La Justicia anula la nueva tasa de basura del municipio de León con la que la recaudación aumentaba en 2,3 millones de euros
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado la nueva ordenanza tratamiento y eliminación de residuos del Ayuntamiento de León, después de un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de este tribunal. Se trata de una normativa aprobada en octubre del año 2024 y preveía aumentar la recaudación total de esta tasa de 9,3 millones de euros a 11.661.807,74 euros durante este año.
El Ayuntamiento de León tuvo que hacerse cargo del cobro de la antigua tasa de Gersul, tras la disolución en 2023 del antiguo gestor del Consorcio Provicial de Residuos, aprobando un modelo que ya nació deficitario y obligando a los grandes municipios a asumir individualmente el cobro de la tasa de basuras. Muchos vecinos comenzaron a recibir durante este mes de septiembre las facturas de la nueva tasa, para los años 2024 y 2025 (debido al retraso del Consistorio en poner en marcha este sistema), de forma individual, y no a través de las comunidades de vecinos, como se hacía hasta ahora.
La nueva tasa de residuos, aprobada con los votos del equipo de Gobierno del PSOE y de Unión del Pueblo Leonés (UPL), fue diseñada para cobrar en función del número de metros cuadrados y se divide entre viviendas particulares, establecimientos comerciales, industriales, oficinas y finalmente centros de culto.
En el caso de las viviendas, las más pequeñas (con menos de 50 metros cuadrados) tendrán una tarifa anual de 31,95 euros. Para las viviendas que tienen entre 51 y 100 metros cuadrados, la tarifa sube a 62,53 euros, y para aquellas con un tamaño de entre 101 y 200 metros cuadrados, que representan la mayoría de las unidades en la ciudad, el coste será de 103,19 euros. Las viviendas más grandes, entre 201 y 500 metros cuadrados, pagarán 189,46 euros.
Reacciones de la oposición
Ha sido el PP del Ayuntamiento de León el primer grupo político en responder después del fallo del TSJ. Su portavoz, David Fernández, ha exigido “explicaciones y responsabilidades inmediatas” al alcalde de León, José Antonio Diez, y califica de “grave la sentencia”, aunque asegura que el PP no se ha sorprendido, ya que el fallo del tribunal contiene algunas cuestiones “ya denunciadas por el PP”, como que se trataba de una ordenanza “injusta y no equitativa, que no grava a quien más residuos genera”.
Así, el Tribunal considera “arbitrarios” el informe económico y el criterio de establecimiento de la cuota que tiene que pagar cada contribuyente, “obviando en todo momento cualquier tipo de modo de cálculo de generación de residuos, que es lo que exige la ley nacional”.
Los ‘populares’ también denunciaron en su día que “era un absoluto atropello, hecho a la carrera y de forma improvisada” a pesar de que la ley en la que se amparaba llevaba aprobada desde abril de 2022, “tiempo más que suficiente para haber podido trabajar y consensuar esta ordenanza y tasa”. Sin embargo, “después de mil días para poder hacer la ordenanza con rigurosidad, la chapuza, la incapacidad y la prisa de los socialistas, amparados y apoyados por Unión del Pueblo Leonés, implican un perjuicio a los leoneses”.
“Esas prisas, improvisaciones y chapuzas llevan a cometer errores de forma en la tramitación, fundamentales para salvaguardar la seguridad jurídica”, lamentó el portavoz municipal del PP, consciente de que, por este motivo, “no se cumplió, como exige la ley, la aprobación de la ordenanza y la tasa en actos diferentes”, de igual forma que “tampoco se respetaron los 30 días de información pública, como argumenta el TSJCyL”.
Como consecuencia de todo lo anterior, el PP también denunció “el afán recaudatorio de esta tasa, que elevaba el coste para los leoneses un 26 por ciento para sacarles 2,3 millones de euros más a cambio de obtener exactamente el mismo mal servicio de limpieza”.
