El Subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por el director del Centro Penitenciario de León, José Manuel Cendón y otras autoridades, presidió este miércoles en el Centro Penitenciario de León el acto de celebración de Nuestra Señora de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.
En el transcurso del acto se entregaron, la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario al Magistrado Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Castilla y León, Fernando Sanz Llorente, la Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario al oficial de actividades de tareas auxiliares de enfermería, Ramiro Herrero González y la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario a la Asociación Leonesa de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales. Dichas recompensas las concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.
El Subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, destacó la importante labor de reinserción social que se realiza en las instituciones penitenciarias españolas, muy especialmente en el Centro de León, pionero en poner en marcha el programa de Módulos de Respeto que actualmente acoge a más del 80% de esta población, superando así las expectativas de los programas de reeducación de los internos.
También ofreció diferentes cifras y datos sobre la población penitenciaria española, de algo menos de 57.000 reclusos, que se sitúa en la media europea con unos 143 reclusos por cada 100.000 habitantes, una población para la que trabajan 24.915 funcionarios y personal laboral.
A la celebración de la Merced asistieron también el Alcalde de León, Emilio Gutiérrez, la Directora Provincial de Educación, Emilia Villanueva, la Secretaria General dela Junta, Ana María López, la Alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Mª Paz Díez, el Alcalde de San Andrés del Rabanedo, Gregorio Chamorro, el Presidente de la Audiencia Provincial de León, Manuel García Prada, así como representantes de la judicatura y magistrada de la Audiencia Provincial, y de los cuerpos policiales, como el General Jefe de la XVII Zona dela Guardia Civil de León, José Manuel Díez Cubelos, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Julio Gutiérrez y la Comisario Jefe Provincial, María Marcos.
Críticas de CSI-F
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) decidió no participar hoy en los actos de celebración de la festividad de La Merced, que se han realizado este miércoles en las prisiones de Castilla y León, para trasladar “el absoluto rechazo al deterioro de las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones”, pidiendo mejoras y una oferta de empleo. A su vez criticó el proceso de privatización “emprendido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”.
CSI-F exigió sobre todo una oferta de empleo público suficiente para solventar “el grave déficit estructural ”de las prisiones, defender la profesionalidad del colectivo y garantizar los fines constitucionales“ que conllevan las tareas de los funcionarios de prisiones. En este sentido recordó que en 2014 la oferta de empleo en prisiones es de tan sólo 70 plazas en todo el Estado, ”un número ridículo que no soluciona los problemas de falta de personal, ni tan siquiera la de Castilla y León. Además, en los dos años anteriores no se ofertó ninguna plaza“.
“Desde el respeto y la felicitación a todas aquellos empleados que este día van a ver reconocida su meritoria trayectoria profesional, o su especial aportación al medio penitenciario” CSI-F entendió que los empleados públicos de prisiones “no tienen nada que celebrar en esta jornada tan simbólica”. De hecho, el sindicato independiente –junto con otras organizaciones- ha realizado encierros en prisiones de España, entre ellas la de Topas (Salamanca). Asimismo, en el centro de Dueñas (Palencia), donde este año sus empleados han sufrido de manera especial diversas agresiones por parte de internos, se ha llevado a cabo una concentración silenciosa al mediodía.
El sindicato independiente reclamó que se restituyan los derechos suprimidos a todos los empleados públicos y solicitó, por parte de la administración penitenciaria, una “defensa férrea de la dignidad, honestidad y profesionalidad” del colectivo de funcionarios de prisiones, que acabe con los recortes de derechos “que han propiciado decisiones como la eliminación de una paga extra, la reducción de días libres, la práctica anulación del presupuesto de acción social, inspecciones nocturnas, o falta de concursos”.
Asimismo, CSI-F pidió al Ministerio del Interior que paralice la privatización de las Instituciones Penitenciarias, como es el servicio de la vigilancia externa de los centros, y que no someta a criterios economicistas algo tan esencial, en un Estado de Derecho, como es la privación de la libertad y la seguridad. Además, exigió a la Administración que se sienta en las mesas de negociación con los sindicatos, y que no actúe con imposiciones.
En el tema de las agresiones a los funcionarios, un problema cada vez más acuciante en las prisiones, pidió que los internos agresores sean trasladados a otros centros. Además, pide que se evite la concentración excesiva de presos conflictivos, para lo que se necesitan más módulos que eviten la masificación.
En este sentido, CSI-F recordó que las prisiones de Castilla y León, que cuentan con unas 4.500 plazas penitenciarias, están saturadas, con una ocupación del 130 por ciento aproximadamente, “algo que genera más tensiones y conflictos, para unas plantillas insuficientes”. La saturación se siente de manera especial en el centro de Topas, donde están en obras dos módulos. En cuanto a la prisión que se ha construido en Soria, la falta de oferta de empleo hace imposible, de momento, cualquier posibilidad de apertura del centro.