Parte de los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han insistido este jueves en que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, debe dimitir tras conocerse que la Fiscalía autonómica ha abierto una investigación tras una denuncia de la Asociación Bierzo Aire Limpio por los incendios del pasado verano.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Patricia Gómez, ha trasladado, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este jueves, su respeto por con la justicia y el trámite procesal.
“Esto tendrá su recorrido judicial, el que tenga, pero lo que es absolutamente impresentable es que el señor Quiñones siga a día de hoy siendo el consejero de Medio Ambiente”, ya que se tenían que haber derivado responsabilidades políticas desde el minuto uno, ha defendido la parlamentaria socialista. Gómez ha sostenido que en Valencia tienen a Mazón y “nosotros aquí a Quiñones y a Mañueco”.
La Fiscalía de la Comunidad ha comunicado a esa asociación, en un oficio al que ha tenido acceso la Agencia EFE, que incoa diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales producidos en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna en León.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, David Hierro, ha sostenido que esa investigación demuestra que su partido tenía razón cuando alegó que “donde hay que investigar es en los juzgados, en los tribunales, no a través de comisiones parlamentarias que acaban en nada”.
“Nosotros lo venimos repitiendo a pesar de las críticas, a pesar de lo que sea, nosotros nos mantenemos firmes una situación tan grave como la que hemos vivido este verano, en la que incluso ha habido fallecidos, que tiene que investigarse en los juzgados y la responsabilidad tiene que ser penal”, ha añadido.
Para Hierro, “la responsabilidad política la determinan los ciudadanos, las urnas y Vox lleva defendiendo esto desde hace mucho tiempo y lo mantenemos y al final vemos pues que tenemos razón”.
Por su parte, el portavoz nacional de Podemos y procurador del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha opinado que “puede haber responsabilidad penal tanto de Suárez Quiñones como de Mañueco”.
“Creo que ha sido una gestión homicida porque creo que el hecho de desmantelar, precarizar y privatizar el operativo de prevención y extinción de incendios ha devenido en que hemos visto la catástrofe que ha sufrido Castilla y León este verano, con más de 180.000 hectáreas arrasadas y con cuatro personas que han fallecido”, dos de ellas voluntarios, ha analizado.
Ha reflexionado además sobre que el PP y Mañueco continúan manteniendo a Suárez-Quiñones “sabiendo que es un cadáver político, sabiendo que está absolutamente calcinado políticamente” porque el consejero de Medio Ambiente -que es juez de profesión- tiene “aún muchos contactos con la judicatura en Castilla y León”.
“Ese es el único motivo por el que el señor Mañueco todavía mantiene a Quiñones para que la Fiscalía, por ejemplo, archive las causas penales que se puedan abrir contra ellos y para que Suárez-Quiñones, utilizando los contactos que todavía tiene en la adjudicatura, pueda proteger al Partido Popular”, ha insistido.
A su juicio, el señor Mañueco “está anteponiendo la salvaguarda del Partido Popular, de él mismo y de Quiñones a nivel judicial, a desangrarse en forma de votos en la provincia de León”.
Para el procurador del grupo mixto y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, hay un asunto esencial que merece ser esclarecido, que es qué “ha ocurrido con los voluntarios que han participado en las tareas de extinción, algunos de los cuales perdieron la vida. Yo creo que ahí hay una responsabilidad que hay que dirimir”.
“Hubo gente que perdió la vida y que hay que saber si esa gente ha perdido la vida siguiendo instrucciones o no de la dirección. Ahí hubo dos versiones contradictorias por parte del consejero y del presidente de la Junta, no le he oído al consejero desmentirse a sí mismo, pero sí le he oído al presidente desmentir al consejero”, ha reflexionado Igea.
Además, el procurador ha trasladado su preocupación por que se esté estableciendo que “si no hay responsabilidad penal no hay responsabilidad ética”, y en esa línea ha recordado que la Comisión Ética de la comunidad ha dejado sentado que “no se manifiesta hasta que no se manifieste la Fiscalía”.
Pero “en política hay cosas que pueden no ser penalmente punibles, pero que son política y éticamente rechazables”, ha advertido Igea, para quien la comisión de ética de la comunidad sigue esa vía para “no quedar con el culo al aire”.