Victorino Alonso, el ‘rey del carbón’. Pero no será el empresario minero quien se siente en el banquillo, sino quien fuera alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por Alonso.
Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación. El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.
La Fiscalía considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y acusa a Benéitez en calidad de autor. En su escrito, presentado en 2017, solicita para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, aunque aprecia como circunstancia atenuante las dilaciones indebidas acumuladas durante la tramitación del procedimiento que suman ya dos décadas.
El juicio está señalado para el lunes 21 y martes 22 y jueves 24 de septiembre, ante un Tribunal del Jurado, después de una investigación judicial que se ha prolongado sobremanera. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio. El exalcalde siempre ha defendido que los 36.000 euros tuvieron un destino municipal y los vinculó a unas obras, pero su versión no ha evitado que finalmente responda por ello en la sala de justicia.
Un pago de la empresa de Victorino Alonso
El dinero que está en el centro del procedimiento salía de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la compañía quebrada que compró y explotó hasta su extinción el empresario minero Victorino Alonso. El pago estaba relacionado con Nueva Julia, una explotación a cielo abierto que acabaría convirtiéndose en uno de los principales episodios judiciales de la trayectoria empresarial del conocido como ‘rey del carbón'.
Alonso fue condenado por la explotación ilegal de Nueva Julia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El Tribunal Supremo confirmó una pena de cuatro años de prisión para él y una responsabilidad civil superior a 24 millones de euros por los daños ocasionados, una condena que terminó llevando al empresario a prisión en 2023. Posteriormente obtuvo el tercer grado y, este 2026, la libertad condicional por su edad.
La causa por la que ahora se juzga al que fuera alcalde de Cabrillanes es, por tanto, distinta de la condena medioambiental de Alonso, aunque ambas tienen como escenario la misma explotación minera y parten de acontecimientos ocurridos en aquellos años de actividad de Nueva Julia.
Una historia que empezó hace 20 años
El caso llega al juicio casi veinte años después de los hechos investigados. Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo tras un acuerdo entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.
La defensa del exregidor sostuvo durante la instrucción que el dinero se había destinado a unas obras de construcción de muros de escollera y hormigón en el municipio. Sin embargo, las resoluciones judiciales que permitieron continuar con el procedimiento cuestionaron la existencia de documentación municipal que acreditase tanto el encargo como la fiscalización de aquellas obras y señalaron que las cantidades facturadas no permitían justificar el destino del dinero.
Ahora será el Tribunal del Jurado el que tendrá que determinar qué ocurrió con aquellos 36.000 euros. Fiscalía ve malversación y pide para el acusado 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, con el atenuante de dilaciones indebidas de dos décadas.